Nacionales
Peritos piden demoler el Jet Set y encuentran el punto de inicio del colapso.
Santo Domingo. Las autoridades recibieron el informe técnico pericial judicial de la comisión experta nombrada para analizar el desplome del techo del Jet Set, la cual encontró el punto exacto donde comenzó el colapso, la inexistencia de solicitud de permisos para hacer mejoras y una corrosión avanzada en los elementos de soporte de la estructura, la cual recomiendan sea demolida por completo.
El reporte, al cual El Informe con Alicia Ortega, de Noticias SIN, tuvo acceso, arroja luz sobre las verdaderas causas del colapso del techo del centro de espectáculos Jet Set, ocurrido el pasado 7 de abril, y que dejó 235 muertos y más de 180 heridos.
El documento, elaborado por un equipo de expertos estructurales y forenses, concluye que la tragedia fue consecuencia directa de una combinación de deficiencias en el diseño estructural, intervenciones no autorizadas en la infraestructura original y una falta sistemática de mantenimiento.
Los expertos fueron los ingenieros civiles Leonardo De Jesus Reyes Madera, Eduardo A. Fierro (Estados Unidos) y Máximo José Corominas Quezada. Usaron técnicas especializadas y sometieron a pruebas de resistencia en el Laboratorio de Estructura de la Onesvie.
El análisis técnico determinó que el colapso de la cubierta del Jet Set no fue un hecho fortuito, sino el resultado de múltiples factores acumulados a lo largo de los años:
Hallaron deficiencias de origen. La estructura del techo presentaba una serie de errores en el diseño desde su construcción original, con una distribución irregular de las cargas y una capacidad estructural por debajo de los estándares requeridos para un edificio de uso público con alta concentración de personas.
También hubo modificaciones sin supervisión técnica. El equipo pericial identificó intervenciones estructurales realizadas en al menos dos ocasiones (en 2008 y 2019) sin las debidas licencias ni supervisión profesional. Estas modificaciones incluyeron la adición de luminarias, estructuras suspendidas y sistemas de climatización que aumentaron significativamente el peso muerto sobre el techo.
«No se obtuvo información oficial de parte de las instituciones competentes (MOPC y MIVED) relativo a intervenciones previas correspondientes al local comercial donde operaba específicamente el Jet Set Club al momento del siniestro. Durante su etapa como discoteca, el edificio fue intervenido en varias ocasiones. En el año 2010 se realizó una remodelación general, que incluyó mejoras en la infraestructura, sistemas de climatización y adecuaciones estéticas orientadas a la funcionalidad de la recreación nocturna…», sostiene el documento.
«Cinco años más tarde, en 2015, se llevaron a cabo nuevas adecuaciones. Estas incluyeron la instalación de un escenario renovado en la parte oeste En la (ver Imagen 7), sistemas de iluminación profesional, una pista de baile actualizada y nuevas áreas de bar. También se construyó una zona VIP ubicada en un segundo nivel En la (ver Imagen 8), lo que implicó modificaciones estructurales verificadas por el levantamiento físico. De igual manera, se añadieron anexos funcionales sobre la cubierta del edificio: casetas técnicas, equipos de climatización y ductos», expresan los expertos.
El inmueble presentaba un estado de corrosión avanzada. Las inspecciones revelaron un avanzado estado de deterioro en los elementos metálicos de soporte, como vigas y uniones soldadas, provocados por filtraciones de agua no tratadas durante años. “La corrosión redujo drásticamente la capacidad resistente de la estructura”, establece el informe.
A ello se sumó la falta de mantenimiento, pues no se encontraron registros de inspecciones estructurales periódicas ni de intervenciones de mantenimiento preventivo. La acumulación de residuos y humedad en la cubierta, sumada a la falta de drenaje adecuado, agravó las condiciones del sistema portante.
Negligencia operativa y responsabilidades compartidas
El informe no sólo señala fallas estructurales, sino también una cadena de negligencias administrativas.
