Economía
plan territorial controlaría las construcciones
Inmobiliaria. Ya las grandes torres comenzaron a afectar el sistema de alcantarillado de Gazcue.
Si el gobierno y la Alcaldía del Distrito Nacional (ADN) avanzan en la elaboración de varias iniciativas de organización territorial será posible imponer controles a los desarrolladores de proyectos inmobiliarios que no toman en cuenta la disponibilidad de servicios de infraestructuras básicas en las áreas donde levantan sus grandes torres residenciales.
La ADN está diseñando el Plan Director de la Ciudad de Santo Domingo, mientras que la Dirección General de Ordenamiento y Desarrollo Territorial (DGODT) ha iniciado los trabajos para formular lo que se conoce como el Plan Metropolitano de Ordenamiento Territorial. Esto, junto al programa de revitalización de la Ciudad Colonial alienta las esperanzas de lograr un orden frente al acelerado proceso de crecimiento urbano.
Frecuentemente se observa como dos o tres casas son sustituidas por una torre de 60 apartamentos con capacidad para más de 1,000 personas, con los mismos servicios de alcantarillado pluvial, sanitario y de agua potable existentes.
Y es que a los inversionistas del sector inmobiliario no les parecen atractivas zonas de Villa Francisca, Villa Consuelo, Villa Juana, San Carlos, que de acuerdo con el arquitecto Omar Rancier, encargado del Departamento de Formulación (DGODT), del Plan Director de la ciudad de Santo Domingo, están entre las escasas áreas que cuentan con alcantarillado pluvial y sanitario. Una situación diferente se da en áreas altamente densificadas como Naco, Piantini, los Cacicazgos, lo que, entre otras consecuencias provoca la contaminación de las aguas subterráneas y las inundaciones, cuando llueve, porque los imbornales (agujeros paa dejar salir el agua de lluvia o riego en tejadeos o aceras), no dan un drenaje rápido.
Desde 2005 se comenzó a gestionar desde el Consejo Nacional de Asuntos Urbanos (Conau), -hoy DGODT, la elaboración del Plan indicativo de la Zona Metropolitana de la Ciudad de San Domingo.
Tomando como punto de partida ese proyecto se inicia la formulación del citado plan, que contempla una serie de políticas sobre aspectos relevantes del uso de suelo y de los recursos de la ciudad que, de acuerdo con la DGODT, deberían ser los puntos de referencia para que los municipios hagan sus planes de ordenamiento municipal.
La DGODT está comenzando a trabajar en la actualización de unos diagnósticos que se habían hecho desde el Conau hace cerca de ocho anos, para el Gran Santo Domingo. Esa dependencia del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo asegura que se trata de una iniciativa que vendría acompañada de un nuevo marco legal.
Rancier explica que ya se tiene el anteproyecto de ley para la regionalización del país y que estará listo a finales del presente año.
Sobre el Plan Capital o Plan de Ordenación y Gestión Territorial del Distrito Nacional, Andrés Navarro, secretario general de esa Alcaldía, expone que se le está dando un enfoque desde la gestión del territorio, lo cual ha permitido identificar unos nueve sistemas urbanos en la ciudad de Santo Domingo.
Uno de esos sistemas es el urbanístico, que establecerá las normas que tienen que ver con la regulación de uso de suelo y definirá una metodología para utilizar diferentes sectores de la ciudad. Los otros sistemas que abarcará el plan son aseo, abastecimiento, energía, alumbrado, comunicación, espacios públicos, seguridad urbana, así como los de agua y alcantarillado, de servicios públicos y el sistema urbanístico.
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¿QUIÉN ES QUIÉN? HABLAN LOS EXPERTOS
OMAR RANCIER: “Yo hablo de la paradoja de Gazcue, ¿cuál es? Los desarrolladores promueven sus proyectos en función de las bondades de Gazcue, la ciudad jardín, la arborización. Cuando hacen el proyecto, desaparece el jardín, los arboles, y le meten muchísima gente A nosotros nos parece que se están dando los pasos hacia una visión más completa e integral de la ciudad que debe permitir en un futuro no muy lejano poder tener una ciudad más organizada. Aqu í ahora mismo no tenemos ningún marco legal, exceptuando las leyes municipales”
NUEVE ESQUEMAS
Plan territorial
INCLUYE TRAMITACIONES
Los nueve sistemas que se han identificado en la formulación del Plan de Ordenación y Gestión Territorial del Distrito Nacional son, según cita Navarro, secretario general de la Alcaldía: Aseo, abastecimiento, energía, alumbrado, comunicación, espacios públicos y seguridad urbana, así como los de agua y alcantarillado, de servicios públicos y el sistema urbanístico.
