Editorial
Perfiles Aterradores
La muerte de un hombre en una clínica de la capital luego de recibir varios impactos de balas provenientes de desconocidos, arroja un detalle aterrador, de alta insensibilidad y que de alguna manera rebustece una serie de perfiles que caracterizan a la sociedad dominicana de la «modernidad».
Leonardo Sterling Rodríguez recibió varios balazos y como es normal su esposa que fue testigo del hecho toma a su compañero y lo lleva al centro médico más cercano para que le prestaran atención médica.
Sin embargo, revela la dama, los médicos sólo se preocuparon por ponerle un suero porque notaron que no tenían garantía del pago del servicio prestado.
La esposa de la víctima narra que si era por el dinero hasta estaba dispuesta a vender su casa para que no dejaran morir a su compañero, a quien define como una gran ser humano.
Este drama lo hemos escuchado en múltiples ocasiones, porque no se puede negar que en nuestra sociedad el interés monetario le ganó la batalla al valor humano de la vida.
Los dominicanos experimentan en estos días un tipo de comportamiento que no se corresponde con su tradicional solidaridad y amor hacia el prójimo, cuya explicación probablemente la encontremos en la corriente de la economía y de la política denominada neoliberalismo.
Esta es una lucha entre la gente y los mercados y naturalmente el neoliberalismo importantiza más lo segundo que lo primero, pese a que uno no podría existir sin el otro.
Pero en pueblos como el dominicano estos perfiles de insensibilidad y desprecio por la vida humana han tomado tanto cuerpo que podríamos estar muy cerca del salvajismo y de la total negación de la civilización.
Que las personas se preocupen más por despojar a víctimas de un accidente automovilístico de carteras y zapatos, así como otras prendas de vestir, dice mucho de un país, cuando lo normal hace algunos años era que la gente llegara para auxiliar al herido o a la persona fallecida.
Son fenómenos que chocan con nuestra cultura afroantillana que se fundamenta en las supersticiones y en las creencias mágico-religiosas. En el proceso de deterioro se le perdió el miedo a los cadáveres, lo que significa mucho para un pueblo que durante años y cuando menos meses estaba de luto cuando se le moría un ser querido.
Pero es que nos hemos vuelto más irreverentes, más sanguinarios, más violentos y principalmente más metalizados, lo que podría explicar nuestro amor apasionado por el dinero, no importa que se mal o buen habido.
Ver que en los cementerios del país los delincuentes son capaces de sacar los cadáveres para robarse los ataúdes es mucho decir, pero también negociar con órganos de los difuntos.
A caso no tiene que ver con el fenómeno el hecho de que ahora la modalidad de los feminicidios es matar a la esposa y suicidarse el esposo.
Esa forma de vida del dominicano choca con la pasada práctica de solidaridad, de reciprocidad y de hermandad, cuyos valores parecen no tener cabida en la sociedad de hoy.
Ya esto es parte del pasado, no sabemos si como resultado de la entrada en el país del neoliberalismo salvaje que introdujo el hoy aspirante presidencial Leonel Fernández luego de su llegada al poder en el año 1996.
Lo cierto que hay una gran coincidencia entre los años en que comenzó el cambio del dominicano y el gobierno leonelista de la época, cuyos resultados principales fueron enriquecer a miserables y reconocidos delincuentes que hoy exhiben grandes fortunas económicas.
Que nadie sueñe con que en esta época de neoliberalismo salvaje encontrará a grupos de dominicanos para ayudarle a empujar el automóvil quedado y que al final del esfuerzo, sobre todo si el vehículo no pudo prender, que se le ofrezca un trozo de yuca, varios pedazos de plátanos y un catre donde dormir.
Así era el dominicano, pero ahora después del viacrucis del vehículo, si el mismo no funciona, espere la pregunta y dónde está lo mío y si no da nada muy probablemente usted se quede solo en la oscuridad de la noche, muerto del hambre y a merced de la delincuencia de moda en la República Dominicana.
Los niveles de solidaridad del dominicano es una joya que hemos perdido para siempre, porque recuperar eso es prácticamente imposible.
Habría que hacer la sociedad de nuevo y construir una nueva mujer y un nuevo hombre para cuyo propósito sería prácticamente una utopía sin la ayuda de los sistemas de educación y los medios de comunicación social, pero no de forma aislada ni individual, sino a través de una acción con una visión colectiva y con la participación destacada del Estado.
En este momento si no hay dinero no hay vida, porque de alguna manera el Estado ha dado luz verde para que prevalezca en el territorio nacional el “salvase quien pueda”.
La sentencia del Tribunal Constitucional permite que en el panorama político dominicano tenga vigencia la figura de las candidaturas independientes.
Esta decisión sí que impacta de una forma importante la democracia nacional, la cual está agonizante por la conducta de los actores del sistema de partidos tradicionales.
Quién le puede quitar el carácter de depredadora de la partidocracia, la cual se aprovecha de todo y lleva inexorablemente al país a otra Grecia, Argentina o Puerto Rico.
Los robos del patrimonio público no son moderados, lo que de ninguna manera es aceptable, dado que los políticos tradicionales no se conforman con cien millones de dinero del pueblo dominicano, sino que hacen hasta lo imposible para sustraer miles de millones.
Para ilustración al respecto, los ejemplos están a la orden del día, con el agravante de que los que hacen turno desde la oposición sólo persiguen apoyarse en la expresión muy popular que dice: “quítate tú, pa ponerme yo”.
Ahí están los ejemplos de Danilo que se peleó con Leonel por esa causa y ahora la de Abinader que reproduce en muchos aspectos la misma conducta de los dos primeros.
Si bien es cierto, que la crisis de valores de que adolece el país podría llevar al poder a cualquier degenerado que se proyecte como buena gente, lo cierto es que las candidaturas independientes es un mecanismo más democrático y participativo,
Es decir, que aun en el caso de que la figura de las candidaturas independientes conlleve riesgos, pero lo cierto es que es una vía más acorde con el proceso de democratización de la política, sobre todo en Latinoamérica, donde hay profundos antivalores que ponen en peligro la cultura cívica, moral y ética de estos pueblos.
De manera, que La República promueve un apoyo masivo, abierto y sin reservas a la decisión tomada por el Tribunal Constitucional, porque esa sentencia abre un camino importante hacia la democratización, la participación, el adecentamiento y el mejoramiento de los niveles de institucionalidad del Estado dominicano.
El reto está echado. Manos a la obra.
La educación es la puerta al desarrollo, cuya expresión no se trata de un cliché, sino de una realidad que debe ser digerida o comprendida por todas las naciones del planeta.
El fenómeno de una buena educación ha sido aprovechado al máximo por las naciones asiáticas, como Simgapur, Corea del Sur y Japón.
Estas naciones del continente asiático han tomado el toro por los cuernos en lo que respecta a invertir para su desarrollo y de esa manera impactar a todo el planeta.
Pero la pregunta que debe hacerse cualquier persona con un nivel óptimo de inteligencia y por qué a países como la República Dominicana se le hace tan difícil ocupar esos niveles de desarrollo cognitivo y de un mayor coeficiente de inteligencia.
Es común escuchar a cualquier joven decir en este lado del mundo que para tener dinero no se necesita estudiar, lo cual no obedece totalmente a la verdad, porque en cualquier lugar del universo donde se prioriza la educación, la tecnificación y la buena formación le sirve más que toda la riqueza material que se pueda tener, aunque generalmente la primera garantiza la segunda.
Debe entenderse que las naciones de economía informal, del día a día, de poco desarrollo industrial, el trabajo artesanal es lo que predomina y en consecuencia un país al margen del conocimiento no tiene otras formas que sobrevivir mediante el trabajo rustico y poco tecnificado.
Es decir, que para cualquier país del tercer mundo rebasar su pobreza y precariedades tendrá que insertarse en el mundo del conocimiento, de las ciencias y de las tecnologías, no importa que tantos plátanos y mangos exporte.
Si la República Dominicana quiere tener un desarrollo verdadero, no de palabras y de campañas publicitarias, debe, primero, mejorar la calidad de la inversión del 4 por ciento en educación y empeñarse en superar ese nivel, a fin de que al cabo de algunos años se pueda ver en el espejo de las naciones que hoy exhiben un desarrollo envidiable como Uruguay, Argentina y Chile o tal vez mejor decir como Singapur, Corea del Sur y Japón, entre muchos otros.
