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Opinión

Perversión capitalista del deporte

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Por Narciso Isa Conde

El negocio lucrativo privado es parte de la dinámica capitalista y el capitalismo no tiene como móvil fundamental ni las necesidades ni los derechos humanos, sino su interés de acumular capital, expandir el capital acumulado y obtener el máximo de ganancia.

Esto lo hace con medios lícitos dentro del orden burgués y con medio ilícitos en ese mismo contexto, lo que progresivamente mercantiliza y corrompe todo hasta convertirse en un capitalismo delincuente, en un lumpen capitalismo.

· PRIVATIZACIÓN,” MODELO LIBERTARIO” Y NEOFASCISMO.

Un componente esencial de la estrategia neoliberal o neoconservadora del capitalismo imperialista de estos tiempos es la imposición de la privatización de gran parte de la propiedad pública, los servicios públicos, la propiedad social, las actividades recreativas y el tiempo de ocio, y que intensifica su voracidad sobre el patrimonio natural no humano de las naciones.

Esto se hace también a nombre de un supuesto “modelo libertario”, que a la vez de reducir el Estado en casi todo lo que no son sus aparatos policiales y militares, y en todos sus mecanismos (viejos y nuevos) que tiende a garantizar en mucho mayor escala la acumulación y expansión del gran capital y la maximización de las ganancias de las elites capitalistas mundiales y globales.

Ese modelo apela, además, en nombre de la libertad, a un paquete de concepciones que históricamente ha alimentado diversas modalidades de lo que se ha conocido como fascismo.

Me refiero al racismo, al colonialismo racista, a la xenofobia u odio a los migrantes e inmigrantes, al machismo patriarcal, a la homofobia o condena de la homosexualidad, al lesbianismo y a toda orientación sexual no binaria en materia sexual.

Un modelo de la dominación capitalista que opta por el despotismo y la dictadura de los adultos varones contra niños/as, adolescentes, jóvenes y adultos mayores, e incluye también el desprecio por las personas de todas las edades con determinadas discapacidades.

La confluencia de estos mecanismos de apropiación de lo público y lo social por la vía de las privatizaciones y demás políticas y programas propios del neoliberalismo o neoconservadurismo, y la apelación a las argumentaciones que niegan derechos fundamentales, son muy variadas y abarcan distintas vertientes de la vida en sociedad, que potencian en grados extremo las desigualdades de toda índole e imponen diferentes modalidades de “campos de concentración abiertos” de miles de millones seres humanos azotados por el mal vivir y de centenares de miles al borde de la muerte.

Al mismo tiempo que degradan de esa manera la vida humana… destruyen, contaminan y degradan la naturaleza no humana, poniendo en riesgo a corto y mediano plazo la existencia del planeta como asentamiento de vida humana, vegetal y animal.

· EL DESASTRE SOCIAL.

Los desastres en salud, educación, transporte, sector vivienda…especulación, corrupción, carencias, caos, desigualdades brutales, tragedia, desregulación, ilegalidades, estafas, crímenes en todas esas vertientes de la vida en sociedad, es el resultado del predominio cada vez abrumador del negocio y del ilimitado afán lucro individual y de empresas capitalistas.

Explotan periódicamente los escándalos por hechos conmovedores, se habla de medidas y parches, y luego todo se reproduce para peor.

Entre sus impactos aterradores en nuestro país sobran los ejemplos de daños ocasionados en áreas vitales, por su conversión de esas áreas en negocios altamente lucrativos para una minoría escandalosamente opulenta, y para su persistente dominación destructiva.

-LA SALUD, sus vertientes preventivas y curativas, debe ser un derecho financiado por el presupuesto a cargo de los contribuyentes. Un derecho de tanta calidad científica como la que merece la preservación de la vida humana.

Prevenir la salud y curar las enfermedades no debería ser negocio, no debe ser fuente de enriquecimiento individual ni de grupo capitalistas, cada vez más poderosos, insensibles y deshumanizados.

