Economía
Plan anticrisis del Gobierno impacta el bolsillo de la gente
Santo Domingo, R.D.-Si alguien se preguntara el motivo por el cual el Gobierno no asume las reformas impositivas igual como en los países desarrollados la respuesta varía. En realidad, la presión por nuevos recursos es una facultad cíclica por la que atraviesan las administraciones, aunque en países como República Dominicana, donde casi todo es importado, los salarios son precarios y no hay reembolsos generalizados, lo primordial es prestar atención a los técnicos y a la gente que tributa.
La Ley 30-26 fue aprobada sin muchas discusiones, pero esa medida está muy lejos de ser inofensiva al bolsillo de la gente común, del “sándwich” de la economía (clase media baja), razón que motiva a varios economistas a pedir una revisión de la pieza.
La llamada Ley anticrisis, incluso, fue titulada este semana como “Un dinosaurio impositivo”, por el reconocido economista Andrés Dauhajre hijo, en su artículo semanal en El Caribe, al referirse específicamente a la Tasa Efectiva de Tributación (TET), que se aplica a todos los sectores y, que según la publicación las grandes empresas pagarían una proporción menor que un pequeño negocio. Define como un absurdo el proyecto de ley aprobado.
Impacto negativo
Miguel Collado Di Franco, vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES), asegura que la Ley 30-26, pro crecimiento, simplificación fiscal y mitigación de la crisis internacional, tendrá un impacto negativo sobre hogares y empresas.
“La rentabilidad de las empresas se verá afectada, las inversiones y los precios de bienes y servicios, impactando a los hogares. Vivir y hacer negocios será más caro”, afirma.
Respecto a las retenciones o el impuesto a transferencias y cheque aduce que “son elementos con efectos negativos, sin importar tamaño de los emprendimientos”. El aumento del impuesto de 1.5 a 2.0 por mil aumentaría los costos operativos, dice.
Y, tendrían, además, un efecto sobre la bancarización, ya que las personas toman decisiones de incorporarse formalmente o de realizar transferencias en efectivo de acuerdo a los costos.
A juicio del economista, los puntos que quitan competitividad introducidos en la Ley 30-26 deberán ser revisados con una transformación tributaria futura, que debe ser en poco tiempo. República Dominicana se torna en un destino menos competitivo con esta legislación, asegura.
“Hubo un aumento temporal de precios de hidrocarburos que impactó la inflación en un punto porcentual desde el inicio de la contienda del Medio Oriente a pesar de que fue sobrellevado con subsidios; el PIB creció 4.2% para enero-mayo”, indica.
Afirma que si se observa el comportamiento internacional el comercio continúa y las exportaciones dominicanas crecieron un 14.4%, ayudados por altos precios de rubros como el oro.
Pérez Ducy aduce que lo que ha habido es un desbalance fiscal que es estructural, el cual deberá ser enfrentado con una verdadera reforma eventualmente.
Para Pérez Ducy esta ley es apenas una reforma tributaria que aumenta algunos impuestos, en general de manera progresiva con la excepción del efecto por tramos del impuesto para residuos sólidos, pero la considera mejor que continuar con el endeudamiento externo.
“Pero lo crítico será revisar el gasto, como lo señalado hace tiempo. Cómo justificar una reforma para RD$40,000-50,000 millones gastando RD$11,000 millones en publicidad?
Respecto al aumento del impuesto de 0.15 a 2.0 sobre transacciones bancarias dice que no le luce que tendrá ningún impacto, debido a que los usuarios no volverán a usar cheques solo por esto, debido a que la gente no dejará de hacerlo para ir al banco por el tiempo y el gasto en combustible que implica.
Falta de plan
El economista Luis Vargas considera que esa ley no responde a ningún plan, porque es una pieza anti-crecimiento que carece de un diagnóstico de los impuestos, crea confusión y viola la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, pues no la deroga.
