Nacionales
Planteamiento del CONEP recibe apoyo de Sociedad Civil y Empresarios
Cámara Americana de Comercio favorece posición cúpula empresarial
SANTO DOMINGO.-La Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR) apoya las propuestas realizadas por Rafael Blanco Canto, presidente del CONEP, para la implementación de los pilares esenciales para el fortalecimiento de la democracia en la República Dominicana. Estos planteamientos fueron realizados en su calidad de orador y huésped de honor del pasado almuerzo mensual celebrado en el Hotel El Embajador.
Para AMCHAMDR, el bienestar social y económico está fundamentado en instituciones sólidas y transparentes que rinden cuentas y, consecuentemente, estabilidad. El paquete legislativo propuesto por el CONEP reforzaría estos aspectos institucionales y elevaría la confianza de la ciudadanía en el sistema, además de legitimarlo.
La primera propuesta implica la aprobación de una nueva Ley Electoral, con reglas establecidas de los procesos electorales para que sean más organizados y evitar el uso indiscriminado de recursos del Estado.
En segundo lugar, planteó la necesidad de aprobar una Ley de Partidos que establezca procesos institucionales para la selección de las autoridades de los partidos políticos y los candidatos a posiciones electivas, con criterios establecidos que garanticen la transparencia, el orden y los mecanismos institucionales que permitan a su militancia ejercer el derecho al voto y que castigue el transfuguismo.
En tercer lugar, la aprobación de una Ley de Responsabilidad Fiscal, que establezca un mayor rigor en el uso del Presupuesto Público y en el cumplimiento de los topes presupuestarios, los déficits y la deuda pública.Y en cuarto lugar que se logre la plena independencia y fortalecimiento de las instituciones llamadas a implementar y regular todo lo relativo al proceso electoral y a garantizar el cumplimiento de las leyes, pues las normas por si solas no bastan.
AMCHAMDR considera que es necesario que el país pueda avanzar en aspectos tan esenciales y vitales para el fortalecimiento de la democracia.
ADOCCO afirma pronunciamiento recoge preocupación del pueblo
La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco), respaldó la posición del Concejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), externada por su presidente Rafael Blanco Canto, durante su participación como orador principal en el almuerzo mensual de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR), donde expuso cuatro pilares fundamentales para alcanzar la solidez democrática e institucional del país.
A juicio de Julio César De la Rosa Tiburcio, coordinador general de Adocco, las instituciones cuyo rol fundacional ha sido desvirtuado deben retomar su misión y razón de existencia, para lograr la institucionalidad que todos demandan.
“No es posible que instituciones como la Junta Central Electoral(JCE), el Tribunal Superior Electoral(TSE) no hayan alcanzado el respeto de forma tal que sus intervenciones en un proceso tan delicado como administrar los comicios y velar por el cumplimiento de los procesos, no gocen del respeto y reconocimiento de los actores” , expresó De la Rosa Tiburcio en una nota de prensa.
Organización Empresas Comerciales dice hay que restaurar institucionalidad
La Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC) calificó hoy de «oportunas» y «acertadas» las declaraciones del presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Rafael Blanco Canto, quien propuso restaurar la institucionalidad tras argumentar que el sistema electoral «colapsó» durante los comicios generales del pasado 15 de mayo.
«Es una necesidad nacional la construcción de los cuatro pilares comprendidos por la aprobación de una nueva Ley Electoral, la Ley de Partidos, una Ley de Responsabilidad Fiscal y como cuarto pilar garantizar la plena independencia y fortalecimiento de las instituciones tal y como lo expuso el presidente del Conep», señaló Antonio Ramos, presidente de la ONEC.
Las declaraciones de Blanco Canto, según Ramos, «representan el sentir del sector comercial y el empresariado en general, en torno a los principales temas de la agenda nacional».
«Es importante fortalecer nuestras instituciones para que genere un mayor nivel de confianza de cara a la población. El tema electoral es solo el inicio, debemos revisar todas instituciones de nuestro país y fortalecerlas para que brinden equidad a toda la población», subrayó.
Participación Ciudadana respalda iniciativa Rafael Blanco Canto
Participación Ciudadana (PC) respaldó la denuncia del presidente Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Rafael Blanco Canto, de que el sistema electoral de la República Dominicana “colapsó” en las elecciones del pasado 15 de mayo.
En un discurso esta semana ante la Cámara Americana de Comercio, Blanco Canto también propuso, entre otros puntos, la aprobación de una nueva Ley Electoral que marque las reglas de los procesos electorales de manera clara.
PC dijo que “ningún sector debe ampararse en el prejuicio, el sectarismo o la prepotencia para evadir el llamado que ha formulado el Conep, en un ejercicio de auténtica responsabilidad social”.
“Expresamos nuestra firme decisión de participar en este esfuerzo por el fortalecimiento de las instituciones para lograr una democracia de mayor calidad’, indicó.
Lainformacion
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.