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PC resalta asignación del 4% a educación como lo más positivo del 2012
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Como cada año, Participación Ciudadana pasa balance al año que termina con la finalidad de ofrecer su visión de lo acontecido y contribuir con información que permita a las autoridades y a la ciudadanía iniciar un nuevo año sin olvidar lo ocurrido en el que termina, sea para fortalecer o preservar lo bien hecho, como para corregir lo mal hecho.
La organización destacó como la nota más positiva del año, aunque con miras al año siguiente, el cumplimiento de la Ley No. 66-97 que obliga a asignar un 4% del Producto Interno Bruto a la educación.
Asimismo subrayó que el año 2012 ha estado fuertemente marcado por dos acontecimientos importantes: las elecciones presidenciales y de diputados en el exterior, que dominó todo el primer semestre, y el déficit con que terminaremos, que dominó la última parte del año
Según la organización ambos acontecimientos fueron responsables de otros tantos que resultaron de alta incidencia en la vida nacional, como el cambio de gobierno en agosto que implicó un conjunto de medidas positivas, la división del PRD y el PRSC, la imposibilidad de llegar a un acuerdo en el Consejo Económico y Social (CES) sobre el Pacto Fiscal que manda la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo (END), la aprobación acelerada y sin consenso de una ley que aumentó los impuestos y de la ley general de presupuesto para el 2013, la movilización ciudadana protestando primero por la reforma tributaria y luego por la impunidad que se pretende imponer en beneficio de aquellos funcionarios públicos que han colocado a la República Dominicana como uno de los países más corruptos del mundo y campeón indiscutible en despilfarro de los recursos públicos.
A continuación Balance General de Participación Ciudadana
- El año del 4% para la Educación.
El presidente Danilo Medina cumplió su promesa de asignar en el proyecto de presupuesto para el 2013 el 4% del PIB para la educación, que aunque no es otra cosa que cumplir con el art. 197 de la ley No. 66-97, merece ser destacado y bien ponderado.
Este hecho constituye una clara demostración de lo importante que resulta para el país el empoderamiento de la ciudadanía en los temas de políticas públicas. También obliga a prestar mucha atención a la forma en que se utilizarán estos fondos.
- Un año de retroceso en materia electoral.
Durante el primer semestre del año se puso a prueba el sistema electoral dominicano con las votaciones que tuvieron efecto el 20 de mayo para elegir presidente y vicepresidente de la República y los diputados de ultramar.
Por nueva vez se comprobó que el organismo electoral ha logrado un control importante de los aspectos logísticos y del proceso de conteo de los votos, lo que fue corroborado por la observación electoral que realizamos, incluyendo nuestro conteo rápido.
Sin embargo, no se pudo avanzar y por el contrario, se retrocedió en el control de la modalidad de fraude electoral que ha venido ganando cada vez más fuerza en nuestro país: condicionar el voto de la ciudadanía usando masivamente los recursos del Estado e incluso con recursos captados del sector privado sin ningún cuidado y sin transparencia ni rendición de cuentas.
Participación Ciudadana denunció el uso de los recursos del Estado por parte del partido oficial en cada uno de sus seis informes de observación pre-electoral, desde noviembre de 2011, que era mucho más que evidente a través de la repartición de alimentos, materiales de construcción, electrodomésticos, publicidad estatal con fines electorales, un total desequilibrio en la publicidad electoral, visitas del presidente de la República por todo el país prometiendo y comenzando obras públicas no planificadas ni contenidas en el presupuesto en clara violación a la Constitución de la República y a todo el conjunto de leyes que rigen la Administración Financiera del Estado y los sistemas de presupuesto, tesorería, crédito público y contabilidad gubernamental.
La Junta Central Electoral falló en controlar el tiempo en la campaña y el uso de los recursos públicos y privados, a pesar de que su potestad reglamentaria había quedado claramente consolidada en la nueva Constitución aprobada en el 2010, lo que dio lugar a unas elecciones en las que no se respetó el principio de equidad que manda el artículo 211 de la Constitución.
El desborde en el gasto público alcanzó igualmente al organismo electoral, que termina el año con un déficit que en declaraciones de funcionarios electorales estaría entre 700 y 1,000 millones de pesos, a pesar de lo cual mantuvo una importante campaña publicitaria luego de concluidas las elecciones.
El año concluye sin que el Congreso haya puesto en agenda los proyectos de Ley Orgánica Electoral y de Partidos Políticos, a pesar de que todos los candidatos y representantes de los principales partidos se comprometieron durante la campaña electoral a aprobarlos antes de que finalizara el 2012.
- Un cambio de Gobierno y un cambio de estilo de gobernar.
El 16 de agosto asumió la presidencia el Lic. Danilo Medina y a pesar de la decepción generalizada que produjo el mantenimiento en sus funciones de cerca del 70% de los principales funcionarios públicos, no cabe duda alguna que comenzó a imponer un nuevo estilo de gobernar.