En la parte urbanística del Plan Capital se abordará también la edificabilidad de cada una de las zonas, los procedimientos para las tramitaciones de permiso y se definirán los criterios de urbanización en el caso de terrenos que todavía no estén ocupados. El proyecto será sometido a la Sala Capitular el próximo noviembre. Navarro señala que para darle mayor rigor el congreso conocerá el proyecto de ley de Capitalidad que fue introducido hace seis años y que ahora está siendo actualizado por una comisión especial dirigida por el diputado Gustavo Sánchez.
La citada ley establece el régimen jurídico del Distrito Nacional y sus peculiaridades en cuanto a división política del territorio nacional. Navarro aclara que el Distrito no es un municipio porque comprende la Capital de la República y es el asiento del gobierno nacional.
LISTIN DIARIO
Nueva York, (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) bajaba este lunes un 4,39 %, hasta 94,38 dólares el barril, pese a la incertidumbre sobre el estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán como respuesta a los ataques estadounidenses e israelíes.
El WTI había cerrado el viernes en 98,71 dólares tras una semana de oscilaciones en la que el precio del crudo mantuvo su tendencia alcista, especialmente después de que el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí, ordenara mantener cerrado el estrecho de Ormuz.
En respuesta, la alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, afirmó hoy que el estrecho de Ormuz está «fuera del ámbito de actuación de la OTAN», pero que está abordando opciones con la ONU para garantizar su navegabilidad.
Entretanto, Estados Unidos permitió a diversos países adquirir crudo ruso sancionado que ya se encontraba en alta mar como parte de los esfuerzos para evitar una crisis energética, que se suma a otras medidas como la liberación de 400 millones de barriles de petróleo al mercado, la mayor intervención de la historia, por parte de los países miembros de la Agencia Internacional de la Energía (AIE). EFE
Santo Domingo, R.D.-A dos semanas de que estallara el conflicto bélico entre Estados Unidos e Israel contra Irán, la economía dominicana empieza a sentir sus efectos, con la subida de la gasolina y el gasoil más significativo en cuatro años de precios mayormente congelados, así como una disminución en las remesas hacia el país para el mes de febrero.
El Gobierno dominicano anunció el viernes pasado un aumento de cinco pesos a los galones de gasolina y gasoil para la semana del 14 al 20 de marzo en respuesta a la «volatilidad extrema» de los mercados petroleros.
Esta medida tomada a pesar de que se amortiguará una subida aún más abrupta de los hidrocarburos en el mercado interno con un subsidio de 1,189.8 millones de pesos durante esta semana -monto que duplica los 544.8 millones de pesos dispuestos la semana anterior-.
Los nuevos precios
Con el ajuste al alza, el galón de gasolina premium pasará de 290.10 a 295.10 pesos y la gasolina regular, de 272.50 a 277.50 pesos.
Este es el primer descongelamiento de estos precios desde la tercera semana de septiembre del 2023, cuando ambos productos se encontraran en 293.10 y 274.50 pesos y fueran rebajados 3 y 2 pesos, respectivamente.
«Este movimiento representa un incremento marginal de aproximadamente un 2 % en el precio promedio de las gasolinas y un 1.7 % en el gasoil, una indexación moderada que evita el traspaso de la inflación importada al consumidor final», explicó el MICM en una nota de prensa.
El gas mantiene precioDe momento, el Gobierno decidió mantener invariables el galón de gas licuado de petróleo (137.20 pesos) y el gas natural (43.97 pesos por metro cúbico), con el objetivo de «garantizar la defensa de la economía del hogar, la canasta básica y el transporte público urbano».
