Nacionales
Planteamiento del CONEP recibe apoyo de Sociedad Civil y Empresarios
Cámara Americana de Comercio favorece posición cúpula empresarial
SANTO DOMINGO.-La Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR) apoya las propuestas realizadas por Rafael Blanco Canto, presidente del CONEP, para la implementación de los pilares esenciales para el fortalecimiento de la democracia en la República Dominicana. Estos planteamientos fueron realizados en su calidad de orador y huésped de honor del pasado almuerzo mensual celebrado en el Hotel El Embajador.
Para AMCHAMDR, el bienestar social y económico está fundamentado en instituciones sólidas y transparentes que rinden cuentas y, consecuentemente, estabilidad. El paquete legislativo propuesto por el CONEP reforzaría estos aspectos institucionales y elevaría la confianza de la ciudadanía en el sistema, además de legitimarlo.
La primera propuesta implica la aprobación de una nueva Ley Electoral, con reglas establecidas de los procesos electorales para que sean más organizados y evitar el uso indiscriminado de recursos del Estado.
En segundo lugar, planteó la necesidad de aprobar una Ley de Partidos que establezca procesos institucionales para la selección de las autoridades de los partidos políticos y los candidatos a posiciones electivas, con criterios establecidos que garanticen la transparencia, el orden y los mecanismos institucionales que permitan a su militancia ejercer el derecho al voto y que castigue el transfuguismo.
En tercer lugar, la aprobación de una Ley de Responsabilidad Fiscal, que establezca un mayor rigor en el uso del Presupuesto Público y en el cumplimiento de los topes presupuestarios, los déficits y la deuda pública.Y en cuarto lugar que se logre la plena independencia y fortalecimiento de las instituciones llamadas a implementar y regular todo lo relativo al proceso electoral y a garantizar el cumplimiento de las leyes, pues las normas por si solas no bastan.
AMCHAMDR considera que es necesario que el país pueda avanzar en aspectos tan esenciales y vitales para el fortalecimiento de la democracia.
ADOCCO afirma pronunciamiento recoge preocupación del pueblo
La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco), respaldó la posición del Concejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), externada por su presidente Rafael Blanco Canto, durante su participación como orador principal en el almuerzo mensual de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR), donde expuso cuatro pilares fundamentales para alcanzar la solidez democrática e institucional del país.
A juicio de Julio César De la Rosa Tiburcio, coordinador general de Adocco, las instituciones cuyo rol fundacional ha sido desvirtuado deben retomar su misión y razón de existencia, para lograr la institucionalidad que todos demandan.
“No es posible que instituciones como la Junta Central Electoral(JCE), el Tribunal Superior Electoral(TSE) no hayan alcanzado el respeto de forma tal que sus intervenciones en un proceso tan delicado como administrar los comicios y velar por el cumplimiento de los procesos, no gocen del respeto y reconocimiento de los actores” , expresó De la Rosa Tiburcio en una nota de prensa.
Organización Empresas Comerciales dice hay que restaurar institucionalidad
La Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC) calificó hoy de «oportunas» y «acertadas» las declaraciones del presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Rafael Blanco Canto, quien propuso restaurar la institucionalidad tras argumentar que el sistema electoral «colapsó» durante los comicios generales del pasado 15 de mayo.
«Es una necesidad nacional la construcción de los cuatro pilares comprendidos por la aprobación de una nueva Ley Electoral, la Ley de Partidos, una Ley de Responsabilidad Fiscal y como cuarto pilar garantizar la plena independencia y fortalecimiento de las instituciones tal y como lo expuso el presidente del Conep», señaló Antonio Ramos, presidente de la ONEC.
Las declaraciones de Blanco Canto, según Ramos, «representan el sentir del sector comercial y el empresariado en general, en torno a los principales temas de la agenda nacional».
