Latinoamericanas
Piñera niega participación de compraventa de polémica mina en paraíso fiscal
EFE
Santiago de Chile, Chile.-El presidente de Chile, Sebastián Piñera, negó este domingo haber «participado ni haber tenido información alguna respecto del proceso de venta» del megaproyecto minero Dominga, una operación por la que fue señalado por evasión en la reciente investigación «Pandora Papers».
«Se reitera que el presidente de la República no ha participado en la administración de ninguna empresa desde hace más de 12 años, antes de asumir su primera presidencia», en marzo de 2010, afirmó un comunicado de su oficina.
La última investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) apunta a que la familia Piñera Morel fue la mayor accionista del polémico proyecto minero Dominga, que vendió a su amigo y empresario Carlos Alberto Délano en una operación que ocurrió parcialmente en las Islas Vírgenes Británicas.
«Los hechos mencionados ya fueron investigados por el Ministerio Público y los Tribunales de Justicia durante 2017 y la Fiscalía recomendó terminar la causa por la inexistencia de delito (…) y la falta de participación del presidente», esgrimió la oficina presidencial.
Según el comunicado, ni el presidente ni su familia poseen ahora sociedades de inversión constituidas en el extranjero, aunque en el pasado sí fueron dueños de empresas domiciliadas en Chile que «fueron accionistas de sociedades en el exterior».
«La existencia y su participación en esas sociedades fue informada desde el inicio a las autoridades regulatorias, cumpliendo en plenitud con la ley y pagando todos y cada uno de los impuestos que por dichas inversiones resultaban exigibles en Chile», agregaron desde La Moneda, sede presidencial.
Según el ICIJ, Piñera y su familia fueron los principales accionistas de Dominga hasta 2010, cuando el presidente llevaba nueve meses en el poder para su primer mandato no consecutivo (2010-2014) y se produjo la venta de la totalidad del accionario de la empresa a Délano por 152 millones de dólares.
Una parte de la transacción se selló con un acta firmada en Chile por 14 millones de dólares y otra en las Islas Vírgenes Británicas por 138 millones de dólares, de acuerdo con Ciper, el medio chileno que colaboró en la investigación con el consorcio.
En el paraíso fiscal se firmó un contrato que establecía un pago en tres cuotas y, para cumplirse la última, no tenía que haber cambios regulatorios que obstaculizaran la instalación de la mina y su puerto.
El megaproyecto minero Dominga, ubicado en el centro-norte del país, se aprobó el pasado agosto por una comisión ambiental y el apoyo de diez secretarios regionales ministeriales, después de haber sido rechazado en 2017 por el Gobierno de la expresidenta socialista Michelle Bachelet y por un tribunal ambiental.
Tras una reclamación de la empresa responsable del proyecto, Andes Iron se dio luz verde a la criticada iniciativa, que busca construir una mina de hierro y cobre que produzcan más de 150.000 toneladas minerales.
Piñera, que posee una de las mayores fortunas del país y dejará el poder en marzo de 2022, es uno de los tres presidentes latinoamericanos en activo salpicados por esta investigación, que ha vuelto a remecer al mundo después de los Papeles de Panamá de 2016.
La indagación señala también al presidente ecuatoriano Guillermo Laso y al dominicano Luis Abinader, además de otros 11 exjefes de Gobierno latinoamericanos e innumerables autoridades políticas de todo el mundo que escondieron millonarias fortunas para no pagar impuestos.
Los «Pandora Papers» contaron con la participación de 150 medios de comunicación de todo el mundo y 600 periodistas que han examinado 1,9 millones de documentos
Latinoamericanas
Justicia otorga la prisión domiciliaria a la expresidenta argentina Cristina Fernández
Agencia AFP
La Justicia argentina concedió este martes la prisión domiciliaria a la expresidenta Cristina Kirchner tras la ratificación de su condena la semana pasada a seis años de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos por corrupción, según un fallo judicial.
El tribunal resolvió disponer la detención de Kirchner, de 72 años, «a partir del día de la fecha y bajo la modalidad de prisión domiciliaria» en su apartamento en Buenos Aires y ordenó que se le coloque «un dispositivo de vigilancia electrónico», detalla el documento.
Latinoamericanas
Presidentes de Brasil y República Dominicana sostienen reunión bilateral en el marco de encuentro Brasil-Caribe
Brasilia. – El presidente dominicano Luis Abinader y su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, sostuvieron una reunión privada la tarde de este viernes, donde discutieron sobre la posibilidad de varios acuerdos que beneficien a ambas naciones.
Los mandatarios trataron sobre cooperación en materia de seguridad, fortalecimiento de las relaciones diplomáticas, comercio, turismo y aviación.
También abordaron sobre el tema haitiano la importancia que tiene el encuentro Brasil-Caribe, para que de manera conjunta se pueda concientizar a la comunidad internacional.
El presidente Abinader explicó a Lula los esfuerzos que hace la República Dominicana para que la crisis que afecta Haití no afecte la seguridad del país.
Otras reuniones bilaterales
Además del encuentro con el presidente de Brasil, el presidente Abinader sostuvo reuniones bilaterales con Sergio Diaz-Granados, presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).
