Santo Domingo, RD.-El imputado en la Operación Medusa Jean Alan Rodríguez, ex procurador general de la República, habría adquirido equipos especiales de contraespionaje, de forma irregular y con el supuesto fin de ser utilizados en labores de investigación de las fiscalías, pero según investigaciones eran utilizados en una de sus residencias vacacionales.Más Noticias
Jean Alain convirtió la Procuraduría en un centro de espionaje.
Santo Domingo, RD.-El imputado en la Operación Medusa Jean Alan Rodríguez, ex procurador general de la República, habría adquirido equipos especiales de contraespionaje, de forma irregular y con el supuesto fin de ser utilizados en labores de investigación de las fiscalías, pero según investigaciones eran utilizados en una de sus residencias vacacionales.Se trata de un dispositivo bloqueador de señal tipo mochila y un equipo antidron, comprado por la suma de 3.9 millones a la compañía Aldelay Groupe.
La compra de los referidos equipos fue efectuada en fecha 27 de julio a instancias de Vilmi Durán, la asistente del exprocurador, supuestamente para ser utilizados en labores de investigación cuando así las fiscalías lo requirieran.
El entonces director de Tecnología de la Información y Comunicación (DTIC) de la Procuraduría General de la República (PGR), Javier Alejandro Forteza lbarra, fue quien, según la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público, recibió el citado equipo.
Posteriormente, Forteza Ibarra emitió una certificación en fecha de 14 de agosto de 2020, afirmando que este equipo se lo había entregado al despacho del procurador el 12 de agosto de 2020.
Los fiscales dicen que pudieron comprobar en una entrevista realizada al procurador fiscal de Independencia, Soni Adriano Rosario José, que Jean Alain Rodríguez, en un encuentro en su despacho, le pidió un favor: que firmara una comunicación donde indicaba que había recibido un antidron para su fiscalía, con la excusa de usarlo en la frontera.
Sin embargo, el supuesto verdadero fin del aparato era ser usado en una de sus casas para “contrarrestar espionaje ilegal”.
A finales de agosto de 2020, el procurador fiscal de Independencia recibió una llamada de la asistente del procurador, quien le pidió una comunicación devolviendo el dispositivo a la PGR.
Fue entonces que en fecha 2 de septiembre del 2020, Soni A. Rosario envía con la misiva solicitada a Emil Andrés Álvarez, quien aparece en la nómina de personal contratado por la PGR correspondiente a abril de 2020 como soporte técnico de la fiscalía de Independencia.
Según expone el documento depositado por el Ministerio Público la noche del pasado miércoles, Álvarez se reunió con un militar al que le entregó una caja en donde estaba el dispositivo, para que lo devolviera a la institución.
Cabe señalar que la solicitud de allanamiento presentada por los fiscales ante la jueza Kenya Romero, se expresa que no se ha encontrado ningún registro oficial de esta supuesta entrega y mucho menos los equipos de forma física en ninguna dependencia del Ministerio Público, tampoco en el Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación, quienes gestionaron la compra.
Estas informaciones fueron recabadas a raíz de un proceso de inventario llevado a cabo a partir del 16 de agosto del año 2020, por la gestión de la actual Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito.
Al profundizar en las investigaciones, las autoridades aseguran en la solicitud de medida de coerción haber comprobado que el dron fue adquirido de manera fraudulenta como activo fijo de la PGR para ser usado en una villa vacacional, propiedad del exprocurador Rodríguez, ubicada en Casa de Campo.
“Espiaron e interceptaron comunicaciones de empleados y cientos de ciudadanos en una maquinaria de espionaje con fines de intimidar, extorisionar y de tener informaciones privilegiadas”, indican los fiscales en su investigación.
Pero el pasado mes de julio no fue la primera y única vez en que se adquiriera uno de estos dispositivos. En 2018 también se compró un equipo similar para el bloqueo de señal en una de las cárceles del nuevo modelo, recibido también por el imputado Javier Alejandro Forteza Ibarra.
Sin embargo, y según consta en certificación de la Directora del Modelo de Gestión Penitenciaria, Hilda Patricia Lagombra, las penitenciarías y cárceles del país no cuentan con bloqueadores de señal.
Operación Medusa
La más reciente investigación sobre corrupción realizada por el Ministerio Público fue denominada “Operación Medusa”, en la que se nombran como involucrados al exprocurador Rodríguez; Rafael Antonio Mercede Marte; Alfredo Alexander Solano Augusto; Rafael Canó Sacco; Javier Alejandro Forteza Ibarra; Rodríguez Imbert; Jenny Marte Peña; Alejandro Martin Rosa Llanes; Braulio Michael Batista Reyes; María Josefina Azar Díaz y Johannathan Medina Reyes.
Además, Altagracia Guillén Calzado, Miguel José Moya, Amelia Isabel Escaño, Mercedes Camelia Salcedo Disla, Ronny Rafael Corporán, Francis Ramírez Moreno y Ney Ernaldo Caccavelli Guevara.
La noche del pasado miércoles, la fiscal Mirna Ortiz depositó la medida de coerción en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
Santo Domingo. – Este jueves la Policía Nacional informó que detuvo cuatro hombres involucrados en el robo de fundas con alimentos de primera necesidad, sustraídos de varios camiones que transitaban por la avenida del Puerto del Distrito Nacional.
