Santo Domingo, RD.-Una computadora analizada luego de allanamientos de la operación Antipulpo arrojó un archivo que contiene anotaciones con la distribución de presuntos sobornos entregados por acusados en el caso Calamar a algunos funcionarios públicos, así como parte del dinero distribuido entre sus miembros.Más Noticias
Computadora analizada en caso Antipulpo revela pagos irregulares a investigado en Calamar
Santo Domingo, RD.-Una computadora analizada luego de allanamientos de la operación Antipulpo arrojó un archivo que contiene anotaciones con la distribución de presuntos sobornos entregados por acusados en el caso Calamar a algunos funcionarios públicos, así como parte del dinero distribuido entre sus miembros.De acuerdo con la solicitud de medida de coerción del caso Calamar, el 27 de marzo de 2021 la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) allanó la vivienda de Efraín Santiago Báez Fajardo, asistente del exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña Peña, como parte de Antipulpo, donde encontraron la computadora que contenía un archivo de Excel denominado “Operación Bienes Nacionales: Listado Cesiones_19462”, datos que fueron posteriormente extraídos por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).
Dentro del documento se indica a un “Claudio AV”, que el MP asume se trata del exdirector de Catastro, Claudio Silver Peña Peña, y a quien le habrían dado dos pagado en dos ocasiones: uno de 20 millones y otro por 5,380,000.
El documento de Excel “Relación de inversión en desarrollo de operación” sumaba la repartición de 296,795,531, según las autoridades.
Estas informaciones son corroboradas por los testimonios de los señores Ramón Emilio Jiménez Collie, Fernando Crisóstomo Herrera y Efraín Santiago Báez Fajardo, detalla el MP.
En el caso de Crisóstomo Herrara, él mismo entregó voluntariamente al Ministerio Público una serie de documentaciones, entre los que se encontró un cuadro en el cual se señala la cantidad de dinero recibido como soborno por parte de los funcionarios públicos involucrados en el desfalco cometido a través del pago por las expropiaciones.
En total el imputado Claudio Silver Peña Peña habría recibido 60,280,000 de pesos.
Acusaciones
El 15 de septiembre de 2014 Claudio Silver Peña Peña fue designado como director general de Catastro Nacional, mediante decreto del expresidente Danilo Medina.
Estuvo en el cargo hasta el 16 de septiembre de 2020. Lo cierto es que antes de asumir como director, era el subdirector de Catastro, por lo que conocía cómo se manejaba la institución, dice el documento.
De acuerdo con las acusaciones, Claudio Silver Peña Peña realizaba avalúos irregulares que servían como base para fijar los precios en los acuerdos transaccionales de compra de terrenos expropiados, permitiendo con esto la distracción de fondos públicos en beneficio del entramado investigado con el caso Calamar.
“Asimismo, el imputado Claudio Silver Peña, con una intención dolosa, realizaba cálculos desiguales e infundados en algunos avalúos, estableciendo que todas las porciones dentro del perímetro de una inmensa parcela poseen el mismo valor, sin importar que haya terrenos que se encontraban en el borde del mar, otros en la carretera y otros en condiciones inhóspitas”, esto con la finalidad de sacar la mayor cantidad de dinero del Estado para él y los demás miembros de la estructura criminal.
El expediente indica que la participación del imputado Claudio Silver Peña Peña fue una pieza clave fundamental para la ejecución de las actividades delictivas de la organización criminal, bajo las directrices del imputado Donald Guerrero, ex ministro de Hacienda, quien era su jefe inmediato, según el organigrama de la institución.
“Es por esto por lo que, actuando en calidad de funcionario público de primer nivel, en coalición de funcionarios de igual y mayor jerarquía, tenían, como miembro de esta estructura criminal, la misión de utilizar sus funciones para realizar actos de corrupción consistentes en prevaricación, concusión, soborno, estafa y el desfalco en contra del Estado”, señala.
