Santo Domingo, RD.-El imputado en la Operación Medusa Jean Alan Rodríguez, ex procurador general de la República, habría adquirido equipos especiales de contraespionaje, de forma irregular y con el supuesto fin de ser utilizados en labores de investigación de las fiscalías, pero según investigaciones eran utilizados en una de sus residencias vacacionales.Más Noticias
Jean Alain convirtió la Procuraduría en un centro de espionaje.
Santo Domingo, RD.-El imputado en la Operación Medusa Jean Alan Rodríguez, ex procurador general de la República, habría adquirido equipos especiales de contraespionaje, de forma irregular y con el supuesto fin de ser utilizados en labores de investigación de las fiscalías, pero según investigaciones eran utilizados en una de sus residencias vacacionales.Se trata de un dispositivo bloqueador de señal tipo mochila y un equipo antidron, comprado por la suma de 3.9 millones a la compañía Aldelay Groupe.
La compra de los referidos equipos fue efectuada en fecha 27 de julio a instancias de Vilmi Durán, la asistente del exprocurador, supuestamente para ser utilizados en labores de investigación cuando así las fiscalías lo requirieran.
El entonces director de Tecnología de la Información y Comunicación (DTIC) de la Procuraduría General de la República (PGR), Javier Alejandro Forteza lbarra, fue quien, según la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público, recibió el citado equipo.
Posteriormente, Forteza Ibarra emitió una certificación en fecha de 14 de agosto de 2020, afirmando que este equipo se lo había entregado al despacho del procurador el 12 de agosto de 2020.
Los fiscales dicen que pudieron comprobar en una entrevista realizada al procurador fiscal de Independencia, Soni Adriano Rosario José, que Jean Alain Rodríguez, en un encuentro en su despacho, le pidió un favor: que firmara una comunicación donde indicaba que había recibido un antidron para su fiscalía, con la excusa de usarlo en la frontera.
Sin embargo, el supuesto verdadero fin del aparato era ser usado en una de sus casas para “contrarrestar espionaje ilegal”.
A finales de agosto de 2020, el procurador fiscal de Independencia recibió una llamada de la asistente del procurador, quien le pidió una comunicación devolviendo el dispositivo a la PGR.
Fue entonces que en fecha 2 de septiembre del 2020, Soni A. Rosario envía con la misiva solicitada a Emil Andrés Álvarez, quien aparece en la nómina de personal contratado por la PGR correspondiente a abril de 2020 como soporte técnico de la fiscalía de Independencia.
Según expone el documento depositado por el Ministerio Público la noche del pasado miércoles, Álvarez se reunió con un militar al que le entregó una caja en donde estaba el dispositivo, para que lo devolviera a la institución.
Cabe señalar que la solicitud de allanamiento presentada por los fiscales ante la jueza Kenya Romero, se expresa que no se ha encontrado ningún registro oficial de esta supuesta entrega y mucho menos los equipos de forma física en ninguna dependencia del Ministerio Público, tampoco en el Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación, quienes gestionaron la compra.
Estas informaciones fueron recabadas a raíz de un proceso de inventario llevado a cabo a partir del 16 de agosto del año 2020, por la gestión de la actual Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito.
Al profundizar en las investigaciones, las autoridades aseguran en la solicitud de medida de coerción haber comprobado que el dron fue adquirido de manera fraudulenta como activo fijo de la PGR para ser usado en una villa vacacional, propiedad del exprocurador Rodríguez, ubicada en Casa de Campo.
“Espiaron e interceptaron comunicaciones de empleados y cientos de ciudadanos en una maquinaria de espionaje con fines de intimidar, extorisionar y de tener informaciones privilegiadas”, indican los fiscales en su investigación.
Pero el pasado mes de julio no fue la primera y única vez en que se adquiriera uno de estos dispositivos. En 2018 también se compró un equipo similar para el bloqueo de señal en una de las cárceles del nuevo modelo, recibido también por el imputado Javier Alejandro Forteza Ibarra.
Sin embargo, y según consta en certificación de la Directora del Modelo de Gestión Penitenciaria, Hilda Patricia Lagombra, las penitenciarías y cárceles del país no cuentan con bloqueadores de señal.
Operación Medusa
La más reciente investigación sobre corrupción realizada por el Ministerio Público fue denominada “Operación Medusa”, en la que se nombran como involucrados al exprocurador Rodríguez; Rafael Antonio Mercede Marte; Alfredo Alexander Solano Augusto; Rafael Canó Sacco; Javier Alejandro Forteza Ibarra; Rodríguez Imbert; Jenny Marte Peña; Alejandro Martin Rosa Llanes; Braulio Michael Batista Reyes; María Josefina Azar Díaz y Johannathan Medina Reyes.
Además, Altagracia Guillén Calzado, Miguel José Moya, Amelia Isabel Escaño, Mercedes Camelia Salcedo Disla, Ronny Rafael Corporán, Francis Ramírez Moreno y Ney Ernaldo Caccavelli Guevara.
La noche del pasado miércoles, la fiscal Mirna Ortiz depositó la medida de coerción en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
Santo Domingo, R.D.-Una iniciativa introducida en la Cámara de Diputados estudia actualmente una iniciativa que permitiría por primera vez de forma expresa que los hombres puedan incorporar el apellido de sus esposas en su cédula y otros documentos, bajo las mismas condiciones que hoy lo hacen algunas mujeres de manera opcional.
El proyecto de ley es autoría de la diputada Gabriela Abreu Santos, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), y busca regular el apellido de los cónyuges en la cédula de identidad, una practica que, según la pieza legislativa, solo estaba organizada de forma administrativa, no legal.
