Latinoamericanas
Plan uruguayo para la marihuana, demasiado atrevido para la región
Agentes dominicanos incineran paquetes de marihuana hoy viernes. EFE
BOGOTÁ.- La iniciativa uruguaya de legalizar la marihuana y encargar al Estado la producción y comercialización de la sustancia ilícita más consumida en el mundo no ha tenido apoyo en otros países de América Latina, pese al reconocimiento general de la necesidad de replantear la lucha contra las drogas.
El gobierno de Uruguay envió esta semana al Parlamento un polémico proyecto de ley que, de ser aprobado, hará del pequeño país latinoamericano el primero del mundo en el que el Estado será productor y vendedor de marihuana, con el fin de disminuir el avance de la delincuencia y arrebatar el negocio al narcotráfico.
Según el «Informe Mundial sobre las Drogas 2012» de la ONU, en el mundo existen actualmente entre 119 millones y 224 millones de consumidores de cannabis (marihuana). El informe no brinda una cifra global de consumidores en América, pero sí da los porcentajes de población adulta (15 a 64 años) que consume marihuana.
Estados Unidos, Canadá y Uruguay aparecen en los primeros puestos de la tabla con un 14,1, un 12,7 y un 5,6 %, respectivamente.
Ningún país americano está por ahora dispuesto a seguir el ejemplo uruguayo, aunque sí hay iniciativas para despenalizar las drogas como la planteada a nivel internacional por el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, que ha aplaudido la decisión del presidente José Mujica, aunque sin anunciar medidas similares.
«Tarde o temprano el mundo tendrá que debatir otras alternativas para combatir a las organizaciones criminales», por el daño que le causan a la humanidad «tanto por la venta de drogas, como por las muertes que generan», dijo Francisco Cuevas, portavoz de la Presidencia de Guatemala, en junio pasado.
En Chile, esta misma semana los senadores opositores Fulvio Rossi y Ricardo Lagos Weber presentaron un proyecto de ley que plantea la legalización del cultivo de marihuana para consumo personal y con fines terapéuticos, además de despenalizar el porte de pequeñas cantidades para uso individual.
También ha llegado este año al Parlamento argentino un proyecto de ley para despenalizar la tenencia de drogas para consumo privado, del que es promotor Aníbal Fernández, exjefe del gabinete del Gobierno peronista de Cristina Fernández.
La Corte Suprema de Justicia de Argentina declaró inconstitucional en 2009 el castigo del consumo de marihuana en adultos, siempre que se realice en privado y no implique riesgos para terceros, pero la legislación vigente en Argentina castiga con prisión de uno a seis años y multa la tenencia de drogas.
Sin embargo, la penalidad se reduce de un mes a dos años de cárcel en los casos en los que se considere que el estupefaciente era destinado al uso personal. Desde 2006 está vigente en Venezuela una norma que prohíbe la tenencia de cualquier tipo y cantidad de droga, aunque contempla la posibilidad del consumo personal.
Para el ministro del Interior venezolano, Tareck el Aissami, legalizar la marihuana como pretende Uruguay es una «trampa».
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, opina que las medidas unilaterales, como la de Uruguay, difícilmente van a solucionar problemas que exigen esfuerzos de varios países.
Actualmente en Colombia está prohibido el porte y consumo de drogas superior a la dosis mínima (máximo 1 gramo de cocaína y 20 gramos de marihuana).
En Estados Unidos, donde se desmantelaron 157 laboratorios de cannabis en 2009 y 2010, según la ONU, la «maría» es un estupefaciente ilegal a nivel federal, aunque más de una decena de estados permiten su uso con prescripción médica.
En 2010, en California, se sometió a referéndum la legalización de esa droga, pero ganó el «no». El debate sobre la despenalización del consumo de marihuana es un tema recurrente en Brasil, donde al menos un millón y medio de personas consume diariamente cannabis, según un reciente estudio.
En la actualidad están penalizadas todas las drogas en Brasil, aunque una ley de 2006 evita que los consumidores sean recluidos en prisiones y prevé penas alternativas para el porte de pequeñas dosis y el cultivo para consumo propio.
