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Editorial

Petrocaribe: Una Bonita Expresión de Solidaridad.

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El Gobierno de Venezuela acaba de dejar claro que el acuerdo de Petrocaribe no será tocado a propósito de la desaparición física del presidente Hugo Chávez.

Esa declaración del funcionario competente del Gobierno de Venezuela elimina la incertidumbre sobre si se producirían cambios o si se eliminaría el acuerdo de Petrocaribe.

Petrocaribe fue una de los tantos proyectos de solidaridad del presidente Chávez con los países latinoamericanos, principalmente caribeños, como Cuba, Haití y la República Dominicana.

Despejadas las dudas sobre el particular, entonces se impone que el Gobierno venezolano tenga una mayor fiscalización sobre el manejo dado a los fondos generados por el acuerdo con  los diferentes países beneficiarios de Petrocaribe.

Esto así, porque en el caso concreto de la República Dominicana parece que los recursos generados por Petrocaribe han sido manejados con el mismo criterio de dispendio que ha prevalecido en el Estado.

Y una de las condiciones del acuerdo de Petrocaribe es que los países beneficiarios inviertan ese dinero en obras de bien social, lo que definitivamente no ha pasado en el país, lo que podría constituirse en una violación del mismo.

El manejo de Petrocaribe en la República Dominicana no está claro, cuya poca transparencia ha sido lo que ha caracterizado la administracion de los recursos públicos por parte de los gobiernos peledeísta, perredeísta y reformista.

El Gobierno que surja de las elecciones del próximo 14 de abril en Venezuela debe exigir a los países beneficiarios de Petrocaribe, principalmente a la República Dominicana, un estricto cumplimiento del acuerdo, sobre todo en lo que tiene que ver con el destino dado a los fondos de los recursos provenientes de la compra de combustibles a precios preferenciales a Venezuela.

Esa solidaridad de Venezuela debe ser reforzada con una mayor fiscalización de los recursos generados por Petrocaribe, a fin de que éstos lleguen hasta los pueblos de los países beneficiarios a través de inversión social.

De otra manera, esa solidaridad se convierte en un apoyo importante para gobiernos sin escrúpulos, cuyos ingresos por concepto de impuestos y por otras recaudaciones terminan en los bolsillos de sus funcionarios, lo que disminuye las posibilidades de mejoría de la situación de hambre y miseria de las grandes mayorías nacionales.

En lo que respecta a la República Dominicana no está claro el destino de los recursos provenientes de Petrocaribe, los cuales han sido manejados de una forma irresponsable e irregular por el Gobierno.

Recuérdese también que Petrocaribe tiene el componente de un alto endeudamiento externo para la República Dominicana.

Ojalá que la fiscalización al respecto sea mucho más estricta y que Venezuela se constituya en una garantía de  transparencia para que los fondos generados no sean desviados hacia otros propósitos.

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Editorial

Una responsabilidad compartida.

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La tragedia ocurrida en el Jet Set tiene como responsable de la misma, tal vez en igual o mayor proporción, al Estado dominicano, no por comisión, sino por omisión, ya que no tiene una política de fiscalización y supervisión de las obras públicas y privadas que se construyen en el país.

Este periódico ni siquiera atribuye la irresponsabilidad del Estado al hecho de que exista o no exista una ley que disponga la reclamada supervisión y fiscalización pública de los edificios que se levantan en todo el territorio nacional.

Ello así, porque quién no sabe que el país tiene una gran variedad de leyes que son letras muertas, como, por sólo citar una, la que dispone que las construcciones deben regirse por la Ley anti sísmica, la cual no debe ser inaplicada por la realidad nacional de que somos un territorio con grandes riesgos de la ocurrencia de terremotos y otros fenómenos naturales.

Pero la pregunta que se impone es quién cumple con esa norma, absolutamente nadie, y cuando algún funcionario hace un simulacro de aplicarla es para buscar dinero, no para evitar una tragedia nacional.

El problema no se circunscribe al sector de la construcción y a la ley anti sísmica, sino que el país está lleno de regulaciones legales que sólo se aplican mínimamente cuando no hay dinero para el bolsillo del responsable de que la misma se ejecute.

Es decir, que tragedia como la ocurrida en el Jet Set no será la última ni la primera en la República Dominicana, porque en los casos en que la violación llegue a los tribunales, el asunto es tratado de tal manera que las victimas terminan frustradas y decepcionadas porque  los jueces le dan larga al problema.

De manera, que la tragedia del Yet Set es un problema que no es tan fácil de resolver por los niveles de corrupción que predominan en el sector público y por la poca cultura de establecer en el país un régimen de consecuencia para el que no cumple con la ley reciba el castigo correspondiente.

Sin embargo, debe agregarse que lo más grave y preocupante en este tenor es la cultura de la improvisación y la falta de planificación estratégica, las cuales son herencias desde los tiempos de la colonia que caminan de la mano con las autoridades nacionales y con cada uno de los ciudadanos dominicanos.