«Es importante fortalecer nuestras instituciones para que genere un mayor nivel de confianza de cara a la población. El tema electoral es solo el inicio, debemos revisar todas instituciones de nuestro país y fortalecerlas para que brinden equidad a toda la población», subrayó.
Participación Ciudadana respalda iniciativa Rafael Blanco Canto
Participación Ciudadana (PC) respaldó la denuncia del presidente Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Rafael Blanco Canto, de que el sistema electoral de la República Dominicana “colapsó” en las elecciones del pasado 15 de mayo.
En un discurso esta semana ante la Cámara Americana de Comercio, Blanco Canto también propuso, entre otros puntos, la aprobación de una nueva Ley Electoral que marque las reglas de los procesos electorales de manera clara.
PC dijo que “ningún sector debe ampararse en el prejuicio, el sectarismo o la prepotencia para evadir el llamado que ha formulado el Conep, en un ejercicio de auténtica responsabilidad social”.
“Expresamos nuestra firme decisión de participar en este esfuerzo por el fortalecimiento de las instituciones para lograr una democracia de mayor calidad’, indicó.
Lainformacion
Nacionales
Son imprescriptibles actos de corrupcion de exministros de Danilo Medina por tratarse de criminalidad organizada, dice MP.
Santo Domingo, R.D.-La titular de la Procuraduria Especializada de Persecucion de Corrupcion Administrativa (PEPCA), Mirna Ortiz, sostuvo al responderlle a la defensa del exministro de Hacienda, Donald Guerrero, que la corrupción administrativa, como la que se le imputa al exfuncionario y a otros más de los gobiernos del expresidente Danilo Medina, «son casos de criminalidad organizada«, los cuales la ley establece que son «imprescriptibles».
Durante la continuación de la réplica ante el Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Ortiz sostuvo que la acusación contra Guerrero y los también exministros Gonzalo Peralta y José Ramón Peralta son procesos de criminalidad organizada porque «contienen todas y cada una de las características» de la criminalidad compleja u organizada.
Tiene la particularidad de ser «un grupo de funcionarios públicos que se coalicionan, que se asocian con empresarios, con testaferros, que pagan sobornos, que mueven activos, que falsifican documentos, que crean estrategias para estafar al Estado», aseveró.
Sostuvo que no solamente la Ley 10-05 del Código Procesal Penal, modificada por la 97-25, contempla que el crimen organizado es imprescriptible, también los tratados internacionales, a los cuales está suscrito la República Dominicana y que tienen el mismo imperio de la normativa local.
La procuradora adjunta manifestó también que, en cuanto al plazo razonable, la jurisprudencia y los acuerdos internacionales han concluido que la extinción de la acción penal no puede plantearse con un simple «conteo matemático» en casos de corrupción como los que se conocen actualmente en el país por la complejidad de estos procesos.
Las indagatorias por las que se llevó a los tribunales se hicieron en el 2021 por los hechos que se le cuestionan durante su gestión en el Ministerio de Hacienda, añadió Ortiz.
La titular de al Pepca citó que el Tribunal Constitucional, en su sentencia TC-0770-24 y la Corte Interamericana han establecido que, aunque los plazos están establecidos por ley, «hay condiciones y circunstancias que deben verificarse para establecer la razonabilidad de esos plazos. Dilaciones del proceso propias de la misma dinámica de los procesos», subrayó.
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La defensa del exministro de Hacienda aseguró que en la réplica que ha hecho el Ministerio Público no ha logrado presentar ni una sola prueba que otorgue posibilidad de que el exfuncionario sea condenado por las acusaciones.
María del Pilar Zuleta, del equipo de abogados de Guerrero, sostuvo que debe preocupar que el órgano acusador manifieste que el plazo para investigar en el proceso penal no tiene un límite, cuando no es así.
«El Código Procesal Penal le fija unos límites para investigar, especialmente cuando el ciudadano está sometido a medidas de coerción«, sostuvo Pilar Zuleta fuera del tribunal a periodistas.
