Nacionales
Piden despenalizar el delito de prensa
Plantean que la modificación de la Ley 6132 debe incluir la eliminación de la llamada responsabilidad en cascada. –
Los directores presentaron sus argumentos a los comisionados. (Fuente Externa) –
Directores de periódicos coincidieron ayer en la necesidad de despenalizar el delito de prensa, al participar en la primera vista pública sobre la modificación de la Ley 6132.Osvaldo Santana, de elCaribe; Adriano Miguel Tejada, de Diario Libre, y Rafael Molina Morillo, en representación de El Día, Hoy y El Nacional, plantearon que parte de las modificaciones a la ley de prensa debe incluir la eliminación de la llamada responsabilidad en cascada.
Santana criticó los proyectos y dijo que las responsabilidades que plantean están pensadas solo hacia los administradores de los medios y no en los actores: los ciudadanos.
Consideró que a los proyectos hay que hacerles muchas correcciones por lo que sugirió la formación de una comisión que trabaje en mejorar todos los aspectos y planteó la eliminación del segundo párrafo del artículo 9 del proyecto del diputado Elpidio Báez, el 16, 22, el 27, el 36 y corregir el 4, el 20, 23 y el 33.
Poco valorados
Los ejecutivos, al participar en el primer conversatorio que organizó la Comisión de Medio de Comunicación de la Cámara de Diputados, prácticamente descartaron los proyectos de los legisladores Esther Minyeti y Eugenio Cedeño.
Molina Morillo dijo de entrada que el “Proyecto de Ley sobre Medios de Comunicación Social en la República Dominicana”, de la diputada Esther Minyeti , no satisface el objetivo de mejorar la actual legislación.
Indicó que establece prohibiciones, controles y limitaciones incompatibles con los más elementales principios en los que se sustenta la libertad de expresión. Sobre el “Proyecto de Ley de Expresión y Medios de Comunicación”, del diputado y periodista Elpidio Báez, dijo que en términos generales acoge el sentido de la Ley sobre Libre Expresión del Pensamiento.
El director de Diario Libre, Adriano Miguel Tejada, observó al menos 11 artículos del proyecto de ley del diputado Báez y tres del propuesto por el legislador Eugenio Cedeño. Indicó que el primer considerando del proyecto de Báez está mal ubicado y propuso que fuera colocado en cuarto lugar porque se refiere al derecho de la libertad de expresión como una prerrogativa constitucional y no de tratados internacionales.
En tanto que Alex Jiménez, de Primicias, dijo que los proyectos de ley constituyen un retroceso y consideró que los diputados periodistas no deben aprobarlo porque crean problemas a los medios.
Presidente de comisión hace llamado a reflexión
El presidente de la Comisión de Medios de Comunicación llamó la atención de los directores sobre quién pagaría las multas cuando un periodista sea demandado.
Los directores coincidieron en que la Ley debe consignar la responsabilidad de terceros porque es una legislación para la sociedad y los periodistas lo que son es intermediarios entre los ciudadanos y los que generan las noticias en los medios de comunicación.
El Caribe
Santo Domingo, R.D.-El Poder Judicial lanzó una nueva Política de Protección de Datos, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Enmienda a contrato
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Modificación de crédito
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Educación (Minerd) informó que más de 600 docentes del sistema educativo dominicano fueron desvinculados por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.