Este nuevo estilo quedó marcado con iniciativas como el decreto de austeridad y el comienzo de su cumplimiento, la destitución del Contralor General de la República por haberse asignado una pensión exagerada en sus funciones anteriores, la distribución del gasto público en pequeñas obras, la reducción significativa de todo el aparataje que rodeaban la presencia y traslados del presidente anterior, el cumplimiento de su promesa de otorgar el 4% del PIB a educación, la centralización en Promese Cal de todas las compras de medicamentos del sector público, el sometimiento a concurso de los permisos de importación de productos agrícolas y recientemente al otorgar pensiones especiales a los esforzados trabajadores de la caña, entre otras.
- Otro año en que la corrupción y la impunidad siguen creciendo.
En un año en que el gobierno ha gastado más que ningún otro en toda su historia, ha quedado comprobada la enorme deficiencia que padecemos en materia de control y fiscalización del gasto público.
Han quedado al descubierto las debilidades de un Congreso Nacional que ha sustituido su función de control y fiscalización por la de asistencialismo social, en franca violación de la Constitución y las leyes, y de una Cámara de Cuentas sin los recursos y la voluntad para auditar el gasto público y sobre todo dar a conocer oportunamente los contenidos de sus auditorías.
Mención especial merece el Departamento de Persecución de la Corrupción Administrativa, cuyo director, Otoniel Bonilla, se dedicó a cerrar de manera definitiva investigaciones de corrupción justo antes del cambio de gobierno.
Transparencia Internacional divulgó su nuevo Índice de Percepción de la Corrupción, en el que la República Dominicana obtuvo una calificación de 32 sobre 100, que nos coloca entre los países en que existe una corrupción rampante. Esta evaluación coincide con otras realizadas internacionalmente, como la del Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial que nos coloca en el último lugar de 144 países en despilfarro en el gasto gubernamental y favoritismo de los funcionarios públicos y en el lugar 142 en materia de desvío de fondos públicos.
Lamentablemente el presidente Medina estropeó un excelente discurso sobre sus primeros cien días enviando un mensaje de borrón y cuenta nueva al señalar que no se debía recoger piedras para arrojarlas hacia atrás. No es posible combatir la corrupción del presente o del futuro sobre la base de la impunidad de la corrupción del pasado.
Pese a no haberse aprobado todavía una Ley que garantice unas declaraciones juradas fehacientes de patrimonio y con datos fácilmente comprobables, las declaraciones de bienes realizadas por algunos funcionarios públicos ofrecen suficiente evidencia por lo menos para iniciar una seria investigación sobre el incremento de sus fortunas durante el ejercicio de las funciones públicas, partiendo de que la Constitución les obliga a probar el origen de sus bienes y les impide tener otros ingresos distintos a su salario y los percibidos por docencia mientras desempeñen cargos públicos. Igualmente debería verificarse que el incremento de tales fortunas fue declarado anualmente por ante la Dirección General de Impuestos Internos, y fueron cobrados los impuestos correspondientes.
Los niveles de transparencia en el gobierno en vez de aumentar han retrocedido este año 2012, como lo demuestra el Sexto Informe de Monitoreo a la Aplicación de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, realizado por Participación Ciudadana, en el cual apenas 10 entidades públicas de las 52 evaluadas alcanzaron puntuación por encima de 80 sobre 100, 18 entidades obtuvieron entre 60 y 79 puntos y 24 obtuvieron menos de 59 puntos, entre ellas la Oficina Supervisora de Obras del Estado, que obtuvo cero puntos.
- 5. La evolución macroeconómica
Durante el año 2012 también se registró una desaceleración del crecimiento de la economía, aunque es de admitir que sigue siendo considerable, dado el contexto de crisis internacional. Según el informe del Banco Central correspondiente al período enero-septiembre, el producto interno bruto aumentó en 3.9%, comparado con igual período del año anterior. No se tienen datos aún del último trimestre, pero el ritmo puede haber bajado algo en virtud del ajuste hacia abajo del gasto público que hizo el nuevo gobierno. Siendo así, es previsible que la cifra final de crecimiento se ubique cerca del 3.5%, aunque bien podría alcanzar el 4% al que aspiran las autoridades.
Hasta septiembre, los renglones de mayor crecimiento fueron la energía, intermediación financiera, comercio y agropecuaria, así como educación y salud. Las actividades industriales casi no crecieron, y la industria de la construcción se redujo algo en su conjunto, pese al enorme esfuerzo de inversión pública, debido a que las construcciones privadas se redujeron.
La inflación fue muy moderada en el 2012, hasta el punto de que todavía hasta septiembre los precios apenas habían aumentado en 2.6%, aunque se estima que terminaron el año en alrededor de 4% por los marcados aumentos de finales de año. Curiosamente, el año de más baja inflación de los últimos tiempos coincide con el de mayor devaluación.
