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Plan uruguayo para la marihuana, demasiado atrevido para la región

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Agentes dominicanos incineran paquetes de marihuana hoy viernes. EFE

BOGOTÁ.- La iniciativa uruguaya de legalizar la marihuana y encargar al Estado la producción y comercialización de la sustancia ilícita más consumida en el mundo no ha tenido apoyo en otros países de América Latina, pese al reconocimiento general de la necesidad de replantear la lucha contra las drogas.

El gobierno de Uruguay envió esta semana al Parlamento un polémico proyecto de ley que, de ser aprobado, hará del pequeño país latinoamericano el primero del mundo en el que el Estado será productor y vendedor de marihuana, con el fin de disminuir el avance de la delincuencia y arrebatar el negocio al narcotráfico.

Según el «Informe Mundial sobre las Drogas 2012» de la ONU, en el mundo existen actualmente entre 119 millones y 224 millones de consumidores de cannabis (marihuana). El informe no brinda una cifra global de consumidores en América, pero sí da los porcentajes de población adulta (15 a 64 años) que consume marihuana.

Estados Unidos, Canadá y Uruguay aparecen en los primeros puestos de la tabla con un 14,1, un 12,7 y un 5,6 %, respectivamente.

Ningún país americano está por ahora dispuesto a seguir el ejemplo uruguayo, aunque sí hay iniciativas para despenalizar las drogas como la planteada a nivel internacional por el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, que ha aplaudido la decisión del presidente José Mujica, aunque sin anunciar medidas similares.

«Tarde o temprano el mundo tendrá que debatir otras alternativas para combatir a las organizaciones criminales», por el daño que le causan a la humanidad «tanto por la venta de drogas, como por las muertes que generan», dijo Francisco Cuevas, portavoz de la Presidencia de Guatemala, en junio pasado.

En Chile, esta misma semana los senadores opositores Fulvio Rossi y Ricardo Lagos Weber presentaron un proyecto de ley que plantea la legalización del cultivo de marihuana para consumo personal y con fines terapéuticos, además de despenalizar el porte de pequeñas cantidades para uso individual.

También ha llegado este año al Parlamento argentino un proyecto de ley para despenalizar la tenencia de drogas para consumo privado, del que es promotor Aníbal Fernández, exjefe del gabinete del Gobierno peronista de Cristina Fernández.

La Corte Suprema de Justicia de Argentina declaró inconstitucional en 2009 el castigo del consumo de marihuana en adultos, siempre que se realice en privado y no implique riesgos para terceros, pero la legislación vigente en Argentina castiga con prisión de uno a seis años y multa la tenencia de drogas.

Sin embargo, la penalidad se reduce de un mes a dos años de cárcel en los casos en los que se considere que el estupefaciente era destinado al uso personal. Desde 2006 está vigente en Venezuela una norma que prohíbe la tenencia de cualquier tipo y cantidad de droga, aunque contempla la posibilidad del consumo personal.

Para el ministro del Interior venezolano, Tareck el Aissami, legalizar la marihuana como pretende Uruguay es una «trampa».

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, opina que las medidas unilaterales, como la de Uruguay, difícilmente van a solucionar problemas que exigen esfuerzos de varios países.

Actualmente en Colombia está prohibido el porte y consumo de drogas superior a la dosis mínima (máximo 1 gramo de cocaína y 20 gramos de marihuana).

En Estados Unidos, donde se desmantelaron 157 laboratorios de cannabis en 2009 y 2010, según la ONU, la «maría» es un estupefaciente ilegal a nivel federal, aunque más de una decena de estados permiten su uso con prescripción médica.

En 2010, en California, se sometió a referéndum la legalización de esa droga, pero ganó el «no». El debate sobre la despenalización del consumo de marihuana es un tema recurrente en Brasil, donde al menos un millón y medio de personas consume diariamente cannabis, según un reciente estudio.

En la actualidad están penalizadas todas las drogas en Brasil, aunque una ley de 2006 evita que los consumidores sean recluidos en prisiones y prevé penas alternativas para el porte de pequeñas dosis y el cultivo para consumo propio.

Paraguay, uno de los principales productores de marihuana en el continente, según datos oficiales de Estados Unidos, penaliza la tenencia de drogas y no han prosperado intentos de cambiar la legislación, como el que realizó en 2009 el diputado Elvis Balbuena.

Por su parte, el Congreso mexicano despenalizó en 2009 el consumo personal de drogas, con lo cual se permite la posesión de hasta cinco gramos de marihuana y cantidades mínimas de otros estupefacientes.

