Santo Domingo, RD.-La fiscal del Distrito Nacional, Rosalva Ramos, dentro de las pruebas y las actuaciones procesales, asi como las declaraciones testimoniales que presenta el Ministerio Público en el expediente acusatorio contra Jean Alain Rodríguez y demás implicados en el caso Medusa, se encuentra una entrevista realizada a la magistrada.Nacionales
Investigan a la fiscal del Distrito Nacional Rosalba Ramos por el caso de Jean Alain Rodríguez
Santo Domingo, RD.-La fiscal del Distrito Nacional, Rosalva Ramos, dentro de las pruebas y las actuaciones procesales, asi como las declaraciones testimoniales que presenta el Ministerio Público en el expediente acusatorio contra Jean Alain Rodríguez y demás implicados en el caso Medusa, se encuentra una entrevista realizada a la magistrada.La figura de la fiscal aparece en varias ocasiones en la acusación, debido a que según el Ministerio Público, Jean Alain Rodríguez le solicitó que le pidiera la compra de un inmueble que serviría como parqueo de los empleados.
“Acta de Entrevista realizada la ciudadana Rosalba Ramos, en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA)” dice el documento en las pruebas y actuaciones procesales que presenta la Procuraduría General de la República en el expediente.
En esta carta con fecha del 19 de marzo de 2019, la Fiscalía indica que tiene un inmueble ubicado para estos fines entre las calles Las Carreras y Bernardo Pichardo, en el sector de Gazcue, Distrito Nacional.
“La solicitud antes señalada, adolece del número de oficio de protocolo de la Secretaría General de la Fiscalía del Distrito Nacional, por lo que no se puede solicitar certificación en los libros que permita establecer que esa fue la fecha de confección y remisión del documento, saliendo esto de todos los protocolos utilizados en las Fiscalías y, verificándose con ello una irregularidad en dicha comunicación”, dice el expediente.
Aseguran que el inmueble no tenía vocación para parqueos, ya que la forma de inmueble y su disponibilidad no es adecuada para esos fines, “tanto así que actualmente su uso es ajeno a su fin, en violación a la Resolución del Consejo Superior del Ministerio Público presidido por el ex Procurador de la República, el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez, del día diecisiete (17) marzo del año dos mil veinte (2020)”.
¿Cómo fue la compra del inmueble?
Este inmueble descrito como: “solar 8-REF-C, manzana 371, DC 01, matrícula 0100173770 en el Distrito Nacional”, estaba bajo el derecho de propiedad de la sucesión Méndez, entre las cuales estaba María Vanessa Méndez Chávez, quien era la coordinadora del Despacho del Procurador General de la República.
Méndez Chávez le vende a Eric Fernando José Mejía Almonte, quien es amigo de la infancia de Jean Alain Rodríguez Sánchez, por medio de un contrato de compraventa de fecha 16 de enero de 2020, el inmueble se vende por RD$7,000,000.00.
El 20 de abril, Eric Fernando José Mejía Almonte se lo vende a la Procuraduría General de la República por la suma RD$ 19,000,000,00, representando un aumento en el costo, de RD$12,000,000.00.
“Lo que equivale a una plusvalía de un 271%, situación imposible partiendo de que, en el corto tiempo comprendido entre la primera y la última venta, no se suscitó nada particular que generara dicho incremento irregular, ya que en el sector inmobiliario se estima que las propiedades aumentan aproximadamente, como máximo, un 15% anualmente, en el sector urbano”, dice.
De este monto Eric Fernando José Mejía Almonte entregó aproximadamente en efecto a Jean Alain Rodríguez RD$11,000,000.00.
Para lograr la desviación de fondos, de acuerdo con el Ministerio Público, el 17 de marzo de 2020 en el marco de la novena sesión del Consejo Superior del Ministerio Público, presidida por Jean Alain Rodríguez Sánchez, se emitió la Tercera Resolución, en la que se autorizó al acusado Jonnathan Joel Rodríguez Imbert a representar a la Procuraduría en la compra del inmueble en cuestión, “queriendo justificar la erogación de fondos con la Tercera Resolución dictada en la décima cuarta sesión del Consejo Superior del Ministerio Público, celebrada el tres (3) de agosto del año dos mil veinte (2020), situación no creíble partiendo de que la compra cuestionada es del 20 de abril del año dos mil veinte (2020) y la resolución es del mes de agosto del año dos mil veinte (2020)”.
Dicen que uno de los argumentos utilizados para la erogación de fondos fue la situación de la pandemia por Covid-19, el estado de emergencia se declaró el 19 de marzo de 2020, mientras que la resolución argüida se dio el 17 de marzo de 2020.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Los tribunales de la República, considerando los principios de proporcionalidad y minimización de datos, ponderarán las informaciones de carácter personal o bienes que aparecerán en las redacciones, por lo que está sujeta a la discreción del juez.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
Los registros llamados a anonimato comienzan en los identificativos: nombres y apellidos, nombre de pila, apodos, fecha de nacimiento, edad, nacionalidad, domicilio o dirección postal, dirección electrónica, dirección IP, correo electrónico y los números de pasaporte, cédula, carnet de conducir, policial, funcionario público, colegiado o de seguridad social.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
Los detalles de este artículo están contenidos en la redacción oficial de la Política de Protección de Datos.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Informó, asimismo, que la mayoría de los actos de indisciplina se registraron en las regionales educativas 10, de Santo Domingo II; 15, de Santo Domingo; 06, de La Vega, y 05, de San Pedro de Macorís.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.