Durante el 2012, la tasa de cambio aumentó en aproximadamente un 6%, descontinuándose la práctica de hace mucho tiempo, en que se tenía alta inflación y poca devaluación, encareciendo el país frente a sus competidores y provocando una apreciación real de la moneda, que tanto daño viene haciendo al aparato productivo, e induciendo un crecimiento económico que descansa en plazas comerciales, importación de vehículos y electrodomésticos, torres residenciales y bancas de apuestas.
Congruente con este modelo de crecimiento, las cifras del sector externo son bastante negativas, pese a una ligera mejoría respecto al año previo. La balanza comercial terminará el 2012 con un déficit en torno a los US$9,000 millones, aunque el déficit en cuenta corriente se estima que disminuya, para terminar en 7.3% del PIB, unos US$4,300 millones, gracias a los ingresos por turismo y remesas.
En todo caso, es notorio que la República Dominicana se ha acostumbrado a depender de las entradas de capitales para mantener funcionando su economía. Si bien el flujo neto de los grandes montos de préstamos externos netos y colocación de bonos en el mercado internacional, que habían venido tras el acuerdo con el FMI bajó en el 2012, no desapareció, al tiempo que se mantuvo un fuerte flujo de inversión extranjera. Pero esto obedece a que el país convive con un período en que los capitales andan huyendo de Europa y buscan acogida en América Latina, y aún dentro de esta región la República Dominicana luce un buen refugio, porque se ha vendido bien como tal.
A ello ha contribuido la desconfianza de los inversionistas en dos países con vínculos muy particulares con el nuestro: Venezuela y España. Por razones distintas, los capitales están huyendo de esos países y, en el caso venezolano, nuestro país es su destino por excelencia.
Muchos de esos capitales se manifiestan a través de inversión extranjera directa en nuevos negocios, torres de apartamentos, plazas comerciales y tierras y viviendas en lugares turísticos, etc.; otros vienen a comprar activos o empresas ya existentes, mientras que otra parte se incorpora directamente al flujo financiero, para adquirir los muy atractivos bonos en moneda nacional del gobierno y del Banco Central, elemento fundamental para mantener la estabilidad de la tasa de cambio.
Sin embargo, en el 2012, a pesar de que esos capitales siguieron alimentando la economía nacional, no fueron suficientes para contrarrestar el déficit en cuenta corriente, por lo que las reservas monetarias se redujeron y el tipo de cambio subió más que la inflación interna.
Ahora bien, el elemento más destacado de la evolución macroeconómica dominicana durante el 2012 fue la gran expansión del gasto público que se produjo, sobretodo, en los renglones de inversión fija (155.4%), y de transferencias (29.8%), que incluye al sector eléctrico, aunque también creció la nómina en 12.7%. Todo esto se reflejó en la generación de un extraordinario déficit del sector público consolidado, que terminará en la acumulación de una deuda pública muy por encima de los niveles razonables para una economía subdesarrollada, de alrededor de 44% del PIB.
- 2012: año del mayor déficit fiscal en la historia del país desde que se llevan registros.
El 4 de octubre el país recibió sorprendido el anuncio de parte del gobierno de que el déficit fiscal del sector público consolidado terminaría el año 2012 en 187 mil millones de pesos, es decir un 8% del PIB. Posteriormente el FMI informó que sería aún mayor, de cerca de un 8.5 % del PIB, rondando los 196 mil millones de pesos. En palabras del Director de la DGII, se trataba del mayor déficit fiscal en toda la historia del país desde que se llevan registros.
Las razones del déficit explicadas por el ex presidente Leonel Fernández, en un discurso al país al que se vio obligado debido a la indignación generada, fueron posteriormente cuestionadas por economistas y hasta por funcionarios públicos.
Una parte importante del déficit se produjo por la decisión del ex presidente de terminar las obras que había comenzado, como lo declaró el jefe de su gabinete económico, Temístocles Montás, y otra parte por la iniciación de nuevas grandes obras, aún en el período de transición y para lograrlo no tomaron en cuenta la violación de la Constitución de la República, la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto que establece el Sistema de Programación de la Ejecución Presupuestaria, la Ley de Organización del Ministerio de Hacienda, la Ley de Planificación e Inversión Pública, La Ley de Tesorería Nacional, la Ley de Contraloría General de la República, la Ley de Función Pública, la Ley de Crédito Público, la Ley de Compras y Contrataciones de Bienes y Servicios, entre otras.
No se trató solamente del terrible daño que sobre la salud económica y financiera del Estado dominicano se infligía con las acciones que generaron este déficit, sino además el daño institucional que representa la violación de toda la normativa legal y constitucional, confirmando la inexistencia, por lo menos para nuestros gobernantes, del Estado de derecho que proclama nuestra Constitución.
