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Otra vez en el Congreso versión “Ley de Trata”
El Poder Ejecutivo volvió a someter al Congreso Nacional luego de más de un año de espera, vía Cámara de Diputados, la nueva versión del proyecto que modifica la Ley sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (Ley 137-03), más conocida como “Ley de Trata”.
La legislación fue sometida el pasado 19 de junio, 16 meses después de que fuera retirada por el presidente Luis Abinader del Senado de la República, que fue donde el mandatario la depositó el 12 de diciembre del 2022. El 12 de febrero de 2023 el jefe de Estado prometió que “en un plazo no mayor a los 45 días”-vencidos el 29 marzo de ese año- volvería a introducir la controversial iniciativa.
Su decisión fue en el marco de que el pliego de ley desató un mar de críticas y rechazo nacional, porque, según los sectores que se pronunciaron, ponía en “grave peligro” la autodeterminación y soberanía del país, al impedir la deportación de personas en estatus migratorio irregular en el territorio dominicano y otorgarles beneficios.
Al ofrecer la información en ese momento, el vocero y director de Estrategia y Comunicación de la Presidencia, Homero Figueroa, sostuvo que el mandatario le instruyó a retirar del Congreso Nacional el proyecto relativo a Explotación y Tráfico Ilícito de Migrantes “para lograr el consenso público necesario”.
El funcionario adelantó que la acción se hacía en respuesta a la inquietud ciudadana producida por la normativa. Reiteró, asimismo, que este gobierno no aceptará ningún acuerdo o norma que convierta a la República Dominicana en receptor de ciudadanos haitianos afectados por la inestabilidad política en Haití.
El proyecto de ley responde a un compromiso del país como signatario de varias convenciones internacionales.
De los cambios entre la pieza actual y la sometida el 12 de diciembre de 2022, destaca el título; la versión de ahora se llama: “Proyecto de ley que modifica la Ley No.137-03, del 7 de agosto de 2003, sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas”. Antes de ser mejorada estaba titulada: “Proyecto de ley integral sobre trata de personas, explotación y tráfico ilícito de migrantes”.
La versión controversial fue depositada junto a otras tres iniciativas por Antoliano Peralta, consultor Jurídico del Poder Ejecutivo; Roberto Álvarez, ministro de Relaciones Exteriores; y Mayra Jiménez, ministra de la Mujer. Los funcionarios precisaron que los cuatro proyectos de ley eran parte del proceso de reformas institucionales que impulsa el Gobierno.
Se recuerda que días antes de quel jefe de Estado retirara el documento legislativo, el entonces presidente del Senado, Eduardo Estrella, explicó que la normativa respondía a modelos internacionales “exitosos en otros países”, pero por la situación migratoria particular que tiene la República Dominicana, se harían “las modificaciones necesarias” para corregir cualquier artículo que no responda al interés nacional.
Se anunció que el Ejecutivo habría dividido el proyecto de ley
El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, informó el 28 de julio de 2023 que el proyecto de ley fue retirado del Congreso con la intención de escuchar las legítimas preocupaciones y acoger las sugerencias pertinentes, a fin de dotar al país de una ley más efectiva en esa materia.
Destacó que el presidente de la República dividió dicho texto en dos: uno referido al tráfico ilícito de migrantes, y el otro orientado a la trata de personas. “Actualmente ambos están en manos del Poder Ejecutivo en proceso de ser consensuados con diversos sectores de la vida nacional”, señaló.
Contribución obligatoria
Uno de los aspectos más controversiales del proyecto de ley de trata depositado en el 2022 era su artículo 34, en el que se establecía que toda persona o entidad tenía que pagar una contribución especial “obligatoria” con base en sus ingresos para la prevención y persecución de la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes.
La contribución es obligatoria para toda persona jurídica e institución pública o privada domiciliada en el país, amparada en cualquier régimen fiscal, independientemente de que perciban o no beneficios, según resalta el párrafo dos.
