Más Noticias
Pimentel rechaza críticas a licitación del Inabie y asegura que DGCP decidirá 80 recursos
El director de Contrataciones Públicas defendió la actuación del órgano rector frente a los cuestionamientos del PLD y afirmó que las observaciones hechas a los procesos forman parte de sus facultades legales
Santo Domingo.- El director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, defendió este miércoles la participación de esa institución en los procesos de contratación del servicio de alimentación escolar del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) y rechazó los cuestionamientos formulados desde sectores de oposición sobre las modificaciones realizadas a los pliegos.
Pimentel sostuvo que las críticas dirigidas contra la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) parten, a su juicio, de una interpretación incorrecta del funcionamiento del sistema.
“Eso es opinar desde la ignorancia, desde la industria de la manipulación y la mentira”, declaró al ser abordado por periodistas en el Palacio Nacional.
Sus declaraciones se producen luego de que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) solicitara investigar las condiciones en que se desarrolló la licitación para el servicio de almuerzo escolar correspondiente a los períodos lectivos 2026-2027 y 2027-2028.
La organización opositora ha cuestionado modificaciones introducidas al pliego y pidió revisar los expedientes, las evaluaciones realizadas por los peritos y la capacidad de algunos de los proveedores seleccionados.
DGCP defiende facultad de realizar observaciones
Pimentel explicó que el órgano rector de las contrataciones públicas tiene atribuciones para realizar observaciones preventivas a los procedimientos y que aquellas que tengan carácter obligatorio deben ser acogidas por las instituciones contratantes.
Afirmó que cualquier análisis sobre las compras públicas debe sustentarse en criterios técnicos y en los hechos concretos de cada procedimiento.
El funcionario rechazó que la DGCP haya actuado fuera de sus competencias al intervenir mediante recomendaciones u observaciones en los procesos vinculados al Inabie.
La propia institución informó recientemente que mantiene bajo revisión las contrataciones de cocinas del programa de alimentación escolar, incluyendo recursos y solicitudes de participantes, así como investigaciones relacionadas con determinadas adjudicaciones y contratos suspendidos por el Inabie.
Más de 2,600 ofertas en procesos de alimentación escolar
De acuerdo con información oficial de la DGCP, en 34 licitaciones públicas nacionales correspondientes al servicio de alimentación escolar fueron recibidas 2,656 ofertas y resultaron adjudicados 1,656 proveedores.
Pimentel explicó que el modelo procura ampliar las oportunidades de participación para las micro, pequeñas y medianas empresas vinculadas al suministro de alimentos y a la operación de cocinas escolares.
El funcionario también informó que la DGCP tiene bajo conocimiento 80 recursos administrativos interpuestos por proveedores que alegan posibles violaciones al marco regulatorio.
Aseguró que cada una de esas impugnaciones será examinada y que la institución emitirá las decisiones correspondientes.
“Como siempre habrá decisiones y nunca va a haber silencio administrativo”, manifestó Pimentel. La existencia de esos 80 recursos también fue reportada este miércoles por otros medios que cubrieron sus declaraciones.
PLD pide revisar cambios y adjudicaciones
Los cuestionamientos del PLD se concentran, entre otros aspectos, en el proceso identificado como INABIE-CCC-LPN-2025-0045, cuyo proyecto de pliego fue presentado en noviembre de 2025 para contratar el servicio de almuerzo de la Jornada Escolar Extendida durante los períodos 2026-2027 y 2027-2028.
La organización política cuestionó la eliminación de determinados documentos originalmente requeridos a los participantes y solicitó establecer las razones técnicas que sustentaron esos cambios, además de revisar varias adjudicaciones.
Entre sus señalamientos, el PLD mencionó contratos otorgados en San Pedro de Macorís y pidió determinar si todos los proveedores reunían las condiciones establecidas para participar en el programa.
Estas acusaciones corresponden a planteamientos del partido opositor y permanecen sujetas a los procesos de revisión y decisión de las autoridades competentes.