El daño se incrementa ante la clara intención del nuevo gobierno de no investigar y someter a la justicia a los responsables de tales violaciones a pesar de la enorme carga que nuevamente se coloca sobre los hombros de la ciudadanía en forma de mayor endeudamiento, por un lado, y de aumento de impuestos, por otro, para contribuir a tapar el hoyo financiero generado por infracciones legales y constitucionales.
Es penoso que todo el gasto público realizado en los últimos años no contribuyera a reducir la pobreza, y que por el contrario, la pobreza se haya incrementado a 42.2% de acuerdo con datos de la Comisión Económica para America Latina y El Caribe (CEPAL).
Las múltiples informaciones sobre el nivel del déficit fiscal han venido a poner de manifiesto la debilidad del sistema de estadísticas macroeconómicas y carencia de información fehaciente a la ciudadanía. Un elemento perturbador es la falta de transparencia en la información financiera del Estado, constituyéndose el déficit del 2012 en elocuente ejemplo. Mientras que el presupuesto aprobado sólo admitía un déficit de 2.2% del PIB para todo el sector público, el informe del primer semestre del Banco Central arroja una cifra cercana al 5%, y en septiembre la Misión del FMI hablaba de 3.3%.
Tras este rejuego de cifras, la tendencia definitiva del déficit no fue revelada sino hasta el 4 de octubre, pero luego el FMI informó de datos más elevados aún, y ahora a final del año surgen informaciones de que el déficit pudiera terminar siendo más bajo. De esta manera, al cierre del 2012 el nuevo gobierno logró reducir marcadamente el ritmo de gastos públicos que llevaba el anterior, por lo que se estima que al final el déficit del sector público consolidado se situaría en torno al 7% del PIB en vez de 8.5% como había proyectado la Misión del FMI.
Es probable que el nuevo gobierno, aun sabiendo que aplicaría una política que ayudaría a reducir la tendencia del déficit, decidiera no informarlo para facilitar la aprobación de su proyecto de aumento de impuestos, lo que revela una práctica poco transparente en el manejo de la información financiera.
- Debilitamiento del sistema de partidos.
La fragilidad institucional que arropa a la sociedad dominicana alcanza a la mayoría de los partidos políticos. Estas elecciones demostraron una vez más que la mayoría de los partidos existen exclusivamente para venderse al mejor postor dentro del sistema clientelar que penetra por todas partes y en esas condiciones nunca tendrán posibilidad real de ganar unas elecciones. De esa manera hemos visto como el PRSC se ha reducido a la condición fuerza minoritaria con fines de negociación, sumándose a una mayoría que hace lo mismo.
En esta ocasión, la crisis en el sistema partidario ha alcanzado al principal partido de oposición, aunque por circunstancias diferentes. El PRD se encuentra sumido en una fuerte crisis interna que lo mantiene dividido en dos partes, aunque existe un conjunto de dirigentes que hacen esfuerzos por crear una tercera fuerza.
La crisis ha impedido que el PRD realice el papel que le corresponde por la votación obtenida en las últimas elecciones, restando el indispensable contrapeso que debería aportar.
Los principales líderes del PRD han sido incapaces de poner el interés del partido y de la ciudadanía por encima de sus intereses personales de control y se vislumbra un largo conflicto que terminaría de todas formas en la división formal del partido, como ya ha ocurrido otras veces en el pasado.
- Desempeño de las Altas Cortes.
El año 2012 fue el año de la instalación de las altas cortes. En el Poder Judicial se hizo un cambio de integrantes del Pleno de la Suprema Corte de Justicia y la ratificación de dos de la pasada gestión, de los cuales 9 jueces del ámbito penal conforman la planilla de los 16 jueces de dicho alto tribunal. Este año el Consejo del Poder Judicial fue cuestionado por jueces y empleados administrativos por su actuación poco respetuosa del debido proceso disciplinario. En particular, los jueces fueron sometidos por la toma de decisiones jurisdiccionales vulnerando la independencia funcional de la cual tanto ha luchado la ciudadanía. Si embargo se está en la espera de la revisión del proceso disciplinario tanto para jueces como para empleados administrativos.
Una decisión importante al cierre el año 2012, fue la del Juez de instrucción especial de la Suprema Corte de Justicia, donde ordenó al ministerio público seguir con la investigación en contra del investigado Félix Ramón Bautista Rosario, por presuntos actos de corrupción y revocando el auto del archivo provisional del expediente dictado por el Director Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA). A pesar de cualquier recurso procesal, la ciudadanía tiene la esperanza de que tanto la Segunda Sala Penal como el Pleno de la Suprema Corte de Justicia cumplan con su misión institucional de ser guardianes de la Constitución y de la Ley.