Pero es negocio en gran escala y la salud pública y la seguridad social son un desastre pobremente financiado por el Estado.

Los profesionales y trabajadores de salud merecen a la vez salarios dignos y vida digna. Pero una gran parte carecen de esas condiciones.

El negocio degrada la salud.

-LA EDUCACIÓN debería ser también un derecho con igual sustentación, apoyada en el desarrollo de la ciencia para garantizar el desarrollo humano. Esto requiere programas y personal docente de alta calidad; y los déficits en esas vertientes resultan insultantes

-EL TRANSPORTE PÚBLICO bien organizado, de calidad, a precio accesible, sin que medie el afán de lucro, es una necesidad nacional. Pero es caro, caótico y altamente peligroso.

-EL PLAN SOCIAL DE VIVIENDAS DIGNAS debe predominar en la política habitacional del país, pero el déficit de viviendas habitables supera el millón.

-MINERAS, GRANCERAS, ASERRADEROS, TURISMO, INDUSTRIAS CONTAMINANTES, VERTEDEROS INSÓLITOS… han creado una crisis ambiental y de agua, con perspectivas de agravarse mediante nuevas iniciativas destructivas, que ponen en riesgo la vida en esta isla.

-TRAFICANTES de personas, armas, drogas han creado una enorme y peligrosa economía de la sombra que se mete en todo y lo pervierte todo en términos delictivos, convirtiendo incluso en mercancía abusada la fuerza de trabajo de migrantes y las adolescentes y mujeres traficadas.

· NEGOCIO Y DEPORTE.

Pero hoy quiero agregar un tema de alta sensibilidad, encubierto por el espectáculo y el éxito engañoso de su manipulación como gran negocio del capitalismo transnacional y local. Me refiero al sector deporte.

Los deportes son medios de diversión sana y vida saludable, pero el negocio los está pervirtiendo progresiva y aceleradamente.

Desgarra el alma la conversión de los deportes en actividades mercantiles moralmente degradadas.

Campos de entrenamientos e instalaciones convertidas en empresas, muchas de ellas inescrupulosas.

Fomento de una cultura que presenta el deporte como vía de enriquecimiento, como fábrica de megamillonarios y medio espectacular de enriquecimiento individual y familiar (a lo lotos y bancas); encubriendo el negociazo empresarias

Niños, niñas y jóvenes de ambos sexos son tratados peor que los animales de carreras y de exhibición.

Uso indiscriminado de drogas y anabólicos.

Empresas no reguladas ensambladas a consorcios locales y mundiales que le sacan millonadas a los deportes comercializados.

Los deportes aficionados convertidos en canteras de las empresas capitalistas del deporte, o en hoja de parra y medio de publicidad del lumpen capitalismo local y mundial.

Niños/as, adolescentes y jóvenes secuestrados, y familias engañadas en su ignorancia.

Solo son súper enriquecidos, súper elogiados y manipulados como medios de publicidad, los pocos que suben al estrellato; ocultando a los tantos que hicieron de conejillos de india, de material de laboratorio y personal descartable; y menospreciando a los muchos que compiten sin llegar al triunfo cimero.

Las estrellas tienen condiciones excepcionales y méritos propios. Es de justicia facilitar compensaciones para que se les garantice una vida decorosa. Pero la publicidad y el tratamiento que le otorga elevados niveles de lucro y fama, los convierte soterradamente en instrumentos de ganancias colosales de los capitalistas dueños del negocio.

Son multimillonarios súper explotados. Una categoría difícil de entender,

El deporte así convive con los grandes negocios y los grandes negociantes del ramo, incluidos corruptos y corruptores que tutelan, comercializan y pervierten esa actividad.

