Nacionales
Pedro Botello: ¿Qué puede hacer uno con esas exoneraciones que no sea más que venderlas?
Presidente Cámara de Diputados presentará proyecto de ley elimine exoneraciones
SANTO DOMINGO. El vocero del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gustavo Sánchez, confirmó este viernes que el presidente de la Cámara de Diputados someterá un proyecto de ley para eliminar las exoneraciones de pago de impuestos que reciben los legisladores para la importación de vehículos.
“Estoy llamando con la intención de fortalecer y darle un espaldarazo a una iniciativa que ha tomado el presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, conjuntamente con los voceros de todo el bloque partidario, que tiene mucho que ver con un proyecto de ley debidamente consensuado entre nosotros y que recoge la aspiración de la sociedad dominicana para de una vez y por toda cumplir con un deseo y una aspiración de modificar la Ley 57-96 que tienen que ver con las exoneraciones de los legisladores”, expresó Sánchez.
Dijo que llegaron a una decisión de eliminar estos privilegios que han venido irritando a la sociedad dominicana y reveló que el presidente de la Cámara de Diputados le comunicó que el proyecto de ley está debidamente editado a los fines de que en los próximos días tan pronto “veamos el texto final, poder introducir con la firma de todos los voceros el proyecto de ley que elimine de manera particular estas exoneraciones, que de una forma u otra satisface la sociedad dominicana”.
Indicó que el tipo de acceso que podrán tener los legisladores a partir de esta ley para poder comprar con un vehículo
“Viene ejecutando por todas partes donde uno trabaja, pues uno puede adquirir un vehículo y de una manera u otra el incúmbente, el legislador, el funcionario puede participar con una parte de los recursos que cuesta este vehículo y naturalmente la responsabilidad con lo que tiene que ver con seguro, con mantenimiento, con todo les corresponde al posible adquiriente y al final de periodo tienen la opción el diputado, el legislador de pasar la matricula a su asunto personal”, expresó Gustavo Sánchez, al ser entrevistado por los periodistas del Zol de la Mañana.
De su lado el diputado Pedro Botello, dijo que para él es una idea excelente la iniciativa del presidente de la cámara baja, porque las exoneraciones ellos las reciben y las venden porque no tienen la posibilidad de comprar un vehículo en el exterior para luego traerlo al país por los altos costos.
“Esas exoneraciones uno las recibe, uno que viene de sectores humildes qué puede hacer uno con esas exoneraciones que no sea más que venderlas para recuperar algunos de los gastos que ya se hicieron en la campaña. El asunto de las exoneraciones se ha convertido en un mecanismo de aquellos que llegamos a una posición, específicamente de los diputados, yo no diría otro funcionario, pero en el caso de los diputados y nosotros que venimos de sectores humildes cuando conseguimos una exoneración qué vamos a hacer con esa exoneración que no sea venderla”, expresó el legislador.
Especificó que para un legislador usar una exoneración “tiene que comprar un vehículo, y tú no vas a comprar un vehículo de 10,000, 15,000 o 30,000 dólares o más para traerlo con una exoneración abierta”.
Dijo que lo que está planteando el presidente de la Cámara de Diputados es una posición decente, viable que va a contribuir con el Estado, con el propio legislador que en cierta forma, podrá tener un vehículo.
“Por ejemplo yo tengo ocho años en la Cámara de Diputados y yo no tengo un vehículo público, o sea, a mí nadie me ha asignado más que mi propio vehículo que yo compré para viajar a Santo Domingo y cómo yo logré cambiar mi vehículo, bueno, con la misma exoneración, compensando una parte aquí mismo en el país y buscando un vehículo que es lo que hace todo el mundo”, explicó Botello.
Reiteró que para él la posición del presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, es la más viable…”porque así yo no tendré que recurrir a una de las fuentes del derecho que es el uso y costumbre”.
diariolibre.com
Nacionales
Director de La República advierte que Congreso Nacional no tiene la facultad para anular candidaturas independientes.
Por Elba García
El doctor José Cabral Salcedo, especialista en derecho constitucional, además de periodista y empresario, quien ostenta la dirección del diario La República, aclaró que no es verdad que el proyecto que se conoce actualmente en la Cámara de Diputados y que ya fue aprobado en el Senado de la República elimine las candidaturas independientes.
El profesional del derecho sostuvo que el esfuerzo de los diputados y senadores más que en contra de las candidaturas independientes se trata de una aspiración que pone en peligro todo el sistema legal e institucional de la nación.
Dice que intentar eliminar las candidaturas independientes es conspirar en contra de la propia Constitución de la República, ya que es la carta magna la que otorga la facultad al TC de interpretar las normas que chocan con la ley sustantiva de la nación, a los fines de procurar que las mismas se ajusten al control de la constitucionalidad.
La intención de eliminar las candidaturas independientes es lo mismo que conspirar en contra del sistema democrático e institucional de la nación, lo que indica el estado de desesperación de los partidos políticos ante el descredito que les afecta, añadió el periodista, abogado y empresario.
Cabral Salcedo advirtió que de aprobarse el proyecto de ley que se conoce ahora en la Cámara de Diputados deja el problema en manos del presidente Luis Abinader, quien tiene la opción de promulgarla u observarla en virtud de que la misma sería un contrasentido jurídico que cuestionaría todo el régimen jurídico interno y externo.