Entiende que la ley presenta un problema de carácter jurídico y de carácter técnico y por tanto cree que no toca los problemas fundamentales, incluyendo el control de la evasión.
Suelto
Cheques y transferencias
La Ley 30-26, sobre medidas, simplificación fiscal pro-crecimiento económico y mitigación de la crisis internacional, establece un aumento del impuesto de 1.5 por mil (0.0015) aplicado a los cheques y transferencias electrónicas a 0.002 por mil (2.0 por mil).
Mantiene exento el retiro de efectivo, las transferencias bancarias entre cuentas de una misma persona, consumo con tarjetas de crédito, pagos a la seguridad social, transacciones pagos de los fondos de pensiones, pagos impuestos al Estado y las transferencias del Estado.
Tres plantas procesadoras de Canadá fueron autorizadas para exportar carne de res y productos derivados al mercado dominicano, luego de una evaluación de los controles sanitarios y de inocuidad del país norteamericano.
SANTO DOMINGO.– República Dominicana autorizó nuevamente la entrada al país de carne de res procedente de Canadá, poniendo fin a las restricciones que durante más de dos décadas limitaron el acceso de estos productos al mercado nacional.
La decisión permite la importación de carne bovina y productos cárnicos canadienses, incluidas vísceras provenientes de ganado de diferentes edades, de acuerdo con informaciones divulgadas por la Agencia Canadiense de Inspección Alimentaria (CFIA).
Las restricciones dominicanas habían sido establecidas en 2003, luego de que Canadá reportara su primer caso de encefalopatía espongiforme bovina (EEB), enfermedad conocida popularmente como “mal de las vacas locas”.
Evaluación sanitaria abrió paso a la autorización
La reapertura del mercado se produce después de una auditoría al sistema canadiense de inspección de carne bovina, en la que participaron autoridades dominicanas de la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (DIGEMAPS) y de la Dirección General de Ganadería (DIGEGA).
Según la información ofrecida por la parte canadiense, la evaluación permitió verificar los mecanismos implementados por Canadá en materia de seguridad alimentaria, inspección de productos y sanidad animal.
Tras el proceso, las autoridades dominicanas procedieron a levantar las restricciones que permanecían vigentes para las importaciones de carne bovina de ese país.
La CFIA informó, además, que tres plantas procesadoras canadienses ya cuentan con autorización para realizar exportaciones hacia República Dominicana.
Mercado dominicano atrae a productores canadienses
La apertura representa una nueva oportunidad comercial para la industria cárnica canadiense, debido al volumen de productos que República Dominicana adquiere en los mercados internacionales.
De acuerdo con los datos divulgados, durante 2025 el país importó aproximadamente US$215 millones en carne de res y productos cárnicos procedentes de diferentes mercados.
Kyle Larkin, presidente y director ejecutivo del Consejo Canadiense de la Carne, destacó la importancia que representa el mercado dominicano para los productores de su país y señaló que la autorización permitirá a las empresas canadienses competir para abastecer a los consumidores locales.
Más competencia en el mercado nacional
La incorporación de Canadá como proveedor podría ampliar las alternativas disponibles para importadores y distribuidores dominicanos, al tiempo que introduce un nuevo competidor dentro de un mercado que depende parcialmente de las compras internacionales para cubrir su demanda.
La medida también marca la normalización de las relaciones comerciales en este segmento después de más de 20 años de restricciones sanitarias.
A partir de la autorización, las empresas canadienses habilitadas deberán cumplir con los requisitos sanitarios, de inspección y certificación establecidos por las autoridades dominicanas para que sus productos puedan ingresar y comercializarse en el territorio nacional.
Economía
Contrataciones Públicas paraliza licitación por RD$240 millones del Ayuntamiento de San Cristóbal
La DGCP detectó falta de estudios previos, contradicciones en las especificaciones técnicas y requisitos que podrían afectar la libre competencia en el proceso para la recolección y transporte de residuos sólidos.