En el caso de Ecuador la tenencia para uso personal es castigada con un mes a dos años de prisión y la comercialización de cualquier estupefaciente es sancionada con penas de 12 a 16 años de reclusión, pero actualmente hay un proyecto que busca la despenalización del consumo de drogas hasta ciertos volúmenes en posesión.

En lo que a Perú se refiere, la posesión de marihuana es castigada con una pena de cárcel menor (entre dos y ocho años) en caso de no superar los 200 gramos y el consumo de cantidades mínimas no tiene sanción, mientras que en Bolivia está prohibida la tenencia y el comercio de drogas, con penas que van de 10 a 25 años.

Entre tanto, en Cuba, donde la mayor parte de la droga incautada es marihuana, la pena para ese delito va desde 15 años de cárcel a cadena perpetua. República Dominicana castiga el consumo, porte y comercialización de droga, aunque sea en pequeña cantidad, al igual que Panamá.

De igual forma, el Código Penal de Nicaragua establece que el porte de entre 5 y 20 gramos de marihuana se sanciona con prisión de seis meses a 3 años, y de 50 a 100 días de multa, y al superar esa cantidad la pena será de entre 3 y 8 años de encarcelamiento y de 100 a 800 días de multa.

En Guatemala la producción, tenencia, comercialización y consumo de marihuana puede significar una pena de hasta 30 años de cárcel, en Honduras entre 15 y 20 años, y en El Salvador de hasta 90 años, mientras en Costa Rica tan solo se permite el consumo personal. (EFE)

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Dina Boluarte, abogada de tradición izquierdista, primera presidenta de Perú

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EFE

La asunción de Boluarte a la Presidencia de Perú se produjo, además, 48 horas después de que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales archivó una denuncia presentada contra ella por presuntas irregularidades en su renuncia al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), una entidad pública en la que trabajaba desde 2007

Lima, Perú.-La abogada y política de tradición izquierdista Dina Boluarte se convirtió este miércoles en la primera presidenta de Perú, al jurar al cargo ante el pleno del Congreso, después de que el Parlamento destituyó a Pedro Castillo, acusado de dar un golpe de Estado.

Boluarte, de 60 años y de cuya vida personal no se conocen muchos detalles, fue elegida como primera vicepresidenta de la República en la fórmula presidencial del partido marxista Perú Libre, que el año pasado postuló a Pedro Castillo a la jefatura del Estado del país, y del cual fue expulsada por diferencias políticas con sus dirigentes.

La flamante mandataria fue ministra de Desarrollo e Inclusión Social desde el inicio del Gobierno de Castillo, el 28 de julio de 2021, hasta fines de noviembre, cuando el escenario político se agravó con la confirmación de que el Congreso iba a someter al expresidente a una tercera moción de destitución por «permanente incapacidad moral».

Durante su periodo como vicepresidenta, Boluarte representó a Castillo en varios viajes fuera del país, en los que no fue autorizado a desplazarse por el Parlamento, el último de los cuales fue la cumbre del Foro de Cooperación Asia Pacífico (APEC) en Tailandia en noviembre pasado.

Asimismo, defendió el papel de la mujer en los eventos en los que participó como en la última Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en la que afirmó que «no hay desarrollo sostenible sin el desarrollo de las mujeres» y destacó el compromiso del Perú con el empoderamiento de las mujeres a través de políticas innovadoras, aunque persistan estereotipos y acoso político contra las líderes.

En los últimos días, varios integrantes del Ejecutivo, como los exministros Alejandro Salas y Félix Chero, le recordaron a Boluarte que debía renunciar al cargo como lo habían acordado previamente, en el caso de que Castillo fuera destituido por el Parlamento, pero ella mantuvo silencio.

En su lugar, la vicepresidenta decidió dejar el ministerio cuando Castillo hizo su última modificación en el gabinete, tras la renuncia del jurista Aníbal Torres como primer ministro en noviembre último y el ingreso en ese cargo de la legisladora y abogada Betssy Chávez.

Tras el anuncio del cierre del Congreso, Boluarte rompió su silencio para rechazar la decisión de Castillo de «perpetrar el quiebre del orden constitucional» y añadió que se trató de «un golpe de Estado que agrava la crisis política e institucional que la sociedad peruana tendrá que superar con estricto apego a la ley».

De esta manera, la abogada dejó de apoyar públicamente a Castillo y con su nombramiento como jefa de Estado se corrigió de lo que había anunciado el año pasado, cuando declaró que si el entonces presidente era destituido ella se iba con él

La asunción de Boluarte a la Presidencia de Perú se produjo, además, 48 horas después de que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales archivó una denuncia presentada contra ella por presuntas irregularidades en su renuncia al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), una entidad pública en la que trabajaba desde 2007.