Sobresalen las estrellas que altos beneficios les dejan a los capitalistas del deporte, a la vez que se cometen enormes injusticias dentro de una maquinaria que trata al deportista, no como ser humano, sino como mercancía sometida a la ley de la oferta y la demanda y a la rentabilidad astronómica del gran capital en esa vertiente de la economía de la diversión,

Los descartados del paraíso son ocultados y no faltan los mutilados, los afectados en su salud y hasta los asesinados, como es el caso de los niños fallecidos luego de inyectados con fármacos de caballo y sustancias prohibidas

Urge desechar el tratamiento superficial del tema y meternos en sus podridas entrañas protegidas por el poder dominante.

Casos ejemplares de desarrollo del deporte olímpico y aficionado, sin convertirlos en negocios, merecen ser estudiados: Cuba, la República Democrática Alemana (RDA), URSS, China, Vietnam y no pocos momentos en que, incluso en países netamente capitalista como RD, el deporte aficionado mereció el trato debido.

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Opinión

Tres mitos de la Suprema: consenso, apoliticidad e imparcialidad

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La selección de la Suprema Corte refleja acuerdos políticos más que imparcialidad, cuestionando el mito de apoliticidad y consenso democrático.

  • El texto sostiene que la unanimidad en el CNM responde a pactos políticos, no convicciones coincidentes.
  • Se menciona a Justiniano Montero Montero como juez de carrera con posibles lealtades tácitas.
  • La SCJ y el Tribunal Constitucional son descritos como claves para proteger élites políticas.

Por Narciso Isa Conde

Escuchando tantos elogios al consenso unánime, a la apoliticidad e imparcialidad en el proceso de la selección y conformación de la nueva Suprema Corte de Justicia (SCJ), les plantee a algunos amigos expertos en el tema que me parecía que ese consenso tiene mucho de pacto entre dos fuerzas políticas: una con mayoría precaria y la otra con una cuota significativa.

Les señalé que ser juez de carrera no es necesariamente ser apolítico o apartidista, y que no es verdad que esta ocasión este gobierno no trataría de asegurar su impunidad, para lo cual la SCJ es una entidad judicial clave.

 Dicho esto, les sugerí ir a más profundidad en estas valoraciones, sobre todo después de lo acontecido con los cambios realizados en otras de las altas cortes.

 El disco duro de la sociología política dominicana nos habla del mito de la neutralidad técnica frente a la cruda política del poder y la búsqueda de impunidad, y posibilita llegar a estas consideraciones:

·         La carrera judicial no es un búnker como para afirmar que, porque el magistrado Justiniano Montero Montero provenga de la base de la judicatura, eso lo despoja de vínculos, simpatías, lealtades tácitas o de la prudencia necesaria para sobrevivir décadas dentro del sistema. Más cuando es tradición que para ascender en la escalera judicial dominicana se requiere navegar aguas donde la denominadas clase política y la oligarquía capitalista siempre tiene antenas y capacidad de veto.

·          Cuando fuerzas mayoritarias con cuentas de corrupción pendientes (como las del PRM y sus empresarios) y minorías con peso institucional (como la representación de FP desde una impunidad protegida) llegan a un voto unánime en el CNM, no se debe a una voluntad democrática colectiva o a un consenso por convicciones coincidentes. Ni en ese caso, ni en casos parecidos.

·         Por lo general, ese resultado responde a un pacto de coexistencia pacífica: se reparten espacios o se validan perfiles donde los actores políticos principales aseguran que no habrá sorpresas radicales ni persecuciones judiciales desbocadas contra los círculos de poder salientes o vigentes.

·         En la República Dominicana, el control o la influencia sobre las altas cortes cumple una función sistémica histórica de protección a los integrantes del poder constituido y a las elites capitalistas.

·         Ningún liderazgo político con fuerza real entrega el poder o diseña transiciones obviando el control de la Suprema Corte de Justicia (máxima instancia de apelación penal y casación) y del Tribunal Constitucional.