Otra reunión importante del presidente Abinader fue con la señora Ma Amor Mottley, Primera Ministra de Barbados, con quien repasó temas relacionados con la región del Caribe e intercambiaron opiniones sobre la crisis haitiana.
Acompañaron al presidente Abinader en estos encuentros, el canciller Roberto Álvarez y el embajador en Brasil , Robert Tanaka.
Latinoamericanas
Bukele: “Me tiene sin cuidado que me llamen dictador, lo prefiero a que maten salvadoreños en la calle”
El presidente salvadoreño carga contra las organizaciones de derechos humanos y la prensa en su discurso anual al país
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, como colofón a su más reciente embestida autoritaria, dejó claro este domingo que no le importa que los medios o la comunidad internacional lo llamen “dictador” y se dedicó durante 80 minutos en cadena nacional a atacar a las voces críticas dentro y fuera del país. “A los medios internacionales, ¿saben qué? Me tiene sin cuidado que me llamen dictador. Prefiero eso a que maten salvadoreños en la calle. Cuando agarro el teléfono veo que dicen: ‘dictador, dictador, dictador’. Prefiero eso a leer: ‘asesinato, asesinato, asesinato”’.
Rodeado de un imponente operativo militar y policial, Bukele entró al Teatro Nacional por la alfombra roja frente a miles de salvadoreños y dio un discurso en lugar de la rendición de cuentas que está obligado por ley a dar cada año. Este es el primer discurso que Bukele da en su segundo periodo presidencial, excediendo los cinco años que establece la constitución. Este es un hito histórico en El Salvador, ya que el último presidente en reelegirse fue el dictador Maximiliano Hernández Martínez, quien gobernó de 1931 a 1944.
El mandatario continuó haciendo énfasis en las publicaciones periodísticas recientes y pronunciamientos de organismos defensores de derechos humanos que han denunciado una escalada en su autoritarismo. En el mes de mayo, en El Salvador fueron arrestadas al menos 15 personas, entre empresarios de transporte, activistas, defensores de derechos humanos y líderes campesinos. También más de una docena de periodistas ha tenido que salir del país por temor a represalias.
El perfil autoritario de Bukele se ha consolidado a lo largo de sus seis años en el poder pasando de tener un discurso fresco y moderno a uno más autócrata. Sin embargo, no le está afectando aún en su popularidad. Según la última encuesta publicada a finales de mayo por Cid Gallup, Bukele sigue teniendo más del 80% de aprobación de la población.
En su discurso, Bukele hizo referencia al índice de democracia publicado por el medio británico The Economist en febrero. En este, El Salvador aparece en el puesto 95 de 167, con una valoración por debajo del 5, donde 0 es nada democrático y 10 es muy democrático. El mandatario, en ese caso, aprovechó para compararse con España. “Me impresiona cómo países con monarquías salen mejor evaluados que nosotros. Hace unos años tuvimos como invitado al rey de España, todo un caballero, por cierto. Y nosotros respetamos la autodeterminación de los pueblos que quieren una monarquía. Pero, al final, es quien hace el índice y a conveniencia de quien le convenga”, dijo. En el mismo índice publicado por The Economist, España salió en el puesto 21 con un puntaje de 8,13.
“Algunos dicen que antes había democracia en El Salvador y ahora no. ¿Han leído eso, verdad? Pero lo cierto es que antes se podía elegir entre lo malo y lo peor. El que diga que no es así es porque esa era su fuente de ingresos. Los únicos que lo dicen son los que no conocen o los que vivían de eso”, añadió.
El mandatario aseguró que las recientes críticas a sus medidas punitivas y la persecución a activistas son parte de una “agenda globalista que tiene miedo a un efecto dominó”. “Dicen que encarcelamos defensores de derechos humanos, disidentes, opositores al régimen. Yo me pongo a pensar, cómo podemos combatir la corrupción si toda la oposición tiene inmunidad. Ahora algunos se pusieron el carné de perseguidos políticos. Ser periodista del club les permite infringir la ley sin consecuencias”, dijo.
“Ellos no están ahí para defender causas, están ahí para conseguir impunidad de la corrupción y del crimen para sus miembros. Ellos quieren imponer su narrativa, lo cual hacen todos los partidos políticos del mundo”, añadió.
Bukele además aseguró que la cobertura periodística internacional se trata de un “ataque coordinado” y que hay “fuerzas externas” que lo patrocinan. “Ellos no son periodistas, son activistas políticos que están haciendo negocio”, dijo.
El mandatario también aprovechó para justificar la Ley de Agentes Extranjeros aprobada el pasado 20 de mayo, con la que su gobierno podrá decidir qué organización puede trabajar en El Salvador y cuál no, además de cargar con un 30% de impuestos sobre sus ingresos a quienes él mismo decida. “Creo que (la supuesta injerencia extranjera) debería estar prohibida en todos los países del mundo. Pero aun así la vamos a permitir. Lo único que le vamos a pedir es que paguen sus impuestos”, dijo.
Además, aseguró que las organizaciones de ayuda humanitaria estarán exentas de ese impuesto, pero las que realicen actividades “políticas” deberán pagar. La ley establece que será el mismo presidente quien defina los “conceptos” de la ley, es decir, que será él quien determinará lo que significa hacer política o no.