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Jean Alain convirtió la Procuraduría en un centro de espionaje.

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Santo Domingo, RD.-El imputado en la Operación Medusa Jean Alan Rodríguez, ex procurador general de la República, habría adquirido equipos especiales de contraespionaje, de forma irregular y con el supuesto fin de ser utilizados en labores de investigación de las fiscalías, pero según investigaciones eran utilizados en una de sus residencias vacacionales.

Se trata de un dispositivo bloqueador de señal tipo mochila y un equipo antidron, comprado por la suma de 3.9 millones a la compañía Aldelay Groupe.

La compra de los referidos equipos fue efectuada en fecha 27 de julio a instancias de Vilmi Durán, la asistente del exprocurador, supuestamente para ser utilizados en labores de investigación cuando así las fiscalías lo requirieran.

El entonces director de Tecnología de la Información y Comunicación (DTIC) de la Procuraduría General de la República (PGR), Javier Alejandro Forteza lbarra, fue quien, según la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público, recibió el citado equipo.

Posteriormente, Forteza Ibarra emitió una certificación en fecha de 14 de agosto de 2020, afirmando que este equipo se lo había entregado al despacho del procurador el 12 de agosto de 2020.

Los fiscales dicen que pudieron comprobar en una entrevista realizada al procurador fiscal de Independencia, Soni Adriano Rosario José, que Jean Alain Rodríguez, en un encuentro en su despacho, le pidió un favor: que firmara una comunicación donde indicaba que había recibido un antidron para su fiscalía, con la excusa de usarlo en la frontera.

Sin embargo, el supuesto verdadero fin del aparato era ser usado en una de sus casas para “contrarrestar espionaje ilegal”.

A finales de agosto de 2020, el procurador fiscal de Independencia recibió una llamada de la asistente del procurador, quien le pidió una comunicación devolviendo el dispositivo a la PGR.

Fue entonces que en fecha 2 de septiembre del 2020, Soni A. Rosario envía con la misiva solicitada a Emil Andrés Álvarez, quien aparece en la nómina de personal contratado por la PGR correspondiente a abril de 2020 como soporte técnico de la fiscalía de Independencia.

Según expone el documento depositado por el Ministerio Público la noche del pasado miércoles, Álvarez se reunió con un militar al que le entregó una caja en donde estaba el dispositivo, para que lo devolviera a la institución.

Cabe señalar que la solicitud de allanamiento presentada por los fiscales ante la jueza Kenya Romero, se expresa que no se ha encontrado ningún registro oficial de esta supuesta entrega y mucho menos los equipos de forma física en ninguna dependencia del Ministerio Público, tampoco en el Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación, quienes gestionaron la compra.

Estas informaciones fueron recabadas a raíz de un proceso de inventario llevado a cabo a partir del 16 de agosto del año 2020, por la gestión de la actual Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito.

Al profundizar en las investigaciones, las autoridades aseguran en la solicitud de medida de coerción haber comprobado que el dron fue adquirido de manera fraudulenta como activo fijo de la PGR para ser usado en una villa vacacional, propiedad del exprocurador Rodríguez, ubicada en Casa de Campo.

“Espiaron e interceptaron comunicaciones de empleados y cientos de ciudadanos en una maquinaria de espionaje con fines de intimidar, extorisionar y de tener informaciones privilegiadas”, indican los fiscales en su investigación.

Pero el pasado mes de julio no fue la primera y única vez en que se adquiriera uno de estos dispositivos. En 2018 también se compró un equipo similar para el bloqueo de señal en una de las cárceles del nuevo modelo, recibido también por el imputado Javier Alejandro Forteza Ibarra.

Sin embargo, y según consta en certificación de la Directora del Modelo de Gestión Penitenciaria, Hilda Patricia Lagombra, las penitenciarías y cárceles del país no cuentan con bloqueadores de señal.

Operación Medusa
La más reciente investigación sobre corrupción realizada por el Ministerio Público fue denominada “Operación Medusa”, en la que se nombran como involucrados al exprocurador Rodríguez; Rafael Antonio Mercede Marte; Alfredo Alexander Solano Augusto; Rafael Canó Sacco; Javier Alejandro Forteza Ibarra; Rodríguez Imbert; Jenny Marte Peña; Alejandro Martin Rosa Llanes; Braulio Michael Batista Reyes; María Josefina Azar Díaz y Johannathan Medina Reyes.

Además, Altagracia Guillén Calzado, Miguel José Moya, Amelia Isabel Escaño, Mercedes Camelia Salcedo Disla, Ronny Rafael Corporán, Francis Ramírez Moreno y Ney Ernaldo Caccavelli Guevara.