·         La experiencia con los cambios en otras altas cortes del país ha demostrado que los repartos de cuotas, presentados como consensos, terminan funcionando como un engranaje de equilibrio de determinadas debilidades: «tú no me tocas los flancos vulnerables de mi gestión, yo no dinamito los tuyos».

·         El sistema judicial se convierte así en un fiel de la balanza que modera los conflictos entre élites partidarias y empresariales, pero que no rompe el statu quo estructural de la llamada clase política tradicional y de toda la clase dominante-gobernante.

Entonces, surgió la necesidad de responder a esta pregunta fuñona:

¿Acaso tiene Abinader el control absoluto de la SCJ?

 Lo cierto es que más que un control absoluto de “títeres” o «marionetas» (que afectaría la imagen benévola de supuesta independencia institucional y la fantasía de la separación de poderes, tan cara para los organismos multilaterales, instancias internacionales, la diplomacia simuladora y las apariencias), lo que se construyó fue un control por entendimientos mutuamente convenientes, con un diseño de perfiles moderados:

Se evitan así perfiles y situaciones confrontativas o disidencias y disidentes reales que puedan activar investigaciones incómodas.

En su lugar se colocan figuras que garantizan una «paz social y corporativa» adecuada al sistema de dominación, administrando la justicia con un mando conservador que frene o disuelva cualquier intento de depuración profunda o propósito de romper con la inercia de impunidad sistémica.

La verdad es que detrás del ropaje técnico y la unanimidad formal se esconde una arquitectura de negociación política donde las cúpulas partidarias y empresariales aseguran su retaguardia institucional.

Nada de consenso democrático, apoliticismo o imparcialidad.

Acuerdos por conveniencia de las partes, casi nunca con equilibrio absoluto o paridad en el poder de decisión.

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Opinión

Descalifican libros y ganadores con IA (6 de 10)

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Por Oscar López Reyes

Sin equidad en la osadía ni encogimiento de hombros, magnates de la inteligencia artificial (IA) se atribuyen la potestad de apoderarse de textos (plagio) de libros, revistas y periódicos, y academias y editoras despojan de premios a obras escritas por máquinas, en virtud de la usencia de sensibilidad creativa, autenticidad y mérito, que implica un engaño a jurados y lectores. Procuran así preservar la reputación de los galardones.

Adicionalmente, la IA empequeñece la pluralidad y la investigación periodística. El aprovechamiento por las oligopólicas corporativas de obras registradas legalmente para entrenar sus modelos de lenguaje (LLM) algorítmicos, sin la aceptación de sus autores (plagio automatizado), cuyos nombres eliminan, gestó una usurpación jurídica y otro ético (expoliación de propiedad intelectual), porque el software comercializa un saber sistematizado, en desconocimiento del esfuerzo y sacrificio del progenitor original o primario.

La aplicación de la IA también procrea una crisis en la esfera editorial (entre editores y lectores), por la publicación de libros cimentados en algoritmo, y por la mezcla de la creación humana y esta nueva tecnología. El plagio no sólo infringe los derechos de autor, sino que arruina la calidad intelectual periodística.

¿Cómo lidiar con esta asunción ilegítima de autoría?

Asociaciones de escritores y medios de comunicación, como The New York Times, han demandado judicialmente a OpenAl y a otras de la competencia imperfecta, por difundir libros y trabajos periodísticos como suyos. Asimismo, como garantía de sinceridad y certeza, Authors Guild en Estados Unidos e iniciativas en Europa han presentado certificaciones con las etiquetas de “literatura orgánica” o “escrito por un humano”.

También, las nominaciones de acreditados premios, como el Goncourt, han sido retiradas a los escritores de novelas Thélyson Orélien (canadiense, “Fue eso o morir o Era eso o morir”), Mia Ballard (estadounidense, “Chica Tímida”) y a David Silva (peruano, “Donde el agua trabaja”) y, por igual, se ha producido la cancelación de la venta de sus obras literarias por sospechas o admisiones de plagio conectados con recursos cibernéticos.

