Santo Domingo, RD.-El imputado en la Operación Medusa Jean Alan Rodríguez, ex procurador general de la República, habría adquirido equipos especiales de contraespionaje, de forma irregular y con el supuesto fin de ser utilizados en labores de investigación de las fiscalías, pero según investigaciones eran utilizados en una de sus residencias vacacionales.Más Noticias
Jean Alain convirtió la Procuraduría en un centro de espionaje.
Santo Domingo, RD.-El imputado en la Operación Medusa Jean Alan Rodríguez, ex procurador general de la República, habría adquirido equipos especiales de contraespionaje, de forma irregular y con el supuesto fin de ser utilizados en labores de investigación de las fiscalías, pero según investigaciones eran utilizados en una de sus residencias vacacionales.Se trata de un dispositivo bloqueador de señal tipo mochila y un equipo antidron, comprado por la suma de 3.9 millones a la compañía Aldelay Groupe.
La compra de los referidos equipos fue efectuada en fecha 27 de julio a instancias de Vilmi Durán, la asistente del exprocurador, supuestamente para ser utilizados en labores de investigación cuando así las fiscalías lo requirieran.
El entonces director de Tecnología de la Información y Comunicación (DTIC) de la Procuraduría General de la República (PGR), Javier Alejandro Forteza lbarra, fue quien, según la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público, recibió el citado equipo.
Posteriormente, Forteza Ibarra emitió una certificación en fecha de 14 de agosto de 2020, afirmando que este equipo se lo había entregado al despacho del procurador el 12 de agosto de 2020.
Los fiscales dicen que pudieron comprobar en una entrevista realizada al procurador fiscal de Independencia, Soni Adriano Rosario José, que Jean Alain Rodríguez, en un encuentro en su despacho, le pidió un favor: que firmara una comunicación donde indicaba que había recibido un antidron para su fiscalía, con la excusa de usarlo en la frontera.
Sin embargo, el supuesto verdadero fin del aparato era ser usado en una de sus casas para “contrarrestar espionaje ilegal”.
A finales de agosto de 2020, el procurador fiscal de Independencia recibió una llamada de la asistente del procurador, quien le pidió una comunicación devolviendo el dispositivo a la PGR.
Fue entonces que en fecha 2 de septiembre del 2020, Soni A. Rosario envía con la misiva solicitada a Emil Andrés Álvarez, quien aparece en la nómina de personal contratado por la PGR correspondiente a abril de 2020 como soporte técnico de la fiscalía de Independencia.
Según expone el documento depositado por el Ministerio Público la noche del pasado miércoles, Álvarez se reunió con un militar al que le entregó una caja en donde estaba el dispositivo, para que lo devolviera a la institución.
Cabe señalar que la solicitud de allanamiento presentada por los fiscales ante la jueza Kenya Romero, se expresa que no se ha encontrado ningún registro oficial de esta supuesta entrega y mucho menos los equipos de forma física en ninguna dependencia del Ministerio Público, tampoco en el Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación, quienes gestionaron la compra.
Estas informaciones fueron recabadas a raíz de un proceso de inventario llevado a cabo a partir del 16 de agosto del año 2020, por la gestión de la actual Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito.
Al profundizar en las investigaciones, las autoridades aseguran en la solicitud de medida de coerción haber comprobado que el dron fue adquirido de manera fraudulenta como activo fijo de la PGR para ser usado en una villa vacacional, propiedad del exprocurador Rodríguez, ubicada en Casa de Campo.
“Espiaron e interceptaron comunicaciones de empleados y cientos de ciudadanos en una maquinaria de espionaje con fines de intimidar, extorisionar y de tener informaciones privilegiadas”, indican los fiscales en su investigación.
Pero el pasado mes de julio no fue la primera y única vez en que se adquiriera uno de estos dispositivos. En 2018 también se compró un equipo similar para el bloqueo de señal en una de las cárceles del nuevo modelo, recibido también por el imputado Javier Alejandro Forteza Ibarra.
Sin embargo, y según consta en certificación de la Directora del Modelo de Gestión Penitenciaria, Hilda Patricia Lagombra, las penitenciarías y cárceles del país no cuentan con bloqueadores de señal.