La noche del pasado miércoles, la fiscal Mirna Ortiz depositó la medida de coerción en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

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Testigo dice en juicio Coral que de nómina del Cestur se desviaron RD$25 MM para las elecciones de 2020

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Santo Domingo, R.D.-El capitán Miguel Cancú Ramírez, testigo del Ministerio Público, reveló este jueves que por lo menos 25 millones de pesos fueron desviados de la nómina del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) para ser usados en las elecciones del 2020.

Las declaraciones se produjeron durante el juicio de fondo de los casos Coral y Coral 5G ante el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.

Cancú Ramírez detalló al tribunal «cómo se estructuraron maniobras fraudulentas que incluyeron el desvío del dinero».

Este monto, según dijo, fue solicitado bajo la justificación de apoyo logístico para actividades turísticas en Las Terrenas, pero posteriormente transferido y retirado en efectivo para ser devueltos, de manera líquida al Ministerio Administrativo de la Presidencia, en el último gobierno del expresidente Danilo Medina, supuestamente con fines electorales.


El capitán Miguel Cancú Ramírez durante su testimonio ante el tribunal.

El testigo explicó que los fondos de inteligencia de Cestur eran retirados en la sucursal del Banreservas de la avenida Venezuela, en Santo Domingo Este, «entidad bancaria que también era manipulada».

Manifestó que, solo un 10 % de los recursos se destinaba a actividades reales, como supervisión en puntos estratégicos, el resto era utilizado para otros fines. Entre las operaciones irregulares destacó la creación de operativos ficticios, como actividades de cruceros y carnavales, para justificar el gasto de viáticos. Mensualmente, estos montos ascendían a 204 mil pesos, los cuales eran entregados al coronel Rafael Núñez de Aza tras pagar una cantidad mínima a personal ficticio.

Otro esquema denunciado por Cancú involucró la manipulación de la nómina de Cestur. Según sus declaraciones, cada año se solicitaban fondos para incluir nuevos miembros en Politur, pero muchas de estas inclusiones eran ficticias. Dijo que el coronel Jeudy Guzmán y el coronel Rafael Núñez de Aza, con la mediación del mayor Raúl Girón, supervisaban estas operaciones, asegura el testigo.

Indicó que el coronel Guzmán, al descubrir las irregularidades, exigió ser beneficiado, lo que le permitió adquirir una Ford Explorer blanca con los fondos sustraídos.

Cancú Ramírez detalló además que, como director financiero de Politur, recibía un salario de 90 mil pesos, pero debía entregar 20 mil a Núñez de Aza a través de Girón, quedándose únicamente con 70 mil.

El testimonio incluyó supuestas irregularidades en los procesos de compras y contrataciones. El exdirector financiero de Politur mencionó que empresas como Santo Domingo Motors y Viamar «otorgaron comisiones de hasta un 10 % a favor del general Torres Robiou y el coronel Núñez de Aza». También se destacó que Optimus, una empresa vinculada directamente al coronel Núñez de Aza, manejaba cuentas utilizadas en estos esquemas.

Asimismo, explicó que el monto destinado a seguros de vehículos, gestionado por Quilvio Rodríguez, incrementó significativamente debido a la adquisición masiva de vehículos bajo contratos irregulares.

Ministerio Público incorporó evidencias

Con el testigo, el Ministerio Público incorporó la acta de entrega voluntaria de un disco duro, dos celulares, junto a dichas pruebas materiales que había entregado previamente al órgano acusador.

De igual modo, la memoria que contiene los cinco cheques que fueron emitidos por Presidencia, libramientos de las empresas que respondían a Rafael Núñez de Aza, cuentas por pagar de Cestur y una guía descriptiva de las carpetas que fueron incluidas en la memoria.

El acta de entrega voluntaria y la memoria fueron incorporadas como pruebas documentales y materiales, respectivamente.

Las informaciones entregadas en los dispositivos electrónicos le fue suministrada por el entonces Cestur.

«Procedimos a borrar la mayoría de las informaciones del Cestur a requerimiento del coronel Rafael Núñez de Aza. Sin embargo del Departamento de Contabilidad no se llegaron a borrar las informaciones y luego fueron conseguidas», destaca.

Defensa del coronel

Félix Portes, abogado del coronel Rafael Núñez de Aza, negó que su defendido sea la cabeza financiera del supuesto entramado desmantelado mediante la operación Coral.

El abogado Félix Portes defiende al coronel Rafael Núñez de Aza.

«Todo lo que hizo nuestro representado está documentado y firmado y a partir del martes se sabrá que el testigo no ha dicho la verdad», objetó Portes.

Se cuestionó, además, sobre el porqué el testigo, si sabía todo este entramado, no está imputado en el caso.

«Hay que ver cuántos millones él manejó, para él ahora venir a limpiarse las manos», puntualizó el abogado.

Próximo juicio

El juicio continuará el próximo martes 14 de enero, a las 9:00 de la mañana en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

Tocará a la defensa de los imputados contrainterrogar al testigo presentado por el órgano acusador.

