Latinoamericanas
Plan uruguayo para la marihuana, demasiado atrevido para la región
Agentes dominicanos incineran paquetes de marihuana hoy viernes. EFE
BOGOTÁ.- La iniciativa uruguaya de legalizar la marihuana y encargar al Estado la producción y comercialización de la sustancia ilícita más consumida en el mundo no ha tenido apoyo en otros países de América Latina, pese al reconocimiento general de la necesidad de replantear la lucha contra las drogas.
El gobierno de Uruguay envió esta semana al Parlamento un polémico proyecto de ley que, de ser aprobado, hará del pequeño país latinoamericano el primero del mundo en el que el Estado será productor y vendedor de marihuana, con el fin de disminuir el avance de la delincuencia y arrebatar el negocio al narcotráfico.
Según el «Informe Mundial sobre las Drogas 2012» de la ONU, en el mundo existen actualmente entre 119 millones y 224 millones de consumidores de cannabis (marihuana). El informe no brinda una cifra global de consumidores en América, pero sí da los porcentajes de población adulta (15 a 64 años) que consume marihuana.
Estados Unidos, Canadá y Uruguay aparecen en los primeros puestos de la tabla con un 14,1, un 12,7 y un 5,6 %, respectivamente.
Ningún país americano está por ahora dispuesto a seguir el ejemplo uruguayo, aunque sí hay iniciativas para despenalizar las drogas como la planteada a nivel internacional por el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, que ha aplaudido la decisión del presidente José Mujica, aunque sin anunciar medidas similares.
«Tarde o temprano el mundo tendrá que debatir otras alternativas para combatir a las organizaciones criminales», por el daño que le causan a la humanidad «tanto por la venta de drogas, como por las muertes que generan», dijo Francisco Cuevas, portavoz de la Presidencia de Guatemala, en junio pasado.
En Chile, esta misma semana los senadores opositores Fulvio Rossi y Ricardo Lagos Weber presentaron un proyecto de ley que plantea la legalización del cultivo de marihuana para consumo personal y con fines terapéuticos, además de despenalizar el porte de pequeñas cantidades para uso individual.
También ha llegado este año al Parlamento argentino un proyecto de ley para despenalizar la tenencia de drogas para consumo privado, del que es promotor Aníbal Fernández, exjefe del gabinete del Gobierno peronista de Cristina Fernández.
La Corte Suprema de Justicia de Argentina declaró inconstitucional en 2009 el castigo del consumo de marihuana en adultos, siempre que se realice en privado y no implique riesgos para terceros, pero la legislación vigente en Argentina castiga con prisión de uno a seis años y multa la tenencia de drogas.
Sin embargo, la penalidad se reduce de un mes a dos años de cárcel en los casos en los que se considere que el estupefaciente era destinado al uso personal. Desde 2006 está vigente en Venezuela una norma que prohíbe la tenencia de cualquier tipo y cantidad de droga, aunque contempla la posibilidad del consumo personal.
Para el ministro del Interior venezolano, Tareck el Aissami, legalizar la marihuana como pretende Uruguay es una «trampa».
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, opina que las medidas unilaterales, como la de Uruguay, difícilmente van a solucionar problemas que exigen esfuerzos de varios países.
Actualmente en Colombia está prohibido el porte y consumo de drogas superior a la dosis mínima (máximo 1 gramo de cocaína y 20 gramos de marihuana).
En Estados Unidos, donde se desmantelaron 157 laboratorios de cannabis en 2009 y 2010, según la ONU, la «maría» es un estupefaciente ilegal a nivel federal, aunque más de una decena de estados permiten su uso con prescripción médica.
En 2010, en California, se sometió a referéndum la legalización de esa droga, pero ganó el «no». El debate sobre la despenalización del consumo de marihuana es un tema recurrente en Brasil, donde al menos un millón y medio de personas consume diariamente cannabis, según un reciente estudio.
En la actualidad están penalizadas todas las drogas en Brasil, aunque una ley de 2006 evita que los consumidores sean recluidos en prisiones y prevé penas alternativas para el porte de pequeñas dosis y el cultivo para consumo propio.
