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Pelosi cuestiona si Trump es apto para gobernar
AP
- “La ciudadanía necesita conocer el estado de salud del presidente”
La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, reveló el viernes un proyecto de ley que permitiría al Congreso intervenir bajo una enmienda de la Constitución para retirar al presidente de sus labores, insistiendo en que no se trata de Donald Trump, sino de la necesidad de una mayor supervisión del Congreso sobre la Casa Blanca.
La 25ta Enmienda le permite al gabinete o al Congreso intervenir cuando un presidente no sea capaz de cumplir sus obligaciones. Pelosi ha estado poniendo en duda el estado mental de Trump desde su diagnóstico de COVID-19 y ha exigido más transparencia sobre su salud. El proyecto de ley crearía una comisión que evalúe la capacidad del presidente para dirigir el país y asegurar la continuidad del gobierno. La iniciativa llega un año después de que la cámara baja, bajo el mando de Pelosi, intentó infructuosamente de someter a Trump a un proceso de juicio político.
“No se trata del presidente Donald Trump, él se enfrentará al juicio de los votantes” en los comicios de noviembre, dijo Pelosi durante una conferencia de prensa en el Capitolio.
Los opositores del mandatario ya han sopesado antes la posibilidad de invocar la 25ta Enmienda, pero ahora lo están planteando muy cerca de las elecciones, a medida que las campañas se convierten rápidamente en un referendo sobre el manejo de Trump a la pandemia de coronavirus. Más de 210.000 estadounidenses han muerto y millones más han infectado con el virus, que no da muestras de ceder de cara a lo que los expertos de salud advierten que será una complicada temporada de influenza estacional y un invierno difícil.
El Congreso no se encuentra en sesiones, así que es poco probable que se dé alguna consideración seria a la medida, mucho menos llevar a cabo una votación en la Cámara de Representantes o el Senado, pero la propuesta sirve como herramienta política para avivar preguntas sobre la salud de Trump en momentos en que la Casa Blanca atraviesa un brote que ha contagiado a algunos de los principales asesores, miembros del personal y visitantes, incluyendo senadores.
Cuando faltan apenas unas cuantas semanas de las elecciones del 3 de noviembre, Pelosi ha dicho que Trump debe dar más detalles sobre su estado de salud luego de ser diagnosticado con COVID-19. El jueves, la legisladora destacó el “extraño tuit” de Trump en el que ordenó suspender las negociaciones para un nuevo paquete de ayuda por la pandemia —que subsecuentemente intentó revertir— y dijo que los estadounidenses deben saber exactamente cuándo fue que él contrajo el COVID-19, luego de que otros miembros de la Casa Blanca también se infectaron.
“La ciudadanía necesita conocer el estado de salud del presidente”, dijo Pelosi.
Trump no tardó en responder vía Twitter.
“La loca Nancy es la que debería estar bajo observación. No le llaman loca en vano”, tuiteó el presidente el jueves.
Trump afirma que se “siente grandioso” después de haber sido hospitalizado y de haber vuelto al trabajo en la Casa Blanca, pero los médicos han dado señales contradictorias sobre su diagnóstico y tratamiento. Trump planea reanudar pronto su campaña.
En una sorprendente revelación, el líder de la mayoría en el Senado Mitch McConnell dijo el jueves que dejó de ir a la Casa Blanca hace dos meses debido a que no estaba de acuerdo con los protocolos contra el coronavirus de la residencia presidencial. Su última visita fue el 6 de agosto.
“Mi impresión es que su manera de manejar esto era diferente a la mía y a lo que insistí que se hiciera en el Senado, que es utilizar mascarillas y mantener el distanciamiento social”, dijo McConnell durante una gira de campaña para su reelección en el norte de Kentucky.
Pelosi y el representante demócrata Jamie Raskin, profesor de Derecho Constitucional, planeaban presentar la propuesta el viernes, que crearía una comisión de acuerdo con lo detallado en la 25ta Enmienda, la cual fue aprobada y ratificada por el Congreso en 1967 a fin de garantizar una continuación en el poder tras el asesinato del presidente John F. Kennedy.
La enmienda señala que el vicepresidente y la mayoría de los principales funcionarios de los departamentos ejecutivos “o de otro organismo, como el Congreso” pueden, por ley, brindar una declaración ante el Congreso de que el presidente “es incapaz de desempeñar la autoridad y los deberes de su cargo”. En ese momento, el vicepresidente asumiría inmediatamente los poderes de presidente interino.
