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Piden PN detenga redadas y allanamientos ilegales

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Policías dominicanos golpean a un detenido. Foto: Archivo/PD.

SANTO DOMINGO, Rep. Dominicana.- El abogado Nassef Perdomo Cordero exigió este viernes al Estado dominicano detener las agresiones que comete la Policía Nacional contra la población civil, y criticó que esa institución siga realizando redadas y allanamientos en los barrios sin orden judicial.

Consideró que desde el Gobierno se debe cambiar la idea militarista que tiene la Policía contra la población, y descartó que esa institución pueda cambiar su “mentalidad agresiva”.

 “hay que cambiar la mentalidad militarista que tiene la Policía contra la población, se necesita una reforma porque no es verdad que una institución que tiene 30 y 40 años fracasando, de repente cambie y haga las cosas bien”, dijo.

Asimismo, lamentó que el Ministerio Público no investigue la muerte de ciudadanos en supuestos intercambios de disparos con  agentes de la uniformada.

“El problema es que aquí no se investiga, la Policía está bajo las órdenes del Ministerio Público, que es la institución facultada para dirigir una determinada investigación sobre cualquier hecho delictivo”, recordó el jurista en el programa “El Despertador”, que se transmite por el canal 7 de Antena Latina.

Perdomo Cordero favoreció que se mejoren los salarios a los miembros de ese cuerpo civil, ya que, según afirma, “no puede haber buenos policías si éstos viven en condiciones lamentables”.

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Cien mil pesos por cada balazo habrían recibido los sicarios que asesinaron a abogado de Santiago.

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Alrededor de setecientos mil pesos habrían recibido los sicarios que acribillaron en Santiago al abogado Basilio Guzmán, según trascendió de una fuente vinculada a la investigación del caso.

Esos datos filtrados de la investigación que se realiza en torno al caso, revelan que quienes ejecutaron el crimen tendrían una recompensa por encima de los 700 mil pesos. Por cada balazo que penetrara el cuerpo del asesinado abogado Basilio Guzmán, sus verdugos recibirían cien mil pesos.

Esos datos, filtrados de la investigación que se realiza en torno al caso, revelan que quienes ejecutaron el crimen tendrían una recompensa por encima de los 700 mil pesos.

Aunque horas después del asesinato de Guzmán, salió a relucir un video donde se visualizan a dos hombres en un motocicleta cuando ejecutan a su víctima, hasta el momento las autoridades no han compartido datos de las identidades de los responsables. Pese a que ha trascendido que los responsables están identificados.

Exigen terminación de puente en SFM que comunica varios sectores
Exigen terminación de puente en SFM que comunica varios sectores
También se ha ventilado es que los hombres son oriundos del municipio de Tamboril, en cuyo lugar el jurista afectó intereses.

El hecho

El hecho ocurrió alrededor de las 7:00 de la mañana del día 21 de junio en el residencial El Mirador próximo a Los Cerros de Gurabo III y se desconoce si los homicidas robaron algo a Guzmán Rodríguez

Bombero resulta herido tras intentar sofocar incendio en Higüey
Bombero resulta herido tras intentar sofocar incendio en Higüey
La víctima estaba recogiendo el periódico de hoy, según las informaciones.

Alrededor de las 8:00 de la mañana se encontraban en la escena del crimen los agentes adscritos al Departamento de Homicidios de la Policía Nacional a la espera de un médico legista para trasladar el cadáver del abogado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

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RD$600 millones de pesos exige el Estado dominicano en caso Operación 13

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SANTO DOMINGO . – Una indenmnización de 600 millones de pesos exige el Estado dominicano, representado por los abogados del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público, quienes  solicitaron  este jueves al juez que sea ordenada la apertura a juicio y admita su querella con constitución en actor civil.

“En la etapa que nos encontramos, luego de que el Ministerio Público leyera su acusación, en nuestra calidad de representantes del Estado dominicano, cumplimos con nuestro rol de explicar los motivos que sustentan la querella y la constitución en actor civil interpuesta contra los imputados en este proceso», expresan los abogados Manuel Conde Cabrera, Edison Joel Peña y Carlos Moisés Almonte, quienes forman parte del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP) que representa al Estado dominicano en este proceso.

Agregaron que » lo que concierne a la acción penal, nos adherimos a la acusación presentada por el Ministerio Público, solicitando sea ordenada la apertura a juicio, y en lo civil, explicamos las razones de hecho y de derecho que justifican que el Estado dominicano sea compensado con una indemnización de 600 millones de pesos”.

Acusaciones

Los referidos abogados señalaron que por la contundencia de la acusación presentada por el Ministerio Público y los motivos en los que se sustenta la querella con constitución en actor civil presentada por el Estado, una vez superada la audiencia preliminar y el caso sea conocido en el juicio de fondo, los imputados resultarán condenados y se les ordenará pagar a favor del Estado la indemnización solicitada por los cuantiosos daños causados.