Paraguay, uno de los principales productores de marihuana en el continente, según datos oficiales de Estados Unidos, penaliza la tenencia de drogas y no han prosperado intentos de cambiar la legislación, como el que realizó en 2009 el diputado Elvis Balbuena.
Por su parte, el Congreso mexicano despenalizó en 2009 el consumo personal de drogas, con lo cual se permite la posesión de hasta cinco gramos de marihuana y cantidades mínimas de otros estupefacientes.
En el caso de Ecuador la tenencia para uso personal es castigada con un mes a dos años de prisión y la comercialización de cualquier estupefaciente es sancionada con penas de 12 a 16 años de reclusión, pero actualmente hay un proyecto que busca la despenalización del consumo de drogas hasta ciertos volúmenes en posesión.
En lo que a Perú se refiere, la posesión de marihuana es castigada con una pena de cárcel menor (entre dos y ocho años) en caso de no superar los 200 gramos y el consumo de cantidades mínimas no tiene sanción, mientras que en Bolivia está prohibida la tenencia y el comercio de drogas, con penas que van de 10 a 25 años.
Entre tanto, en Cuba, donde la mayor parte de la droga incautada es marihuana, la pena para ese delito va desde 15 años de cárcel a cadena perpetua. República Dominicana castiga el consumo, porte y comercialización de droga, aunque sea en pequeña cantidad, al igual que Panamá.
De igual forma, el Código Penal de Nicaragua establece que el porte de entre 5 y 20 gramos de marihuana se sanciona con prisión de seis meses a 3 años, y de 50 a 100 días de multa, y al superar esa cantidad la pena será de entre 3 y 8 años de encarcelamiento y de 100 a 800 días de multa.
En Guatemala la producción, tenencia, comercialización y consumo de marihuana puede significar una pena de hasta 30 años de cárcel, en Honduras entre 15 y 20 años, y en El Salvador de hasta 90 años, mientras en Costa Rica tan solo se permite el consumo personal. (EFE)
Latinoamericanas
Multan con más de 1,8 millones de dólares a inmigrante hondureña por no acatar orden de deportación
La sanción fue emitida la semana pasada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que calcula un cobro de 500 dólares por cada día que la mujer ha permanecido en el país desde que se dictó la orden de salida, hace casi 20 años
Una inmigrante hondureña que vive en Estados Unidos desde hace décadas enfrenta una multa civil de 1.821.350 dólares, luego de no haber salido del país tras recibir una orden de deportación en abril de 2005, informó CBS News.
La sanción fue emitida la semana pasada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que calcula un cobro de 500 dólares por cada día que la mujer ha permanecido en el país desde que se dictó la orden de salida, hace casi 20 años.
Multa amparada en ley poco utilizada
La mujer, de 41 años y madre de tres hijos, fue multada bajo una disposición poco aplicada de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1952. Según su abogada, Michelle Sánchez, la orden de deportación se emitió luego de que la inmigrante no se presentara a una audiencia judicial en 2005.
En 2024, Sánchez solicitó la reapertura del caso, argumentando que su clienta reúne los requisitos para optar a la residencia legal, debido a su larga permanencia en el país y su historial sin antecedentes. También sostuvo que la deportación causaría “dificultades extremas y excepcionalmente inusuales” a sus hijos, todos ciudadanos estadounidenses.
“ICE está aterrorizando a las personas”
La abogada denunció que ha observado un aumento en la emisión de multas similares contra otros inmigrantes, aunque nunca había visto una de esta magnitud.
«ICE está aterrorizando a las personas sin necesidad de detenerlas. Las están amenazando con multas tan altas que muchos no ganarán esa cantidad ni en toda su vida», declaró Sánchez.
La notificación entregada a la mujer indica que la multa puede ser impugnada y que tiene derecho a solicitar una entrevista personal para presentar su caso.
