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Pedro Botello: ¿Qué puede hacer uno con esas exoneraciones que no sea más que venderlas?
Presidente Cámara de Diputados presentará proyecto de ley elimine exoneraciones
SANTO DOMINGO. El vocero del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gustavo Sánchez, confirmó este viernes que el presidente de la Cámara de Diputados someterá un proyecto de ley para eliminar las exoneraciones de pago de impuestos que reciben los legisladores para la importación de vehículos.
“Estoy llamando con la intención de fortalecer y darle un espaldarazo a una iniciativa que ha tomado el presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, conjuntamente con los voceros de todo el bloque partidario, que tiene mucho que ver con un proyecto de ley debidamente consensuado entre nosotros y que recoge la aspiración de la sociedad dominicana para de una vez y por toda cumplir con un deseo y una aspiración de modificar la Ley 57-96 que tienen que ver con las exoneraciones de los legisladores”, expresó Sánchez.
Dijo que llegaron a una decisión de eliminar estos privilegios que han venido irritando a la sociedad dominicana y reveló que el presidente de la Cámara de Diputados le comunicó que el proyecto de ley está debidamente editado a los fines de que en los próximos días tan pronto “veamos el texto final, poder introducir con la firma de todos los voceros el proyecto de ley que elimine de manera particular estas exoneraciones, que de una forma u otra satisface la sociedad dominicana”.
Indicó que el tipo de acceso que podrán tener los legisladores a partir de esta ley para poder comprar con un vehículo
“Viene ejecutando por todas partes donde uno trabaja, pues uno puede adquirir un vehículo y de una manera u otra el incúmbente, el legislador, el funcionario puede participar con una parte de los recursos que cuesta este vehículo y naturalmente la responsabilidad con lo que tiene que ver con seguro, con mantenimiento, con todo les corresponde al posible adquiriente y al final de periodo tienen la opción el diputado, el legislador de pasar la matricula a su asunto personal”, expresó Gustavo Sánchez, al ser entrevistado por los periodistas del Zol de la Mañana.
De su lado el diputado Pedro Botello, dijo que para él es una idea excelente la iniciativa del presidente de la cámara baja, porque las exoneraciones ellos las reciben y las venden porque no tienen la posibilidad de comprar un vehículo en el exterior para luego traerlo al país por los altos costos.
“Esas exoneraciones uno las recibe, uno que viene de sectores humildes qué puede hacer uno con esas exoneraciones que no sea más que venderlas para recuperar algunos de los gastos que ya se hicieron en la campaña. El asunto de las exoneraciones se ha convertido en un mecanismo de aquellos que llegamos a una posición, específicamente de los diputados, yo no diría otro funcionario, pero en el caso de los diputados y nosotros que venimos de sectores humildes cuando conseguimos una exoneración qué vamos a hacer con esa exoneración que no sea venderla”, expresó el legislador.
Especificó que para un legislador usar una exoneración “tiene que comprar un vehículo, y tú no vas a comprar un vehículo de 10,000, 15,000 o 30,000 dólares o más para traerlo con una exoneración abierta”.
Dijo que lo que está planteando el presidente de la Cámara de Diputados es una posición decente, viable que va a contribuir con el Estado, con el propio legislador que en cierta forma, podrá tener un vehículo.
“Por ejemplo yo tengo ocho años en la Cámara de Diputados y yo no tengo un vehículo público, o sea, a mí nadie me ha asignado más que mi propio vehículo que yo compré para viajar a Santo Domingo y cómo yo logré cambiar mi vehículo, bueno, con la misma exoneración, compensando una parte aquí mismo en el país y buscando un vehículo que es lo que hace todo el mundo”, explicó Botello.
Reiteró que para él la posición del presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, es la más viable…”porque así yo no tendré que recurrir a una de las fuentes del derecho que es el uso y costumbre”.
diariolibre.com
Santo Domingo, R.D.-Un total de 9,412,353 ciudadanos y residentes en República Dominicana recibirán la nueva cédula de identidad y electoral a partir del 26 de enero de 2026. De esa cifra, 942,795 personas alcanzaron la mayoría de edad desde el año pasado y serán incorporadas por primera vez al padrón de cedulación.
La Junta Central Electoral (JCE) informó que el proceso de renovación y emisión del documento tendrá una inversión de RD$ 6,500 millones. De ese monto, RD$ 2,081.6 millones se destinarán a la impresión de las cédulas, mientras que RD$ 3,500 millones cubrirán los gastos operativos y logísticos del proceso, el cual se extenderá hasta marzo de 2027.
Con base en estos datos, si 9.4 millones de personas recibirán la cédula y el costo total asciende a RD$ 6,500 millones, el gasto promedio por persona será de aproximadamente RD$ 690.58, es decir, unos RD$ 691 por cédula. Esta emisión es gratuita,
El 26 de enero de 2026 se realizará el acto formal de impresión de la primera cédula de identidad y electoral, que será entregada al presidente de la República, Luis Abinader.