Paraguay, uno de los principales productores de marihuana en el continente, según datos oficiales de Estados Unidos, penaliza la tenencia de drogas y no han prosperado intentos de cambiar la legislación, como el que realizó en 2009 el diputado Elvis Balbuena.
Por su parte, el Congreso mexicano despenalizó en 2009 el consumo personal de drogas, con lo cual se permite la posesión de hasta cinco gramos de marihuana y cantidades mínimas de otros estupefacientes.
En el caso de Ecuador la tenencia para uso personal es castigada con un mes a dos años de prisión y la comercialización de cualquier estupefaciente es sancionada con penas de 12 a 16 años de reclusión, pero actualmente hay un proyecto que busca la despenalización del consumo de drogas hasta ciertos volúmenes en posesión.
En lo que a Perú se refiere, la posesión de marihuana es castigada con una pena de cárcel menor (entre dos y ocho años) en caso de no superar los 200 gramos y el consumo de cantidades mínimas no tiene sanción, mientras que en Bolivia está prohibida la tenencia y el comercio de drogas, con penas que van de 10 a 25 años.
Entre tanto, en Cuba, donde la mayor parte de la droga incautada es marihuana, la pena para ese delito va desde 15 años de cárcel a cadena perpetua. República Dominicana castiga el consumo, porte y comercialización de droga, aunque sea en pequeña cantidad, al igual que Panamá.
De igual forma, el Código Penal de Nicaragua establece que el porte de entre 5 y 20 gramos de marihuana se sanciona con prisión de seis meses a 3 años, y de 50 a 100 días de multa, y al superar esa cantidad la pena será de entre 3 y 8 años de encarcelamiento y de 100 a 800 días de multa.
En Guatemala la producción, tenencia, comercialización y consumo de marihuana puede significar una pena de hasta 30 años de cárcel, en Honduras entre 15 y 20 años, y en El Salvador de hasta 90 años, mientras en Costa Rica tan solo se permite el consumo personal. (EFE)
Agencia EFE
Puerto Príncipe, Haití.-El incremento de la violencia de las bandas de la que no escapan siquiera los aviones, el nombramiento de un nuevo primer ministro o el papel de la misión multinacional, son algunas de las claves que marcan la caótica situación en Haití, donde 5,4 millones de personas, la mitad de la población, sufre hambre aguda.
Una violencia que no cesa
Haití, el país más pobre de América, lleva años sumergido en una crisis en todos los órdenes, agravada por la incursión de las sanguinarias bandas armadas, que se han hecho prácticamente con el control de la capital, Puerto Príncipe, causando miles de muertos y heridos.
Cada cierto tiempo, la capital es paralizada, como ocurrió esta semana después de que el pasado domingo las bandas pertenecientes a la coalición Vivre Ensemble (Vivir Juntos), liderada por el expolicía Jimmy Cherizier, alias ‘Barbecue’, anunciaran días de terror en el área metropolitana de Puerto Príncipe, ante la indiferencia de las autoridades, que no dieron señales concretas para sofocar la situación.
Sólo entre julio y septiembre pasado al menos 1,223 personas murieron y 522 resultaron heridas en Haití como consecuencia de la violencia y la lucha contra las bandas, según la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en el país caribeño (Binuh).
A ello se suman las 3.900 víctimas, entre muertos y heridos en el primer semestre del año, después de que 2023 cerrara con unas 8.000 víctimas.
La ineficiencia de las fuerzas de seguridad
La llegada hace casi cinco meses al país de los primeros miembros de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MMAS), liderada por Kenia, no ha producido ningún cambio en la situación de la seguridad en el país, que, por el contrario se ha deteriorado completamente y el 80 % de la capital permanece en manos de las bandas armadas.
El dominio territorial de las bandas armadas obliga a miles de personas a huir de sus barrios capitalinos, convirtiendo a sus habitantes en eternos desplazados.
