Nacionales
Pedro Botello: ¿Qué puede hacer uno con esas exoneraciones que no sea más que venderlas?
Presidente Cámara de Diputados presentará proyecto de ley elimine exoneraciones
SANTO DOMINGO. El vocero del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gustavo Sánchez, confirmó este viernes que el presidente de la Cámara de Diputados someterá un proyecto de ley para eliminar las exoneraciones de pago de impuestos que reciben los legisladores para la importación de vehículos.
“Estoy llamando con la intención de fortalecer y darle un espaldarazo a una iniciativa que ha tomado el presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, conjuntamente con los voceros de todo el bloque partidario, que tiene mucho que ver con un proyecto de ley debidamente consensuado entre nosotros y que recoge la aspiración de la sociedad dominicana para de una vez y por toda cumplir con un deseo y una aspiración de modificar la Ley 57-96 que tienen que ver con las exoneraciones de los legisladores”, expresó Sánchez.
Dijo que llegaron a una decisión de eliminar estos privilegios que han venido irritando a la sociedad dominicana y reveló que el presidente de la Cámara de Diputados le comunicó que el proyecto de ley está debidamente editado a los fines de que en los próximos días tan pronto “veamos el texto final, poder introducir con la firma de todos los voceros el proyecto de ley que elimine de manera particular estas exoneraciones, que de una forma u otra satisface la sociedad dominicana”.
Indicó que el tipo de acceso que podrán tener los legisladores a partir de esta ley para poder comprar con un vehículo
“Viene ejecutando por todas partes donde uno trabaja, pues uno puede adquirir un vehículo y de una manera u otra el incúmbente, el legislador, el funcionario puede participar con una parte de los recursos que cuesta este vehículo y naturalmente la responsabilidad con lo que tiene que ver con seguro, con mantenimiento, con todo les corresponde al posible adquiriente y al final de periodo tienen la opción el diputado, el legislador de pasar la matricula a su asunto personal”, expresó Gustavo Sánchez, al ser entrevistado por los periodistas del Zol de la Mañana.
De su lado el diputado Pedro Botello, dijo que para él es una idea excelente la iniciativa del presidente de la cámara baja, porque las exoneraciones ellos las reciben y las venden porque no tienen la posibilidad de comprar un vehículo en el exterior para luego traerlo al país por los altos costos.
“Esas exoneraciones uno las recibe, uno que viene de sectores humildes qué puede hacer uno con esas exoneraciones que no sea más que venderlas para recuperar algunos de los gastos que ya se hicieron en la campaña. El asunto de las exoneraciones se ha convertido en un mecanismo de aquellos que llegamos a una posición, específicamente de los diputados, yo no diría otro funcionario, pero en el caso de los diputados y nosotros que venimos de sectores humildes cuando conseguimos una exoneración qué vamos a hacer con esa exoneración que no sea venderla”, expresó el legislador.
Especificó que para un legislador usar una exoneración “tiene que comprar un vehículo, y tú no vas a comprar un vehículo de 10,000, 15,000 o 30,000 dólares o más para traerlo con una exoneración abierta”.
Dijo que lo que está planteando el presidente de la Cámara de Diputados es una posición decente, viable que va a contribuir con el Estado, con el propio legislador que en cierta forma, podrá tener un vehículo.
“Por ejemplo yo tengo ocho años en la Cámara de Diputados y yo no tengo un vehículo público, o sea, a mí nadie me ha asignado más que mi propio vehículo que yo compré para viajar a Santo Domingo y cómo yo logré cambiar mi vehículo, bueno, con la misma exoneración, compensando una parte aquí mismo en el país y buscando un vehículo que es lo que hace todo el mundo”, explicó Botello.
Reiteró que para él la posición del presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, es la más viable…”porque así yo no tendré que recurrir a una de las fuentes del derecho que es el uso y costumbre”.
diariolibre.com
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.