SANTO DOMINGO, RD.– La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) dispuso la suspensión de oficio de un procedimiento de licitación pública nacional convocado por el Ayuntamiento de San Cristóbal, por un monto de RD$240 millones, destinado a contratar los servicios de recolección y transporte de residuos sólidos durante el período 2026-2028.
La decisión afecta el procedimiento ASC-CCC-LPN-2026-0003 y fue adoptada luego de que el órgano rector realizara un monitoreo preventivo en el que identificó una serie de situaciones que, según informó, contravienen disposiciones de la Ley 47-25 de Contrataciones Públicas.
Entre los principales hallazgos, la institución señaló la ausencia de estudios previos obligatorios y la existencia de inconsistencias importantes en la elaboración de las especificaciones técnicas contenidas en el pliego de condiciones.
De acuerdo con la DGCP, esas condiciones podrían vulnerar principios fundamentales que deben regir las contrataciones públicas, entre ellos la libre competencia, participación, razonabilidad y proporcionalidad.
Requisitos bajo cuestionamiento
El análisis realizado por Contrataciones Públicas identificó, además, exigencias que consideró contradictorias o desproporcionadas.
Entre ellas figura el requerimiento de disponer de instalaciones operativas antes de la presentación de cartas compromiso con un plazo de 30 días.
También fue cuestionada la combinación de dos requisitos: acreditar experiencia previa en municipios de alta densidad poblacional y, al mismo tiempo, cumplir con una exigencia estricta de domicilio local.
La institución encontró igualmente ambigüedades en el pliego respecto de la diferencia entre el domicilio legal de los participantes y sus centros de operaciones.
Debida diligencia sobre oferente habilitado
Como parte del monitoreo y de las labores de debida diligencia, la DGCP examinó documentación correspondiente al oferente habilitado Producciones D&P San Cristóbal.
Según las informaciones divulgadas por el órgano rector, dentro de la oferta técnica fueron verificados contratos de arrendamiento relacionados con las operaciones comerciales en los que aparecen Alicia Aurora Uribe Domínguez y Vlamirdi Agustín Ruiz de la Rosa como titulares del inmueble.
La DGCP indicó que Ruiz de la Rosa formó parte, hasta 2023, del órgano de administración de la misma empresa participante en el procedimiento, conforme a documentación societaria disponible en el Registro de Proveedores del Estado.
Asimismo, el organismo señaló que Vlamirdi Agustín Ruiz de la Rosa mantiene un vínculo familiar con el alcalde de San Cristóbal, Dionisio de la Rosa Rodríguez.
La referencia a estos vínculos forma parte de los hallazgos comunicados por la DGCP y no implica, por sí sola, una determinación de responsabilidad administrativa o penal.
Suspensión fue ejecutada inmediatamente
Tras los resultados del monitoreo, Contrataciones Públicas ordenó la suspensión cautelar del procedimiento.
La medida fue ejecutada de manera inmediata a través del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas, mientras el Ayuntamiento de San Cristóbal fue formalmente notificado de la decisión para los fines correspondientes.
La intervención del órgano rector coloca ahora bajo revisión un contrato de considerable impacto económico y operativo para el municipio, debido a que involucra RD$240 millones en recursos públicos y un servicio esencial como la recolección y transporte de los residuos sólidos.
El WTI llegó a US$102.95 y el Brent se acercó a US$109, mientras el encarecimiento del crudo eleva los riesgos para una economía dominicana altamente dependiente de las importaciones energéticas
SANTO DOMINGO.– La escalada de los precios internacionales del petróleo vuelve a colocar presión sobre la economía dominicana, luego de que el crudo West Texas Intermediate (WTI) alcanzara este miércoles los US$102.95 por barril en Nueva York, mientras el Brent se aproximó a los US$109 en los mercados internacionales.
El WTI llegó a registrar un incremento de US$6.90 por barril, equivalente a 7.18 %, en las operaciones correspondientes a los contratos del mes.