El cuerpo del orden dijo que los detenidos son Aaron Ezequiel Cabrera, de 36 años; Breilin José Vizcaíno Capellán, de 18; Ángel Reguillo Emiliano, de 26, y Miyel Ambiórix Morillo, de 27, todos residentes en la citada demarcación.
Según la entidad, la detención fue realizada por agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), quienes actuaron de manera inmediata tras dar seguimiento a los responsables, identificados a través de un video que se hizo viral en redes sociales y medios de comunicación.
Los cuatro apresados serán puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.
La Policía Nacional reafirma su compromiso de actuar con prontitud frente a hechos delictivos y garantizar la seguridad ciudadana.
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Presidente de la República solicita al Congreso agilizar modificación de ley de Compras y Contrataciones.
Santo Domingo, R.D.- Luis Abinader solicitó este jueves al Congreso Nacional agilizar la aprobación del proyecto que modificaría la ley de Compras y Contrataciones, la cual tiene el objetivo de establecer sanciones más severas contra la corrupción y fortalecer el marco regulador de las contrataciones del Estado.
Esta normativa, que fue propuesta por la exsenadora y ministra de Interior y Policía, Faride Raful, derogará la Ley 340-60, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, que data del 2006.
El director de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, destacó que una de las tareas fundamentes de esta nueva ley es devolver el sistema de consecuencias, que fue eliminado en el mismo año que fue aprobada.
«Hay que decir que quienes aprobaron la ley de Contrataciones en el 2006, en el mismo año la modificaron y la extirparon, le eliminaron el régimen de consecuencias. En el 2006, con esa acción, se sembró el régimen de impunidad en la República Dominicana«, afirmó.
El mandatario y Pimentel hablaron del tema al encabezar el acto en el que se anunció que República Dominicana fue escogida por primera vez como sede de la Conferencia Internacional Anticorrupción (IACC), la cual se llevará a cabo en el 2026.
Prohibiciones que propone proyecto de ley
- El artículo 25 prohíbe a los exfuncionarios gestionar o representar intereses privados y particulares ante la institución a la que prestaron sus servicios, o ante las instituciones que les sean subordinadas, durante los 12 meses siguientes a la fecha de su salida del cargo.
- También castiga con uno a tres años de prisión a los que incurran en falsedad en las declaraciones juradas requeridas para registrarse como proveedor del Estado o para participar de un procedimiento de contratación.
- Además, sanciona con dos a cinco años de prisión y hasta multa de 50 salarios mínimos a los servidores del Estado que, en ejercicio de sus funciones intervengan en la tramitación, aprobación o celebración de un contrato, de manera dolosa, en violación al régimen de inhabilidades y prohibiciones previsto en la presente ley.
- El proyecto establece que, cada institución contratante deberá contar con un apartado integrado a su portal institucional en donde se agrupen las informaciones y documentaciones relativas a su actividad contractual, con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a estas.
- Establece que los proveedores podrán subcontratar la realización parcial de las prestaciones requeridas por hasta 30 % del monto del contrato, siempre que la persona propuesta cumpla con los requisitos de la ley.
Santo Domingo, R.D.-Las solicitudes de convocatoria de elecciones extraordinarias en La Vega fueron rechazadas este jueves por la Junta Central Electoral (JCE).
El órgano indicó que no tiene competencia legal para convocar a elecciones extraordinarias en el municipio, pese al vacío que se generó hace tres meses con la renuncia del alcalde Kelvin Cruz y la vicealcaldesa Amparo Custodio.
En sus motivaciones, la JCE acotó que la Ley 20-23, de Régimen Electoral, solo la faculta a convocar elecciones extraordinarias cuando se anulan las anteriores, aspecto que no ocurrió en este caso de La Vega.
«De la lectura del referido numeral 2 del artículo 95 se comprueba claramente que el legislador dominicano, al momento de definir los casos en los que procedería a convocar elecciones extraordinarias, no contempló el escenario que alegan los solicitantes, de lo cual se deduce que no existe competencia legal para que la Junta Central Electoral proceda a la convocatoria de elecciones extraordinarias en el municipio La Concepción de La Vega«, expresó el pleno del organismo electoral en uno de sus considerandos.
El exalcalde Kevin Cruz fue escogido con el 73 % de los votos de La Vega, fue juramentado en el cargo y lo asumió por casi cuatro meses, antes de que el presidente Luis Abinader lo designara ministro de Deportes. Su vicealcaldesa, Amparo Custodio, quien podía sucederlo en el puesto, renunció indicando que ese cargo debía ocuparlo un dirigente del Partido Revolucionario Moderno, que ganó la plaza.
Sin embargo, para resolver este impasse, la semana pasada el Concejo de Regidores de La Vega, revocó la renuncia de Custodio para que esta regresara a la alcaldía y el pasado 15 de noviembre fue juramentada como la nueva alcaldesa.
No obstante, los partidos de oposición Fuerza del Pueblo y de la Liberación Dominicana (PLD) insisten en que el Concejo de Regidores no tiene facultad para nombrar alcaldes. Los dos partidos han sometido recursos ante la justicia para tratar de revertir la decisión de los regidores.