Bienes inmuebles y propiedades
Durante el periodo como director general de Catastro, entre 2014 y 2020, Claudio Silver Peña Peña incrementó su patrimonio y posee un vehículo marca Toyota, modelo Prado VXL 4WD de 2018; vehículo Hyundai Tucson 2014 y un apartamento en el Condominio Residencial Larissa VIII, en Santo Domingo Este.
Además otro apartamento esta vez en la Torre Larissa IX, Santo Domingo Este, donde reside actualmente; y una casa de dos niveles, en el sector Miramar, en el Distrito Nacional.
“Lo que pone en evidencia que el imputado Claudio Silver Peña Peña, tomando en cuenta las circunstancias objetivas del tipo, actuó de manera dolosa en sus maniobras de lavado, al poseer, adquirir, ocultar y encubrir bienes de procedencia ilícita, producto del desfalco y estafa al Estado dominicano. Con el agravante de que estas acciones fueron realizadas durante el ejercicio de sus funciones públicas”, describe el expediente.
Santo Domingo, R.D.- Luis Abinader sostuvo que “nunca” cambiaría los términos de elección de un candidato presidencial establecidos en la Constitución de la República para «beneficiarse».
Al responder una pregunta de los medios de comunicación, el mandatario indicó que solamente realizará dos cambios a la Constitución actual: uno que implica la forma en que se escoge la figura del Procurador General de la República, y otro que colocaría un «candado» para que ningún mandatario pueda cambiar «a conveniencia» los corrientes metodos de elección y reelección estipulados en la Carta Magna.
“El candado es para que nadie, aunque tenga mayoría o una inmensa mayoría, no se anime a querer cambiar los términos de elección, sino ya que se quede con los ocho años y nunca jamás y eso yo lo voy a respetar ”, expresó Abinader al responder a la pregunta de una posible modificación para cambiar la Constitución del país.
Durante La Semanal de este lunes, celebrado en Santiago, el presidente Abinader señaló la necesidad de un palacio de la policía para Santiago, la que consideró como una de las obras más importantes que tiene previsto en su plan de gobierno.
“Es una barbaridad como está la policía en Santiago, es una de las urgencias de Santiago pero está en la lista corta para iniciar tan pronto tengamos la posibilidad”, dijo.
Santo Domingo, R.D.-La gran cantidad de recursos públicos usados en la actual campaña electoral fue criticado por Participación Ciudadana, cuya organización comparó ese abuso con lo ocurrido durante los últimos gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana y del Partido Revolucionario Moderno.
«En la partida destinada a “publicidad, impresión y encuadernación” en el 2021 se gastó la suma RD$3,621 millones, monto que se incrementó a RD$6,375 millones en el 2022 y RD$8,786 millones en el 2023», señala la organización.
El uso irregular de los recursos públicos en favor del partido o bloque dominante es una práctica muy arraigada en la historia política dominicana, alcanzando niveles cada vez más escandalosos, durante los pasados gobiernos del PLD y en el actual. Que los programas públicos se utilizan deliberadamente con intenciones de influir sobre el electorado, se pone en evidencia solo con ver que se intensifican en la medida en que se acercan las elecciones.
A manera de ejemplo, en la partida destinada a “publicidad, impresión y encuadernación” en el 2021 se gastó la suma RD$3,621 millones, monto que se incrementó a RD$6,375 millones en el 2022 y RD$8,786 millones en el 2023. De todo lo gastado en dicho año, el 74% tuvo lugar en la segunda mitad. Se advierte que casi todo lo computado en esta partida, el 86 por ciento, corresponde a publicidad y propaganda.
Para este 2024 el presupuesto consigna RD$8,163 millones destinados a “publicidad, impresión y encuadernación”, de los cuales en los primeros tres meses y 12 días ya se gastaron 2,790 millones de pesos, particularmente en los meses de febrero y marzo, cuando se intensificó.
De esta manera, en el segundo semestre del año pasado, cuando las elecciones estaban más cerca, se gastó casi el triple que en el primero, y en lo que va del 2024 seis veces más que en igual período del año anterior.