Es decir, que la expresión de que el dominicano le pone candado a la casa después que le roban tendrá vigencia por un largo tiempo a menos que el ciudadano contribuya para construir un Estado que cambie ese paradigma a través de una nueva y más eficiente democracia,

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Editorial

El mismo problema de siempre

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Desde hace años en el país ha habido un debate sobre las debilidades más perjudiciales de la sociedad dominicana y entre ellas está la improvisación, la falta de planificación estratégica.

La consecuencia de ese mal es lo que deja como resultado lo ocurrido este martes en la discoteca Jet Set, donde han fallecido unas 221  personas y hay docenas de heridos.

La razón de ser de esta tragedia tiene que ver con el hecho de que en el país no se fiscaliza nada y producto de esa irresponsabilidad del Estado podrían producirse muchas más desgracias como la ocurrida.

En todo el territorio nacional los techos de los edificios, ya sean residenciales o comerciales, están llenos de plantas eléctricas de alto cilindraje y tinacos con un peso que muchas veces no soporta la edificación.

Pero el Estado no reacciona frente esa irregularidad y se verá como en pocos días todo vuelve a lo que es normal dentro del desorden y es que nadie ni mencione lo ocurrido.

Son incontables los edificios que están amenazados de colapsar por esta causa, pero quienes tienen la misión de darle seguimiento a ese peligro sencillamente no lo hacen.

Ahora lo que viene es enterrar a los muertos y que todo lo anormal siga su curso y la gente prepararse para derramar lágrimas en el próximo evento de igual o peor magnitud.

Entonces, siendo así las cosas, la recomendación de este periódico es que este asunto se maneje desde una perspectiva política y  no hay otra opción que el ciudadano se empodere para ver si son posibles los cambios que impidan que estas tragedias ocurran.

Pudiera parecer descabellado el planteamiento al respecto, pero para que por lo menos los riesgos sean menores, porque nunca se estará libre de acontecimientos desagradables como éstos, pero si se promueve una cultura de prevención, los resultados podrían ser totalmente diferentes.

Luchemos por una sociedad donde prevalezca la planificación estratégica, la regulación, la fiscalización y la prevención para evitar todo lo que puede ocurrir por una visión contraria por parte de los que manejan el Estado.

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Editorial

Un tema para pensarlo.

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Sin pretender quitarle importancia al derecho, valor y principio de igualdad, porque se supone que todos somos iguales ante la ley, pero la transferencia de los liderazgos políticos en el país es motivo de una gran preocupación.

En los actuales momentos la democracia nacional está en crisis y cualquiera sin un ápice de buenas intenciones puede convertirse en un líder nacional, porque esas son de las cosas que ocurren cuando un país llega al fondo en lo que respecta a los valores.

La República Dominicana atraviesa por ese trance, ya que hay una famosa expresión que dice que una gota de agua cae tanto en el mismo lugar hasta que hace un hoyo.

Exactamente eso ha ocurrido en el país, dado que ha sido tanta la corrupción y las acciones antijurídicas y anti morales, así como anti éticas que ya la gente parece haberse cansado.

Es de tal magnitud el problema que los funcionarios públicos que provienen de la partidocracia no se conforman con sustraer (50) cincuenta ó (100,000,000.00) cien millones de pesos, sino miles, cuyos mejores ejemplos son encontrados en los casos que están a punto de caer en prescripción extintiva porque ya van a cumplir 4 años de haberse iniciado.

Pero no es solo ese el problema, sino que la partidocracia ahora quiere perpetuar ese mal con dejar como herencia la administración del patrimonio público a sus esposas, hijos y nietos, principales beneficiarios de la sustracción del dinero del Estado.

Los herederos de la partidocracia ya están muy activos en la vida nacional y sólo esperan que sus padres y madres envejezcan para entonces ellos tomar las riendas del Estado para que continúe la fiesta de la que no participa el pueblo dominicano.

El fin de esa interminable parranda solo se llegará si la ciudadanía toma el toro por los cuernos e incluso impide que en el campo de la política partidista las cosas se manejen como si se tratara de una herencia proveniente de la determinación de herederos establecida para cuando el de cujus ha dejado bienes que sus legítimos herederos son sus hijos y nietos.

La partidocracia busca prolongar sus ilegales acciones hasta los más lejanos de sus herederos, mientras el pueblo dominicano no tiene derecho a la salud, la educación y una vivienda digna.

El momento parece haber llegado para decir basta ya y plantear una nueva regla del juego con la entrada de una forma diferente la figura de las candidaturas independientes, la cual parece representar una amenaza para que sobreviva el Estado Social Democrático y de Derecho, dado que algunos de los representantes de la partidocracia ya pretenden atentar hasta en contra de la Constitución de la República, ley suprema de la nación.

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