Las escasas operaciones llevadas a cabo por la fuerza multinacional y la Policía Nacional haitiana han sido ineficaces y no han logrado recuperar los territorios ocupados por las bandas.
Con las carreteras nacionales bloqueadas, la escasez de combustible y el cierre del principal aeropuerto de la capital, el país corre el riesgo de sufrir un grave deterioro de la crisis humanitaria, que desde hace tiempo se encuentra en estado crítico.
Casi una década sin elecciones
Haití celebró sus últimas elecciones 2015 y 2016, cuando ganó Jovenel Moise, el presidente asesinado en julio de 2021 en su residencia privada por un grupo de mercenarios, en su mayoría colombianos.
Tras el asesinato de Moise fue designado Ariel Henry, quien terminó dimitiendo tras la violencia que estalló en Puerto Príncipe el 29 de febrero de este año, cuando se supo que planeaba posponer las elecciones hasta agosto de 2025 a pesar de que su mandato expiró el 7 de febrero.
Desde abril el país cuenta con un Consejo Presidencial de Transición (CPT), que asumió con el objetivo de organizar votaciones en el país a finales de noviembre de 2025.
Pero existe una lucha por el control y la toma del poder entre el CPT, una pugna que desembocó hace casi dos semanas en la destitución del primer ministro, Garry Conille, quien, de acuerdo con varias fuentes, exigió la salida de tres miembros del Consejo señalados en un caso de corrupción.
Conille, médico de profesión, fue sustituido por el empresario Alix Didier Fils-Aimé, quien al juramentar el sábado a su Gabinete dijo que el país vive una situación «crítica» y afirmó que «no hay tiempo que perder».
La hoja de ruta del Gobierno, declaró el primer ministro, «consiste en restablecer la seguridad, responder a la emergencia humanitaria, relanzar la economía y preparar las elecciones».
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Consejo Presidencial de Haití condena el tiroteo contra dos vuelos comerciales de EE.UU.
Agencia Efe
Puerto Príncipe.- El Consejo Presidencial de Transición (CPT) de Haití condenó este martes con el «máximo rigor» el recrudecimiento de la violencia de las bandas armadas en Puerto Príncipe y el ataque perpetrado el lunes contra dos aviones comerciales estadounidenses en el aeropuerto internacional Toussaint Louverture.
«Este crimen cobarde, que amenaza la soberanía y la seguridad de Haití, pretende aislar a nuestro país en la escena internacional. Los autores de estos actos atroces serán perseguidos y llevados ante la Justicia», afirmó el Consejo en un comunicado.
La parte oficial dijo que «en las últimas 48 horas, miembros de bandas armadas han puesto en peligro la vida de ciudadanos pacíficos, han incendiado propiedades privadas e incluso han disparado contra un avión de Spirit Airlines que procedió de Fort Lauderdale el lunes 11 de noviembre». de 2024″.
Además del ataque a ese vuelo, un avión de la aerolínea JetBlue también fue tiroteado ayer cuando despegaba de Puerto Príncipe con destino a Nueva York.
El Consejo recordó que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional haitiana, y la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad han desplegado inmediatamente sus unidades para reforzar la seguridad de las familias y de los alrededores del Aeropuerto Internacional Toussaint Louverture, con el fin de garantizar la protección de los vuelos comerciales que operan en el país.
El CPT llamó a la población para que permanezca vigilante y colabore estrechamente con las fuerzas del orden para prevenir cualquier acción que pueda comprometer la paz y la seguridad colectiva.
«Juntos, pondremos fin a estos actos incalificables», concluyó la nota.
Puerto Príncipe vivió este martes una jornada de tensa calma, con tiroteos esporádicos en algunas zonas y sin operaciones en el aeropuerto internacional, cerrado hasta el 18 de noviembre.
La Organización de Naciones Unidas (ONU) anunció este martes la suspensión temporal de la entrega de ayuda humanitaria en Haití por la imposibilidad de acceso al puerto y al aeropuerto en la capital debido al grave deterioro de la situación de seguridad.