Otro de los puntos que, según dice hay que cuestionar, es sobre que en la acusación no se deben depositar las pruebas, solo enunciarlas.
«Y estas dos afirmaciones del Ministerio Público son preocupantes porque demuestran que no están dispuestos a someterse al debido proceso para hacer sus acusaciones«, dijo la abogada.
San Francisco de Macorís.-Un médico general, identificado como Wilber Polanco Sanz, quien trabaja en una policlínica en el municipio de Las Guáranas, provincia Duarte, fue acusado de violar a una joven haitiana, de 20 años de edad, mientras acudió a ese centro a hacerse una sonografía.
La joven indicó que después de que el doctor le introdujo el transductor endovaginal y le informó que no estaba embarazada, le dijo que tenía “una enfermedad, no sé cómo se llama, unos cositos y él me dijo que no es peligroso», que me pondría unos medicamentos y se me iban a quitar. «Después él dijo que me volteara encima de la cama”, y supuestamente abusó de ella diciéndole que “era un procedimiento normal”.
Tras la acción, dijo que el galeno la amenazó con llamar a Migración si informaba lo ocurrido.
De acuerdo a la fiscal de la Unidad de Atención Integral a la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales, Sandra Sierra Difó, el galeno tiene tres denuncias por haber violado a otras mujeres, por lo que, al intercambiar información con el cuerpo del orden, fue detenido.
Al ser cuestionado sobre las acusaciones, Polanco Sanz negó los hechos y dijo que la joven que supuestamente es evangélica no sabía que para el estudio había que introducirle un aparato por su vagina.
“Ella parece que es evangélica y sintió vergüenza y se tapó la cara”. “Le introduzco el transductor, le hago el estudio y le entrego su estudio; la secretaria se lo entra en un sobre y la paciente sale muy normal”, dijo.
“Ahora díganme ustedes, ¿una persona a la que uno haya intentado abusar de ella, como ella dice, que yo me desnudé, que la violé, que le introduje los dedos, va a salir caminando normal? Yo tengo todo grabado; ella puede decir que hasta la cabeza le introduje, pero es su palabra contra la mía; yo tengo cámaras, que dicen cómo salió ella de allá”, sostuvo Polanco.
De acuerdo a la fiscal, se están realizando todas las investigaciones necesarias para sustentar el caso. El profesional de la salud será sometido a la justicia en las próximas horas.
SANTO DOMINGO.-Mirna Ortiz, procuradora de corte, sostuvo este miércoles que la defensa del acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez se muestra desordenada y continúa presentando argumentos débiles frente a las pruebas aportadas por el Ministerio Público en el proceso judicial que se lleva en su contra por corrupción administrativa.
“Tenemos tres días escuchando incidentes planteados de forma desorganizada, que no permiten al tribunal concretar ciertamente cuáles son las pretensiones de las partes y el tribunal dio un plazo hasta el miércoles a las 2:00 de la tarde para que organicen su estrategia y se presenten de forma organizada en el tribunal”, dijo la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Mirna Ortiz, quien representó al Ministerio Público en la audiencia junto a los fiscales Emmanuel Ramírez y Aurelio Valdez, ofreció detalles del proceso en respuesta a preguntas de periodistas que cubren el juicio que se ventila en el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
En la jornada de este miércoles la defensa del acusado Alfredo Solano Augusto continuó presentando incidentes.
Conforme al expediente, Rodríguez Sánchez malversó más de RD$6,000 millones mediante procesos fraudulentos entre 2016 y 2020, años en que se desempeñó como procurador General de la República.
También, Alejandro Martín Rosa Llanes, Ramón Lucrecio Burgos, Isis Tapia, Félix Antonio Rosario Labrada, Francis Ramírez Moreno, Rolando Rafael Sebelén Torres, César Nicolás Rizik Pimentel y José Luis Liriano Adames.
Jean Alain Rodríguez Sánchez y los demás procesados enfrentan cargos por corrupción, incluyendo soborno, desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos.