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Perú impedirá ingreso de personas no vacunadas a lugares públicos cerrados

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EFE

Perú.-El Gobierno de Perú informó que desde el 15 de diciembre próximo se impedirá el ingreso a los lugares públicos cerrados de las personas mayores de 18 años que no hayan completado el esquema de vacunación contra la covid-19.

«Las personas que no están vacunadas tienen mayor riesgo de contagiarse de la covid-19 y luego de contagiar a otros, por lo que es necesario limitar su acceso a lugares públicos», señaló este domingo el ministro de Salud, Hernando Cevallos.

Los últimos datos oficiales indican que hasta el momento se han aplicado 37,6 millones de vacunas en Perú, donde ya hay 16,5 millones de personas con las dos dosis requeridas.

Cevallos añadió que esta medida forma parte de las pautas de seguridad que deberá cumplir la ciudadanía de manera obligatoria para evitar la propagación de la epidemia, que en Perú reporta hasta el momento más de 2,2 millones de casos y 200,000 fallecidos.

Aunque el impacto de la covid-19 ha disminuido notoriamente en el país desde septiembre pasado, el ministro sostuvo que se requiere un compromiso social de la ciudadanía para derrotar a la enfermedad.

MEDIDAS NECESARIAS

Cevallos, quien este domingo hizo una visita a la región norteña de Piura, indicó que las restricciones son necesarias, sobre todo, por la proximidad de las fiestas de fin de año, que generan una mayor cantidad de concurrencia a lugares cerrados.

En ese sentido, el Gobierno estableció que desde el 15 de diciembre los mayores de 18 años que quieran ingresar a espacios cerrados deberán presentar el carné físico o virtual que acredite haber completado su vacunación y usar mascarilla de manera permanente.

Además, los chóferes y cobradores de transporte público, así como los que brindan servicios de reparto a domicilio solo podrán hacerlo si tienen las dosis de vacunación.

De otro lado, se informó que siete provincias del país se encuentran en un nivel de alerta «alto» ante el impacto de la epidemia, entre ellas las limeñas Huaura y Chincha, mientras que en el resto del país se mantiene el nivel de alerta «moderado».

AMPLIACIÓN DE AFORO

Por ese motivo, se amplió el aforo de lugares públicos cerrados y abiertos, aunque se mantuvo la obligatoriedad del cumplimiento de protocolos de seguridad como el uso de una mascarilla de alta protección o de doble mascarilla simple, el distanciamiento físico, la ventilación de los espacios y el esquema de vacunación completo.

En el nivel moderado, se estableció el aforo al 100 % en restaurantes y afines cuya área de atención sea igual o más de 200 metros cuadrados en zonas internas.

Además, en espacios cerrados cuya área de atención al cliente sea menor a 200 metros cuadrados se permitirá un 80 % de aforo, un 60 % para gimnasios, peluquerías y barberías, un 50 % para casinos y tragamonedas, y el 40 % en coliseos, para vacunados con dos dosis.

Para las actividades en espacios abiertos se autorizará el acceso de acuerdo a protocolos y previa autorización de los gobiernos locales, salvo en los estadios, donde solo se permitirá el 30 % de aforo para personas con vacunación completa.

El Ministerio de Salud informó de otros 501 casos confirmados y 14 fallecidos en las últimas 24 horas, mientras que otras 3,203 personas están hospitalizadas, 893 de ellas en unidades de cuidados intensivos (UCI) del país.

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Latinoamericanas

Pedro Alliana asume presidencia de Paraguay y promete compensar a afectados por crisis bancaria

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EFE Globales

El nuevo mandatario asumió el poder tras la destitución de Santiago Peña mediante un juicio político y anunció medidas para proteger los ahorros de millones de clientes afectados por el cierre de Ueno Bank.

ASUNCIÓN, Paraguay. – Pedro Alliana juró este viernes 6 de noviembre de 2026 como nuevo presidente de Paraguay, luego de que el Congreso destituyera a Santiago Peña mediante un juicio político relacionado con el escándalo financiero provocado por la crisis de Ueno Bank.

En su primer discurso como jefe de Estado, Alliana prometió garantizar compensaciones a los ciudadanos afectados por el cierre de la entidad bancaria y adoptar medidas urgentes para proteger los recursos públicos y privados comprometidos.