Horas después moderó ligeramente su avance y se situó alrededor de US$102.48.
Mientras tanto, el crudo Brent mostró un comportamiento similar. Los contratos futuros llegaron a cotizarse en US$108.24, con un aumento de US$7.03, equivalente a 6.95 %, y posteriormente se ubicaron alrededor de US$108.93 por barril.
Conflictos internacionales presionan el mercado
La escalada ocurre en un escenario marcado por tensiones geopolíticas y preocupación sobre la seguridad de las principales rutas utilizadas para transportar petróleo.
Uno de los focos de mayor atención continúa siendo el estrecho de Ormuz, considerado un punto estratégico para el comercio energético mundial.
La intensificación de los conflictos en esa zona ha elevado la incertidumbre sobre el suministro y contribuido a mantener la volatilidad de los precios internacionales.
El Brent se mantiene por encima de la barrera de los US$100 en medio de ese escenario de inestabilidad.
RD enfrenta mayor presión por su dependencia energética
Para República Dominicana, el incremento representa un desafío adicional debido a que el país depende de las importaciones de petróleo y, en una proporción significativa, de sus derivados.
El impacto no se limita al precio de las gasolinas.
El encarecimiento del gasoil o diésel tiene efectos directos sobre el transporte de pasajeros y mercancías, la producción, la agricultura y otros sectores económicos.
El economista Henri Hebrard ha advertido que, por cada dólar adicional en el precio internacional del barril, el costo de las gasolinas y el gasoil en República Dominicana podría experimentar una presión equivalente a aproximadamente RD$1.60 a RD$1.80 por galón.
Ese aumento puede posteriormente trasladarse al costo del transporte y de numerosos productos adquiridos por los consumidores, generando nuevas presiones inflacionarias.
Subsidios superan los RD$30,000 millones
El incremento internacional encuentra al Gobierno dominicano aplicando un programa de subsidios destinado a evitar que la totalidad de las alzas externas sea transferida inmediatamente a los consumidores.
Según informaciones oficiales, los recursos destinados a subsidiar los combustibles durante 2026 ya superan los RD$30,000 millones.
El esquema extraordinario adoptado por el Gobierno dentro del denominado Plan Anticrisis fue establecido inicialmente por un período de 90 días, con el propósito de preservar la estabilidad económica y reducir el impacto de los aumentos sobre los hogares.
El vencimiento de ese período coincide ahora con una nueva escalada internacional del petróleo, aumentando la expectativa sobre la política que adoptará el Gobierno respecto a los precios internos de los combustibles.
Dilema entre precios y finanzas públicas
Mantener congelados determinados precios representa una protección inmediata para consumidores y sectores productivos, pero también incrementa el costo fiscal asumido por el Estado.
Permitir que una mayor proporción de las alzas internacionales llegue a los precios locales, en cambio, podría ejercer presión sobre la inflación y el presupuesto de los hogares.
El vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES), Miguel Collado Di Franco, ha advertido que el aumento del diésel puede afectar la producción, el transporte interno, las mercancías importadas y la actividad agrícola.
Collado también llamó la atención sobre la necesidad de proteger las finanzas públicas ante un escenario internacional adverso.
De prolongarse los elevados precios energéticos, los gastos destinados a subsidios y otras transferencias podrían incrementar las necesidades de financiamiento del Gobierno, particularmente de cara a 2027.
El petróleo vuelve a convertirse en un riesgo para la economía
La evolución del mercado durante las próximas semanas será determinante para República Dominicana.
Una permanencia prolongada del petróleo por encima de los US$100 por barril podría obligar al Gobierno a decidir entre continuar destinando miles de millones de pesos para amortiguar las alzas o permitir ajustes graduales en los precios internos.
En cualquiera de los escenarios, el comportamiento del crudo vuelve a convertirse en una variable clave para la inflación, el transporte, la producción, el costo de los alimentos y las finanzas públicas dominicanas.