Internacionales
Pelosi cuestiona si Trump es apto para gobernar
AP
- “La ciudadanía necesita conocer el estado de salud del presidente”
La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, reveló el viernes un proyecto de ley que permitiría al Congreso intervenir bajo una enmienda de la Constitución para retirar al presidente de sus labores, insistiendo en que no se trata de Donald Trump, sino de la necesidad de una mayor supervisión del Congreso sobre la Casa Blanca.
La 25ta Enmienda le permite al gabinete o al Congreso intervenir cuando un presidente no sea capaz de cumplir sus obligaciones. Pelosi ha estado poniendo en duda el estado mental de Trump desde su diagnóstico de COVID-19 y ha exigido más transparencia sobre su salud. El proyecto de ley crearía una comisión que evalúe la capacidad del presidente para dirigir el país y asegurar la continuidad del gobierno. La iniciativa llega un año después de que la cámara baja, bajo el mando de Pelosi, intentó infructuosamente de someter a Trump a un proceso de juicio político.
“No se trata del presidente Donald Trump, él se enfrentará al juicio de los votantes” en los comicios de noviembre, dijo Pelosi durante una conferencia de prensa en el Capitolio.
Los opositores del mandatario ya han sopesado antes la posibilidad de invocar la 25ta Enmienda, pero ahora lo están planteando muy cerca de las elecciones, a medida que las campañas se convierten rápidamente en un referendo sobre el manejo de Trump a la pandemia de coronavirus. Más de 210.000 estadounidenses han muerto y millones más han infectado con el virus, que no da muestras de ceder de cara a lo que los expertos de salud advierten que será una complicada temporada de influenza estacional y un invierno difícil.
El Congreso no se encuentra en sesiones, así que es poco probable que se dé alguna consideración seria a la medida, mucho menos llevar a cabo una votación en la Cámara de Representantes o el Senado, pero la propuesta sirve como herramienta política para avivar preguntas sobre la salud de Trump en momentos en que la Casa Blanca atraviesa un brote que ha contagiado a algunos de los principales asesores, miembros del personal y visitantes, incluyendo senadores.
Cuando faltan apenas unas cuantas semanas de las elecciones del 3 de noviembre, Pelosi ha dicho que Trump debe dar más detalles sobre su estado de salud luego de ser diagnosticado con COVID-19. El jueves, la legisladora destacó el “extraño tuit” de Trump en el que ordenó suspender las negociaciones para un nuevo paquete de ayuda por la pandemia —que subsecuentemente intentó revertir— y dijo que los estadounidenses deben saber exactamente cuándo fue que él contrajo el COVID-19, luego de que otros miembros de la Casa Blanca también se infectaron.
“La ciudadanía necesita conocer el estado de salud del presidente”, dijo Pelosi.
Trump no tardó en responder vía Twitter.
“La loca Nancy es la que debería estar bajo observación. No le llaman loca en vano”, tuiteó el presidente el jueves.
Trump afirma que se “siente grandioso” después de haber sido hospitalizado y de haber vuelto al trabajo en la Casa Blanca, pero los médicos han dado señales contradictorias sobre su diagnóstico y tratamiento. Trump planea reanudar pronto su campaña.
En una sorprendente revelación, el líder de la mayoría en el Senado Mitch McConnell dijo el jueves que dejó de ir a la Casa Blanca hace dos meses debido a que no estaba de acuerdo con los protocolos contra el coronavirus de la residencia presidencial. Su última visita fue el 6 de agosto.
“Mi impresión es que su manera de manejar esto era diferente a la mía y a lo que insistí que se hiciera en el Senado, que es utilizar mascarillas y mantener el distanciamiento social”, dijo McConnell durante una gira de campaña para su reelección en el norte de Kentucky.
Pelosi y el representante demócrata Jamie Raskin, profesor de Derecho Constitucional, planeaban presentar la propuesta el viernes, que crearía una comisión de acuerdo con lo detallado en la 25ta Enmienda, la cual fue aprobada y ratificada por el Congreso en 1967 a fin de garantizar una continuación en el poder tras el asesinato del presidente John F. Kennedy.
La enmienda señala que el vicepresidente y la mayoría de los principales funcionarios de los departamentos ejecutivos “o de otro organismo, como el Congreso” pueden, por ley, brindar una declaración ante el Congreso de que el presidente “es incapaz de desempeñar la autoridad y los deberes de su cargo”. En ese momento, el vicepresidente asumiría inmediatamente los poderes de presidente interino.