Carencia de pluralidad y entorno humano. Socava la pluralidad y la disparidad de abordajes delegar la selección de información, la redacción y verificación a la IA, sin la sensibilidad, creatividad, el criterio ético, la profundidad y la depuración objetiva de un periodista comprometido con la verdad. Los prototipos generativos instructivos con documentos preexistentes en internet plasman y postean deformaciones geográficas, históricas, estereotipos y discriminaciones.

El algoritmo deshumanizante de los procesos productivos acarrea la ruptura con principios éticos y la iniciación de un duelo entre el talento humano y las máquinas: un minúsculo grupo de corporaciones privadas y estados nacionales estructuran, explícitas o implícitamente, fórmulas y directrices que normatizan infraestructuras cibernéticas globales.

La contrastación presencial y el discurso mediático se torna ineludible para averiguar y fiscalizar poderes, con estricto nivel profesional, para ganar la confianza de las audiencias.

¿Cuáles son las respuestas?

Para contrapesar, en la competencia profesional contra el algoritmo y por el predominio de la pluralidad, la sensibilidad, se impone reconstruir la conversación colectiva y ampliar la presencia del periodista en los foros abiertos: amplificar la agenda comunitaria, diversificar las fuentes, consultar a expertos, contar historias, dando cabida a las voces más disidentes.

Como valores consustanciales y diferenciales del reporterismo se exige más entrevistas, más crónicas, más reportajes, más descripciones y narraciones, y más análisis cubiertos de originalidad y exclusividad, identificándose con las agrupaciones, asociaciones, congregaciones, equipos, brigadas, corros y peñas locales.

Reducción en labor investigativa. La IA atenta con las opiniones divergentes. El recorte de planillas de redactores, correctores y editores, para aminorar gastos de producción, mengua la competencia metodológica mediática, porque margina la reflexión y el análisis. Lo anterior quiere decir que la automatización excesiva arrebata a la contraargumentación democrática y a la información su rigor y la fiscalización humana, porque descansa en motores de probabilidad estadística.

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Referencias bibliográficas:

1.- Artículo académico (PMC / Frontiers in Artificial Intelligence). Romanishyn, A., Malytska, O., y Goncharuk, V. (2025, 31 de julio). AI-driven disinformation: policy recommendations for democratic resilience. Frontiers in Artificial Intelligence, 8, 1569115.,. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12351547/

2.- Atlas de IA: Poder, política y costes planetarios de la inteligencia artificial, Kate Crawford, Ediciones, Barcelona, España, 2023.

3.- Ciberseguridad paso a paso: Diseña tu estrategia, María Ángeles Caballero Velasco, Laura Baus Lerma y Diego Cilleros Serrano, Ediciones Anaya Multimedia, Madrid, España, 2023.

4.- Lánzate a la IA. Despierta tus superpoderes, Arturo Fuentes Calle, Editorial Marcombo, Barcelona, España, 2026.

5.- Algoritmos para la vida cotidiana: La ciencia de la informática aplicada a las decisiones humanas, Brian Christian y Tom Griffiths, Teell Editorial, Madrid, España, España, 2017.

6.- Inteligencia artificial generativa con modelos de ChatGPT y OpenAI, Valent0ina Alto, Editora Anaya Multimedia, Madrid, España, 2023.

7.- Domina la inteligencia artificial antes de que ella te domine a ti: IA101 estrategias para impulsar tu carrera y mejorar tu vida, Lasse Rouhiainen, Alienta Editorial. Ciudad, Barcelona, España, 2026.

8.- Generación IA: guía para un uso responsable, creativo y seguro de la inteligencia artificial, María Lázaro Ávila, Ediciones Anaya Multimedia, Madrid, España, 2026.
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El autor: Periodista, mercadólogo, catedrático y escritor.