Sin embargo, advirtió que ante la conversión en ley del proyecto que se conoce ahora en la Cámara de Diputados y si es promulgado por el presidente Abinader implicaría la presentación de una acción directa de inconstitucionalidad ante el mismo Tribunal Constitucional que es el único facultado para interpretar la constitucionalidad de una norma.
Explico que decir que la Constitución habla de que las aspiraciones políticas sólo pueden ser canalizadas a través de los partidos, según la interpretación que se le ha querida dar al artículo 216 de la carta magna, pese a que la ley sustantiva de la nación debe leerse íntegramente y naturalmente incluyendo el artículo 22 que habla de los derechos ciudadanos, sobre todo en lo que respecta al principio de elegir y ser elegido.
El abogado, periodista y empresario advierte que la jurisprudencia del TC sólo puede ser eliminarla por el propio alto tribunal mediante la figura del overrruling, la cual es la técnica jurídica mediante la cual un tribunal constitucional revoca o cambia un precedente vinculante anterior, sustituyéndolo por una nueva doctrina, a los fines de adaptar el derecho a nuevos contextos sociales, morales, económicos y políticos, lo que permite superar normas jurisprudenciales obsoletas, injustas o incompatibles con el ordenamiento actual.
Sin embargo, el profesional del derecho aclara que ese no es el caso de la sentencia que sienta jurisprudencia sobre las candidaturas independientes, la TC/0788/24, ya que para que el TC cambie el criterio en esta materia tiene que producirse una afectación de un derecho fundamental cuando en la misma se produce todo lo contrario con la protección del principio de elegir y ser elegido, pero además del de igualdad, proporcionalidad, legalidad, pro participación y el de dignidad humana.
Esta situación hace prácticamente imposible la posibilidad de que las pretensiones de los diputados y senadores se concrete, porque sencillamente no hay forma de que sus acciones al margen del principio de legalidad tengan éxito, ya que la interpretación del Tribunal Constitucional se ajusta del artículo 47 de la Ley 137-11 y también al 184 y 185 de la constitución de la República.
Cabral Salcedo sostuvo que con el proyecto de ley que busca eliminar las candidaturas independientes el Congreso Nacional no sólo se pone al margen del régimen legal, sino también de la institucionalidad de la nación y además deja claro que los legisladores de la llamada partidocracia se creen dueños del sistema, principalmente los perremeistas que fundamentaron su llegada al poder en que en la República Dominicana se consolidaba un partido-Estado a través del PLD, pero resulta que ahora ellos son más antidemocráticos que las pasadas autoridades.
Cabral Salcedo llamó al presidente Luis Abinader a no ser parte de un plan que compromete la responsabilidad civil y penal del Estado por tratarse de la violación de un derecho fundamental como el de elegir y ser elegido, consignado, además, en el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos de San José, Costa Rica.
Santo Domingo, R.D.-El mantenimiento del arresto domiciliario dispuso la jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional en contra del coronel Andrés Pacheco Valera, implicado en la Operación Lobo.
La magistrada Yanibet Rivas tomó la decisión tras rechazar una solicitud de variación de la medida presentada por el acusado, a través de su abogado Félix Portes Núñez.
De inmediato, el abogado del imputado anunció que apelará la decisión, alegando violación al principio de igualdad, ya que otros coimputados han recibido medidas menos severas.
El imputado es acusado de formar parte de una red que se dedicaba a la distribución de sobornos para agenciarse la contratación y el mantenimiento de contratos de seguridad privada en instituciones públicas.
Entre las instituciones se encuentran el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (EdeNorte), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EdeEste) y la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (EdeSur).
Entre los implicados se encuentran el mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz, así como los coroneles de ese organismo Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández Vásquez y Elías Camaño Pérez.
Además, el coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar y el primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos, el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González y el coronel de la Policía Ramón Quezada Ortiz. En Santiago fue arrestado Bolívar Nicolás Fernández Espinal.
Santo Domingo, R.D.-La decision de el Septimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional será apelada por el Ministerio Público mediante la cual otorgó un auto de no ha lugar en favor de Jean Andrés Pumarol Fernández, imputado de ultimar a una mujer y herir a otras cinco personas en un hecho ocurrido en el sector Naco.
El órgano acusador rechazó, en un comunicado de prensa, la decisión del juez Deiby Antonio Timoteo Peguero, al considerar que no se corresponde con las pruebas aportadas durante el proceso.
Sostiene que existen méritos suficientes para recurrir la decisión, al entender que el tribunal incurre en contradicción, ya que en principio no acoge la declaratoria de inimputabilidad, pero termina aplicando los efectos jurídicos de dicha figura al dictar el auto de no ha lugar.
La acusación presentada por el Ministerio Público, representado por la fiscal Vidalis Mora, explica que el 23 de julio de 2025 el imputado irrumpió en varias viviendas del residencial Naco Dorado IV, donde agredió a distintos residentes, incluyendo a Yolanda Handal Abugabir, a quien le provocó la muerte.
Durante el hecho, también hirió a Gricelda Ozuna Torres, Francisco Texano, Teresa Fabián de Heredia, Victoria Heredia y Guillermo Ramón Pumarol Castellanos, además de ocasionar la muerte de una mascota.
El Ministerio Público recordó que, en atención a la gravedad de los hechos y las evidencias presentadas, previamente, le fue impuesta prisión preventiva como medida de coerción, la cual cumplía en el Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya, en Higüey, provincia La Altagracia.