Trump suspendió súbitamente las negociaciones sobre un paquete de ayuda a principios de esta semana, lo que causó un duro impacto en la economía, desconcertó a sus aliados republicanos y dejó a millones de estadounidenses sin respaldo adicional a pocas semanas de los comicios. Casi inmediatamente intentó revertir sus acciones y entablar negociaciones.
Todo ocurrió en una serie de tuits y comentarios sorprendentes hechos días después de que volvió a la Casa Blanca luego de permanecer hospitalizado por COVID-19.
Primero, Trump dijo a líderes republicanos en el Congreso el martes que suspendieran las negociaciones sobre un paquete de ayuda. El miércoles, intentó llamar a todos a la mesa de negociaciones en los puntos más importantes, incluyendo cheques de estímulo de 1.200 dólares para la mayoría de los adultos en el país.
Pelosi declaró el jueves que los demócratas “siguen en la mesa” y que su oficina reanudó las conversaciones con el principal negociador, el secretario del Tesoro Steven Mnuchin.
Pelosi afirmó que le dijo a Mnuchin que estaba dispuesta a considerar una iniciativa para ayudar a las aerolíneas, que enfrentan despidos masivos, pero esa asistencia, recalcó, debe ir acompañada de una iniciativa más amplia que incluya el tipo de pruebas diagnósticas, rastreo y prácticas de salud que los demócratas afirman son necesarias como parte de una estrategia nacional para “aplastar al virus”.
Normalmente, las elevadas apuestas políticas de cara a las elecciones proveerían margen de negociación para un paquete de tal magnitud, pero ante el rechazo de otros republicanos a gastar más dinero, parece que no habrá asistencia en camino una vez que los estadounidenses ya comenzaron a emitir sus votos.
Los demócratas han dejado en claro que no avalarán un enfoque gradual hasta que el gobierno de Trump apruebe un plan integral que proponen para las pruebas de diagnóstico, rastreo y otras medidas para frenar la propagación del virus. Han reducido su propuesta de 3 billones a 2,2 billones de dólares. La Casa Blanca presentó una contraoferta por 1,6 billones de dólares. Las negociaciones se llevaban a cabo al momento que Trump ordenó suspenderlas.
“No hay duda de que la cercanía de la elección ha hecho que esto sea mucho más desafiante”, declaró McConnell.
Internacionales
Dominicano enfrenta cargos en Estados Unidos por presunto fraude de más de US$166 mil en ayudas sociales
Rodolfo Armando Fernández Guzmán es señalado de utilizar la identidad de un ciudadano estadounidense para acceder a programas de alimentación, servicios médicos y asistencia de vivienda en Massachusetts.
MASSACHUSETTS, ESTADOS UNIDOS. – Las autoridades federales estadounidenses presentaron cargos contra el dominicano Rodolfo Armando Fernández Guzmán, acusado de apropiarse de la identidad de un ciudadano norteamericano para obtener presuntamente beneficios gubernamentales valorados en US$166,479.25.
De acuerdo con los documentos judiciales divulgados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el acusado habría utilizado información personal ajena para acceder a distintos programas de asistencia social destinados a familias y personas que cumplen determinados requisitos económicos.
Las investigaciones señalan que Fernández Guzmán obtuvo presuntamente beneficios de alimentación, cobertura médica y subsidios de vivienda mediante el uso fraudulento de una identidad estadounidense.
Más de 166 mil dólares en beneficios bajo investigación
Según la acusación federal, los recursos supuestamente obtenidos por el dominicano corresponden a tres programas de asistencia pública:
-
US$22,402 del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), destinado a facilitar la adquisición de alimentos.
-
US$98,481.25 en beneficios de MassHealth, el sistema de cobertura médica de Massachusetts.
-
US$45,596 mediante el programa de asistencia habitacional conocido como Sección 8, que ayuda a familias de bajos ingresos con el pago de alquileres.
El monto total de los beneficios cuestionados asciende a US$166,479.25, según las cantidades detalladas por las autoridades federales.
También habría conseguido documentos oficiales con identidad ajena
La investigación establece que Fernández Guzmán presuntamente empleó los datos personales de la víctima para tramitar documentos de identificación en dos estados norteamericanos.
Entre los documentos mencionados figuran dos tarjetas estatales de identificación, un permiso provisional para conducir y tres licencias de conducir emitidas en Massachusetts y Arizona.
