Editorial
Perfiles Aterradores
La muerte de un hombre en una clínica de la capital luego de recibir varios impactos de balas provenientes de desconocidos, arroja un detalle aterrador, de alta insensibilidad y que de alguna manera rebustece una serie de perfiles que caracterizan a la sociedad dominicana de la «modernidad».
Leonardo Sterling Rodríguez recibió varios balazos y como es normal su esposa que fue testigo del hecho toma a su compañero y lo lleva al centro médico más cercano para que le prestaran atención médica.
Sin embargo, revela la dama, los médicos sólo se preocuparon por ponerle un suero porque notaron que no tenían garantía del pago del servicio prestado.
La esposa de la víctima narra que si era por el dinero hasta estaba dispuesta a vender su casa para que no dejaran morir a su compañero, a quien define como una gran ser humano.
Este drama lo hemos escuchado en múltiples ocasiones, porque no se puede negar que en nuestra sociedad el interés monetario le ganó la batalla al valor humano de la vida.
Los dominicanos experimentan en estos días un tipo de comportamiento que no se corresponde con su tradicional solidaridad y amor hacia el prójimo, cuya explicación probablemente la encontremos en la corriente de la economía y de la política denominada neoliberalismo.
Esta es una lucha entre la gente y los mercados y naturalmente el neoliberalismo importantiza más lo segundo que lo primero, pese a que uno no podría existir sin el otro.
Pero en pueblos como el dominicano estos perfiles de insensibilidad y desprecio por la vida humana han tomado tanto cuerpo que podríamos estar muy cerca del salvajismo y de la total negación de la civilización.
Que las personas se preocupen más por despojar a víctimas de un accidente automovilístico de carteras y zapatos, así como otras prendas de vestir, dice mucho de un país, cuando lo normal hace algunos años era que la gente llegara para auxiliar al herido o a la persona fallecida.
Son fenómenos que chocan con nuestra cultura afroantillana que se fundamenta en las supersticiones y en las creencias mágico-religiosas. En el proceso de deterioro se le perdió el miedo a los cadáveres, lo que significa mucho para un pueblo que durante años y cuando menos meses estaba de luto cuando se le moría un ser querido.
Pero es que nos hemos vuelto más irreverentes, más sanguinarios, más violentos y principalmente más metalizados, lo que podría explicar nuestro amor apasionado por el dinero, no importa que se mal o buen habido.
Ver que en los cementerios del país los delincuentes son capaces de sacar los cadáveres para robarse los ataúdes es mucho decir, pero también negociar con órganos de los difuntos.
A caso no tiene que ver con el fenómeno el hecho de que ahora la modalidad de los feminicidios es matar a la esposa y suicidarse el esposo.
Esa forma de vida del dominicano choca con la pasada práctica de solidaridad, de reciprocidad y de hermandad, cuyos valores parecen no tener cabida en la sociedad de hoy.
Ya esto es parte del pasado, no sabemos si como resultado de la entrada en el país del neoliberalismo salvaje que introdujo el hoy aspirante presidencial Leonel Fernández luego de su llegada al poder en el año 1996.
Lo cierto que hay una gran coincidencia entre los años en que comenzó el cambio del dominicano y el gobierno leonelista de la época, cuyos resultados principales fueron enriquecer a miserables y reconocidos delincuentes que hoy exhiben grandes fortunas económicas.
Que nadie sueñe con que en esta época de neoliberalismo salvaje encontrará a grupos de dominicanos para ayudarle a empujar el automóvil quedado y que al final del esfuerzo, sobre todo si el vehículo no pudo prender, que se le ofrezca un trozo de yuca, varios pedazos de plátanos y un catre donde dormir.
Así era el dominicano, pero ahora después del viacrucis del vehículo, si el mismo no funciona, espere la pregunta y dónde está lo mío y si no da nada muy probablemente usted se quede solo en la oscuridad de la noche, muerto del hambre y a merced de la delincuencia de moda en la República Dominicana.
Los niveles de solidaridad del dominicano es una joya que hemos perdido para siempre, porque recuperar eso es prácticamente imposible.
Habría que hacer la sociedad de nuevo y construir una nueva mujer y un nuevo hombre para cuyo propósito sería prácticamente una utopía sin la ayuda de los sistemas de educación y los medios de comunicación social, pero no de forma aislada ni individual, sino a través de una acción con una visión colectiva y con la participación destacada del Estado.
En este momento si no hay dinero no hay vida, porque de alguna manera el Estado ha dado luz verde para que prevalezca en el territorio nacional el “salvase quien pueda”.
Nadie en la República Dominicana se atrevería a negar que los partidos políticos lo han contaminado todo, absolutamente todo.
Es un mal general que contrarrestarlo costará mucho esfuerzo y un periodo largo en el tiempo, pero que su impacto lo destruye todo en su camino.
Cada día surge una nueva prueba del daño que causan los partidos políticos a la democracia nacional y en consecuencia su descredito alcanza niveles insospechados en la sociedad.
Hace pocos días que hasta el otorgamiento y anulación de una visa hacia los Estados Unidos estaba determinada muchas veces por la contaminación proveniente de la partidocracia, ya que esa es una vía de desacreditar al contrario, cuya revelación vino de la actual embajadora de esa nación en el país.