También fue presidenta del Club Departamental Apurímac, un cargo para el que realizó trámites de transferencia de funciones que le valieron una investigación del Congreso, que finalmente decidió que no había cometido una infracción constitucional.

Boluarte, nacida precisamente en la región surandina de Apurímac, se postuló a un cargo político por primera vez en los comicios municipales de 2018 y nuevamente intentó una curul en el Congreso en las elecciones extraordinarias de 2020 con Perú Libre, movimiento que la incluyó en la fórmula presidencial de Castillo un año después.

Al convertirse este miércoles en la primera presidenta de la historia de Perú, juró «por Dios, la patria y la Constitución» y dijo que asumía «de acuerdo con la Constitución Política del Perú, desde este momento y hasta el 28 de julio de 2026», cuando debe cumplir el actual período de Gobierno.

Añadió que entre sus compromisos estará «defender» la soberanía nacional y que «cumplirá y hará cumplir» la Constitución y las leyes de su país.

Y relató que viene de «un pueblito» del Perú profundo, que es la última hija de una familia que vivió la precariedad y que de ahí aprendió bajo el afecto de sus padres el trabajo y la lealtad.

La abogada y política de tradición izquierdista Dina Boluarte se convirtió este miércoles en la primera presidenta de Perú, al jurar al cargo ante el pleno del Congreso, después de que el Parlamento destituyó a Pedro Castillo, acusado de dar un golpe de Estado.

Boluarte, de 60 años y de cuya vida personal no se conocen muchos detalles, fue elegida como primera vicepresidenta de la República en la fórmula presidencial del partido marxista Perú Libre, que el año pasado postuló a Pedro Castillo a la jefatura del Estado del país, y del cual fue expulsada por diferencias políticas con sus dirigentes.

La flamante mandataria fue ministra de Desarrollo e Inclusión Social desde el inicio del Gobierno de Castillo, el 28 de julio de 2021, hasta fines de noviembre, cuando el escenario político se agravó con la confirmación de que el Congreso iba a someter al expresidente a una tercera moción de destitución por «permanente incapacidad moral».

Durante su periodo como vicepresidenta, Boluarte representó a Castillo en varios viajes fuera del país, en los que no fue autorizado a desplazarse por el Parlamento, el último de los cuales fue la cumbre del Foro de Cooperación Asia Pacífico (APEC) en Tailandia en noviembre pasado.

Asimismo, defendió el papel de la mujer en los eventos en los que participó como en la última Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en la que afirmó que «no hay desarrollo sostenible sin el desarrollo de las mujeres» y destacó el compromiso del Perú con el empoderamiento de las mujeres a través de políticas innovadoras, aunque persistan estereotipos y acoso político contra las líderes.

En los últimos días, varios integrantes del Ejecutivo, como los exministros Alejandro Salas y Félix Chero, le recordaron a Boluarte que debía renunciar al cargo como lo habían acordado previamente, en el caso de que Castillo fuera destituido por el Parlamento, pero ella mantuvo silencio.

En su lugar, la vicepresidenta decidió dejar el ministerio cuando Castillo hizo su última modificación en el gabinete, tras la renuncia del jurista Aníbal Torres como primer ministro en noviembre último y el ingreso en ese cargo de la legisladora y abogada Betssy Chávez.

Tras el anuncio del cierre del Congreso, Boluarte rompió su silencio para rechazar la decisión de Castillo de «perpetrar el quiebre del orden constitucional» y añadió que se trató de «un golpe de Estado que agrava la crisis política e institucional que la sociedad peruana tendrá que superar con estricto apego a la ley».

De esta manera, la abogada dejó de apoyar públicamente a Castillo y con su nombramiento como jefa de Estado se corrigió de lo que había anunciado el año pasado, cuando declaró que si el entonces presidente era destituido ella se iba con él

La asunción de Boluarte a la Presidencia de Perú se produjo, además, 48 horas después de que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales archivó una denuncia presentada contra ella por presuntas irregularidades en su renuncia al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), una entidad pública en la que trabajaba desde 2007.

También fue presidenta del Club Departamental Apurímac, un cargo para el que realizó trámites de transferencia de funciones que le valieron una investigación del Congreso, que finalmente decidió que no había cometido una infracción constitucional.

Boluarte, nacida precisamente en la región surandina de Apurímac, se postuló a un cargo político por primera vez en los comicios municipales de 2018 y nuevamente intentó una curul en el Congreso en las elecciones extraordinarias de 2020 con Perú Libre, movimiento que la incluyó en la fórmula presidencial de Castillo un año después.