La publicidad oficial suele incluir, de forma velada o expresa, informaciones sobre supuestos “logros gubernamentales” que no son otra cosa que propaganda electoral, incluso utilizando expresamente cifras tendentes a abultar los éxitos, expuestos en páginas de periódicos y espacios en los medios audiovisuales y plataformas.
No es que no se hiciera en los pasados gobiernos, e incluso a veces más en términos relativos, sino que lo esperable por parte de la ciudadanía es que las prácticas incorrectas sean corregidas en vez de replicadas igual o peor.
Insistimos en que los datos expuestos provienen de la ejecución presupuestaria del Gobierno Central, por lo que no se incluyen los montos dispuestos a este fin por las instituciones autónomas, los ayuntamientos, los bancos del Estado y los fideicomisos públicos, que también incluyen habitualmente la contratación de publicidad. Es decir, probablemente el presupuesto asignado a este fin es mucho mayor.
Otra práctica histórica que también persiste es aprovechar con fines electorales diversos programas públicos, principalmente en los de bienestar social, a pesar de algunos intentos legales o de las autoridades electorales. Sin embargo, resulta difícil extraer conclusiones en base a las estadísticas disponibles, debido a que dicho uso queda englobado dentro de grandes partidas de gastos que incluyen programas legítimos del Estado, como inversiones públicas, programas sociales y subsidios gubernamentales, pero que son utilizados habitualmente como medios para favorecer adeptos o promocionar candidatos oficiales.
Particularmente destaca la partida destinada a “ayudas y donaciones a personas”, que, si bien se refiere a programas legítimos que ayudan a combatir la pobreza, también se usan habitualmente de manera selectiva para favorecer políticamente al gobierno de turno. En la misma se gastaron 52,000 millones de pesos en el pasado año 2023 y 11,594 millones en los primeros dos meses de este año, registrándose un incremento de 20% respecto a enero-febrero del 2023.
Santo Domingo, R.D.-Este martes la Cámara de Diputados aprobó en primera lectura un proyecto de ley que crea el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) y elimina la Oficina Nacional de Meteorología (Onamet).
De acuerdo con el proyecto, elaborado por el diputado Gilberto Balbuena, el nuevo Indomet estará adscrito al Ministerio de Medio Ambiente, que ejercerá una potestad de tutela para verificar el funcionamiento de la nueva entidad.
Entre sus funciones, el Indomet deberá establecer estaciones de observación para monitorear el estado del tiempo, mantener sistemas permanentes de telecomunicación, emitir informes de alerta temprana, expedir certificaciones de datos meteorológicos, suministrar asistencia técnica a la navegación aérea y asesorar a las autoridades.
Asimismo, el Indomet deberá mantener una capacitación constante en materia de meteorología, gestionar becas para cursos de meteorología que se impartan en el exterior y realizar estudios meteorológicos.
Si el Indomet es creado mediante ley, tendrá un consejo directivo que servirá como la máxima autoridad del instituto y que estará compuesto por el ministro de Medio Ambiente, el ministro de la Presidencia, el ministro de Obras Públicas, el ministro de Relaciones Exteriores, el director del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) y el director ejecutivo del Indomet.
En caso de ser creado, las atribuciones del consejo incluirán el establecimiento de lineamientos en meteorología, revisar y actualizar los planes de contigencia, conocer el régimen de sueldos de Indomet, someter una terna al Poder Ejecutivo para escoger al director del Indomet y aprobar contrataciones de asesores para la entidad.
Para su sustento, los recursos económicos del nuevo instituto provendrán del Presupuesto General del Estado y de aportes de otras instituciones públicas y privadas.
En sus artículos finales, el proyecto dispone que en un plazo de un año el Poder Ejecutivo deberá trasladar las apropiaciones de la Onamet al Indomet hasta que se apruebe el presupuesto estatal del año próximo.
«Todas las responsabilidades y atribuciones que las leyes y decretos le asignan a Onamet pasarán a su continuador institucional, el Indomet», señala la pieza.