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Opinión

La Constitución como medida del poder

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Por Isaías Ramos

 Cuando una autoridad jura cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ciudadanía tiene derecho a creerle. Ese compromiso pone en juego algo más que la reputación del funcionario: la confianza de las personas en que sus derechos estarán protegidos, incluso frente al propio gobierno.

El pasado viernes 6 de noviembre conmemoramos 182 años de la primera Constitución dominicana. Honrarla exige examinar qué ocurre con lo jurado una vez comienza el ejercicio del poder.

El artículo 127 obliga al presidente y vicepresidente a prestar ese juramento antes de entrar en funciones. Incluye respetar los derechos y libertades ciudadanos y cumplir fielmente los deberes del cargo. Cada decisión posterior debe poder sostenerse frente a ese compromiso.

Mateo 23:2-3 ilumina esta exigencia. Jesús denuncia la contradicción entre enseñanza y conducta en los dirigentes religiosos a quienes se dirige: «ellos dicen, pero no hacen». Su aplicación política invita a examinar si las autoridades ejercen sus funciones conforme a los principios que proclaman.

La Constitución proporciona una medida común para hacerlo, independientemente de las creencias particulares o las preferencias políticas. Su artículo 6 somete a los poderes públicos a la norma suprema. Una mayoría electoral gobierna dentro de esos límites.

Las candidaturas independientes permiten comprobar qué significa respetarlos.

En la sentencia TC/0788/24, el Tribunal Constitucional consideró desproporcionados los requisitos impugnados y estableció una regulación sustitutiva. Afirmó que los partidos no tienen el monopolio constitucional de todas las candidaturas a puestos de elección nacional y reconoció al Congreso competencia para regularlas de manera compatible con lo decidido.

El Congreso aprobó después la Ley 13-26 y el Ejecutivo la promulgó, suprimiendo esas candidaturas. Sus fundamentos invocan una reserva de postulaciones a las organizaciones políticas y dificultades de organización institucional.

El Tribunal dispuso corregir la regulación; la respuesta legislativa y ejecutiva fue suprimir la figura. Esa es la contradicción constitucional que denunciamos. Las dificultades alegadas debían resolverse respetando el fallo y el carácter vinculante que el artículo 184 reconoce a las decisiones del Tribunal Constitucional.

Si el órgano obligado pudiera escoger qué sentencia cumple, ¿qué seguridad tendría una persona que acude a la justicia para defender sus derechos? La respuesta importa también a quien nunca aspirará a un cargo. Una sentencia constitucional vinculante debe cumplirse, aunque incomode a la autoridad obligada a ejecutarla.

Hemos presentado dos recursos: uno contra la Ley 13-26 y otro frente a lo que denunciamos como la negativa de la Junta Central Electoral a cumplir el mandato de la sentencia. Cada procedimiento requiere una decisión de la instancia competente. La impugnación de la ley no la anula por sí sola.

Acudimos a las vías institucionales para defender la participación y exigir que las autoridades respondan por sus decisiones.

El artículo 75 también compromete a la ciudadanía. Su numeral 1 exige acatar y cumplir la Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades establecidas por ellas. El numeral 12 obliga a velar por la calidad democrática, el patrimonio público y la transparencia de la función pública.

Cumplamos esos deberes exigiendo respuestas documentadas: qué se ha hecho para cumplir la sentencia y cuál es el fundamento jurídico de cada actuación.

Asumamos el cumplimiento constitucional como una obligación permanente, tanto al exigir responsabilidades como al ejercer autoridad.

En 2044 celebraremos dos La Constitución como medida del poder

siglos de independencia y de nuestra primera Constitución. Trabajemos para llegar a ese aniversario con derechos que las personas puedan exigir y autoridades que respondan por su cumplimiento.

El juramento compromete a quien gobierna. Hacerlo exigible protege a toda la nación.

¡El 2044 comienza hoy!

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