Los expertos sostienen que los responsables de la operación del Jet Set, incluyendo sus propietarios y personal técnico, “no tomaron las medidas mínimas para garantizar la seguridad del inmueble”, a pesar de señales previas de deterioro como grietas, filtraciones y ruidos en la estructura.
Aunque el colapso ocurrió durante un evento multitudinario, el informe afirma que “la tragedia pudo haberse evitado si se hubieran seguido protocolos básicos de seguridad y mantenimiento edilicio”.
Sostiene que el techo fue sometido a una carga imposible de soportar con el paso de los años, lo cual se incremente en tiempo reciente.
«El techo del edificio del Jet Set Club ha sido observado mediante una serie de imágenes satelitales tomadas entre los años 2011 y 2025, obtenidas a través de la plataforma Google Earth. El análisis cronológico de estas imágenes evidencia una ocupación constante pero progresivamente creciente de la cubierta del edificio. Desde los primeros registros, ya en el año 2011, se observan 7 elementos visibles, como equipos mecánicos aislados o pequeñas unidades técnicas, lo que indica que el techo ha sido utilizado desde el 2011 con fines operativos. En los años siguientes, esta tendencia se mantiene sin cambios significativos, en 2012 y 2013», expresan los expertos.
«A partir de 2014, se registra un aumento a 9 elementos, y en 2015 la cantidad asciende de forma notable a 12 unidades, evidenciando una expansión más intensa del uso técnico de la cubierta. Para el año 2016, el número de equipos se estabiliza en 14 elementos, cifra que se mantiene constante a lo largo de 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021, aunque con variaciones en la distribución, el tamaño y el tipo de equipos instalados. Durante estos años, también se observan cambios visibles en la superficie del techo, lo cual sugiere la aplicación de impermeabilización o recubrimientos reflectivos, así como la reorganización de los equipos ya existentes», sostiene el escrito.
«En el período más reciente, entre 2022 y 2025, el número de elementos sobre el techo alcanza su punto máximo con 17 instalaciones visibles, incluyendo casetas técnicas, ductos, unidades de climatización de mayor volumen y tinacos para suministro de agua, lo que refuerza el uso intensivo del techo como área operativa auxiliar. Esta evolución progresiva, tanto en cantidad como en diversidad de componentes, ha generado un aumento en la sobrecarga funcional de la cubierta, asociada a la instalación continua de equipos y sistemas técnicos. A su vez, ha transformado visualmente la fisonomía del techo, consolidando su papel como parte activa del funcionamiento general del edificio», indica.
Recomendaciones de los expertos
Como parte del documento, los peritos realizaron una serie de recomendaciones orientadas tanto a la prevención de futuras tragedias como a la necesidad de reformar los mecanismos de control en edificaciones de uso público. Entre las sugerencias se incluyen:
Demoler el resto del edificio, no reparación, solo «demolición y reconstrucción».
La implementación obligatoria de inspecciones estructurales cada cinco años para locales de alta concurrencia.
La creación de una base de datos nacional de edificaciones, donde se registren modificaciones y mantenimientos.
La exigencia de contar con un ingeniero estructural residente para obras o reformas de cierta magnitud.
Sanciones más severas para propietarios y técnicos que incumplan normas de seguridad edilicia.
Implicaciones judiciales
Este informe es una pieza clave en el proceso judicial que enfrentan los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, gerente y administradora del Jet Set. La Fiscalía ha sustentado su solicitud de prisión preventiva y arresto domiciliario, respectivamente, en los hallazgos del documento, acusándolos de homicidio involuntario y lesiones involuntarias múltiples.
La contundencia del informe pericial refuerza la tesis del Ministerio Público de que hubo una conducta negligente y reiterada por parte de la administración del centro nocturno, lo que agrava la responsabilidad penal.
Una tragedia que pudo evitarse
El caso del Jet Set ha reabierto el debate sobre la seguridad de las edificaciones comerciales en el país.