Pimentel vincula compras públicas con desarrollo de las Mipymes
Durante sus declaraciones, Pimentel también se refirió al Decreto 672-26, mediante el cual el Poder Ejecutivo instruyó a las instituciones públicas a dirigir exclusivamente hacia las mipymes industriales determinados procedimientos relacionados con programas sociales, alimentación, vestimenta, insumos escolares y salubridad social.
El director de Contrataciones Públicas sostuvo que el nuevo enfoque pretende utilizar las compras estatales como instrumento para estimular la producción nacional, ampliar la participación empresarial y generar empleos.
Pimentel indicó además que una proporción significativa del presupuesto público se destina a la adquisición de bienes, servicios y obras, por lo que entiende que las contrataciones estatales pueden utilizarse como una herramienta de política económica.
Mientras continúa el debate político sobre las adjudicaciones del Inabie, la DGCP mantiene abiertos los procedimientos administrativos y las verificaciones relacionadas con el programa de alimentación escolar, cuyos resultados deberán quedar establecidos mediante las resoluciones correspondientes.
Más Noticias
Faride Raful descarta que muertes en enfrentamientos policiales respondan a una política oficial
La ministra de Interior y Policía sostuvo que la reforma policial establece como prioridades el respeto a los derechos humanos y el uso proporcional de la fuerza
Santo Domingo.- La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, rechazó este miércoles que los denominados “intercambios de disparos” registrados durante operativos policiales formen parte de una política oficial del Estado dominicano.
La funcionaria hizo la afirmación durante una entrevista en el programa El Despertador, del Grupo SIN, en momentos en que han surgido cuestionamientos públicos por la cantidad de personas señaladas como presuntos delincuentes que han muerto durante intervenciones de la Policía Nacional en septiembre.
Raful sostuvo que el proceso de reforma policial impulsado por el Gobierno tiene como ejes la preservación de los derechos fundamentales y la aplicación proporcional de la fuerza por parte de los agentes.
“Los intercambios de disparos […] no son una política de Estado”, expresó la ministra al referirse al tema.
Según explicó, las directrices que orientan la reforma de la Policía Nacional establecen que las actuaciones de sus miembros deben desarrollarse dentro del marco de los derechos humanos y conforme a criterios de proporcionalidad.
Evita interpretar advertencia de Abinader
Durante la entrevista, Raful también fue cuestionada sobre recientes declaraciones del presidente Luis Abinader dirigidas a personas perseguidas por las autoridades, a quienes exhortó a entregarse.
La ministra señaló que no le correspondía realizar una interpretación adicional de las palabras del mandatario.
“El presidente lo dijo claramente, no me toca a mí interpretar sus palabras”, manifestó.
Raful indicó, sin embargo, que desde el Ministerio de Interior y Policía corresponde observar el comportamiento operativo de los agentes durante las intervenciones en las calles.
Según su explicación, en determinados operativos los policías se encuentran con personas que responden armadamente a las acciones de captura, escenario que puede derivar en enfrentamientos.
La afirmación constituye la versión ofrecida por la funcionaria sobre las circunstancias en que se producen esos hechos y no sustituye las investigaciones que correspondan sobre cada caso.
Actuaciones policiales deben ser supervisadas
Raful señaló que la Policía Nacional tiene principalmente una función preventiva, orientada a preservar el orden público, disuadir la criminalidad y mantener una mayor presencia en los territorios.
Agregó que el combate contra el delito debe desarrollarse conjuntamente con otras acciones relacionadas con prevención, convivencia ciudadana y fortalecimiento de la relación entre la institución policial y las comunidades.
La ministra explicó además que las actuaciones de los agentes son revisadas por organismos de control interno, entre ellos la Inspectoría General y la Dirección Central de Asuntos Internos de la Policía Nacional.
También señaló que, dentro del proceso de reforma, se contempla fortalecer los mecanismos de fiscalización de las actuaciones policiales.