Trump suspendió súbitamente las negociaciones sobre un paquete de ayuda a principios de esta semana, lo que causó un duro impacto en la economía, desconcertó a sus aliados republicanos y dejó a millones de estadounidenses sin respaldo adicional a pocas semanas de los comicios. Casi inmediatamente intentó revertir sus acciones y entablar negociaciones.
Todo ocurrió en una serie de tuits y comentarios sorprendentes hechos días después de que volvió a la Casa Blanca luego de permanecer hospitalizado por COVID-19.
Primero, Trump dijo a líderes republicanos en el Congreso el martes que suspendieran las negociaciones sobre un paquete de ayuda. El miércoles, intentó llamar a todos a la mesa de negociaciones en los puntos más importantes, incluyendo cheques de estímulo de 1.200 dólares para la mayoría de los adultos en el país.
Pelosi declaró el jueves que los demócratas “siguen en la mesa” y que su oficina reanudó las conversaciones con el principal negociador, el secretario del Tesoro Steven Mnuchin.
Pelosi afirmó que le dijo a Mnuchin que estaba dispuesta a considerar una iniciativa para ayudar a las aerolíneas, que enfrentan despidos masivos, pero esa asistencia, recalcó, debe ir acompañada de una iniciativa más amplia que incluya el tipo de pruebas diagnósticas, rastreo y prácticas de salud que los demócratas afirman son necesarias como parte de una estrategia nacional para “aplastar al virus”.
Normalmente, las elevadas apuestas políticas de cara a las elecciones proveerían margen de negociación para un paquete de tal magnitud, pero ante el rechazo de otros republicanos a gastar más dinero, parece que no habrá asistencia en camino una vez que los estadounidenses ya comenzaron a emitir sus votos.
Los demócratas han dejado en claro que no avalarán un enfoque gradual hasta que el gobierno de Trump apruebe un plan integral que proponen para las pruebas de diagnóstico, rastreo y otras medidas para frenar la propagación del virus. Han reducido su propuesta de 3 billones a 2,2 billones de dólares. La Casa Blanca presentó una contraoferta por 1,6 billones de dólares. Las negociaciones se llevaban a cabo al momento que Trump ordenó suspenderlas.
“No hay duda de que la cercanía de la elección ha hecho que esto sea mucho más desafiante”, declaró McConnell.
Internacionales
Fondos obtenidos de ayudas por COVID-19 habrían financiado complot contra Jovenel Moïse
Fiscales estadounidenses investigan el uso fraudulento de recursos de programas creados durante la pandemia para financiar parte de la operación que culminó con el asesinato del presidente haitiano en 2021.
MIAMI, Estados Unidos.– Dinero obtenido fraudulentamente de programas de asistencia económica creados por Estados Unidos durante la pandemia de COVID-19 habría sido utilizado para financiar parte de la conspiración que culminó con el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, ocurrido el 7 de julio de 2021.
La investigación de las autoridades estadounidenses sostiene que recursos procedentes de programas como el Paycheck Protection Program (PPP) y los préstamos de emergencia EIDL fueron desviados y utilizados para contribuir a la adquisición de armas, equipos tácticos y otros recursos vinculados con la operación.
Las autoridades también sitúan al sur de Florida como uno de los principales centros desde donde se habrían desarrollado actividades de planificación y financiamiento relacionadas con el complot.
El caso ha cobrado nueva relevancia tras el traslado desde Haití hacia Estados Unidos de 18 hombres acusados en relación con el magnicidio, quienes deberán enfrentar procesos ante la justicia federal estadounidense.
Trasladan 18 acusados a Estados Unidos
Los detenidos llegaron bajo custodia de autoridades estadounidenses y fueron puestos a disposición de la justicia federal en Miami.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó el traslado como parte de una nueva etapa de las investigaciones sobre el asesinato del mandatario haitiano.
El fiscal federal para el Distrito Sur de Florida, Jason Reding Quiñones, indicó que las autoridades continuarán investigando a las personas que presuntamente financiaron, facilitaron o participaron en la operación.
La investigación estadounidense se ha extendido durante años y ha permitido presentar cargos contra decenas de personas por distintos niveles de participación en la conspiración.
El rastro del dinero
Uno de los elementos que ha adquirido mayor importancia dentro del expediente es determinar de dónde procedieron los recursos utilizados para preparar la operación.
Según la investigación citada, parte del dinero habría sido obtenido fraudulentamente mediante programas federales creados para auxiliar a empresas y trabajadores afectados económicamente durante la pandemia.