Las autoridades consideran que estas actuaciones formarían parte de un esquema de suplantación de identidad que permitió al acusado realizar diversos trámites utilizando información personal que no le pertenecía.
El expediente también recoge que Fernández Guzmán habría sido condenado anteriormente por dos delitos graves en Arizona y que las sentencias de prisión fueron registradas bajo la identidad del ciudadano afectado.
Este último señalamiento también forma parte de las alegaciones presentadas por las autoridades y deberá ser valorado conforme a las pruebas correspondientes.
Caso forma parte de ofensiva federal contra fraudes sociales
El proceso contra el dominicano está incluido en una operación de alcance nacional desarrollada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en coordinación con el Departamento de Agricultura (USDA) y su Oficina del Inspector General.
La iniciativa busca identificar y perseguir presuntos esquemas de fraude relacionados con programas de asistencia económica financiados con fondos públicos.
Según las informaciones oficiales, las actuaciones iniciadas desde septiembre involucran a más de 40 acusados y abarcan posibles pérdidas cercanas a los US$45 millones.
De esa cantidad, aproximadamente US$42 millones corresponden a presuntas irregularidades vinculadas con el programa de asistencia alimentaria SNAP.
Las investigaciones han identificado diferentes modalidades delictivas, entre ellas la utilización de identidades sustraídas, dispositivos destinados a obtener información de tarjetas electrónicas y establecimientos comerciales presuntamente utilizados para desviar fondos públicos.
Autoridades intensifican investigaciones
En el operativo participan distintas dependencias federales encargadas de investigar delitos económicos y proteger los recursos destinados a programas de asistencia social.
Las actuaciones incluyen la colaboración de 13 fiscalías federales y otras autoridades estadounidenses.
El expediente contra Fernández Guzmán se tramita en el Distrito de Massachusetts, donde las autoridades deberán presentar los elementos probatorios que sustenten las imputaciones.
El caso pone de relieve la preocupación de las instituciones estadounidenses por los mecanismos de fraude que pueden afectar programas creados para atender necesidades básicas de alimentación, salud y vivienda.
Acusado conserva presunción de inocencia
Aunque las autoridades federales han presentado señalamientos sobre el supuesto uso de documentos ajenos y la obtención irregular de beneficios públicos, estas imputaciones todavía deben ser demostradas en el proceso judicial.
La presentación de cargos no constituye una declaración de culpabilidad.
Fernández Guzmán mantiene su derecho a la defensa y a la presunción de inocencia mientras no exista una decisión judicial que establezca su responsabilidad penal.
Fuente: Departamento de Justicia de Estados Unidos y Diario Libre USA, 26 de octubre de 2026.
Washington, Estados Unidos. – La ejecución de Nidal Hasan, condenado a muerte por la masacre ocurrida en la base militar de Fort Hood en 2009, será transmitida en vivo y tendrá carácter público, según informó este jueves un funcionario del Pentágono a la agencia AFP.
El funcionario, que habló bajo condición de anonimato, confirmó que el procedimiento será difundido en directo y señaló que se ofrecerán más detalles posteriormente. De concretarse, sería el primer fusilamiento ejecutado por las Fuerzas Armadas estadounidenses desde 1961.
Horas antes, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, había anunciado que la ejecución se realizaría mediante un pelotón de fusilamiento y que el público tendría la posibilidad de presenciarla.
“Será ejecutado por un pelotón de fusilamiento, como debe ser, y nos aseguraremos de que la gente pueda presenciarlo, que sea público”, expresó Hegseth durante una conversación con el influencer y activista conservador Jack Posobiec.
Las declaraciones fueron difundidas en un video compartido en la red social X por varias cuentas oficiales del Departamento de Defensa.
La masacre de Fort Hood
Nidal Hasan, quien se desempeñaba como psiquiatra del Ejército estadounidense, fue condenado a muerte por el ataque perpetrado en noviembre de 2009 en la instalación militar de Fort Hood, en Texas.
El tiroteo dejó 13 personas muertas y 30 heridas. Doce de las víctimas mortales y 30 de los heridos pertenecían a las Fuerzas Armadas.
Durante el ataque, Hasan fue alcanzado por disparos de una agente de la Policía civil, lo que le provocó una parálisis parcial.