También para la atención, protección integral y repatriación de las víctimas y sobrevivientes de trata de personas; y la atención, asistencia y protección a las personas identificadas como víctimas de tráfico ilícito de migrantes conforme a los presupuestos establecidos en la presente legislación.
Los montos de contribución obligatoria serían desde RD$150.00 hasta 78 mil pesos, de acuerdo con los ingresos de la persona jurídica o entidad; serían indexados cada año, conforme a los niveles de inflación del país.
Rechazo
Generó en el país el proyecto de ley integral sobre trata de personas, explotación y tráfico ilícito de migrantes.
Santo Domingo, R.D.-Fue rechazada por Segundo Tribunal Colegiado la solicitud de extincion de la accion penal que hubiera favorecido al exprocurador Jean Alain Rodríguez tras el tribunal argumentar que la demora en los casi seis años que tiene el proceso ha sido justificada y «razonable».
Las tres jueces, que decidieron denegar la petición de manera unánime, afirmaron que la tardanza se debe a solicitud de aplazamientos de todas las partes, incluida el Ministerio Público, y se acogieron para hacer valer la tutela de los derechos de todas las partes del caso de presunta corrupción.
Las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Claribel Nivar Arias, Clara Castillo y Yissell Soto, sostienen que su resolución es por la razón de no haber existido «una mora injustificada y haciendo acopio del criterio jurisprudencial del Tribunal Constitucional» que ha establecido que «no debe ser un mero conteo matemático» el plazo de los procesos penales.
Las juezas acogieron el conteo de la defensa de Rodríguez Sánchez, desde el inicio de la alerta migratoria en el 2020 y no cuando se le detuvo en junio del 2021, por lo que el proceso, según el tribunal, tiene » 5 años, 8 meses y 17 días».
Al exfuncionario se le impidió salir del país «el 25 de noviembre del año 2020», como consecuencia de la alerta migratoria por la investigación que se le realizaba.
La jueza Castillo hizo un recuerdo de todos los incidentes presentado, desde la etapa de Instrucción, por salud, fallecimiento de parientes de los imputados, recusaciones a jueces y a fiscales, que motivaron los aplazamientos.
Subrayó que en los casi seis años los distintos tribunales se han mantenido activo conociendo los incidentes del caso, los que incluso han llegado hasta al Tribunal Constitucional.
«Este caso no ha llegado a este tiempo porque el proceso estuvo engavetado en algún lugar«, aclaró la jueza al hablar por el tribunal.
Las otras defensas de los demás acusados solicitaron presentar ellos la misma petición fallada por el tribunal a Jean Alain Rodríguez, lo que obligó al titular de Persecución, Wilson Camacho, volver a sentarse cuando se le autorizó presentar la acusación.
A las 1:00 de la tarde se dio un receso por almuerzo para retornar con la audiencia a las 2:00 de la tarde.
Inmediatamente después de emitirse el rechazo a poner fin a la persecución penal contra el exprocurador general, su defensa, encabezada por Carlos Balcácer, adelantó que lo apelarán a la Corte inmediatamente se publique la resolución completa, el 7 de septiembre.
El director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, acusó al exprocurador Jean Alain Rodríguez de, una vez rechazársele la extinción, «organiza» a los demás acusados para que presenten el mismo incidente para evitar que se lea la acusación y se presenten las pruebas en su contra.
Reiteró que el exfuncionario deberá en cualquier momento enfrentarse a las imputaciones que se le hacen.
La acusación y quiénes son
Jean Alain Rodríguez Sánchez y los otros 14 procesados enfrentan cargos por corrupción, incluyendo soborno, desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos.
Se les señala de afectar al Estado con más de 6 mil millones de pesos mediante procesos de compras irregulares, extorsión y el uso de recursos públicos para fines personales y políticos del exprocurador.
Los que enfrentan actualmente el juicio de fondo junto a Rodríguez Sánchez son e exdirector administrativo de la Procuraduría, Jonnathan Rodríguez Imbert; el exencargado de la Dirección de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio Público, Javier Alejandro Forteza Ibarra; el exsubdirector financiero de la Procuraduría General de la República, Alfredo Alexander Solano Augusto, y el exencargado de la División de Compras de la Procuraduría, Jonathan Loanders Medina.