El nuevo gobernante aseguró que su administración dará prioridad a los ahorristas de menores recursos, quienes enfrentan dificultades económicas como consecuencia de la situación financiera.

Crisis bancaria provoca cambio de Gobierno

La llegada de Alliana a la Presidencia se produjo después de que el Senado paraguayo declarara culpable a Santiago Peña de mal desempeño de funciones durante un juicio político celebrado en ausencia del mandatario.

La decisión estuvo relacionada con los cuestionamientos sobre los vínculos del ahora expresidente con Ueno Bank, entidad financiera cuya crisis provocó preocupación entre los depositantes y las instituciones públicas que mantenían recursos en ese banco.

Peña había sido accionista del grupo propietario de la institución hasta 2025, mientras que durante su administración distintas entidades estatales depositaron importantes recursos en el sistema financiero vinculado al banco.

La situación desencadenó una crisis política que culminó con la destitución presidencial y la llegada al poder de quien hasta entonces ocupaba la Vicepresidencia de la República.

Cerca de tres millones de clientes afectados

De acuerdo con las informaciones difundidas, Ueno Bank contaba con aproximadamente 2.94 millones de clientes, entre personas particulares e instituciones que administran fondos de pensiones.

Entre las entidades afectadas figura el Instituto de Previsión Social (IPS), organismo estatal cuyos recursos quedaron comprometidos por las restricciones impuestas a la institución financiera.

La intervención del banco por parte del Banco Central del Paraguay generó incertidumbre entre los depositantes, especialmente aquellos que dependen de sus ahorros para cubrir necesidades básicas.

Ante esta situación, Alliana anunció que su Gobierno trabajará para acelerar los mecanismos de devolución de depósitos y garantizar la protección de los sectores más vulnerables.

Nuevo presidente promete medidas inmediatas

Durante la ceremonia de juramentación, celebrada ante el Congreso Nacional, Alliana recibió la banda y el bastón presidencial de manos del presidente del Poder Legislativo, Basilio Núñez.

El mandatario aseguró que no abandonará a las personas afectadas por la crisis y prometió impulsar medidas orientadas a restablecer la confianza en el sistema financiero.

Asimismo, instruyó a las autoridades correspondientes a adoptar acciones inmediatas para compensar a los ahorristas, otorgando especial atención a quienes enfrentan mayores dificultades económicas.

No obstante, todavía queda por determinar el alcance de las compensaciones, los mecanismos de ejecución y los plazos en que los afectados podrían recuperar la totalidad de sus recursos.

Alliana completará período presidencial hasta 2028

Pedro Alliana asumió la jefatura del Estado con el compromiso de completar el mandato constitucional iniciado en agosto de 2023, cuyo término está previsto para agosto de 2028.

El nuevo presidente, perteneciente al Partido Colorado, había acompañado a Santiago Peña como candidato vicepresidencial durante las elecciones generales de 2023.

Su llegada al poder ocurre en un escenario de incertidumbre económica y política, marcado por la necesidad de estabilizar el sistema financiero y recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas.

Paraguay enfrenta el desafío de recuperar la confianza

La crisis de Ueno Bank y sus consecuencias políticas representan un desafío para el nuevo Gobierno, que deberá atender simultáneamente las demandas de los ahorristas, la estabilidad bancaria y los cuestionamientos sobre la administración de los recursos estatales.

La destitución de Santiago Peña también abre una nueva etapa institucional en Paraguay, donde las autoridades deberán esclarecer las responsabilidades derivadas del colapso financiero mediante las investigaciones y los procedimientos legales correspondientes.

Mientras tanto, el presidente Pedro Alliana ha colocado la compensación de los afectados entre las prioridades de su administración, en un intento por contener las repercusiones económicas y sociales de una crisis que provocó un cambio inesperado en la conducción política del país.

 

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Detienen a Santiago Peña, expresidente de Paraguay, tras ser destituido del cargo en medio de crisis bancaria

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El Senado de Paraguay había destituido a Peña tras declararlo culpable de «mal desempeño de funciones» en un juicio político celebrado en su ausencia, en medio de la crisis que desató el cierre de Ueno bank y los cuestionamientos por los vínculos del mandatario con esa entidad financiera.

Agencia EFE

Asunción, Paraguay.-La Policía Nacional de Paraguay informó este viernes que el expresidente Santiago Peña, destituido horas antes por el Senado en un juicio político, «ya se encuentra detenido”.

El Senado de Paraguay había destituido a Peña tras declararlo culpable de «mal desempeño de funciones» en un juicio político celebrado en su ausencia, en medio de la crisis que desató el cierre de Ueno bank y los cuestionamientos por los vínculos del mandatario con esa entidad financiera.

El ahora exmandatario -que perdió el apoyo del gobernante Partido Colorado- no acudió al Legislativo, pese a haber sido convocado personalmente, y delegó su representación en los letrados, Adolfo Ferreiro y Ricardo Preda, quienes presentaron la defensa «técnica» y «jurídica» de Peña.

Paraguay entró en una crisis después de que el Banco Central (BCP) ordenó un procedimiento de resolución del Ueno, una institución con 2,94 millones de clientes en este país de 6,1 millones de habitantes, que recibió durante el mandato del ahora exgobernante millonarios recursos de entidades públicas.

Este viernes, los diputados que actuaron como acusadores en el juicio político denunciaron la pérdida de unos 1.200 millones de dólares «del pueblo paraguayo» tras el cierre de Ueno bank, y pidieron declarar culpable al mandatario, al que calificaron como «el desfalcador más grande de la historia» del país.

Durante el juicio, el senador opositor Rafael Filizzola calificó el vaciamiento del banco como «el escándalo de corrupción más grande» de la era democrática en Paraguay, y rebatió los pronunciamientos de los defensores de Peña, que alertaron de la supuesta nulidad del procedimiento.

Peña permanecía en el cargo después de que el Congreso no se pronunció por falta de cuórum sobre la renuncia que presentó este jueves.

El artículo 189 de la Constitución de Paraguay establece que los expresidentes elegidos democráticamente serán senadores vitalicios, «salvo que hubiesen sido sometidos a juicio político y hallados culpables».

Poco antes de la votación, Peña afirmó en su cuenta de X que había presentado su renuncia para evitar más daño al país y contribuir a recuperar la tranquilidad.

«No quiero que mi presencia sea motivo de mayor división o inestabilidad. Mi responsabilidad es poner al país por encima de mi destino personal», señaló en un mensaje en el que también llamó a los paraguayos a unirse para reconstruir la institucionalidad y recuperar la confianza.

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Policía haitiana intensifica ofensiva contra bandas armadas y reporta unos 20 muertos en Arcahaie

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Entre los fallecidos figura un presunto cabecilla identificado como «Galaxy». Los enfrentamientos se producen en medio de un amplio despliegue de militares salvadoreños para localizar a cuatro integrantes de una fuerza internacional desaparecidos tras una emboscada.

PUERTO PRÍNCIPE, Haití. – La Policía Nacional de Haití (PNH) informó este domingo 1 de noviembre de 2026 que aproximadamente 20 presuntos integrantes de organizaciones criminales murieron durante una operación desarrollada en la comuna de Arcahaie, al noroeste de la capital, en medio de una nueva escalada de enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y las bandas armadas que operan en el territorio haitiano.

Según el comunicado policial, la intervención tuvo lugar el jueves 29 de octubre y dejó también varios presuntos pandilleros gravemente heridos. Entre los fallecidos se encuentra un hombre conocido como «Galaxy», señalado por las autoridades como uno de los cabecillas de los grupos criminales que mantienen presencia en la zona.

Bandas responden con nuevos ataques

La situación de seguridad volvió a agravarse durante la madrugada del sábado 31 de octubre, cuando individuos armados atacaron la localidad de Bercy, perteneciente a Arcahaie, aparentemente en represalia por la operación policial.

Ante la nueva incursión, unidades especializadas de la Policía haitiana respondieron para contener el ataque y evitar que los grupos armados ampliaran su control territorial.

Entre los organismos participantes figuraron la Brigada Departamental de Operaciones e Intervención (BOID) y el Cuerpo de Intervención y Mantenimiento del Orden (CIMO).

Las autoridades aseguraron que mantienen sus posiciones en Arcahaie y que continuarán las operaciones dirigidas a enfrentar la presencia de las organizaciones criminales.

La cifra de fallecidos corresponde al balance comunicado por la institución policial y no ha sido corroborada de manera independiente.