Este mismo día, la Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés) de EE.UU. prohibió los vuelos comerciales a Haití tras los ataques a tiros que sufrieron el lunes las dos aeronaves.
Además, la compañía estadounidense American Airlines anunció este martes que suspendió sus vuelos a Haití por los próximos tres meses, tras descubrir que uno de sus aviones que despegó desde Puerto Príncipe fue impactado por una bala.
Mientras, el ministro de Justicia en funciones, Carlos Hércules, condenó el ataque armado perpetrado contra los aviones.
«Se trató de un acto terrorista contra la vida de nuestros compatriotas y de todos los que se encontraban a bordo de este avión», dijo Hércules en referencia al tiroteo contra el avión de la aerolínea Spirit.
El funcionario pidió a las fuerzas de seguridad nacional que tomen medidas para restablecer un clima de seguridad en el país, para que se puedan reanudar las actividades, especialmente en la capital y sus alrededores.
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Fiscalía argentina imputa a tres personas por la muerte de Liam Payne en Buenos Aires
Agencia efe
Buenos Aires, Argentina.-Una fiscalía argentina imputó este jueves a una persona por abandono de persona seguido de muerte y a otras dos por suministro de estupefacientes en la causa que investiga la muerte del cantante británico Liam Payne, fallecido el pasado 16 de octubre tras caer del tercer piso de un hotel en Buenos Aires.
«En el marco de la investigación por la muerte del músico británico Liam James Payne, ocurrida el 16 de octubre cuando cayó de un balcón en un hotel del barrio porteño de Palermo, se descubrieron conductas ilícitas a partir de las cuales tres personas fueron imputadas por los delitos de abandono de persona seguido de muerte, suministro y facilitación de estupefacientes», informó hoy la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°14.
Uno de los acusados es una persona que acompañó a Payne durante su estadía en Buenos Aires, otro es un empleado del hotel en el que tuvo lugar su fallecimiento y el tercero fue descrito como «un proveedor de estupefacientes».
La fiscalía informó que la imputación de estas tres personas, cuya detención ya ha sido ordenada, llegó tras una extensa investigación que incluyó decenas de testimonios, el análisis de más de 800 horas de filmaciones de cámaras del hotel y de la vía pública y del contenido del móvil de Payne y de varios testigos, así como estudios tanatológicos y de laboratorio.
El primero de los acusados fue descrito en el anuncio como «quien acompañaba de manera cotidiana al artista» durante su estadía en Buenos Aires y se le imputaron los delitos de abandono de persona seguido de muerte y de suministro y facilitación de estupefacientes.
El segundo es un empleado del hotel Casa Sur, en el que se encontraba alojado Payne, acusado de haber suministrado cocaína al músico durante su estadía; mientras que el tercero habría suministrado estupefacientes al músico en dos ocasiones.
Los informes presentados a la fiscalía concluyeron que «todas las lesiones que presentaba Payne eran compatibles con las producidas por caída en altura y que se descartaban las autolesivas de cualquier tipo y/o también la intervención física de terceras personas».
Además, confirmaron las pericias iniciales que indicaban que el músico no llegó a adoptar una postura refleja para protegerse en la caída, por lo que consideran que «pudo haberse precipitado en un estado de semi o total inconsciencia» y descartan la posibilidad de «un acto consciente o voluntario» ya que «en el estado en el que atravesaba, no sabía lo que hacía ni podía entenderlo».
«Más allá de la contundencia probatoria que se logró hasta el momento (visual, registral, médica, científica, documental, telefónica, testimonial, etc), se debe continuar la investigación, pues, entre otras diligencias, aún está en curso el desbloqueo de la netbook personal de la víctima -que está averiada- y otros aparatos incautados en la investigación», añadió el comunicado.
El cuerpo del exintegrante del grupo musical One Direction fue trasladado ayer desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza (provincia de Buenos Aires) hacia Londres en un vuelo de la aerolínea British Airways, poco después de que fuera embalsamado en el Cementerio Británico de Buenos Aires con el fin de preservar sus restos.