También la excoordinadora en la Dirección Administrativa y Financiera de la Procuraduría General, Altagracia Guillén Calzado; el excontador del Ministerio Público, Rafael Antonio Mercedes Marte y la exmiembro del Comité de Compras y Contrataciones de la Procuraduría, Isis Tapia Stefanni.
Asimismo están señalados por el Ministerio Público, Ramón Lucrecio Burgos Acosta, Félix Antonio Rosario Labrada, Francis Ramírez Moreno, Alejandro Martín Rosa Llanes, Rolando Sebelén Torres, Braulio Michael Batista Barias, Miguel José Moya y las empresas Desarrollo, Individuo y Organización, DIO, S.R.L., Fire Controll Systems S.R.L., y José Luis Liriano y Lirtec S.R.L.
Santo Domingo, R.D.-Fueron identificados este lunes los dos fallecidos en el accidente de tránsito que involucró un camión de combustible, un automóvil, una yipeta y una motocicleta en la avenida George Washington, próximo al restaurante Adrián Tropical, en el Distrito Nacional, en el que dos vehículos se calcinaron producto de una explosión.
Las víctimas fueron identificadas como Luis Alejandro Torres Mejía, de 35 años, y María Altagracia Méndez de Olivo, de 53.
De acuerdo con la información suministrada por el jefe del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, José Frómeta Herasme, el hombre fallecido conducía el camión y la mujer se desplazaba en la yipeta.
- Frómeta Herasme indicó que las causas de la explosión del camión tanquero se encuentran en fase de investigación.
El accidente ocurrió a las 6:58 de la mañana de este lunes. Según las autoridades, el camión transportaba alrededor de 10,000 galones de combustible, que se derramaron y posteriormente explotó causando un incendio.
- Por tratarse de gasoil, los bomberos utilizaron espuma para sofocar las llamas y evitar que el fuego se propagara hacia otras áreas.
El incendio provocó una intensa humareda en la zona y movilizó a unas 12 unidades del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, además de generar un fuerte congestionamiento vehicular.
Al lugar del hecho acudieron miembros del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, la Policía Nacional, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) y el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles (Ceccom).
Santo Domingo, R.D.-Los recién designados mandos militares y politiciales designados mediante decretos por el presidente Luis Abinader fueron juramentados por el jefe de Estado.
En un acto realizado en el Palacio Nacional, el mandatario tomó juramento a Ernesto Rafael Rodríguez García como nuevo director general de la Policía Nacional; Jimmy Arias Grullón, como nuevo comandante general del Ejército de la República Dominicana; Enmanuel Marcelino Souffront Tamayo, como comandante general de la Fuerza Aérea de la República Dominicana.
Igualmente se juramentó a Jorge Iván Camino Pérez, Inspector General de las Fuerzas Armadas; Buenaventura Colón Rosario, como viceministro de Defensa para asuntos militares; a Manuel José Brito Estepan, como subcomandante general de la Fuerza Aérea de la República Dominicana; a Dionisio de la Rosa Hernández, como inspector general de la Fuerza Aérea de la República Dominicana.
En la imagen, los nuevos altos mandos militares y policiales.Javier Flores
Por igual quedaron juramentados en sus nuevas posiciones Celin Rubio Terreno, como asesor militar del presidente de la República; el general de brigada José Manuel Duran Infante, como subcomandante general del Ejército; Raúl Esteban Mora Hernández, inspector general del Ejército; Rafael Raimundo Ramírez Tejada, comandante del Regimiento de la Guardia Presidencial del Ejército.
También fueron juramentados Guillermo Caro Cruz, como jefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), y Emmanuel Almonte Polanco, como subjefe del Cusep.
La designación de los altos mandos militares está contenida en el decreto 557-26, el cual fue dado a conocer en horas de la madrugada del lunes. Mientras que en la tarde fue difundido el 558-26, que dispone el nombramiento del nuevo director de la Policía Nacional.