Latinoamericanas
Plan uruguayo para la marihuana, demasiado atrevido para la región
Agentes dominicanos incineran paquetes de marihuana hoy viernes. EFE
BOGOTÁ.- La iniciativa uruguaya de legalizar la marihuana y encargar al Estado la producción y comercialización de la sustancia ilícita más consumida en el mundo no ha tenido apoyo en otros países de América Latina, pese al reconocimiento general de la necesidad de replantear la lucha contra las drogas.
El gobierno de Uruguay envió esta semana al Parlamento un polémico proyecto de ley que, de ser aprobado, hará del pequeño país latinoamericano el primero del mundo en el que el Estado será productor y vendedor de marihuana, con el fin de disminuir el avance de la delincuencia y arrebatar el negocio al narcotráfico.
Según el «Informe Mundial sobre las Drogas 2012» de la ONU, en el mundo existen actualmente entre 119 millones y 224 millones de consumidores de cannabis (marihuana). El informe no brinda una cifra global de consumidores en América, pero sí da los porcentajes de población adulta (15 a 64 años) que consume marihuana.
Estados Unidos, Canadá y Uruguay aparecen en los primeros puestos de la tabla con un 14,1, un 12,7 y un 5,6 %, respectivamente.
Ningún país americano está por ahora dispuesto a seguir el ejemplo uruguayo, aunque sí hay iniciativas para despenalizar las drogas como la planteada a nivel internacional por el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, que ha aplaudido la decisión del presidente José Mujica, aunque sin anunciar medidas similares.
«Tarde o temprano el mundo tendrá que debatir otras alternativas para combatir a las organizaciones criminales», por el daño que le causan a la humanidad «tanto por la venta de drogas, como por las muertes que generan», dijo Francisco Cuevas, portavoz de la Presidencia de Guatemala, en junio pasado.
En Chile, esta misma semana los senadores opositores Fulvio Rossi y Ricardo Lagos Weber presentaron un proyecto de ley que plantea la legalización del cultivo de marihuana para consumo personal y con fines terapéuticos, además de despenalizar el porte de pequeñas cantidades para uso individual.
También ha llegado este año al Parlamento argentino un proyecto de ley para despenalizar la tenencia de drogas para consumo privado, del que es promotor Aníbal Fernández, exjefe del gabinete del Gobierno peronista de Cristina Fernández.
La Corte Suprema de Justicia de Argentina declaró inconstitucional en 2009 el castigo del consumo de marihuana en adultos, siempre que se realice en privado y no implique riesgos para terceros, pero la legislación vigente en Argentina castiga con prisión de uno a seis años y multa la tenencia de drogas.
Sin embargo, la penalidad se reduce de un mes a dos años de cárcel en los casos en los que se considere que el estupefaciente era destinado al uso personal. Desde 2006 está vigente en Venezuela una norma que prohíbe la tenencia de cualquier tipo y cantidad de droga, aunque contempla la posibilidad del consumo personal.
Para el ministro del Interior venezolano, Tareck el Aissami, legalizar la marihuana como pretende Uruguay es una «trampa».
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, opina que las medidas unilaterales, como la de Uruguay, difícilmente van a solucionar problemas que exigen esfuerzos de varios países.
Actualmente en Colombia está prohibido el porte y consumo de drogas superior a la dosis mínima (máximo 1 gramo de cocaína y 20 gramos de marihuana).
En Estados Unidos, donde se desmantelaron 157 laboratorios de cannabis en 2009 y 2010, según la ONU, la «maría» es un estupefaciente ilegal a nivel federal, aunque más de una decena de estados permiten su uso con prescripción médica.
En 2010, en California, se sometió a referéndum la legalización de esa droga, pero ganó el «no». El debate sobre la despenalización del consumo de marihuana es un tema recurrente en Brasil, donde al menos un millón y medio de personas consume diariamente cannabis, según un reciente estudio.
En la actualidad están penalizadas todas las drogas en Brasil, aunque una ley de 2006 evita que los consumidores sean recluidos en prisiones y prevé penas alternativas para el porte de pequeñas dosis y el cultivo para consumo propio.
Paraguay, uno de los principales productores de marihuana en el continente, según datos oficiales de Estados Unidos, penaliza la tenencia de drogas y no han prosperado intentos de cambiar la legislación, como el que realizó en 2009 el diputado Elvis Balbuena.
Por su parte, el Congreso mexicano despenalizó en 2009 el consumo personal de drogas, con lo cual se permite la posesión de hasta cinco gramos de marihuana y cantidades mínimas de otros estupefacientes.