Pero las cosas son peores de ahí, porque los partidos políticos aparte de ser responsables de la tragedia nacional que conlleva la corrupción administrativa que propician y promueven, también tienen una influencia decisiva en la escogencia de los jueces del sistema de justicia nacional.
Ahí está la explicación de tantas demandas que son declaradas inadmisibles por los tribunales nacionales, porque en realidad se trata de la vía más fácil para quitarse de encima un proceso que podría comprometer el empleo de los jueces.
De manera, que se impone despolitizar el Consejo Nacional de la Magistratura, el cual está dominado por la partidocracia, cuyos postulantes a jueces y aquellos que ya los son y que deben ser evaluados tienen que someterse para ser elegibles al tráfico de influencia y al modo operandi de los partidos políticos.
Por qué no cambiar la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para que sus miembros provengan de las universidades pública y privadas, el Colegio Dominicano de Abogados, la Suprema Corte de Justicia y de jueces de carrera con largos años de ejercicio.
De no ser así, muy difícilmente podremos mejorar el Estado Social Democrático de Derecho como lo consigna la constitución de la República, porque la manipulación de la designación de los jueces, sobre todo para buscar impunidad, contamina y daña todo el sistema público del país y destruye la democracia.
Los dominicanos somos los mejores testigos del deterioro que sufre la confianza pública por las graves violaciones a la seguridad jurídica y el criterio con que se maneja la partidocracia.
Decir que el país tiene una buena imagen en el combate de la corrupción administrativa, es pretender tapar el sol con un dedo, porque los casos de este tipo generalmente quedan en la impunidad.
El problema tiene una envergadura que asusta, porque no hace muchos días que se repitió la historia de que primero cualquier aspirante presidencial tiene que verse involucrado en escandalosos actos de corrupción para que la misma tenga alguna legitimidad.
Esa historia lamentable acaba de repetirse con Gonzalo Castillo, quien fue absuelto de los cargos que pesaban en su contra por la comisión de no cualquier sustracción de dinero del patrimonio nacional.
Pero lo propio se repite constantemente, dado que el Ministerio Público sólo pretende buscar sanciones penales para los casos que tienen importancia mediática, ya que este órgano del Estado en la práctica no tiene ningún nivel de eficiencia, cuyo rol es fundamentalmente politiquero.
Es decir, que hablar de transparencia en la sociedad dominicana es una aspiración que todavía falta un largo camino por recorrer, dado que desde la propia Presidencia de la Republica se producen fuertes y preocupantes atentados a la seguridad jurídica, pese a que se quiere pregonar lo contrario.
Basta con revisar los desacatos que se producen al sistema de justicia constitucional, los cuales tienen como protagonistas a los órganos del Estado, pero preocupantemente al propio presidente de la República que viola la Constitución de la República cuando le viene en gana.
Transparencia Internacional antes de emitir su informe debió consultar los archivos del Tribunal Constitucional para que entonces emitiera una valoración más acorde con la realidad, lo cual conoce muy bien su dependencia nacional como lo es Participación Ciudadana.
Es una insensatez y una desproporción afirmar que el país está bien en transparencia pública y en el combate a la corrupción cuando todo el mundo sabe que la impunidad es un elemento con raíces culturales y que es promovida por los que tienen el control del Estado.
La falta de transparencia, la poca confianza pública y carencia del respeto a la poca seguridad jurídica que prevalece en el país son de las falencias a combatir para el logro de una mejor democracia.
Por qué nos meten gatos por liebres, aunque no hay que escudriñar mucho para encontrar la respuesta.
La República Dominicana atraviesa por un trance muy peligroso que tiene ver con que quien tiene que velar por el respeto del orden jurídico nacional es el primero que lo viola.
Son numerosos las veces que Luis Abinader incurre en el mismo problema, lo cual implica que o no tiene claras sus funciones y responsabilidades o sencillamente de que se está frente a un gobierno irresponsable.
El país lleva años montado en el mismo caballo, ya que los niveles de ignorancia y de improvisación del presidente Abinader dejan la sensación de que el orden legal es lo que menos importa.
La gravedad de este problema tiene un impacto en la comunidad internacional en razón de que las normas del derecho interno tienen una conexión determinante con aquellas provienen del derecho externo.
Este comportamiento del presidente Abinader no sólo compromete la responsabilidad civil y penal del Estado, sino que la imagen del país se deteriora que deja mucha incertidumbre y amenaza la seguridad jurídica y en consecuencia renglones de la economía nacional como el turismo.
De manera, que la conducta del presidente no sólo representa una amenaza en contra de la imagen del país, sino también atenta en contra del progreso económico y social.
El presidente debe detener en lo inmediato la violación de la jerarquía jurídica, cuyo lugar cimero ocupa la Constitución de la República, la cual es permanentemente violada por decretos emitidos por el jefe del Poder Ejecutivo.
Lo planteado en este editorial puede parecer una irreverencia en contra del presidente Luis Abinader, pero es que su comportamiento no es para menos.
En lo que respecta a este caso no queda otra expresión que se ajuste más al comportamiento indicado que aquel que dice que el presidente tiene más miedo que vergüenza, porque su proceder indica que le importa poco lo que la gente pueda pensar de él.
Es un caso tras otro.