Operación Medusa
La más reciente investigación sobre corrupción realizada por el Ministerio Público fue denominada “Operación Medusa”, en la que se nombran como involucrados al exprocurador Rodríguez; Rafael Antonio Mercede Marte; Alfredo Alexander Solano Augusto; Rafael Canó Sacco; Javier Alejandro Forteza Ibarra; Rodríguez Imbert; Jenny Marte Peña; Alejandro Martin Rosa Llanes; Braulio Michael Batista Reyes; María Josefina Azar Díaz y Johannathan Medina Reyes.
Además, Altagracia Guillén Calzado, Miguel José Moya, Amelia Isabel Escaño, Mercedes Camelia Salcedo Disla, Ronny Rafael Corporán, Francis Ramírez Moreno y Ney Ernaldo Caccavelli Guevara.
La noche del pasado miércoles, la fiscal Mirna Ortiz depositó la medida de coerción en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
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Contratistas del Estado favorecidos con proyecto de ley aprobado por el Senado de la República que autoriza pago.
Santo Domingo. – Fue aprobado este martes en primera lectura un proyecto de ley que autoriza el pago a contratistas del Estado y que crea una comision para la revision de reclamaciones derivadas de obras ejecutadas con o sin contrato formal.
Esta normativa fue remitida por la Cámara de Diputados e incluida en el orden del día a solicitud del senador por la provincia de La Vega, Ramón Rogelio Genao.
La propuesta de ley tiene por objeto autorizar, de manera excepcional y por única vez, el reconocimiento, validación y pago de las deudas derivadas de obras públicas ejecutadas sin contar con un contrato formal o sujeto a reformulación presupuestaria, a fin de regularizar las obligaciones pendientes y salvaguardar la transparencia, la legalidad y el uso adecuado de los recursos públicos.
Los legisladores aprobaron en segunda lectura el proyecto de ley que designa con el nombre de Vicente Sánchez Baret el Centro Cívico Provincial para oficinas gubernamentales de la provincia Sánchez Ramírez, con el propósito de honrar la memoria del servidor público, líder y político, fallecido recientemente.
La iniciativa presentada por el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, destaca la trayectoria política del exsenador por su provincia natal, Sánchez Ramírez; también el rol que desempeñó como presidente y secretario de organización del Partido Revolucionario Dominicano (PRD).
La pieza señala que Sánchez Baret, además, fue cofundador del Partido Revolucionario Moderno (PRM), consolidándose como una figura determinante y de referencia en la historia política contemporánea de la República Dominicana, cuyo liderazgo y visión contribuyeron al fortalecimiento de la democracia y de las instituciones del país.
Detalla también las funciones desempeñadas durante su carrera política, entre estas: alcalde de Cotuí (1961), senador por la provincia Sánchez Ramírez en el periodo legislativo 1982-1986, secretario de Interior y Policía (1978); secretario de Deportes (1982-1986); así como director general de Aduanas (2000-2004).
El Pleno del Senado aprobó en segunda lectura el proyecto de ley que modifica el artículo 13 de la Ley 118-21, sobre terminación de obras viales, escuelas, hospitales y presas que se encuentran suspendidas, modificada por la Ley 83-24; propuesta del senador de la provincia de La Vega, Ramón Rogelio Genao.
Además, el proyecto de ley orgánica que modifica el artículo 12 de la Ley 5-13, sobre Discapacidad en la República Dominicana, presentada por el senador de la provincia El Seibo, Santiago José Zorrilla.
En primera lectura
El Pleno sancionó en primera lectura el proyecto de ley que designa con el nombre de doctor Mario Mignolio Pujols Colón el Palacio de Justicia del distrito judicial de la provincia San José de Ocoa, propuesta del senador Milcíades Aneudy Ortiz Sajiun.
También fue sancionado el proyecto de ley que designa con el nombre de Milton Ray Guevara al edificio del Palacio de Justicia del distrito judicial de Samaná, presentada por el senador de esa demarcación, Pedro Catrain.
En única discusión, los senadores aprobaron el proyecto de resolución que solicita al presidente Luis Abinader que se realicen los estudios correspondientes para la instalación de un parque industrial de zonas francas en el municipio de Azua, provincia de Azua; propuesta de la senadora Lía Ynocencia Díaz Santana.
También sancionaron favorablemente el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y los miembros de la Organización de Estados de África, el Caribe y el Pacífico, por otra, suscrito en Samoa. Esta pieza fue presentada por el Poder Ejecutivo.