En el caso de Ecuador la tenencia para uso personal es castigada con un mes a dos años de prisión y la comercialización de cualquier estupefaciente es sancionada con penas de 12 a 16 años de reclusión, pero actualmente hay un proyecto que busca la despenalización del consumo de drogas hasta ciertos volúmenes en posesión.
En lo que a Perú se refiere, la posesión de marihuana es castigada con una pena de cárcel menor (entre dos y ocho años) en caso de no superar los 200 gramos y el consumo de cantidades mínimas no tiene sanción, mientras que en Bolivia está prohibida la tenencia y el comercio de drogas, con penas que van de 10 a 25 años.
Entre tanto, en Cuba, donde la mayor parte de la droga incautada es marihuana, la pena para ese delito va desde 15 años de cárcel a cadena perpetua. República Dominicana castiga el consumo, porte y comercialización de droga, aunque sea en pequeña cantidad, al igual que Panamá.
De igual forma, el Código Penal de Nicaragua establece que el porte de entre 5 y 20 gramos de marihuana se sanciona con prisión de seis meses a 3 años, y de 50 a 100 días de multa, y al superar esa cantidad la pena será de entre 3 y 8 años de encarcelamiento y de 100 a 800 días de multa.
En Guatemala la producción, tenencia, comercialización y consumo de marihuana puede significar una pena de hasta 30 años de cárcel, en Honduras entre 15 y 20 años, y en El Salvador de hasta 90 años, mientras en Costa Rica tan solo se permite el consumo personal. (EFE)
Latinoamericanas
Incautan falsificaciones valoradas en 21 millones de dólares en Puerto Rico en un año
Agencia Efe
Agentes de CBP y de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, en inglés) realizaron entre el 1 de octubre de 2022 y el 30 de septiembre de 2023 un total de 1.313 incautaciones, una cifra levemente inferior a la del año fiscal anterior (1.377).
San Juan.- Artículos falsificados de ropa y joyería, valorados en casi 21 millones de dólares, fueron incautados durante el año fiscal 2023 en Puerto Rico e Islas Vírgenes Estadounidenses, informó este martes Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).
Agentes de CBP y de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, en inglés) realizaron entre el 1 de octubre de 2022 y el 30 de septiembre de 2023 un total de 1.313 incautaciones, una cifra levemente inferior a la del año fiscal anterior (1.377).
«Los peligros de comprar productos falsificados no siempre son evidentes. Hay impactos económicos, implicaciones legales y riesgos para la salud y la seguridad que es importante que usted conozca antes de comprar», afirmó en declaraciones escritas Efraín Rivas, subdirector de Operaciones de Campo de CBP en San Juan.
Y es que además de ropa y joyería, las autoridades han identificado productos pirateados que pueden ser peligrosos como medicamentos, juguetes, piezas de autos y artículos de belleza.
Rivas explicó que gran parte de estos productos pirateados ingresa en Puerto Rico e Islas Vírgenes Estadounidenses a través del servicio postal o empresas de mensajería.
La mayoría de estos artículos proviene de China o Hong Kong y se vende a través de Internet.
Este mes, los agentes incautaron unos 479 uniformes deportivos falsificados que se vendían como producto original en una residencia de Guaynabo, en el norte de Puerto Rico.
Agencia Efe
Los datos fueron transmitidos poco antes de las 20:30 (23:30 GMT), después de que Massa reconociera la derrota: «Hoy termina una etapa en mi vida política».
El candidato de La Libertad Avanza (ultraderecha), Javier Milei, será el presidente de Argentina a partir del próximo 10 de diciembre, al haber obtenido el 55.86 % de los votos, con el 91.81 % de las mesas escrutadas, derrotando así al oficialista Sergio Massa, quien sumó el 44.13 % de los votos.
Aunque en Argentina los datos oficiales sólo pueden divulgarse a partir de las 21.00 horas (00.00 GMT), la reunión de los datos representativos antes de lo previsto llevó al secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello, a hablar con las autoridades de la Cámara Nacional Electoral y alterar el protocolo que estaba previsto.
Los datos fueron transmitidos poco antes de las 20:30 (23:30 GMT), después de que Massa reconociera la derrota: «Hoy termina una etapa en mi vida política», afirmó el político peronista, quien, como ministro de Economía, deberá afrontar ahora el manejo de la pieza más delicada de la transición con el nuevo Gobierno.