Mientras familiares de las víctimas claman justicia, expertos y legisladores comienzan a discutir posibles reformas legales que garanticen el cumplimiento estricto de las normas estructurales y de mantenimiento.
Este informe no solo ofrece respuestas técnicas, sino que también sirve como espejo para una sociedad que, con demasiada frecuencia, posterga la seguridad en nombre del espectáculo.
Nacionales
Jueza escuchó varios testigos del Ministerio Público contra Elizabeth Silverio y aplaza juicio
SANTO DOMINGO.- La jueza de la Novena Sala de la Cámara Penal del Distrito Nacional, Milagros Ramírez, aplazó este lunes para el próximo 16 de marzo la continuación del nuevo juicio contra Elizabeth Silverio (neurocientífica), directora del Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Kogland, acusada de ejercer la medicina de manera ilegal en el país.
La decisión fue tomada luego de que el tribunal escuchara a varios testigos presentados por el Ministerio Público, entre ellos madres y padres de las presuntas víctimas del caso. Los testigos relataron las situaciones que vivieron y pidieron justicia por los perjuicios que, según denunciaron, sufrieron sus hijos.
Durante la audiencia también ofreció su testimonio el director de Habilitación del Ministerio de Salud Pública, como parte de las pruebas presentadas por el Ministerio Público.
Aplazan para marzo nuevo juicio contra Elizabeth Silverio por ejercicio ilegal de la medicina
Previo al inicio del proceso, Elizabeth Silverio aseguró que demostrará su inocencia frente a los hechos que se le imputan.
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, Silverio ejercía la medicina sin contar con el exequátur correspondiente, en violación de la ley, lo que presuntamente afectó la salud de decenas de menores con condiciones especiales.
Asimismo, se le atribuye el uso de títulos falsos, con los cuales hacía creer que era psicóloga con especialidad en neurociencia.
Se recuerda que el 10 de octubre de 2025, los jueces de la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional anularon la sentencia que condenaba a Silverio a siete años de prisión, dictada el 21 de octubre de 2024 por las magistradas del Tercer Tribunal Colegiado.
Tras esa decisión, la corte ordenó la celebración de un nuevo juicio.
Centro Kogland fue clausurado
El Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Kogland, ubicado en el sector Gascue, fue creado en diciembre de 2021. Su directora, Elizabeth Silverio, de 30 años, afirmaba poseer cinco maestrías.
La situación provocó que Silverio fuera intimada a presentar su exequátur ante el Ministerio de Salud Pública y, ante la inexistencia de la documentación correspondiente, se procedió al cese de las operaciones del centro Kogland.
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Aplazan para abril inicio de la audiencia preliminar del exjefe de la DEA en República Dominicana
Santo Domingo, R.D.-El Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia concedió un aplazamiento de la audiencia inicial en el caso por presunta corrupción contra el dominicano Melitón Cordero, acusado de gestionar más de 100 solicitudes de visado abusando del programa para informantes confidenciales mientras se desempeñaba como supervisor de la oficina de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en República Dominicana.
La audiencia inicial, prevista para el 6 de marzo, fue pospuesta por un plazo de 30 días para permitir que la defensa se reorganice y el gobierno prepare la evidencia, con la posibilidad de que el caso se resuelva antes de llegar a un juicio formal, según establecen documentos judiciales a los que este medio tuvo acceso.
En ese sentido, la audiencia preliminar quedó programada para el próximo 6 de abril a las 12:30 de la tarde.
La decisión del juez también incluye detener temporalmente el conteo del plazo legal que permite la celebración de un juicio rápido. Esto significa que los días entre el 6 de marzo y el 6 de abril no contarán para el cálculo de ese plazo.
Esto se debe a que, normalmente, el gobierno estadounidense dispone de 30 días desde el arresto para presentar cargos ante un gran jurado.
La decisión de posponer la audiencia preliminar fue tomada por el tribunal el 26 de febrero de 2026, un día después de que la defensa presentara la solicitud.