Al convertirse este miércoles en la primera presidenta de la historia de Perú, juró «por Dios, la patria y la Constitución» y dijo que asumía «de acuerdo con la Constitución Política del Perú, desde este momento y hasta el 28 de julio de 2026», cuando debe cumplir el actual período de Gobierno.

Añadió que entre sus compromisos estará «defender» la soberanía nacional y que «cumplirá y hará cumplir» la Constitución y las leyes de su país.

Y relató que viene de «un pueblito» del Perú profundo, que es la última hija de una familia que vivió la precariedad y que de ahí aprendió bajo el afecto de sus padres el trabajo y la lealtad.

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Asesinan a mujer embarazada y roban a su bebé en estado mexicano de Veracruz

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EFE
Mexico.-Una joven mujer con nueve meses de embarazo, fue raptada bajo engaños, posteriormente asesinada y su bebé extraída de su vientre, lo que causó indignación entre la sociedad del estado mexicano de Veracruz, donde ocurrieron los hechos.

Autoridades ministeriales reportaron que lograron la detención de dos presuntos responsables del delito de feminicidio, un hombre y una mujer, y la recuperación sana y salva de la recién nacida que había sido robada.

Los hechos ocurrieron en el puerto de Veracruz, Golfo de México, donde el pasado 30 de noviembre Rosa Isela Castro Vázquez, una joven de 20 años, fue reportada como desaparecida.

Sus familiares relataron que la víctima, con nueve meses de gestación, desapareció luego de que una mujer la contactase por redes sociales y le ofreciese ropa regalada; fue vista por última vez en la zona conocida como Las Bajadas, donde quedó en verse con la supuesta altruista.

La Fiscalía General del Estado informó este sábado de que el cuerpo sin vida de Rosa Isela fue localizado en el rancho Los Arrieros del municipio de Medellín de Bravo, una zona conurbada al puerto de carga y turístico de Veracruz.

Como parte de las investigaciones, la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia Contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños, y Trata de Personas lograron ubicar a dos personas, identificadas como Gonzalo “N” y Verónica “N”, que tenían consigo a una menor recién nacida, quien presuntamente es la hija de la víctima.

Ambos son señalados como presuntos responsables del delito de desaparición cometida por particulares y por la probable comisión del delito de feminicidio.

En las próximas horas serán presentados en audiencia inicial ante el juez de proceso y procedimiento penal oral del distrito judicial de Veracruz para que dea su situación jurídica.

En tanto, el caso ha causado gran indignación entre la sociedad de un estado que ocupa la séptima posición en el nivel nacional en incidencia delictiva; tan sólo en el mes de octubre fueron denunciados 6.979 delitos.

El informe de Incidencia Delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ubicó a Veracruz en el puesto séptimo a nivel nacional con mayor número de delitos denunciados.

En el mismo mes de octubre, Veracruz ocupó el segundo lugar en el delito de secuestro y conserva el primer puesto a nivel nacional en incidencia acumulada, según datos de la organización Causa en Común.

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P. RICO: Dos dominicanos ligados a cocaína valorada US$20.7 mm

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San Juan, (EFE).- Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) informó este miércoles de la incautación de un cargamento de 901 kilogramos de cocaína en una embarcación que intentaba llegar a la costa de Guayama, en el sur de Puerto Rico.

El alijo tiene un valor estimado de contrabando de 20,7 millones de dólares, según el comunicado de la CBP, que indicó que durante la intervención fueron detenidas cuatro personas.

La tripulación de una aeronave de los Agentes de Operaciones Aéreas y Marítimas (AMO, por sus siglas en ingles) detectó el pasado lunes una embarcación rápida con dos motores fuera de borda que se dirigía hacia la costa sur de la isla.

La detención de la embarcación sospechosa se produjo a 20 millas náuticas al sur de Guayama.

Los agentes de la Marina encontraron 31 fardos de contrabando y cuatro hombres que aseguraron ser ciudadanos de Venezuela y República Dominicana.

El Buro Federal de Investigaciones (FBI) tomó la custodia del contrabando y de las personas para su investigación y enjuiciamiento.

El pasado 23 de noviembre el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, pidió al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, más recursos para combatir la entrada de drogas a la isla, tras la muerte de un agente federal en un intercambio de disparos con narcotraficantes.

El gobernador sostuvo, además, que el nivel de violencia que existe en Puerto Rico se debe en gran parte a la ubicación estratégica de la isla, un punto de transbordo para el tráfico de drogas desde América Central y del Sur a EE.UU. EFE

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Edificio La República: Restauración No. 138, cuarta planta, Santiago, República Dominicana. Teléfono: 809-247-3606. Fax: 809-581-0030.
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