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Jueza fue sometida a juicio disciplinario tras detectarse que era contratista del Estado
Santo Domingo, R.D.-El Poder Judicial investigó y sometió a juicio disciplinario a una jueza vinculada con un contrato de suministro de raciones alimenticias del almuerzo escolar a raíz de una denuncia de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).
el Poder Judicial investigó y sometió a juicio disciplinario a una jueza vinculada con un contrato de suministro de raciones alimenticias del almuerzo escolar.
La revelación la hizo Carlos Pimentel, director de la institución, tras proceder ante el órgano judicial contra la magistrada Sonia Milagros Perdomo Rodríguez.
Pimentel explicó que la jueza no participó directamente en la negociación, sino a través de una empresa relacionada con una de sus hermanas. Con otro de los accionistas mencionados, Perdomo Rodríguez tendría una relación de tipo laboral y de jerarquía, de acuerdo a las investigaciones realizadas por la DGCP.
Detalló que todo inició porque la jueza iba mucho a la DGCP y en una ocasión solicitó verlo para solicitarle ayuda con el caso.
«Ella me prendió una alerta, entonces comenzamos a darle seguimiento y la identificamos, ella está vinculada a una cocina», precisó.
El funcionario señaló que durante el seguimiento se evidenció que la magistrada de manera exhaustiva hizo diligencias y acercamientos para favorecer a la empresa del familiar, «esto denotando intereses particulares y de control de decisiones dentro dicha empresa, más allá de los lazos familiares y laborales con los accionistas de esta».
Destacó que la jueza no puede ser proveedora del Estado por su condición de servidora pública y que corresponderá a la Justicia determinar el tipo de sanción a imponer.
«Ellos designaron a un inspector, el que hizo su investigación, recientemente le pregunté, y nos respondieron que estaban esperando que se conozca», manifestó Pimentel en el Diálogo Libre del periódico Diario Libre.
El caso fue notificado a la Inspectoría del Poder Judicial el pasado 13 de febrero, y en una comunicación del 24 de noviembre, el organismo informó a Contrataciones Públicas los pasos dados.
«Le informamos que en la actualidad la investigación concluyó, se presentó acusación disciplinaria y la consejera de la instrucción preparatoria emitió auto de apertura a juicio. En estos momentos estamos a la espera de que se inicie el juicio disciplinario«, comunicó el inspector general del Consejo del Poder Judicial, Jacinto Castillo Moronta.
De la jueza
La magistrada Sonia Milagros Perdomo Rodríguez, tiene 31 años en la judicatura, con un amplio currículo. Ha sido jueza de Paz, del Tribunal de Jurisdicción Original de Tierra, del Tribunal de ejecución de la sanción de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Nacional y de la Corte Civil, entre otros.
En el 2017 y 2021 se postuló ante el Consejo Nacional de la Magistratura para jueza del Tribunal Constitucional.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.