Residentes colaboran con las autoridades

Medios haitianos informaron que habitantes de Arcahaie participaron en acciones de apoyo a las fuerzas de seguridad durante los enfrentamientos.

También circularon en plataformas digitales imágenes en las que se observa a motociclistas arrastrando por las calles los cuerpos de algunos presuntos integrantes de las bandas que habrían muerto durante las operaciones.

Estos episodios reflejan el deterioro de las condiciones de seguridad y el clima de violencia que afecta a distintas comunidades haitianas.

Sin embargo, la participación de civiles en situaciones de confrontación armada plantea preocupaciones sobre su protección, así como sobre el respeto a la dignidad de las personas fallecidas y la preservación de posibles evidencias para las investigaciones.

Más de 2,000 militares salvadoreños desplegados en Haití

Las operaciones de la Policía Nacional haitiana se desarrollan en un contexto de mayor presencia militar internacional, tras la llegada de un contingente de más de 2,000 efectivos salvadoreños.

El despliegue tiene entre sus objetivos localizar a cuatro integrantes salvadoreños de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), desaparecidos desde el pasado 18 de octubre.

De acuerdo con los reportes disponibles, los militares fueron emboscados por integrantes de organizaciones criminales mientras se desplazaban en un vehículo de la misión internacional por el sector Santo, en Croix-des-Bouquets, próximo a Puerto Príncipe.

Desde entonces, su paradero permanece sin confirmación pública.

La desaparición provocó el incremento de las acciones de búsqueda y patrullaje en distintas localidades cercanas a la capital haitiana.

Bukele y fuerza multinacional rechazan denuncias de bombardeos

Paralelamente, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y representantes de la Fuerza de Supresión de Pandillas rechazaron las acusaciones sobre supuestos bombardeos contra zonas habitadas por civiles durante las operaciones militares.

Las denuncias fueron formuladas por UNA-Haití, una organización con sede en Nueva York vinculada a sectores de la diáspora haitiana.

Frente a estos señalamientos, la GSF sostuvo que sus operaciones no incluyen el empleo de artefactos explosivos y aseguró que las aeronaves utilizadas por sus unidades no transportan ese tipo de armamento.

La fuerza internacional también afirmó que sus actuaciones se desarrollan bajo normas operacionales orientadas a proteger a la población civil.

Por su parte, Bukele negó las acusaciones y cuestionó las versiones difundidas sobre supuestos ataques aéreos indiscriminados.

Las denuncias y los desmentidos reflejan la controversia sobre los métodos empleados en las operaciones de seguridad. La información disponible no permite establecer de manera independiente la veracidad de las acusaciones.

Haití enfrenta una prolongada crisis de seguridad

La intensificación de los enfrentamientos evidencia las dificultades que enfrentan las autoridades haitianas para recuperar el control de territorios donde las organizaciones criminales mantienen una fuerte presencia.

La expansión de las bandas ha provocado graves consecuencias humanitarias, incluyendo desplazamientos de familias, interrupciones de actividades económicas y dificultades para acceder a servicios esenciales.

La inseguridad también representa un desafío para el funcionamiento de las instituciones públicas y para los esfuerzos internacionales encaminados a contribuir con la estabilización del país.

En este escenario, las intervenciones policiales y militares constituyen una parte de la respuesta frente a la violencia, pero la recuperación sostenible de la seguridad también requiere fortalecer las instituciones judiciales, combatir las redes de financiamiento criminal y garantizar la protección de los derechos fundamentales.

Una ofensiva cuyo resultado sigue siendo incierto

Aunque la Policía haitiana reporta importantes bajas entre los grupos armados que operan en Arcahaie, todavía no está claro si estas acciones permitirán recuperar de manera permanente el control de las zonas afectadas.

Las autoridades mantienen sus unidades desplegadas ante la posibilidad de nuevas incursiones, mientras continúan las operaciones de búsqueda de los militares salvadoreños desaparecidos.

La evolución de los acontecimientos será determinante para evaluar el alcance de la respuesta de las fuerzas de seguridad y sus consecuencias para la población.

La crisis haitiana continúa poniendo de manifiesto que la recuperación del orden público no depende únicamente de la capacidad de enfrentar militarmente a las bandas, sino también de reconstruir instituciones capaces de garantizar seguridad, justicia y estabilidad a largo plazo.

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