El Tribunal Constitucional inició sus la labores con grandes limitaciones de espacio físico y de personal, lo que justificó en los primeros meses el bajo desempeño. Sin embargo, a pesar de instalarse en agosto en su propia sede, la ciudadanía cuestiona el bajo rendimiento de los 13 jueces, ya que han evacuado hasta el momento de redacción de este balance unas 104 sentencias, hasta el punto de que una acción de inconstitucionalidad sometida por nuestra institución ante la Suprema Corte de Justicia en fecha 2 de septiembres del 2010, y transferida al Tribunal Constitucional el 31 de enero del 2012, a raíz de su establecimiento, todavía no se le haya puesto en agenda para ser conocida.
Participación Ciudadana valoró la decisión del Tribunal Constitucional en que reafirmó que el derecho a la intimidad es un valor del sistema democrático, el cual no puede restringir el derecho al libre acceso a la información pública a riesgo de desproveer a la ciudadanía de herramientas para controlar el uso y manejo de los recursos públicos.
El Tribunal Superior Electoral fue creado por la Constitución del 2010, inició sus labores con grandes retos frente al escrutinio electoral de reciente celebración, particularmente para cumplir su misión de conocer los asuntos contenciosos electorales y estatuir sobre los diferendos que surjan a lo interno de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos. Sus decisiones han sido cuestionadas poniendo en peligro su legitimidad, preocupación manifestada a ese organismo de que imparta justicia de acuerdo a la Constitución y las leyes, y de que trabaje para restablecer la confianza de la ciudadanía para garantizar la democracia interna y el fortalecimiento del sistema de partidos.
Las altas cortes deben cumplir con su misión de administración de justicia, el fortalecimiento de la institucionalidad democrática de los poderes públicos y las debidas garantías de los derechos fundamentales.
- 9. Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos
Existe un alto sentimiento por parte de la ciudadanía en lo referente a la inseguridad ciudadanía. Todos apuestan y más aun el gobierno central, que la solución es la reforma policial. Participación Ciudadana ha manifestado que la reforma integral de la Policía Nacional es parte de una de las soluciones, dentro del sistema de seguridad ciudadana
Los informes de Amnistía Internacional sobre el desempeño de las funciones de la Policía Nacional frente a la ciudadanía manifestaron preocupación y recomendaron impedir el uso abusivo de la fuerza, los arrestos arbitrarios, torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró en dos sentencias que el Estado dominicano es responsable de violar los derechos humanos de las personas en su territorio. En los casos González Medina y Familiares, y la Masacre de Guayubín, fue declarado responsable por no garantizar los derechos humanos establecidos en la Convención Interamericana de los Derechos Humanos.
El Estado dominicano se encuentra bajo la supervisión de la Corte IDH en el cumplimiento íntegro de estas dos sentencias, así como la sentencia del caso Jean y Bosica y dará por concluido dichos casos una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en las mismas, lo cual constituye un reto para el Presidente Danilo Medina de que en su gestión se cumpla lo establecido en los tres casos conocidos por ese Tribunal de Derechos Humanos, así como que no se continúen las violaciones de derechos humanos por agentes encargados de cumplir y hacer cumplir con la Constitución y la leyes.
- El empoderamiento de la ciudadanía.
Movido por el escandaloso uso de los recursos públicos al margen de los procedimientos legales durante el año 2012, el enorme déficit fiscal con el que terminaremos este año, por la corrupción que se generó alrededor del déficit, por la impunidad que se pretende imponer y por haber cargado una vez más sobre los hombros de la ciudadanía todo el peso de la corrupción y el mal manejo de la administración pública, se ha iniciado un movimientos social de protesta que reclama cambios importantes, comenzando por el cese de la impunidad y el cumplimiento de la Constitución y las Leyes.
Las organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía interesada han encontrado en el Movimiento Justicia Fiscal el espacio para articularse, no solo en actividades de protestas sino también en la producción de ideas y propuestas concretas. Otros grupos sociales se han movilizado con las mismas metas.
Aun cuando algunos partidos han apoyado las iniciativas sociales, resulta muy claro que se trata de movimientos articulados desde la ciudadanía, sin compromisos partidarios.
La principal meta de cara al futuro deberá ser levantar la conciencia ciudadana del terrible daño que le hace la corrupción al país, impidiendo crear desarrollo humano, sometiendo la voluntad de la mayoría a las dádivas y prebendas ofrecidas desde el poder.
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Migración detecta cientos de extranjeros indocumentados en fincas agrícolas de seis provincias
Las inspecciones realizadas por la Dirección General de Migración identificaron cerca de 700 extranjeros en situación irregular, con la mayor concentración en una explotación tomatera de San Juan. Las autoridades también investigarán posibles incumplimientos laborales.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.– La Dirección General de Migración (DGM) extendió sus labores de fiscalización a diferentes zonas de producción agrícola del país, donde identificó cerca de 700 ciudadanos extranjeros que presuntamente no contaban con la documentación requerida para permanecer legalmente en territorio dominicano.