Las autoridades estadounidenses atribuyen a Walter Veintemilla un papel importante dentro del esquema financiero. De acuerdo con el Departamento de Justicia, habría acordado aportar US$175,000 mediante un préstamo relacionado con recursos procedentes de los programas PPP y EIDL.
Otro financista vinculado al expediente fue condenado a 20 años de prisión por lavar cientos de miles de dólares provenientes fraudulentamente de esos programas y utilizados para contribuir al financiamiento de la conspiración.
Los investigadores sostienen que los recursos ayudaron a costear elementos necesarios para ejecutar la operación, mientras otros participantes habrían facilitado armas, municiones, chalecos antibalas, radios y equipos tácticos.
Intereses económicos detrás del complot
La investigación estadounidense también apunta a posibles intereses económicos de algunos de los organizadores.
De acuerdo con las autoridades, varias personas relacionadas con el plan buscaban obtener oportunidades comerciales y contratos con el Gobierno haitiano después de provocar un cambio de poder.
El plan habría evolucionado a través de diferentes etapas.
Las autoridades estadounidenses sostienen que inicialmente existió la intención de derrocar a Moïse y establecer un gobierno favorable a determinados intereses. Posteriormente se habría contemplado secuestrar al mandatario, hasta que finalmente la operación derivó en el ataque contra su residencia.
El asesinato de Jovenel Moïse
Durante la madrugada del 7 de julio de 2021, un grupo armado penetró en la residencia privada del presidente haitiano.
Moïse fue asesinado a tiros y su esposa, Martine Moïse, resultó gravemente herida.
Entre los participantes señalados por las investigaciones figuran exmilitares colombianos y otras personas de diferentes nacionalidades.
Otro elemento incorporado al expediente es que algunos de los participantes presuntamente utilizaron indumentaria y distintivos para aparentar que pertenecían a la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).
Las evidencias presentadas en los procesos judiciales incluyen fotografías de equipos tácticos, radios y distintivos relacionados con esa falsa identificación.
Cerca de 30 personas acusadas
La investigación estadounidense ha derivado en acusaciones contra alrededor de 30 personas por distintos delitos relacionados con la conspiración.
Los cargos varían según la participación atribuida a cada acusado e incluyen, entre otros, conspiración para matar o secuestrar a una persona fuera de Estados Unidos y delitos vinculados al fraude.
Cuatro de los principales acusados fueron declarados culpables en mayo por un jurado federal en Miami y enfrentan posibles condenas de cadena perpetua.
El traslado de los 18 detenidos desde Haití abre ahora una nueva etapa judicial en un caso que, cinco años después del magnicidio, continúa revelando detalles sobre cómo se habría organizado, financiado y ejecutado una de las operaciones criminales de mayor impacto político en la historia reciente del Caribe.
Internacionales
CNN, MS NOW y Politico llevan a Trump ante los tribunales por veto en la Casa Blanca
Los tres medios cuestionan judicialmente la retirada de sus acreditaciones y sostienen que la decisión vulnera la libertad de prensa y el debido proceso protegidos por la Constitución estadounidense.
WASHINGTON, Estados Unidos.– La confrontación entre el presidente Donald Trump y varios de los principales medios de comunicación estadounidenses abrió un nuevo capítulo judicial luego de que CNN, MS NOW y Politico demandaran a su administración por impedir a sus periodistas acceder a la Casa Blanca.
Los medios acudieron al Tribunal Federal del Distrito de Columbia después de que las credenciales de sus periodistas fueran desactivadas y estos no pudieran ingresar al complejo presidencial.
La demanda sostiene que la decisión constituye una represalia basada en el contenido de su cobertura y plantea posibles violaciones de la Primera Enmienda, que protege las libertades de expresión y de prensa, así como de las garantías de debido proceso de la Quinta Enmienda.
Los demandantes solicitaron además una orden judicial temporal que permita restablecer su acceso mientras los tribunales deciden el fondo del conflicto. La acción fue presentada el lunes 21 de septiembre.
Trump defiende su decisión
El presidente había anunciado previamente la exclusión de los tres medios argumentando que difundían lo que él considera informaciones falsas.
Tras conocerse la demanda, Trump negó que su actuación constituya un ataque contra la libertad de prensa y sostuvo que sus cuestionamientos están dirigidos a lo que denomina “fake news”.
La Casa Blanca, por su parte, ha defendido que el acceso a sus instalaciones es un privilegio y no un derecho irrestricto.
Una controversia constitucional
El caso coloca nuevamente en discusión los límites que tiene un presidente estadounidense para controlar el acceso de periodistas a la sede del Poder Ejecutivo.
La Constitución no concede a los profesionales de la comunicación un derecho ilimitado a participar en todos los actos presidenciales ni a entrar en espacios restringidos. Sin embargo, precedentes judiciales han establecido límites a la capacidad del Gobierno para retirar acreditaciones arbitrariamente o discriminar a periodistas por el contenido o punto de vista de sus publicaciones.
Uno de los antecedentes relevantes es Sherrill v. Knight, de 1977, en el que una corte federal estableció garantías procesales relacionadas con las acreditaciones de prensa de la Casa Blanca.
La controversia actual plantea precisamente si la exclusión de CNN, MS NOW y Politico respondió a razones legítimas relacionadas con el control de acceso o si, como sostienen los demandantes, se produjo como consecuencia de una cobertura periodística que desagrada al presidente.
Antecedentes de enfrentamientos con la prensa
No es la primera vez que una controversia sobre las acreditaciones de periodistas durante una administración de Trump llega a los tribunales.
En 2018, durante su primer mandato, la Casa Blanca retiró temporalmente la credencial del entonces corresponsal de CNN Jim Acosta después de un enfrentamiento verbal con el mandatario durante una conferencia de prensa. Un juez federal ordenó posteriormente restituir temporalmente la acreditación.
Más recientemente, The Associated Press también sostuvo una disputa judicial con la administración después de que se restringiera su participación en determinados actos presidenciales.
Estos antecedentes son relevantes porque muestran la diferencia jurídica entre el control presidencial de espacios físicos especialmente restringidos y una eventual exclusión motivada por el contenido de la cobertura periodística.
El conflicto afecta la cobertura presidencial
La decisión contra CNN también repercutió en el denominado “pool” de prensa de la Casa Blanca, el sistema mediante el cual un grupo reducido de periodistas y camarógrafos cubre determinadas actividades presidenciales y comparte posteriormente el material con otros medios.
CNN tenía asignadas funciones dentro de ese esquema cuando se produjo la prohibición. La situación llevó a otras cadenas a suspender su participación en determinadas actividades del pool, ampliando el impacto de la controversia.
Los jueces tendrán la palabra
El conflicto deja ahora en manos de los tribunales una cuestión de alcance constitucional: hasta dónde puede llegar la autoridad presidencial para regular el acceso a la Casa Blanca sin convertir esa facultad en un mecanismo de represalia contra determinados medios por su línea de cobertura.
CNN, MS NOW y Politico sostienen que fueron excluidos precisamente por el contenido de sus informaciones. La administración Trump rechaza que se trate de un ataque contra la prensa y defiende su potestad para controlar el acceso a la sede presidencial.
El tribunal deberá determinar si las circunstancias concretas de la exclusión vulneraron las garantías constitucionales invocadas por los demandantes.
Más allá de la disputa entre Trump y tres organizaciones periodísticas, el resultado podría contribuir a precisar nuevamente los límites entre el poder presidencial, la libertad de prensa y el derecho del público a recibir información independiente sobre la actuación del Gobierno.
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Nepal mantiene las búsquedas 11 días después de la riada tras nuevos rescates con vida
Agencia Efe
Katmandú.- Nepal mantuvo este sábado las operaciones de búsqueda once días después de la riada que devastó el norte del país, alentado por los nuevos rescates con vida registrados en las últimas horas, mientras centenares de trabajadores continúan desaparecidos en centrales hidroeléctricas arrasadas por el agua y el barro.
El ministro del Interior, Sudhan Gurung, afirmó tras los rescates que los hallazgos habían dejado “un rayo de esperanza” y aseguró que las operaciones continuarían dentro de los túneles.
La búsqueda sigue activa en varios de los complejos hidroeléctricos más afectados, con apoyo de especialistas de la India, China y Corea del Sur, según las últimas actualizaciones oficiales del Gobierno nepalí.
Upper Trishuli-1 concentra uno de los mayores operativos: más de 1400 personas vinculadas al proyecto se encontraban ahí cuando se produjo la catástrofe; 557 permanecen sin localizar y alrededor de 115 podrían haber quedado atrapadas en la zona de la presa y el túnel principal, según la empresa promotora.
El último balance consolidado por la Policía de Nepal elevaba a 1.344 los cuerpos y restos humanos recuperados y a 4.887 las personas todavía sin localizar, mientras los cuerpos de seguridad participan en un operativo que continúa también en comunidades de Rasuwa y Nuwakot y a lo largo del corredor del Trishuli, donde equipos terrestres y helicópteros buscan desaparecidos, evacúan a afectados y llevan suministros a poblaciones aisladas por la destrucción de carreteras y puentes.