Recordamos que el hecho que dio origen a la investigación y posterior acusación fue el fraude orquestado desde la Lotería Nacional consistente en la manipulación del sorteo de fecha 1 de mayo del año 2021, para que resultara seleccionado el número 13, tal y como ocurrió.

Este hecho lesionó la imagen y credibilidad del Estado dominicano y la Lotería Nacional.

Las personas que están siendo señaladas como responsables de planificar y ejecutar este fraude son los señores Luis Maisichell Dicent (ex – administrador de la Loteria Nacional), William Lizandro Rosario Ortiz, Felipe Santiago Toribio (Chago), Eladio Batista Valerio (El Gago), Carlos Manuel Beriguete Pérez, Jonathan Augusto Brea Ovalles, Valentina Rosario Cruz (presentadora de televisión), Miguel Arsenio Mejía Rodríguez, Edison Manuel Perdomo Peralta y Rafael Mesa Nova.

Por su alegada participación en este fraude, guardan prisión preventiva el ex – administrador de la Lotería Nacional, Luis Maisichell Dicent, así como los señores William Lizandro Rosario Ortiz y Eladio Batista Valerio.

Los coimputados Valentina Rosario Cruz, Jonathan Brea, Carlos Berigüete y Felipe Santiago Toribio, solo les fue dictada la prisión domiciliaria, mientras que Edison Manuel Perdomo Peralta, Miguel Mejía y Rafael Mesa cuentan con presentación periódica e impedimento de salida del país como medida de coerción.

Actualmente se encuentra prófugo Leónidas Medina Arvelo (Nazaret), quien fue declarado en rebeldía.

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Confeso asesino de Jorge Mera realiza más peticiones para “esclarecer hechos”

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Miguel Cruz, asesino del ministro Orlando Jorge Mera ha realizado más peticiones al Ministerio Público y esta vez quiere que se realice una serie de diligencias con las que, argumentó, se podrán establecer con certeza lo sucedido.

A través de sus abogados, Fausto Miguel Cruz, quien cumple prisión preventiva en la cárcel Najayo, solicitó a la fiscal titular del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, que se interroguen nueve personas, que están relacionadas con el Ministerio de Medio Ambiente, luego le disparó a Jorge Mera por supuestamente negarse a otorgarles unos permisos.

Entre estas personas se encuentran el consultor jurídico de Medio Ambiente, Edilio Segundo Florián Santana; el encargado de la Oficina provincial de Medio Ambiente en Samaná, Alfonso Mendoza; el director del Servicio Nacional de Protección Ambiental (Senpa), coronel Cepeda; como también Milvio Linares Villegas, quien dice es sobrino del malogrado ministro y el “autorizado a dar los permisos”.

Pide grabaciones y conversaciones

Además, pidió copias de las grabaciones de las cámaras de video vigilancia, tanto en imágenes como sonido captados el día del hecho en el despacho y antedespacho de Jorge Mera, como en otras áreas del Ministerio de Medio Ambiente.

Por igual, le solicitó a la fiscal Ramos que se le entregue copias de las conversaciones del ministro Jorge Mera y del suyo el día del hecho, como también un listado de las llamadas entrantes y salientes de los dispositivos móviles.

También, solicitó copias de los reportes médicos que se le realizaron desde el día de su arresto, incluyendo el informe de evaluación psicológica y el reporte de los medicamentos suministrados, hechos en la cárcel preventiva de Ciudad Nueva, como las realizadas en la cárcel Najayo.

Pidió, también por vía de sus abogados, la copia del interrogatorio que se le realizó, “sobre todo, donde se hace constar la supuesta confesión.

Los abogados de Cruz, Manuel Sierra e Ybo René Sánchez, basaron esta solicitud de proposición de diligencias en varios artículos del Código Procesal Penal, la Ley Orgánica del Ministerio Público, y la Constitución de la República.

Indicaron que el artículo 260 del Código Procesal Penal establece que es obligación del Ministerio Público extender la investigación a las circunstancias de cargo y también a las que sirvan para descargo del imputado, procurando recoger con urgencia los elementos probatorios y actuando en todo momento conforme a un criterio objetivo.

Aún sin respuesta pedido de entrevista en prisión

Previo a estas peticiones, el 15 de junio pasado, Cruz pidió que se le permita ser entrevistado por periodistas en su celda en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo- Hombres. El imputado dijo, mediante instancia, que desea “explicarle al país… cómo fue que desembocó el lamentable suceso”. Esta solicitud será decidida la procuradora, Miriam German, ya que la fiscal Ramos se la remitió. Aún se está a la espera de que se responda a la petición.

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