El Senado de la República guardó un minuto de silencio en memoria de las cinco víctimas de las recientes lluvias en San Cristóbal, a solicitud del senador Gustavo Lara, así como por el chofer Deivi Carlos Abreu Quezada, asesinado en circunstancias lamentables, según propuso el senador Pedro Catrain.
Asimismo, el Pleno honró la memoria de Domingo Batista, chofer de Fenatrado, y extendió sus condolencias por los fallecimientos de Ana Dolores Diplan, madre de Nelson Guzmán (encargado de Gabinete del Senado), y de Estela Josefina Echavarría Disla, madre del ministro de Energía y Minas, Joel Santos; estas últimas solicitudes fueron realizadas por el presidente de la Cámara Alta, Ricardo de los Santos.
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, convocó a sesión para el próximo jueves a las 2:00 de la tarde.
Santo Domingo, (EFE).- Un grupo de 72 dominicanos fue deportado este martes desde Estados Unidos tras cumplir en su mayoría condenas por diferentes delitos, elevando a más de 400 los repatriados este año a República Dominicana.Los dominicanos arribaron al Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), que sirve a Santo Domingo, a bordo de un avión fletado por el Gobierno estadounidense, según adelantó el periódico local Listín Diario y confirmó a EFE una fuente de la Dirección General de Migración (DGM).De acuerdo a la fuente, la mayoría de los repatriados cumplió condenas por narcotráfico, así como por robos, atracos y tráfico de armas.
Aunque cumplieron condenas en diferentes ciudades estadounidenses, los repatriados fueron concentrados en lugares de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), organismo que se encarga de su deportación.
También arribaron varios dominicanos que permanecían indocumentados en Estados Unidos, aunque estos eran minoría.
Las autoridades de la Dirección de Migración y otras agencias investigan a los deportados, por si tienen asuntos pendientes con la Justicia dominicana. De no ser así, son liberados.
Este tipo de vuelos desde Estados Unidos se repite todos los martes.
En los primeros tres meses del año han sido repatriados más de 400 dominicanos, según cifras de Migración, frente a 3,986 de todo 2025 y 3,880 de 2024.
an/am
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Interior y Policia destruyó este martes un total de 2,268 armas de fuego incautadas por el Estado, entre las que había revólveres, pistolas, escopetas, rifles y artefactos de fabricación casera.
La institución informó que también fueron desintegradas 12,431 armas blancas, incluyendo cuchillos, machetes y puñales.
«La destrucción de estas armas no solo reduce riesgos inmediatos, sino que también envía un mensaje firme de que en República Dominicana no hay espacio para la ilegalidad ni la violencia», afirmó la ministra de Interior, Faride Raful, al encabezar el acto.
Interior y Policía indicó que esta es la segunda jornada realizada en los últimos cuatro meses, en el marco de la estrategia para retirar de circulación armamento ilegal y evitar que vuelva a las calles.
El Ministerio de Interior y Policía dijo que esta fue la segunda jornada de destrucción de armas realizada en los últimos cuatro meses, lo que representa el cumplimiento de una estrategia sostenida para retirar de circulación armamento ilegal y evitar que vuelva a las calles.
La intervención se llevó a cabo en las instalaciones de Metaldom, ubicadas en el Parque Industrial Duarte, donde el armamento fue previamente verificado por técnicos especializados para garantizar el cumplimiento de los protocolos de seguridad antes de su destrucción.
«Esta es la segunda jornada realizada en los últimos cuatro meses, en el marco de una estrategia sostenida para retirar de circulación armamento ilegal y evitar que vuelva a las calles», dijo el ministerio. 
Para Fernando de La Vega, representante en el país de la empresa multinacional, la jornada refleja su compromiso con iniciativas que generan impacto social y ambiental.
«Tenemos un firme propósito de construir soluciones que transforman, y es lo que hacemos hoy en este gran patio de chatarra«, expresó.
En el acto también estuvieron presentes el ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre; el director de la Policía Nacional, Andrés Modesto Cruz; y la vicepresidenta de Relaciones Institucionales y Comunicación de Inicia, Anyarlene Bergés.
También representantes de la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, bajo la supervisión de la Comisión Interinstitucional para la Destrucción de Armas.