Motivos para la prórroga
Los documentos judiciales explican varias razones por las que se concedió el aplazamiento en el caso penal federal contra Cordero. La primera de ellas es la contratación de una nueva abogada por parte del dominicano, quien pasa de ser representado por un defensor público federal a la abogada Mary Carpenito, que aún se encuentra en proceso de incorporarse formalmente al caso.
Otro de los motivos es que el gobierno entregará evidencia previa a la acusación formal, así como la intención de ambas partes de contar con más tiempo para prepararse.
Además, existe la posibilidad de resolver el caso antes de una acusación formal, lo que podría evitar un juicio, según se desprende de los documentos.
El pasado 12 de febrero, la embajadora estadounidense en República Dominicana, Leah Francis Campos, informó el cierre de la oficina de la DEA en el país «hasta nuevo aviso», mediante un comunicado difundido en redes sociales en el que calificó la corrupción como «una violación repugnante y deshonrosa de la confianza pública».
La acusación sostiene que Cordero, de 47 años, habría utilizado su posición en la DEA para tramitar al menos 119 solicitudes de visa bajo un esquema fraudulento, presentando a los solicitantes como supuestas «fuentes confidenciales» de la agencia antidrogas. A cambio, se habrían pagado hasta 10,000 dólares por cada trámite.
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Tribunal ratifica medida de coerción contra ejecutivas del colegio Da Vinci por muerte de Stephora
Santo Domingo, R.D.-El Tribunal Colegiado de la Cámara Penal de la Corte de Apelación ratificó la medida de coerción impuesta contra varias ejecutivas del colegio Leonardo Da Vinci, en el proceso judicial por la muerte de la niña Stephora Anne-Mircie Joseph, de 11 años, quien falleció ahogada durante una excursión escolar.
El tribunal confirmó la decisión dictada en primera instancia, que establece como medida de coerción una garantía económica de 500 mil pesos mediante compañía aseguradora, presentación periódica ante las autoridades e impedimento de salida del país contra las cuatro imputadas.
Las imputadas en el caso son Yris del Carmen Reyes Adames, directora administrativa del centro educativo; Gisela Altagracia de las Mercedes González Estrella, coordinadora general y asesora del equipo directivo; Francisca Josefina Tavares Vélez, orientadora, y Vilma Altagracia Vargas Morel, coordinadora del nivel secundario. Acudieron a la audiencia, y gozan de libertad, ya que cumplen medida poco gravosa.
A la salida de la audiencia, el abogado de la familia de la niña, Miguel Valdez Mar Díaz, cuestionó que en el proceso no se haya incluido a otros posibles responsables vinculados al centro educativo y al lugar donde ocurrió la tragedia.
El jurista indicó que durante la audiencia se discutió que las personas señaladas no serían las únicas responsables del descuido que provocó la muerte de la menor.
Valdez Mar Díaz también criticó el accionar del Ministerio Público, al señalar que el proceso ha sido complejo para la familia y que, hasta el momento, la madre de la niña no ha recibido las pertenencias que la menor llevó el día de la excursión, pese a los requerimientos realizados.
Asimismo, informó que el tribunal fijó para el 26 de marzo una audiencia en la que se conocerá el proceso contra representantes del colegio y los propietarios de la Hacienda Los Caballos.
La mujer estuvo acompañada por varios familiares, quienes intentaban consolarla mientras reiteraba su llamado para que las autoridades establezcan responsabilidades en el caso.
De su lado, la abogada de parte de las imputadas, María del Pilar Zuleta, manifestó su satisfacción con la decisión adoptada por el tribunal.
“La corte conoció el caso, tomó su tiempo y decidió ratificar la medida. Entendemos que fue una decisión ajustada a derecho y que no existe ninguna presunción de culpa contra nuestras representadas”, expresó.
Indicó además que el Ministerio Público había solicitado un aumento de la garantía económica impuesta como medida de coerción, solicitud que finalmente no fue acogida por el tribunal.