Editorial
Perfiles Aterradores
La muerte de un hombre en una clínica de la capital luego de recibir varios impactos de balas provenientes de desconocidos, arroja un detalle aterrador, de alta insensibilidad y que de alguna manera rebustece una serie de perfiles que caracterizan a la sociedad dominicana de la «modernidad».
Leonardo Sterling Rodríguez recibió varios balazos y como es normal su esposa que fue testigo del hecho toma a su compañero y lo lleva al centro médico más cercano para que le prestaran atención médica.
Sin embargo, revela la dama, los médicos sólo se preocuparon por ponerle un suero porque notaron que no tenían garantía del pago del servicio prestado.
La esposa de la víctima narra que si era por el dinero hasta estaba dispuesta a vender su casa para que no dejaran morir a su compañero, a quien define como una gran ser humano.
Este drama lo hemos escuchado en múltiples ocasiones, porque no se puede negar que en nuestra sociedad el interés monetario le ganó la batalla al valor humano de la vida.
Los dominicanos experimentan en estos días un tipo de comportamiento que no se corresponde con su tradicional solidaridad y amor hacia el prójimo, cuya explicación probablemente la encontremos en la corriente de la economía y de la política denominada neoliberalismo.
Esta es una lucha entre la gente y los mercados y naturalmente el neoliberalismo importantiza más lo segundo que lo primero, pese a que uno no podría existir sin el otro.
Pero en pueblos como el dominicano estos perfiles de insensibilidad y desprecio por la vida humana han tomado tanto cuerpo que podríamos estar muy cerca del salvajismo y de la total negación de la civilización.
Que las personas se preocupen más por despojar a víctimas de un accidente automovilístico de carteras y zapatos, así como otras prendas de vestir, dice mucho de un país, cuando lo normal hace algunos años era que la gente llegara para auxiliar al herido o a la persona fallecida.
Son fenómenos que chocan con nuestra cultura afroantillana que se fundamenta en las supersticiones y en las creencias mágico-religiosas. En el proceso de deterioro se le perdió el miedo a los cadáveres, lo que significa mucho para un pueblo que durante años y cuando menos meses estaba de luto cuando se le moría un ser querido.
Pero es que nos hemos vuelto más irreverentes, más sanguinarios, más violentos y principalmente más metalizados, lo que podría explicar nuestro amor apasionado por el dinero, no importa que se mal o buen habido.
Ver que en los cementerios del país los delincuentes son capaces de sacar los cadáveres para robarse los ataúdes es mucho decir, pero también negociar con órganos de los difuntos.
A caso no tiene que ver con el fenómeno el hecho de que ahora la modalidad de los feminicidios es matar a la esposa y suicidarse el esposo.
Esa forma de vida del dominicano choca con la pasada práctica de solidaridad, de reciprocidad y de hermandad, cuyos valores parecen no tener cabida en la sociedad de hoy.
Ya esto es parte del pasado, no sabemos si como resultado de la entrada en el país del neoliberalismo salvaje que introdujo el hoy aspirante presidencial Leonel Fernández luego de su llegada al poder en el año 1996.
Lo cierto que hay una gran coincidencia entre los años en que comenzó el cambio del dominicano y el gobierno leonelista de la época, cuyos resultados principales fueron enriquecer a miserables y reconocidos delincuentes que hoy exhiben grandes fortunas económicas.
Que nadie sueñe con que en esta época de neoliberalismo salvaje encontrará a grupos de dominicanos para ayudarle a empujar el automóvil quedado y que al final del esfuerzo, sobre todo si el vehículo no pudo prender, que se le ofrezca un trozo de yuca, varios pedazos de plátanos y un catre donde dormir.
Así era el dominicano, pero ahora después del viacrucis del vehículo, si el mismo no funciona, espere la pregunta y dónde está lo mío y si no da nada muy probablemente usted se quede solo en la oscuridad de la noche, muerto del hambre y a merced de la delincuencia de moda en la República Dominicana.
Los niveles de solidaridad del dominicano es una joya que hemos perdido para siempre, porque recuperar eso es prácticamente imposible.
Habría que hacer la sociedad de nuevo y construir una nueva mujer y un nuevo hombre para cuyo propósito sería prácticamente una utopía sin la ayuda de los sistemas de educación y los medios de comunicación social, pero no de forma aislada ni individual, sino a través de una acción con una visión colectiva y con la participación destacada del Estado.
En este momento si no hay dinero no hay vida, porque de alguna manera el Estado ha dado luz verde para que prevalezca en el territorio nacional el “salvase quien pueda”.
La República Dominicana tiene razones para valorar cualquier avance que permita ampliar las oportunidades de trabajo. Pero las estadísticas laborales también obligan a observar una realidad que no debe ser normalizada: durante el primer trimestre de 2026, el 54.1 % de los ocupados se encontraba en la informalidad, frente a un 45.9 % de ocupación formal.
El dato merece atención precisamente porque la economía ha comenzado a recuperar dinamismo. En junio, la actividad económica creció 6.4 % interanual y el primer semestre acumuló una expansión de 4.5 %, según el Banco Central.
El país necesita crecimiento, inversión y empresas capaces de competir. Pero necesita igualmente que el progreso económico pueda sentirse en la estabilidad de los hogares.
Un trabajador no deja de ser productivo porque sea informal, ni un pequeño comerciante debe ser visto automáticamente como alguien que pretende incumplir la ley. En muchos casos, la informalidad es consecuencia de barreras económicas, administrativas y estructurales que el Estado tiene la obligación de comprender y reducir.
Por eso, formalizar no puede significar simplemente aumentar controles. Debe significar abrir puertas.