Precios del petróleo
En el mercado internacional, los contratos a futuro para el petróleo de Texas se alejaron levemente de la horquilla de los 100 dólares ayer, cerrando en 93.84 dólares el barril, 1.87 menos que los 98.71 dólares del viernes 13 de marzo. En tanto, el petróleo Brent, referente en Europa, superó los 106.13 dólares el barril, 2.99 más que los 103.14 dólares del viernes pasado.
Disminuyen las remesas
En febrero, el país recibió 887.9 millones de dólares en remesas, 29.4 millones menos que en febrero del 2025 y una diferencia mensual de 95.2 millones de dólares respecto a enero de este año. Según el Banco Central de la República Dominicana (BCRD), estas bajas responden a presiones inflacionarias generadas por el petróleo, lo que redujo el ingreso disponible de los hogares. Las remesas ya suman 1,870.4 millones de dólares en lo que va de este año.
Santo Domingo, R.D.- La presidenta de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Pro-Competencia), María Vásquez, informó que de la supuesta competencia desleal de las marcas blancas en los supermercados hasta el momento no se ha presentado ninguna denuncia formal a la institución reguladora, y que se mantiene monitoreado todo lo que acontece en los diversos mercados de bienes y servicios.
“Todos tienen que cumplir con las regulaciones, porque es la única forma de que el terreno de juego se encuentre nivelado, así que puedan efectivamente competir e igualdad de condiciones”, advirtió la presidenta de Pro-Competencia mientras agregaba que realizarán un estudio que determinará las condiciones de competencia en el comercio minorista.
La investigación incluirá un perfil detallado de las marcas blancas en el país, incluyendo su dimensión, proporción e impacto en el mercado dominicano, además de identificar si existen necesidades de mejoras regulatorias y políticas públicas para enriquecer los niveles de competencia en el sector.
Mientras tanto, aseguró que la dirección ejecutiva se mantiene monitoreando los diversos mercados a través del Observatorio de Condiciones de Competencia como un tema de preocupación; más aún, no se ha presentado ninguna denuncia de manera formal, pero sí trabajan en un informe de abogacía de la competencia para presentar mejoras regulatorias que garanticen una competencia efectiva en el mercado minorista.
La funcionaria también destacó que el anteproyecto de Ley Orgánica Antimonopolio y Competencia Económica ante la Asociación de Industrias como una propuesta para modificar la ley general de defensa de la competencia, buscando confirmar mayor seguridad jurídica y previsibilidad para la libre empresa y todos los actores económicos para que compitan en igualdad de condiciones.
El mismo incorporará un régimen general de control de concentraciones en el país considerado como “una carencia” identificada por los organismos internacionales.
“Somos el único país de América Latina que tiene una ley de competencia, una autoridad de competencia y que no tiene esa facultad de control previo de concentraciones. Igualmente, se establece facultad para Procompetencia para poder sancionar de manera ejemplarizante la competencia lexical, que se ha convertido en un flagelo que afecta a todos los sectores económicos de la República Dominicana”, manifestó.
Se incorporan además la figura del consejero instructor para garantizar la tutela judicial efectiva y el proceso adecuado, incremento de las multas para que pasen de salarios y refuerzo de las autoridades de competencia con mayores facultades y reforzar la efectividad de la institución creando mercados más competitivos, abiertos y con interés para atraer inversión extranjera.
Marcándolo como una necesidad en el sector, este proyecto promulga sanciones a los actos de competencia desleal clasificándolo como infracciones graves sujetas a multas de hasta cinco por ciento de los ingresos brutos del infractor, pudiendo duplicarse en caso de reincidencia.
De esta forma, se reconoce la competencia desleal con incidencia en el interés público como una conducta que merece respuesta administrativa efectiva, proporcional y disuasoria.
En este espacio existe la colaboración interinstitucional, reforzando la obligatoriedad de proveer información para crear un régimen de consecuencias que incurra en la omisión, el retardo injustificado o la negativa expresa de entrega.
Como resultado, se comprometería la responsabilidad patrimonial del funcionario, sin perjuicio de las responsabilidades disciplinarias, civiles o penales, constituyéndose como un avance sustancial para los fines de la institución.