Unos 35,8 millones de argentinos estaban convocados para elegir presidente y vicepresidente en el segundo balotaje de la historia, después del celebrado en 2015, cuando el centroderechista Mauricio Macri se alzara con la victoria sobre el peronista Daniel Scioli para su Gobierno 2015-2019.
Además, en 2003, los peronistas Carlos Menem y Néstor Kirchner debieron disputar una segunda vuelta, ya que ninguno de ellos obtuvo el porcentaje suficiente para ganar en primera -un 45 % o un mínimo de 40 % y 10 puntos porcentuales sobre el siguiente líder más votado-.
La jornada electoral de este domingo registró un 76.37 % de participación, la segunda más baja de la historia después del 76.2 % de 2007, cuando ganó la peronista Cristina Fernández, dando inici así al primero de sus dos mandatos (2007-2011 y 2011-2015).
EFE
Expresión del deterioro de la relación bilateral a causa del manejo de la crisis desencadenada por la construcción por parte haitiana de un canal en el fronterizo río Masacre o Dajabón.
Las personas que intenten introducir en Haití productos desde República Dominicana serán multadas y sus mercancías serán destruidas, distribuidas o vendidas en subasta pública, anunciaron este martes autoridades del departamento haitiano del Noreste, en el marco de la crisis que ambos países atraviesan por la construcción de un canal.
En una declaración conjunta, la Delegación Departamental del Noreste, la Dirección Departamental del Ministerio de Comercio e Industria y la Alcaldía de la limítrofe ciudad de Ounaminthe comunican al «público en general y a los comerciantes formales e informales en particular que está prohibido acceder al puente y la franja fronterizos de la comuna de Ouanaminthe con el objetivo de cruzar la frontera y regresar con mercancías».
Por ello, añade la nota, las personas y los conductores de cualquier tipo de vehículo que sean sorprendidos en «flagrante delito con mercancías de cualquier tipo provenientes de República Dominicana serán arrestados y castigados conforme a las leyes haitianas frente al contrabando».
Los vehículos que hayan sido confiscados al intentar introducir en Haití esos productos serán devueltos a sus propietarios tras presentar los correspondientes documentos legales y abonar unas multas que oscilarán entre los 50.000 y los 500.000 gourdes (entre unos 370 y 3.700 dólares al cambio actual).
En declaraciones a EFE, el alcalde principal de Ouanaminthe, Océlite Destiné, dijo que estas decisiones se tomaron para «combatir el contrabando en ciertos puntos fronterizos no oficiales, que continúa pese al cierre de las fronteras».
Deterioro de la situación
Estas medidas, resultado de un grupo de trabajo de las autoridades regionales, irán acompañadas de otras como más policías locales, prohibición de cruzar el puente o presencia de brigadistas municipales y de aduanas para inspeccionar las líneas fronterizas, añadió el responsable municipal.
Destiné señaló a EFE que las medidas del departamento Noreste que hoy entran en vigor constituyen una respuesta a la decisión del presidente dominicano, Luis Abinader, de cerrar unilateralmente todas sus fronteras con Haití y, cuando él optó por reabrirlas, «las autoridades locales decidimos mantenerlas cerradas».
«Para que se abran las fronteras, deben tenerse en cuenta todas las condiciones que hemos establecido. Albinader sigue negándose a hacerlo», manifestó el alcalde, quien citó entre las principales reivindicaciones de las autoridades regionales que los productos haitianos puedan entrar libremente en República Dominicana, reparto equitativo de los días de mercado entre los dos mercados binacionales, accesibilidad a los visados y cese de los malos tratos hacia los haitianos.
«Las quejas por los millones de dólares perdidos por los comerciantes dominicanos demuestran que las ciudades de Dajabón (noroeste dominicano) y Ouanaminthe son la prueba de la gran importancia de esta zona fronteriza en el comercio entre los dos países», sostuvo.
Las decisiones conocidas hoy se inscriben en el deterioro de la situación que se vive desde hace algo más de dos meses entre República Dominicana y Haití, a causa de la construcción por parte haitiana de un canal en el fronterizo río Masacre.
Ante estas obras, que Santo Domingo considera ilegales, el Gobierno dominicano impuso el 15 de septiembre pasado una serie de medidas que incluían, entre otras, desde el cierre total de las fronteras hasta la suspensión de la expedición de visados a ciudadanos haitianos.
Un mes después, las autoridades dominicanas flexibilizaron las medidas y permitieron la apertura parcial de la frontera, pero los haitianos han decidido no volver a participar en el mercado binacional que se celebraba los lunes y los viernes en varios puntos fronterizos, principalmente en Dajabón.