El caso se convirtió en uno de los episodios de violencia más graves registrados en una instalación militar estadounidense y dio lugar a un proceso judicial que culminó con su condena a muerte.
El anuncio sobre la modalidad de ejecución ha generado atención por el carácter público que las autoridades pretenden darle y por el uso de un método que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos no emplean para ejecutar a un condenado desde hace más de seis décadas.
Agencia AP
Washington, Estados Unidos.-El presidente Donald Trump afirmó el jueves que no ordenará la reanudación de los ataques militares contra Irán antes de las elecciones legislativas de mitad de mandato del 3 de noviembre en Estados Unidos.
Trump, mientras hacía campaña por los republicanos esta semana, insinuó que confiaba en que el desenlace de la guerra podría llegar en los días previos o posteriores a las elecciones, y también dejó entrever que seguía abierto a reanudar operaciones militares a gran escala contra Irán.
Durante semanas, Trump ha estado amenazando con que una escalada posterior a las elecciones en la guerra de siete meses de antigüedad sigue siendo una opción viable, pese a sus promesas iniciales a los estadounidenses de una campaña militar que duraría solo unas semanas.
Trump añadió que su equipo ha estado “manteniendo conversaciones productivas con la República Islámica de Irán”.
Estados Unidos e Irán firmaron en junio un acuerdo interino de corta duración, destinado a establecer un alto el fuego de 60 días y un marco para un acuerdo de paz permanente.
Las negociaciones parecían estar estancadas desde que Trump, a finales del mes pasado, rechazó públicamente la propuesta de Irán de reabrir el estrecho de Ormuz en un plazo de siete días si Estados Unidos cumplía ciertas condiciones.
Irán, sin embargo, indicó la semana pasada que había recibido una contrapropuesta de Estados Unidos. Y el ministro de Exteriores, Abbas Araghchi, manifestó el jueves queprobablemente habrá una respuesta formal en cuestión de días.
Pero al mismo tiempo, Trump sugirió que tenía sentimientos encontrados sobre poner fin a la guerra en este momento.
“Creo que el acuerdo no es realmente algo que yo quiera hacer, pero ellos están dispuestos a ofrecernos cualquier cosa para que pare”, aseveró el mandatario.
pérdida de los flujos de petróleo
Irán ha perdido su casi control asfixiante sobre los flujos de petróleo a través de la vital vía marítima, con el Comando Central de Estados Unidos escoltando a los petroleros a través del estrecho por la noche con sus sistemas de localización apagados.
Eso, con la ayuda de oleoductos que evitan el estrecho, ha permitido a los países del Golfo Pérsico exportar petróleo a niveles casi anteriores a la guerra.
Pero Irán ha intensificado los ataques contra petroleros que pasan por el estrecho en los últimos días. Y en general, el tráfico marítimo sigue muy por debajo de los niveles anteriores a la guerra, al igual que los envíos de gas natural licuado y productos combustibles.
Los operadores de petroleros dispuestos a arriesgarse a pasar por el peligroso trayecto bajo la protección del Comando Central están en algunos casos cobrando tarifas de 1 millón de dólares al día o más, según analistas del transporte marítimo.
La situación se ha complicado aún más, ya que Arabia Saudí y el gobierno de Yemen han lanzado una campaña militar destinada a expulsar del estrecho de Bab el-Mandeb, otra ruta comercial crítica de Oriente Medio para el petróleo y otros bienes, a los rebeldes hutíes respaldados por Irán. Los hutíes, a su vez, están atacando aeropuertos saudíes e infraestructura clave en el reino con ataques de drones y misiles.
La publicación de Trump se produce mientras el ejército ha enviado más recursos a la región. Funcionarios de Estados Unidos han dicho que el portaaviones USS Theodore Roosevelt y sus buques escolta podrían llegar tan pronto como a finales de octubre.
El anuncio de Trump se hizo el mismo día en que el USS Abraham Lincoln debía llegar a su puerto base en San Diego tras un despliegue de duración récord en apoyo de la guerra contra Irán. Ha habido reportes de estrés entre la tripulación y de mala salud mental, así como de escasez de suministros, incluidos alimentos y productos de higiene.
El USS George Washington, que normalmente tiene su base en Asia, relevó al Lincoln en agosto. El otro portaaviones en Oriente Medio, el USS George H.W. Bush, ha estado desplegado durante unos seis meses, pero hizo escala en Phuket, Tailandia, para una visita al puerto hace varios días.