La educación, sin lugar a dudas, es la puerta hacia el desarrollo inclusivo, imitemos los ejemplos que tenemos a la vista, pero ello debe estar acompañado de planificación estratégica a corto, mediano y largo plazo, sin lugar a dudas, la principal debilidad de los países pobres y subdesarrollados.
Nadie se atreve a negar el poder de los Tribunales Constitucionales en las democracias del siglo 21. Un buen ejemplo, entre muchos otros, es la sentencia TC/0767/24 que anula por inconstitucional la Ley 1-24, que creaba la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI)
En el campo internacional otro buen ejemplo de ese poder inmedible del constitucionalismo es lo que acaba de ocurrir en Rumania, donde el alto tribunal anuló la primera vuelta de las elecciones presidenciales celebradas en esa nación europea.
De manera, que ese poder extraordinario se repite regularmente en diferentes naciones del mundo, incluida la República Dominicana, donde el Tribunal Constitucional, como legislador negativo, acaba de dar un plazo de un año al Congreso Nacional para que corrija los errores procedimentales en la aprobación de la Ley 10-15 que modifica el Código Procesal Penal por éstos ser violatorios de la normativa procesal que establece sobre la materia la carta magna.
En realidad, se trata de un fenómeno mundial, dado que el constitucionalismo es prácticamente la guía de las nuevas democracias del mundo.
Todo ello demanda que el Tribunal Constitucional dominicano ponga en primer plano la revisión de las acciones de amparo que son sometidas a la alta corte.
Esperar años para fallar los recursos de revisión de acciones de amparo, incluidas las de cumplimiento y electoral, socaba la credibilidad del Tribunal Constitucional que está llamado a corregir las debilidades de que adolece el sistema de justicia, entre ellas la llamada mora judicial.
No hay una explicación lógica de que el Tribunal Constitucional se tarde hasta dos años para fallar una revisión de una acción de amparo cuando el articulo 102 de su propia Ley orgánica habla de 30 días, cuyas decisiones tardías cuando se producen ya no surten ningún efecto.
Cualquiera se podría preguntar si es que se trata de una manipulación o de un condicionamiento, máxime cuando la revisión de las acciones de amparo persigue corregir cualquier distorsión de los derechos fundamentales, no importa que provenga de los partidos políticos cuando se trata de asuntos electorales.
Sólo mediante esa interpretación se podría entender la tardanza del TC para solucionar un problema que está asociado a violaciones graves de un derecho fundamental como es, por ejemplo, el de elegir y ser elegible.
Es imperdonable que el Tribunal Constitucional someta al justiciable al mismo dolor de cabeza que proviene de la Suprema Corte de Justicia, cuyas sentencias son evacuadas cuando las partes ya han muerto.
Necesariamente hay que preguntarse por qué el TC no quiere poner en cintura a los partidos políticos, pese a que son los que más daños hacen con su conducta a la democracia.
Hay recursos de revisión de acciones de amparo que alcanzan hasta los dos años y todavía no hay una forma de que se produzca un fallo. Se impone resolver esa mora porque al final de cuentas esa falla socava la seguridad jurídica, el principio de legalidad, la credibilidad del Tribunal Constitucional y de todo el sistema de justicia nacional.
No hay lugar a dudas que la tardanza del Tribunal Constitucional para fallar los recursos de revisión de las acciones de amparo representa un desequilibrio en la alta corte que debe ser corregido a la mayor brevedad posible.
Se impone que el TC se ajuste al mandato de su ley orgánica, la 137-11, para que preserve su credibilidad, porque no se puede ser estricto para hacer cumplir la Constitución en algunos casos, pero no así para otros. Esa debilidad del TC es comprobable con la celeridad que muchas veces conoce la acción directa de inconstitucionalidad, pero relega a años las revisiones que tienen que ver con el amparo, sobre todo cuando se trata de asuntos electorales que involucran violaciones cometidas por los partidos políticos.