Las inspecciones fueron realizadas los días 15 y 16 de octubre de 2026 y forman parte de las acciones desarrolladas por el organismo para verificar el cumplimiento de las disposiciones migratorias en actividades económicas que utilizan mano de obra extranjera.
Los equipos de inspección intervinieron en establecimientos agrícolas de Hato Mayor, El Seibo, Montecristi, Dajabón, Barahona y San Juan de la Maguana.
Durante las jornadas, las autoridades verificaron la situación documental de trabajadores y recopilaron información sobre las condiciones existentes en las explotaciones agrícolas visitadas.
Finca de San Juan concentra mayor cantidad de casos
Uno de los hallazgos más significativos se produjo en una explotación dedicada al cultivo de tomates, ubicada en San Juan de la Maguana.
En ese establecimiento, los inspectores identificaron aproximadamente 520 extranjeros que, según las informaciones ofrecidas por Migración, se encontraban en condición migratoria irregular.
La cantidad representa una proporción considerable de los casos detectados durante las jornadas realizadas en las distintas provincias.
En otros cinco centros de trabajo inspeccionados, los equipos oficiales contabilizaron 114 empleados, distribuidos entre 86 ciudadanos haitianos y 28 dominicanos.
De los trabajadores haitianos identificados en esos establecimientos, 80 carecían de una condición migratoria regular, de acuerdo con los registros levantados por las autoridades.
Estas cifras reflejan la presencia de trabajadores extranjeros en determinadas actividades agrícolas y plantean interrogantes sobre los mecanismos de contratación y verificación documental utilizados por los empleadores.
Autoridades examinarán posibles infracciones laborales
Además de comprobar la situación migratoria de los trabajadores, los inspectores recopilaron información relacionada con las condiciones encontradas en los lugares intervenidos.
La Dirección General de Migración informó que dará seguimiento a los resultados y remitirá a las instituciones competentes aquellos casos que requieran investigaciones adicionales.
Entre los aspectos que podrían ser examinados figuran posibles incumplimientos de las disposiciones laborales y situaciones que involucren la protección de niños, debido a que durante algunas inspecciones se constató la presencia de menores de edad.
La presencia de niños en un establecimiento agrícola no constituye por sí sola una prueba de explotación infantil, por lo que corresponderá a las autoridades determinar las circunstancias particulares de cada caso.
De igual manera, las eventuales responsabilidades de empleadores o administradores deberán establecerse mediante las investigaciones correspondientes y conforme a la legislación aplicable.
Migración anuncia continuidad de las fiscalizaciones
El director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, de la Armada de República Dominicana, reiteró que las inspecciones continuarán en las áreas donde se registra una elevada concentración de trabajadores extranjeros.
El funcionario señaló que las acciones forman parte de los mecanismos de control dirigidos a garantizar el cumplimiento de la Ley General de Migración número 285-04.
Las intervenciones también buscan determinar las responsabilidades que pudieran derivarse de infracciones identificadas durante las verificaciones.
El reforzamiento de las fiscalizaciones en actividades productivas coloca nuevamente en discusión la necesidad de establecer mecanismos eficaces para la contratación regular de trabajadores extranjeros, especialmente en sectores que requieren cantidades significativas de mano de obra.
Actividad agrícola y regulación migratoria
La producción agropecuaria dominicana utiliza trabajadores nacionales y extranjeros en labores de siembra, mantenimiento y recolección de productos.
En ese contexto, las inspecciones migratorias pueden tener repercusiones sobre la organización de las actividades productivas y las prácticas de contratación en determinadas explotaciones agrícolas.
La aplicación de las normas migratorias debe desarrollarse conjuntamente con el respeto a los derechos laborales y las garantías legales de las personas sometidas a verificación.
Asimismo, el seguimiento a los empleadores resulta fundamental para determinar si existen prácticas de contratación contrarias a las disposiciones migratorias o laborales vigentes.
Las autoridades deberán establecer, de manera individual, la condición jurídica de las personas identificadas y las medidas que correspondan conforme al ordenamiento dominicano.
Operativos se extenderán a otras actividades productivas
El fortalecimiento de los controles migratorios forma parte de las acciones oficiales dirigidas a fiscalizar la presencia de trabajadores extranjeros en distintos sectores de la economía.
Aunque las inspecciones cuyos resultados fueron divulgados se concentraron en explotaciones agrícolas, la estrategia de fiscalización también contempla espacios laborales como las obras de construcción.
La DGM mantiene su propósito de ampliar la supervisión en zonas de alta concentración de mano de obra extranjera, mientras las instituciones competentes deberán evaluar las posibles infracciones detectadas.
Los resultados de estas jornadas vuelven a colocar sobre la mesa el desafío de conciliar el cumplimiento de la legislación migratoria, las necesidades de los sectores productivos y la protección de los derechos fundamentales de los trabajadores.