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Tremendismo de legisladores oficialistas que cambian nombre de Juan Bosch por Peña Gómez a la Circunvalación Santo Domingo

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Santo Domingo, R.D.-En un tremendismo que no tiene perdón de toda persona sensata, la Cámara de Diputados aprobó en segunda lectura un proyecto de ley que designa con el nombre del doctor José Francisco Peña Gómez la autopista Circunvalación Profesor Juan Bosch, también conocida como Circunvalación de Santo Domingo.

El nombre Circunvalación Profesor Juan Bosch fue colocado por el entonces presidente de la República, Danilo Medina.

Fue el 30 de junio de 2015 cuando el expresidente Medina inauguró la primera fase del segundo tramo de esta Circunvalación.

Castillo Liriano es el vocero del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en el Senado.

Para designar el nombre de José Francisco Peña Gómez se tomó en consideración que este dejó un legado a favor de los residentes de la capital y sectores periféricos durante su carrera política.

Además, se consideró que Peña Gómez fue un gran defensor y promotor de la democracia, «una persona excepcional, avanzada en su tiempo y con un pensamiento como un gran intelectual, político de fuste; su impresionante oratoria  poder de convocatoria les sirvieron de zapata para consolidar su presencia en organismos políticos internacionales»:

«Es deber del Estado reconocer y promover a aquellos hombres y mujeres que han trascendido en la sociedad, han trasmitido valores auténticos y sirven de ejemplo para el fortalecimiento de las presentes y las futuras generaciones» explica.

Esta ley será aplicada en las provincias San Cristóbal y Santo Domingo.

Sobre la autopista Circunvalación Profesor Juan Bosch

Esta autopista fue construida por un monto superior a los US$130 millones y abarcó 16.5 kilómetros.

El segundo tramo de esta circunvalación fue inaugurado el 17 de junio de 2020, que actualmente conecta directamente las autopistas Duarte, Sánchez y Las Américas.

Con una longitud de 20.20 kilómetros, este segundo tramo posee dos carriles de 3.60 metros de ancho en ambas direcciones, 6 puentes, 6 distribuidores, 4 pasos vehiculares inferiores, 3 pasos peatonales/motores inferiores, y 1 estación de peaje.

Juan Emilio Bosch Gaviño nació en la provincia de La Vega el 30 de junio de 1909. Fue escritor, presidente de la República y fundador del Partido Revolucionario Dominicano (PRD). Murió el 1 de noviembre de 2001 en Santo Domingo.

Bosch llegó al poder luego de la dictadura de los 31 años de Rafael Leónidas Trujillo. Su gobierno fue el primer democrático, pero solo duró siete meses, hasta en septiembre de 1963, cuando fue derrocado por un golpe de estado.

Francisco Peña Gómez

José Francisco Antonio Peña Gómez nació el 6 de marzo de 1937 en la provincia Valverde.

Peña Gómez fue profesor, alcalde y político. Luego del golpe de estado que derrocó a Bosch, se convirtió en el líder principal del PRD en el país.

Intentó buscar varias veces la presidencia del país, pero nunca llegó al poder.

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Queman 930 kilos de drogas incautadas en operativos

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Santo Domingo, R.D.-Novecientos  treinta kilogramos de drogas fueron incinerados este jueves por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), las cuales fueron ocupadas en operativos realizados por las autoridades en diferentes zonas del pais.

La quema incluyó una variedad de sustancias controladas y no controladas.

De acuerdo con el informe oficial del Inacif, entre las sustancias destruidas se encuentran 821.825 kilogramos de cocaína clorhidratada, 106.865 kilogramos de marihuana, 603.598 gramos de crack, 27.750 gramos de éxtasis y 15.980 gramos de fentermina, además de 1.502 kilogramos de sustancias no controladas.

El informe especificó que el peso total de las drogas quemadas alcanzó 930.840 kilogramos, que corresponden a un total de 554 casos.

En cuanto a las incautaciones más recientes, las provincias con mayores cantidades de drogas ocupadas en 2025 han sido Pedernales con 793 kilos, Elías Piña con 93.35 kilos, Santo Domingo con 13.59 kilos y La Altagracia con 12.66 kilos.

Desde el inicio de la gestión, el Inacif ha destruido un total de 237,437.16 kilos de drogas, destacando que 175,327.720 kilos son de cocaína y 60,879.374 kilos de marihuana.

La quema de las sustancias se realiza semanalmente siguiendo lo estipulado en los artículos 33 y 92 de la Ley 50-88 sobre drogas y el artículo 26 de la Ley Orgánica del Ministerio Público.

El procedimiento se lleva a cabo en las instalaciones de la Primera Brigada de Infantería del Ejército de la República Dominicana, en el kilómetro 25 de la autopista Duarte, en el municipio Pedro Brand, provincia Santo Domingo.

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