Más de 40 muertes reportadas durante septiembre
Las declaraciones de Raful se producen luego de reportes periodísticos que sitúan en más de 40 la cantidad de personas identificadas por las autoridades como presuntos delincuentes que murieron durante alegados enfrentamientos con agentes policiales en septiembre.
Solo durante un período de siete días, distintos reportes contabilizaron aproximadamente 17 fallecidos bajo circunstancias descritas oficialmente como intercambios de disparos.
El aumento de estos casos ha colocado nuevamente en el debate público los protocolos aplicados por la Policía Nacional durante operativos de persecución y captura, así como los mecanismos destinados a investigar cada actuación en la que se produzcan muertes.
Raful insistió en que la posición institucional del Gobierno continúa siendo la protección de los derechos humanos y el empleo proporcional de la fuerza, independientemente de las circunstancias particulares que deberán establecerse en cada intervención policial.
Más Noticias
Abinader crea nuevo organismo para administrar hogares de paso y ampliar atención a menores
El Servicio Nacional de Atención Residencial comenzará a operar en enero de 2027 y tendrá como meta elevar en al menos un 30 % la capacidad de acogida del sistema
Santo Domingo.- El Gobierno dominicano dispuso una reorganización del modelo de atención a niños, niñas y adolescentes que se encuentran bajo medidas de protección, mediante la creación del Servicio Nacional de Atención Residencial (SEÑAR), organismo que asumirá la gestión de hogares de paso y centros residenciales públicos.
La medida está contenida en el Decreto 676-26, emitido este miércoles 30 de septiembre por el presidente Luis Abinader, y establece que la nueva entidad funcionará como un órgano desconcentrado adscrito al Ministerio de la Presidencia.
El SEÑAR tendrá la responsabilidad de gestionar y operar los programas de atención residencial destinados a menores de edad que, por distintas circunstancias, se encuentren bajo protección del Estado.
La nueva estructura deberá ofrecer servicios especializados tomando como referencia el interés superior de niños, niñas y adolescentes y procurando que su permanencia en estos centros responda a criterios de excepcionalidad y temporalidad.
CONANI mantendrá la rectoría y supervisión
La creación del nuevo organismo no elimina las atribuciones del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI).
Esa institución conservará su función como ente rector del Sistema Nacional de Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y tendrá a su cargo la regulación y supervisión técnica del modelo de atención desarrollado por el SEÑAR.
La reorganización busca separar las funciones de regulación y supervisión de aquellas vinculadas directamente con la administración cotidiana de los hogares y centros de protección.
El decreto dispone además que la atención residencial deberá organizarse tomando en consideración factores como edad, sexo, etapa de desarrollo, nivel de riesgo y necesidades particulares de salud física o mental de los menores acogidos.
La intención es que los centros puedan ofrecer respuestas diferenciadas de acuerdo con las condiciones de cada niño, niña o adolescente.
Salud Pública y SNS participarán en atención especializada
El nuevo modelo también contempla mecanismos de coordinación con el Ministerio de Salud Pública y el Servicio Nacional de Salud para garantizar atención médica, tratamientos clínicos y servicios de apoyo psicosocial cuando sean requeridos.
Esta articulación interinstitucional procura responder a situaciones que requieren una atención que va más allá del alojamiento temporal y que pueden involucrar condiciones de salud, vulnerabilidad emocional o necesidades especiales.
Meta de aumentar un 30 % la capacidad
Uno de los principales objetivos establecidos para la nueva institución será ampliar la capacidad de respuesta del sistema.
El Gobierno proyecta incrementar en al menos un 30 % la capacidad instalada de los hogares de paso y centros residenciales durante 2027, como parte del plan de reorganización.
Para ejecutar el proceso será constituida una Comisión de Transición e Implementación, encargada de coordinar el traspaso de funciones y diseñar la nueva red nacional de servicios residenciales.