En ese sentido, la propuesta busca que no solo las mujeres usen el apellido de los esposos, sino que los hombres también puedan agregar el apellido de sus esposas en sus documentos.
Además, la iniciativa establece que el uso del apellido del cónyuge no implicaría un cambio en el nombre legal de la persona ni modificaría los datos consignados en el acta de nacimiento, sino que tendría un carácter complementario en el documento de identidad.
El proyecto señala que la inclusión del apellido de la pareja podría realizarse mediante la expresión «de + apellido del cónyuge» o mediante cualquier otra modalidad que establezca la Junta Central Electoral en su reglamentación.
Para solicitar la incorporación del apellido del cónyuge, la propuesta exige la presentación del acta de matrimonio registrada conforme a la Ley 4-23, una solicitud expresa del interesado y un documento de identidad vigente.
La pieza legislativa también dispone que este derecho se reconozca sin distinción de género, por lo que podría ser ejercido por cualquiera de los cónyuges en igualdad de condiciones.
Posibilidad de eliminar el apellido
El proyecto contempla que la persona que haya decidido utilizar el apellido de su pareja podrá solicitar en cualquier momento su eliminación del documento de identidad.
Asimismo, en caso de divorcio, nulidad del matrimonio o fallecimiento del cónyuge, el titular del documento podrá optar por mantener el apellido como uso social o solicitar su retiro de la cédula.
La propuesta establece que correspondería a la Junta Central Electoral implementar, regular y ejecutar la ley, conforme a lo dispuesto en la Ley 4-23 Orgánica del Registro Civil.
En caso de ser aprobada totalmente en el Congreso, la JCE dispondría de un plazo de 90 días para dictar el reglamento que regule la aplicación de la norma.a
En la exposición de motivos, la diputada Abreu Santos sostiene que el objetivo del proyecto es garantizar la libertad de elección de los ciudadanos en el uso del apellido de su cónyuge, en condiciones de igualdad, y fortalecer la seguridad jurídica en materia de identidad.
La legisladora también señala que actualmente la inclusión del apellido del cónyuge en la cédula se realiza como una práctica administrativa, sin una regulación legal expresa, por lo que considera necesario establecer una norma clara que regule esta posibilidad.
Santo Domingo, R.D.- Charlizze Altagracia Hernández Monegro, joven golpeada por un coronel de la Policía Nacional, interpuso una querella con constitución en actor civil contra el coronel Fausto Madé Ramírez, por haberla agredido en plena vía pública en Los Mina, municipio Santo Domingo Este, hecho que que quedó captado en video y fue ampliamente difundido en las redes sociales.
La instancia fue presentada ante la Fiscalía de Santo Domingo e incluye como tercero civilmente responsable a la entidad policial por tratarse de un agente en funciones.
Los abogados de la querellante sustentan la acción en los artículos 186, 198, 265, 266, 309, 309-1 y 309-3, ordinales B, C y E, del Código Penal Dominicano, que tipifican delitos relacionados con agresión y violencia.
De acuerdo con la instancia depositada en el Departamento de Investigación de Violencia Física (Homicidios), los representantes legales sostienen que la actuación del oficial constituye un abuso de autoridad y un uso desproporcionado de la fuerza, en circunstancias que no representaban peligro.
Este hecho vuelve a colocar en el centro del debate público el uso de la fuerza por parte de agentes del orden y la efectividad de los mecanismos de supervisión, en momentos en que se impulsa una reforma policial orientada a fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas dentro de la institución.
- Sin embargo, su accionar no es un hecho aislado en su historial dentro de la institución.
El oficial ya había sido sancionado anteriormente en 2018, entonces con rango de teniente, y subcomandante del destacamento de Los Frailes por una conducta violenta hacia un ciudadano.
Según el informe del cuerpo del orden de ese momento, el agente incurrió en una actuación contraria a los principios de prudencia y tolerancia que deben regir el accionar policial, por lo que fue remitido a la Dirección de Asuntos Internos.
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Distribuyen agentes policiales para reforzar seguridad en operativo de Semana Santa 2026
Santo Domingo, R.D.-Agentes de la Policía Nacional fueron distribuidos este miércoles s nivel nacional para fortalecer las labores de prevención y garantizar la seguridad ciudadana durante el asueto de Semana Santa 2026.
La actividad tuvo lugar en el Coliseo de Boxeo Carlos Teo Cruz, donde jóvenes policías, tanto masculinos como femeninos, se concentraron desde tempranas horas, listos para ser enviados a distintos puntos estratégicos del país.
Los agentes, debidamente uniformados y con su equipaje en mano, forman parte del contingente que se integrará al Operativo Proteger y Servir Semana Santa 2026, una iniciativa del Gobierno dominicano que articula esfuerzos entre la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad del Estado.
Durante el acto se destacó el compromiso la disciplina y la vocación de servicio de estos jóvenes, quienes asumirán la responsabilidad de reforzar la presencia policial en carreteras, balnearios, centros turísticos y zonas urbanas de alta movilidad.
Las autoridades policiales señalaron que este despliegue forma parte de la estrategia preventiva diseñada para reducir la incidencia delictiva, evitar accidentes y ofrecer una respuesta oportuna ante cualquier eventualidad que pudiera surgir durante el desplazamiento masivo de ciudadanos en este período.
Asimismo, exhortaron a los agentes a desempeñar sus funciones con apego a los protocolos institucionales, respeto a los derechos fundamentales y un alto sentido de responsabilidad, recordando que representan el rostro cercano de la institución ante la ciudadanía.
Con esta distribución, la Policía Nacional continúa fortaleciendo su capacidad operativa y reafirma su compromiso de proteger vidas, preservar el orden público y contribuir a que la población disfrute de una Semana Santa segura y en paz.