El organismo electoral amplía las facilidades para que los ciudadanos obtengan el nuevo documento de identidad antes de abril de 2027. Cerca de tres millones de dominicanos residentes en el país todavía tienen pendiente completar el trámite, según los datos divulgados.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.– La Junta Central Electoral (JCE) intensificó las jornadas de renovación de la cédula de identidad y electoral mediante el desplazamiento de unidades móviles a diferentes comunidades del territorio nacional, acompañadas de un servicio de transporte gratuito para facilitar el acceso de la población a los centros de atención.
La iniciativa procura reducir las dificultades de desplazamiento que enfrentan algunos ciudadanos y acelerar la entrega del nuevo documento, cuyo proceso de sustitución deberá completarse antes de abril de 2027, de acuerdo con el calendario anunciado por las autoridades electorales.
Según las cifras divulgadas, aproximadamente cuatro millones de dominicanos han renovado su documento de identidad, mientras que cerca de tres millones de residentes en el país todavía tienen pendiente realizar el procedimiento.
Buscan facilitar el acceso a los servicios de cedulación
El presidente de la JCE, Román Jáquez Liranzo, ha destacado la necesidad de acercar los servicios de identificación a las comunidades, particularmente aquellas donde los ciudadanos enfrentan mayores dificultades para trasladarse a las oficinas tradicionales.
Como parte de las medidas implementadas, el organismo dispone de vehículos que ofrecen transporte de ida y vuelta sin costo para las personas interesadas en completar el proceso.
Asimismo, unidades equipadas con sistemas de amplificación recorren diferentes sectores para informar a los residentes sobre las fechas de las jornadas, los lugares de atención y los puntos habilitados para abordar el transporte gratuito.
Esta modalidad permite ampliar el alcance del programa y facilitar la participación de ciudadanos que, por razones económicas, laborales o de movilidad, encuentran obstáculos para acudir a los centros permanentes de cedulación.
Operativos disponibles en varias localidades
Entre los lugares incluidos en el calendario divulgado por la institución figura la comunidad El Torito, en Santo Domingo Norte, donde se programó una jornada del 16 al 18 de octubre, en horario de 8:00 de la mañana a 7:00 de la noche.
El servicio fue ubicado en la parroquia San Pablo de la Cruz, situada en la calle principal número uno, esquina Proyecto, urbanización Santa Cruz.
Durante esas mismas fechas y horarios se estableció otro punto de atención en Las Cubayas, específicamente en el Liceo Secundario Don Juan Rodríguez, próximo al cruce del Abanico.
En La Gina, distrito municipal perteneciente a Miches, el operativo está previsto del 18 al 22 de octubre, entre las 8:00 de la mañana y las 8:00 de la noche.
Los servicios se ofrecerán en la Junta Distrital, ubicada en la carretera Miches-Sabana de la Mar.
Santiago contará con jornada extendida
En Santiago de los Caballeros, la JCE habilitó un operativo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), recinto Santiago, cuya duración está prevista hasta el jueves 22 de octubre.
La jornada contempla atención de lunes a viernes, desde las 8:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche.
Para los sábados y domingos, el horario establecido es de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.
La ampliación de horarios busca ofrecer alternativas a quienes deben cumplir compromisos laborales o académicos durante las jornadas ordinarias.
Renovación forma parte de la actualización del registro ciudadano
El proceso de sustitución de la cédula constituye una de las principales iniciativas administrativas de la Junta Central Electoral, debido a la importancia del documento para la identificación de las personas y la realización de múltiples gestiones públicas y privadas.
Además de su utilización en los procesos electorales, la cédula es necesaria para operaciones bancarias, trámites institucionales, servicios comerciales y otras actividades que requieren acreditar la identidad de los ciudadanos.
La renovación también está vinculada con la actualización de los registros de identificación y del padrón electoral, instrumentos esenciales para el funcionamiento del sistema democrático dominicano.
El organismo ha establecido abril de 2027 como fecha límite para la sustitución del documento anterior, conforme al calendario divulgado.
Llamado a completar el procedimiento
Las autoridades electorales procuran que la mayor cantidad posible de ciudadanos obtenga su nueva cédula dentro del plazo establecido, evitando acumulaciones de solicitudes durante las últimas etapas del proceso.
Con los operativos móviles y las facilidades de transporte, la JCE busca reducir las barreras de acceso y ampliar la cobertura territorial de los servicios de identificación.
Se recomienda a los interesados consultar los canales oficiales del organismo antes de desplazarse, debido a que los puntos móviles y sus horarios pueden experimentar modificaciones.
La institución continúa así con el despliegue de su programa de cedulación, con el propósito de facilitar que los dominicanos dispongan del nuevo documento de identidad dentro del calendario establecido.