En esa comisión participarán representantes de distintas dependencias públicas, entre ellas los ministerios de la Presidencia, Administración Pública, Hacienda, Vivienda y Edificaciones, Justicia y Salud Pública, junto al Servicio Nacional de Salud, CONANI y la dirección ejecutiva del SEÑAR.
Operaciones comenzarán en enero
El decreto establece que el Servicio Nacional de Atención Residencial iniciará formalmente sus operaciones el 1 de enero de 2027.
Durante el proceso de transición deberán mantenerse en funcionamiento los servicios actualmente existentes para evitar interrupciones en la protección de los menores acogidos.
La creación del SEÑAR representa una modificación de la estructura mediante la cual el Estado administra la atención residencial infantil: CONANI conservará las funciones de rectoría y supervisión, mientras el nuevo organismo concentrará la gestión operativa de hogares de paso y centros de protección.
La decisión se inscribe además dentro de un proceso de revisión del modelo de atención iniciado por el Poder Ejecutivo. En marzo de 2024 se había creado una comisión para evaluar el funcionamiento del sistema de protección especial y diagnosticar específicamente el modelo de hogares de paso gestionado por CONANI.
Por Carlos Baret
Santo Domingo. — El Poder Ejecutivo dispuso que la edad, por sí sola, no podrá utilizarse como criterio para reducir, limitar o negar la vigencia de una licencia de conducir, al modificar el reglamento correspondiente para adecuarlo a una reciente decisión del Tribunal Constitucional.
La medida fue adoptada mediante el Decreto 675, emitido este martes por el presidente Luis Abinader, y establece que las licencias y autorizaciones para conducir tendrán una vigencia uniforme de cuatro años, con vencimiento el día del cumpleaños de su titular.
La disposición deja sin efecto el tratamiento especial que reducía la vigencia de las licencias para personas mayores de 75 años.
Decreto anterior queda derogado
La nueva normativa deroga el Decreto 330-26, que había establecido períodos de vigencia diferenciados para conductores a partir de los 75 años.
Ese decreto disponía que determinadas categorías de licencias pasarían de cuatro años de vigencia a dos años una vez alcanzada esa edad, mientras otras categorías reducían su período de validez de tres años a uno.
Con la nueva disposición, el Ejecutivo busca adecuar el régimen de licencias a lo decidido mediante la sentencia TC/0904/26 del Tribunal Constitucional.
Aptitud para conducir será evaluada mediante exámenes
El decreto dispone que cualquier evaluación relacionada con la capacidad de una persona para conducir deberá basarse en criterios objetivos y no únicamente en su edad.
La aptitud será determinada mediante los exámenes físicos, teóricos y prácticos correspondientes, aplicados conforme a las atribuciones que la Ley 63-17 otorga al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).
De esta manera, una persona de edad avanzada podrá mantener su licencia siempre que cumpla con los requisitos establecidos para conducir.
Suspensión o cancelación deberá responder a causas legales
La disposición también reafirma que una licencia solo podrá ser suspendida o cancelada cuando existan las causas expresamente previstas en la legislación.
Entre ellas se encuentra que el titular deje de reunir los requisitos exigidos o que se determine, mediante certificación médica, una imposibilidad física o mental permanente para conducir.
En cualquiera de estos casos deberá respetarse el correspondiente debido proceso administrativo.
Gobierno acata decisión del Tribunal Constitucional
La sentencia TC/0904/26 tuvo su origen en una acción directa de inconstitucionalidad interpuesta contra el artículo 21 del Decreto 6-19, correspondiente al Reglamento de Licencias de Conducir.
Con la modificación reglamentaria, el Gobierno elimina la diferenciación automática basada exclusivamente en la edad y mantiene la evaluación individual de las condiciones de cada conductor.
La medida también reafirma la aplicación del principio de igualdad y la protección de los derechos de los adultos mayores, sin excluir las evaluaciones necesarias para garantizar la seguridad vial.