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Pedro Botello: ¿Qué puede hacer uno con esas exoneraciones que no sea más que venderlas?
Presidente Cámara de Diputados presentará proyecto de ley elimine exoneraciones
SANTO DOMINGO. El vocero del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gustavo Sánchez, confirmó este viernes que el presidente de la Cámara de Diputados someterá un proyecto de ley para eliminar las exoneraciones de pago de impuestos que reciben los legisladores para la importación de vehículos.
“Estoy llamando con la intención de fortalecer y darle un espaldarazo a una iniciativa que ha tomado el presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, conjuntamente con los voceros de todo el bloque partidario, que tiene mucho que ver con un proyecto de ley debidamente consensuado entre nosotros y que recoge la aspiración de la sociedad dominicana para de una vez y por toda cumplir con un deseo y una aspiración de modificar la Ley 57-96 que tienen que ver con las exoneraciones de los legisladores”, expresó Sánchez.
Dijo que llegaron a una decisión de eliminar estos privilegios que han venido irritando a la sociedad dominicana y reveló que el presidente de la Cámara de Diputados le comunicó que el proyecto de ley está debidamente editado a los fines de que en los próximos días tan pronto “veamos el texto final, poder introducir con la firma de todos los voceros el proyecto de ley que elimine de manera particular estas exoneraciones, que de una forma u otra satisface la sociedad dominicana”.
Indicó que el tipo de acceso que podrán tener los legisladores a partir de esta ley para poder comprar con un vehículo
“Viene ejecutando por todas partes donde uno trabaja, pues uno puede adquirir un vehículo y de una manera u otra el incúmbente, el legislador, el funcionario puede participar con una parte de los recursos que cuesta este vehículo y naturalmente la responsabilidad con lo que tiene que ver con seguro, con mantenimiento, con todo les corresponde al posible adquiriente y al final de periodo tienen la opción el diputado, el legislador de pasar la matricula a su asunto personal”, expresó Gustavo Sánchez, al ser entrevistado por los periodistas del Zol de la Mañana.
De su lado el diputado Pedro Botello, dijo que para él es una idea excelente la iniciativa del presidente de la cámara baja, porque las exoneraciones ellos las reciben y las venden porque no tienen la posibilidad de comprar un vehículo en el exterior para luego traerlo al país por los altos costos.
“Esas exoneraciones uno las recibe, uno que viene de sectores humildes qué puede hacer uno con esas exoneraciones que no sea más que venderlas para recuperar algunos de los gastos que ya se hicieron en la campaña. El asunto de las exoneraciones se ha convertido en un mecanismo de aquellos que llegamos a una posición, específicamente de los diputados, yo no diría otro funcionario, pero en el caso de los diputados y nosotros que venimos de sectores humildes cuando conseguimos una exoneración qué vamos a hacer con esa exoneración que no sea venderla”, expresó el legislador.
Especificó que para un legislador usar una exoneración “tiene que comprar un vehículo, y tú no vas a comprar un vehículo de 10,000, 15,000 o 30,000 dólares o más para traerlo con una exoneración abierta”.
Dijo que lo que está planteando el presidente de la Cámara de Diputados es una posición decente, viable que va a contribuir con el Estado, con el propio legislador que en cierta forma, podrá tener un vehículo.
“Por ejemplo yo tengo ocho años en la Cámara de Diputados y yo no tengo un vehículo público, o sea, a mí nadie me ha asignado más que mi propio vehículo que yo compré para viajar a Santo Domingo y cómo yo logré cambiar mi vehículo, bueno, con la misma exoneración, compensando una parte aquí mismo en el país y buscando un vehículo que es lo que hace todo el mundo”, explicó Botello.
Reiteró que para él la posición del presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, es la más viable…”porque así yo no tendré que recurrir a una de las fuentes del derecho que es el uso y costumbre”.
diariolibre.com
Santo Domingo, R.D.-El Poder Judicial lanzó una nueva Política de Protección de Datos, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Enmienda a contrato
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Modificación de crédito
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Educación (Minerd) informó que más de 600 docentes del sistema educativo dominicano fueron desvinculados por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.