Santo Domingo, RD.-La fiscal del Distrito Nacional, Rosalva Ramos, dentro de las pruebas y las actuaciones procesales, asi como las declaraciones testimoniales que presenta el Ministerio Público en el expediente acusatorio contra Jean Alain Rodríguez y demás implicados en el caso Medusa, se encuentra una entrevista realizada a la magistrada.Nacionales
Investigan a la fiscal del Distrito Nacional Rosalba Ramos por el caso de Jean Alain Rodríguez
Santo Domingo, RD.-La fiscal del Distrito Nacional, Rosalva Ramos, dentro de las pruebas y las actuaciones procesales, asi como las declaraciones testimoniales que presenta el Ministerio Público en el expediente acusatorio contra Jean Alain Rodríguez y demás implicados en el caso Medusa, se encuentra una entrevista realizada a la magistrada.La figura de la fiscal aparece en varias ocasiones en la acusación, debido a que según el Ministerio Público, Jean Alain Rodríguez le solicitó que le pidiera la compra de un inmueble que serviría como parqueo de los empleados.
“Acta de Entrevista realizada la ciudadana Rosalba Ramos, en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA)” dice el documento en las pruebas y actuaciones procesales que presenta la Procuraduría General de la República en el expediente.
En esta carta con fecha del 19 de marzo de 2019, la Fiscalía indica que tiene un inmueble ubicado para estos fines entre las calles Las Carreras y Bernardo Pichardo, en el sector de Gazcue, Distrito Nacional.
“La solicitud antes señalada, adolece del número de oficio de protocolo de la Secretaría General de la Fiscalía del Distrito Nacional, por lo que no se puede solicitar certificación en los libros que permita establecer que esa fue la fecha de confección y remisión del documento, saliendo esto de todos los protocolos utilizados en las Fiscalías y, verificándose con ello una irregularidad en dicha comunicación”, dice el expediente.
Aseguran que el inmueble no tenía vocación para parqueos, ya que la forma de inmueble y su disponibilidad no es adecuada para esos fines, “tanto así que actualmente su uso es ajeno a su fin, en violación a la Resolución del Consejo Superior del Ministerio Público presidido por el ex Procurador de la República, el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez, del día diecisiete (17) marzo del año dos mil veinte (2020)”.
¿Cómo fue la compra del inmueble?
Este inmueble descrito como: “solar 8-REF-C, manzana 371, DC 01, matrícula 0100173770 en el Distrito Nacional”, estaba bajo el derecho de propiedad de la sucesión Méndez, entre las cuales estaba María Vanessa Méndez Chávez, quien era la coordinadora del Despacho del Procurador General de la República.
Méndez Chávez le vende a Eric Fernando José Mejía Almonte, quien es amigo de la infancia de Jean Alain Rodríguez Sánchez, por medio de un contrato de compraventa de fecha 16 de enero de 2020, el inmueble se vende por RD$7,000,000.00.
El 20 de abril, Eric Fernando José Mejía Almonte se lo vende a la Procuraduría General de la República por la suma RD$ 19,000,000,00, representando un aumento en el costo, de RD$12,000,000.00.
“Lo que equivale a una plusvalía de un 271%, situación imposible partiendo de que, en el corto tiempo comprendido entre la primera y la última venta, no se suscitó nada particular que generara dicho incremento irregular, ya que en el sector inmobiliario se estima que las propiedades aumentan aproximadamente, como máximo, un 15% anualmente, en el sector urbano”, dice.
De este monto Eric Fernando José Mejía Almonte entregó aproximadamente en efecto a Jean Alain Rodríguez RD$11,000,000.00.
Para lograr la desviación de fondos, de acuerdo con el Ministerio Público, el 17 de marzo de 2020 en el marco de la novena sesión del Consejo Superior del Ministerio Público, presidida por Jean Alain Rodríguez Sánchez, se emitió la Tercera Resolución, en la que se autorizó al acusado Jonnathan Joel Rodríguez Imbert a representar a la Procuraduría en la compra del inmueble en cuestión, “queriendo justificar la erogación de fondos con la Tercera Resolución dictada en la décima cuarta sesión del Consejo Superior del Ministerio Público, celebrada el tres (3) de agosto del año dos mil veinte (2020), situación no creíble partiendo de que la compra cuestionada es del 20 de abril del año dos mil veinte (2020) y la resolución es del mes de agosto del año dos mil veinte (2020)”.
Dicen que uno de los argumentos utilizados para la erogación de fondos fue la situación de la pandemia por Covid-19, el estado de emergencia se declaró el 19 de marzo de 2020, mientras que la resolución argüida se dio el 17 de marzo de 2020.
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.