Durante febrero y marzo de 2026, la JCE ejecutará la captura y entrega focalizada a senadores, diputados, altas cortes, órganos constitucionales y comunicadores.
La apertura general de cedulación en el territorio nacional iniciará el 8 de abril de 2026, organizada por mes de cumpleaños, con captura y entrega física del documento. El proceso de renovación nacional concluirá el 31 de marzo de 2027, fecha en la que la cédula vigente perderá validez legal.
Santo Domingo.– Las denuncias en España de que Julio Iglesia explotó sexual, psicológica y laboralmente a al menos a una de sus empleadas en su casa de Punta Cana reabre el debate sobre la necesidad de formalizar el trabajo doméstico y que se apliquen mecanismos para presentar las quejas ante las autoridades.
Mientras que la fiscalía de La Altagracia asegura que ese caso no fue denunciado en el país.
Para las representantes de gremios que agrupan a las trabajadoras doméstica ese tipo de denuncias son comunes entre sus afiliadas.
«Porque cuando una mujer pone una denuncia de violencia o acoso, regularmente, no le prestan mucha atención y ocurre que el (caso se repite y se repite y se repite», expresó la sindicalista, Eulogia Familia.
«Vivimos a diario contra esos tipos de abusos, violencia, acoso en el mundo del trabajo del sector doméstico. Lo hemos denunciado, pero no hay ningún tipo de ley que nos ampare en ninguno de esos sectores», dijo la presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadoras Domésticas, Marubeni Pérez.
Asimismo, aseguran que además de trabajadoras del hogar, empleadas y estudiantes también son víctimas de acoso y abusos sexuales y psicológicos.
¿Cuándo ocurrió lo de Julio Iglesias?
Tras relatar lo ocurrido en una investigación periodística de medios internacionales, dos ex empleadas de Julio Iglesias lo demandaron ante la justicia española por supuestas agresiones y vejaciones sexuales en las mansiones del cantante en la República Dominicana y en las Bahamas en el 2021.
- Debido a que las denuncias no fueron hechas en el país, el ministro de Trabajo prefirió no referirse al tema.
Las sindicalistas consultadas instaron a las mujeres víctimas de este tipo de violencia a formalizar sus denuncias.
Santo Domingo, R.D.-En el Congreso Nacional, cada año se repite una escena que ya parece parte del calendario institucional: el apuro de las últimas semanas de legislatura para aprobar proyectos de ley antes de que «venzan». Lo que muchos no saben es que ese apuro no responde necesariamente a una urgencia nacional, sino a una disposición del Reglamento y de la Constitución que establece que si un proyecto de ley no se aprueba en dos legislaturas ordinarias (es decir, aproximadamente un año), debe considerarse no iniciado, como si nunca hubiese existido. Y así, todo lo hecho hasta ese momento, estudios técnicos, audiencias públicas, informes de comisión, debates en el Pleno, se borra por completo.
Esta práctica, conocida como perención legislativa, se ha convertido en uno de los principales factores de ineficiencia del trabajo parlamentario. Cada año, decenas de proyectos, muchos de ellos importantes, mueren por plazos y no por méritos. Y luego, los mismos legisladores deben reintroducirlos, repetir los trámites, rediscutirlos, volver a aprobarlos. Se reinicia el reloj… pero no se avanza.
Los efectos de esta dinámica son graves y múltiples. En primer lugar, se cometen errores legislativos por premura. Cuando un proyecto se acerca a su fecha de caducidad, se acelera su aprobación, muchas veces sin el estudio técnico adecuado. Se aprueban textos con vacíos legales, ambigüedades o sin análisis de impacto presupuestario. Luego vienen las enmiendas, los reclamos y, en algunos casos, las reformas de urgencia para corregir lo que no se debió precipitar.
Además, esta lógica produce un desgaste institucional profundo. Desde fuera, la ciudadanía ve cómo el Congreso aprueba algo… y luego lo deja caducar. El mensaje que se percibe es de inestabilidad, improvisación o lentitud. La confianza en el proceso legislativo se resiente, y con razón. No es fácil explicar por qué una ley ampliamente debatida y respaldada tiene que ser reintroducida cada año como si fuera nueva, solo porque el calendario venció.
Pero quizás el mayor problema sea que se rompe la continuidad entre las dos cámaras del Congreso. Un proyecto aprobado en el Senado, si no es conocido por la Cámara de Diputados antes de terminar el año legislativo, pierde vigencia. Y la próxima vez, debe comenzar desde cero, incluso en la cámara que ya lo había aprobado. Se desvanece todo el trabajo legislativo como si fuese papel mojado.
El Parlamento no debe ser rehén del calendario, ni el país víctima de la burocracia. Es hora de romper con la lógica de la perención automática y construir un procedimiento legislativo que honre el trabajo, respete el tiempo y sirva al bien común. Porque legislar no es correr contra el reloj: es construir soluciones duraderas para una nación que no puede esperar.