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Acuerdo de Aurix y Ministerio de Defensa fue oculto y de “malas intenciones”. afirma la Pepca.
Santo Domingo, R.D.-La Procuraduría de Persecución de la Corrupción (PEPCA) declaró que el acuerdo de cooperación entre el Ministerio de Defensa de la República Dominicana y la empresa Aurix fue oculto y de malas intenciones, el cual no aparece registrado en ningún lado, según El Ministerio Público, que ya ha presentado una solicitud de medida de coerción en contra Jochi Góméz y los demás encartados en el caso Camaleón que habrá de conocerse este martes.
Conforme a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), el imputado Jochi Gómez tenía un interés marcado en querer controlar, interferir y participar en actividades de captación, interferencia, seguimiento y ubicación de informaciones manejadas por organismos destinados a la seguridad nacional.
Ante esa situación, alega el Pepca se firmó el acuerdo de cooperación realizada por el Ministerio de Defensa, representado por Rubén Darío Paulino Sem, y la empresa Aurix, representada por Jochi Gómez, de fecha 23 de junio del año 2020, con un tiempo de vigencia de 12 meses.
Sostiene que la razón social Aurix fue presentada como una empresa privada dedicada a la recopilación y análisis de datos, a través de la evaluación de fuentes abiertas, públicas e investigaciones particulares, algoritmos e inteligencia artificial.
OBLIGACIONES DE AURIX Y MIDE
Dentro de las obligaciones de Aurix estaba suministrar al MIDE la cooperación de carácter público o privado respecto de todos los perfiles de entes físicos o jurídicos que, en el marco de una investigación, arrojen un nivel de riesgo; facilitar la cooperación con el uso de software de detección de riesgos o amenazas; recopilar y transferir las cooperaciones de los perfiles físicos y jurídicos; se le autoriza el uso del logo y de la empresa en las instalaciones del Ministerio de Defensa de la República Dominicana, entre otras.
Mientras que el Ministerio de Defensa se encargaría de coordinar los permisos o licencias necesarias para las operaciones de Aurix en el territorio nacional; proveer a Aurix la cooperación necesaria para el desempeño de su labor de investigación; apoyar los planes de asistencia tecnología y transferencia de los datos requeridos, para el fiel cumplimiento y protección de las instalaciones, personal humano y relacionados, ante cualquier amenaza posible o de forma permanente.
Según oficio núm. 12249 del 21 de marzo de 2024, emitido por el exministro de Defensa, Carlos Luciano Díaz Moría, en comunicaciones de los Comandantes Generales del Ejército de la República Dominicana, Armada de la República Dominicana, Fuerza Aérea de la República Dominicana y la Contralora General de las Fuerzas Armadas, no se encontraron registros de pagos, deudas o relación con la razón social Aurix S.A.S.
Aduce la Pepca que lo que constata que la firma del acuerdo de cooperación fue un acuerdo oculto y de malas intenciones, al no encontrarse registros institucionales oficiales, según las dependencias del Ministerio de Defensa.
Acotó que la firma de este acuerdo viola completamente las disposiciones contenidas en la Constitución y la ley 139-13, al otorgar facultades y libertades, propias de instituciones castrenses y de inteligencia, a una empresa privada para un uso y abuso de información privilegiada y tratada como seguridad nacional, resultando en prácticas particulares de Gómez y sus actividades ilícitas de manipulación, amenazas, chantajes y extorsión.
Precisa que según comunicación de fecha 4 de octubre de 2024, marcada con el número 33275, remitida por la Dirección de la Policía Nacional, se pudo corroborar que no existe acuerdo ni convenio alguno entre esta institución y la empresa AURIX S.A.S. De igual forma se pudo corroborar el uso de instituciones como el Ministerio Público, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), y otros organismos de investigación.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.