El Consejo Nacional de la Magistratura deberá escoger seis integrantes de la Suprema Corte de Justicia, incluida su presidencia, mientras continúa pendiente la publicación del acta que contiene las votaciones de la evaluación anterior.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.– El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) se encamina hacia la conclusión del proceso de escogencia de seis jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), en medio de interrogantes sobre la publicidad de las decisiones adoptadas durante la evaluación de los magistrados que aspiraban a permanecer en sus funciones.
El organismo, encabezado por el presidente de la República, Luis Abinader, tiene previsto completar el procedimiento el próximo viernes 23 de octubre, fecha establecida provisionalmente para la juramentación de los nuevos integrantes del alto tribunal.
Sin embargo, el calendario llega a su fase final sin que, según una revisión del portal oficial reseñada este domingo, se haya publicado el acta correspondiente a la sesión del 8 de septiembre, cuando fueron ratificados cinco magistrados y otros dos quedaron fuera de la Suprema Corte.
Concluyen entrevistas a 83 aspirantes
El CNM agotó las jornadas de vistas públicas celebradas los días 5, 6, 8 y 9 de octubre, durante las cuales fueron entrevistados 83 de los 88 candidatos preseleccionados para las posiciones disponibles.
Con la conclusión de esta etapa, corresponde a los integrantes del Consejo ponderar la trayectoria profesional, experiencia, conocimientos jurídicos y demás condiciones de los postulantes antes de adoptar las decisiones definitivas.
Entre las seis posiciones pendientes figura la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, una de las responsabilidades institucionales de mayor relevancia dentro del Poder Judicial dominicano.
El cronograma contempla que los nuevos jueces sean juramentados el 23 de octubre, aunque la fecha podría experimentar modificaciones.
Votaciones anteriores permanecen sin divulgarse
Uno de los principales aspectos que genera interrogantes es la ausencia del documento que permitiría conocer el sentido de los votos emitidos por cada integrante del Consejo durante la sesión del pasado 8 de septiembre.
En aquella reunión fueron ratificados para un nuevo período de siete años los magistrados Justiniano Montero Montero, Fran Euclides Soto Sánchez, Samuel Amaury Arias Arzeno, Anselmo Alejandro Bello Ferreras y Rafael Vásquez Goico.
Por el contrario, Francisco Antonio Jerez Mena y Vanessa Elizabeth Acosta Peralta no obtuvieron la confirmación necesaria para continuar en sus funciones.
Las decisiones contribuyeron a elevar a seis el número de vacantes que deben ser cubiertas mediante el procedimiento actualmente en curso.
Tras aquella sesión, el ministro de Justicia, Antoliano Peralta, indicó que el registro de las votaciones quedaría incorporado en el acta correspondiente.
No obstante, según la información publicada este 18 de octubre, dicho documento todavía no estaba disponible para consulta en el portal institucional.
Publicidad de las decisiones vuelve al centro del debate
La falta de divulgación del acta adquiere especial relevancia por tratarse de decisiones relacionadas con la integración del máximo tribunal del Poder Judicial.
De acuerdo con la revisión periodística divulgada, el portal del CNM únicamente mostraba las actas 001-2026 y 002-2026, correspondientes a las sesiones del 3 y 28 de agosto.
Ambos documentos recogen actuaciones vinculadas con la organización del proceso, el calendario de evaluación y las objeciones formuladas contra postulantes, pero no contienen las votaciones individuales de la sesión de septiembre.
La publicación de las actas constituye un mecanismo importante para fortalecer la rendición de cuentas y permitir que la ciudadanía conozca cómo se desarrollan las decisiones de los órganos encargados de seleccionar a los integrantes de las altas cortes.
No obstante, la ausencia de publicación de un documento no demuestra por sí sola la existencia de irregularidades en las votaciones ni invalida automáticamente las decisiones adoptadas.
Una escogencia de trascendencia institucional
La composición de la Suprema Corte de Justicia tiene repercusiones directas sobre el funcionamiento del sistema judicial dominicano, debido a las competencias constitucionales y legales asignadas a este tribunal.
En ese sentido, la selección de seis nuevos magistrados representa una oportunidad para fortalecer la confianza ciudadana en la administración de justicia mediante un procedimiento fundamentado en criterios objetivos, capacidad profesional e independencia judicial.
La transparencia sobre las evaluaciones y decisiones adoptadas adquiere una importancia particular cuando se trata de garantizar que la integración del tribunal responda a las exigencias institucionales y al principio de separación de poderes.
Con las entrevistas concluidas y la decisión final pendiente, la atención se concentra ahora en las deliberaciones del Consejo y en la eventual divulgación de la documentación correspondiente a las evaluaciones anteriores.
El CNM afronta así una etapa determinante, en la que no solo deberá completar la renovación parcial de la Suprema Corte de Justicia, sino también ofrecer garantías de transparencia que permitan fortalecer la credibilidad del proceso ante la sociedad dominicana.