Las micro y pequeñas empresas necesitan procesos sencillos, financiamiento accesible, capacitación y condiciones que les permitan asumir gradualmente sus responsabilidades. Los trabajadores independientes necesitan mecanismos de protección compatibles con la realidad de sus ingresos. Y los jóvenes necesitan una ruta clara hacia su primer empleo formal.
También corresponde al sector empresarial asumir su responsabilidad. La competitividad no puede construirse sobre la precariedad permanente de la fuerza laboral. Una economía moderna necesita productividad, innovación y capital humano, pero también relaciones laborales capaces de ofrecer seguridad y perspectivas de progreso.
El crecimiento económico debe convertirse en una herramienta para ampliar oportunidades y no solamente en una estadística macroeconómica favorable.
Reducir significativamente la informalidad laboral debe ser una prioridad nacional que trascienda gobiernos y coyunturas. Para conseguirlo será necesario coordinar políticas laborales, tributarias, educativas, productivas y de protección social.
La República considera que el país debe avanzar hacia una nueva etapa en la que la pregunta no sea solamente cuántos empleos se crean, sino qué calidad tienen esos empleos y cuánto contribuyen al bienestar de quienes los desempeñan.
Porque detrás de cada porcentaje existe una persona, una familia y una expectativa de futuro.
El desarrollo será verdaderamente exitoso cuando crecimiento, productividad, oportunidades y dignidad laboral avancen en una misma dirección.
Nadie en la República Dominicana se atrevería a negar que los partidos políticos lo han contaminado todo, absolutamente todo.
Es un mal general que contrarrestarlo costará mucho esfuerzo y un periodo largo en el tiempo, pero que su impacto lo destruye todo en su camino.
Cada día surge una nueva prueba del daño que causan los partidos políticos a la democracia nacional y en consecuencia su descredito alcanza niveles insospechados en la sociedad.
Hace pocos días que hasta el otorgamiento y anulación de una visa hacia los Estados Unidos estaba determinada muchas veces por la contaminación proveniente de la partidocracia, ya que esa es una vía de desacreditar al contrario, cuya revelación vino de la actual embajadora de esa nación en el país.
Pero las cosas son peores de ahí, porque los partidos políticos aparte de ser responsables de la tragedia nacional que conlleva la corrupción administrativa que propician y promueven, también tienen una influencia decisiva en la escogencia de los jueces del sistema de justicia nacional.
Ahí está la explicación de tantas demandas que son declaradas inadmisibles por los tribunales nacionales, porque en realidad se trata de la vía más fácil para quitarse de encima un proceso que podría comprometer el empleo de los jueces.
De manera, que se impone despolitizar el Consejo Nacional de la Magistratura, el cual está dominado por la partidocracia, cuyos postulantes a jueces y aquellos que ya los son y que deben ser evaluados tienen que someterse para ser elegibles al tráfico de influencia y al modo operandi de los partidos políticos.
Por qué no cambiar la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para que sus miembros provengan de las universidades pública y privadas, el Colegio Dominicano de Abogados, la Suprema Corte de Justicia y de jueces de carrera con largos años de ejercicio.
De no ser así, muy difícilmente podremos mejorar el Estado Social Democrático de Derecho como lo consigna la constitución de la República, porque la manipulación de la designación de los jueces, sobre todo para buscar impunidad, contamina y daña todo el sistema público del país y destruye la democracia.
Los dominicanos somos los mejores testigos del deterioro que sufre la confianza pública por las graves violaciones a la seguridad jurídica y el criterio con que se maneja la partidocracia.
Decir que el país tiene una buena imagen en el combate de la corrupción administrativa, es pretender tapar el sol con un dedo, porque los casos de este tipo generalmente quedan en la impunidad.
El problema tiene una envergadura que asusta, porque no hace muchos días que se repitió la historia de que primero cualquier aspirante presidencial tiene que verse involucrado en escandalosos actos de corrupción para que la misma tenga alguna legitimidad.
Esa historia lamentable acaba de repetirse con Gonzalo Castillo, quien fue absuelto de los cargos que pesaban en su contra por la comisión de no cualquier sustracción de dinero del patrimonio nacional.
Pero lo propio se repite constantemente, dado que el Ministerio Público sólo pretende buscar sanciones penales para los casos que tienen importancia mediática, ya que este órgano del Estado en la práctica no tiene ningún nivel de eficiencia, cuyo rol es fundamentalmente politiquero.
Es decir, que hablar de transparencia en la sociedad dominicana es una aspiración que todavía falta un largo camino por recorrer, dado que desde la propia Presidencia de la Republica se producen fuertes y preocupantes atentados a la seguridad jurídica, pese a que se quiere pregonar lo contrario.
Basta con revisar los desacatos que se producen al sistema de justicia constitucional, los cuales tienen como protagonistas a los órganos del Estado, pero preocupantemente al propio presidente de la República que viola la Constitución de la República cuando le viene en gana.
Transparencia Internacional antes de emitir su informe debió consultar los archivos del Tribunal Constitucional para que entonces emitiera una valoración más acorde con la realidad, lo cual conoce muy bien su dependencia nacional como lo es Participación Ciudadana.
Es una insensatez y una desproporción afirmar que el país está bien en transparencia pública y en el combate a la corrupción cuando todo el mundo sabe que la impunidad es un elemento con raíces culturales y que es promovida por los que tienen el control del Estado.
La falta de transparencia, la poca confianza pública y carencia del respeto a la poca seguridad jurídica que prevalece en el país son de las falencias a combatir para el logro de una mejor democracia.
Por qué nos meten gatos por liebres, aunque no hay que escudriñar mucho para encontrar la respuesta.