Latinoamericanas
Centroamérica y República Dominicana renuevan compromiso por trabajo decente y modernización del empleo
Ciudad de Panamá.- En la ciudad de Panamá, se celebró la Reunión Ordinaria del Consejo de Ministros y Ministras de Trabajo de Centroamérica y República Dominicana, los días 14, 15 y 16 de mayo, con el objetivo de renovar el compromiso regional por el trabajo decente, la justicia social y la modernización del empleo.
La República Dominicana estuvo representada por el ministro de Trabajo, Eddy Olivares Ortega, quien destacó durante su intervención que el país asumió la formalidad del empleo como la principal tarea laboral, convencido de que es el camino que conduce al trabajador y su familia a disfrutar de su derecho a la seguridad social.
Además, dijo que se trabaja intensamente en el empleo decente, que es otro pilar fundamental para garantizar el desarrollo humano y social.
Durante la reunión, fue aprobado el Plan de Acción 2025-2027 del Consejo, estructurado en cinco ejes estratégicos: Sistemas Públicos de Empleo, Inspección Laboral, Formalización, Fortalecimiento del Funcionamiento del Consejo y Gestión de la Cooperación Internacional.
Como parte del encuentro, el ministro de Trabajo, Olivares Ortega, rindió un informe sobre los avances de la preparación en octubre de de Reunión Regional Americana de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la cual forma parte de la proclama de Panamá del Consejo de Ministros de Trabajo.
De igual manera, se realizó la transferencia de la Presidencia Pro Tempore del Consejo que estaba a cargo de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social de Honduras al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral de Panamá.
Con esta reunión, Centroamérica y República Dominicana avanzan unidos hacia un mercado laboral moderno, inclusivo y resiliente, que ponga a las personas en el centro de las políticas públicas.
Por PRENSA LATINA
Puerto Príncipe, (Prensa Latina) Los pandilleros incrementaron el precio del peaje para las vehículos cisternas de combustible, un acto que acerca a Haití a una parálisis total en las actividades económicas.
Ahora cuando los camiones salen cargados desde la terminal de Varreux, el pago a las bandas es de 50 mil gourdes, unos 378 dólares estadounidenses, con anterioridad eran 25 mil, un equivalente a 189 dólares por cada uno.
Las cabinas de peaje se multiplicaron y un transportista de combustible puede pagar hasta 600 mil gourdes (cuatro mil 545 dólares estadounidenses) para ir a Cabo Haitiano y hasta 700 mil gourdes (cinco mil 303) a Hinche, donde hay que pasar por al menos seis punto de extorsión.
COSTOS ADICIONALES YA SE SIENTEN
De acuerdo el diario digital Haití Libre, el impacto de estos costos adicionales ya se está sintiendo en los precios de los surtidores.
Ahora el galón de gasolina alcanzó los 700 gourdes (cinco dólares con 30 centavos) y pudiera llegar a 900 gourdes (seis dólares con 81 centavos), lejos del precio regulado de 560 gourdes (cuatro dólares con 24 centavos).
En tal sentido, la Asociación de Profesionales del Petróleo de Haití alertó sobre el riesgo inminente de una parálisis completa del sector ante el grado de violencia que hoy protagonizan las pandillas.
LOS RECURSOS Y CAPACIDAD OPERATIVA LLEGARON A SUS LÍMITES
“A pesar de nuestros continuos esfuerzos y compromiso de mantener el suministro de combustible a toda costa para apoyar la economía nacional, los recursos y capacidad operativa llegaron a sus límites”, subraya una misiva dirigida al primer ministro provisional, Alix Didier.
Ante esta situación de extrema urgencia, es imperativo que el Estado intervenga de manera inmediata y efectiva para restablecer las condiciones mínimas de seguridad necesarias para mantener la cadena de suministro de petróleo, enfatiza el texto divulgado por el diario Le Nouvelliste.
De no actuarse de manera rápida y decisiva para el libre trasiego, el sector coge el riesgo de cesar operaciones y las actividades económicas queden estáticas en un futuro cercano, insistió la Asociación de Profesionales del Petróleo de Haití.
ro/joe