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PLD choca de frente contra el plan económico de Abinader

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Juan Ariel Jiménez, exministro de Economía, actuó como vocero en una rueda de prensa del gabinete eonómico en el gobierno del expresidente Danilo Medina

Santo Domingo, RD.- “¿A quién le creemos, al discurso político para los dominicanos, o al discur­so técnico del Ministerio de Hacienda para los inversio­nistas internacionales?”, fue el principal cuestiona­miento que planteó el gabi­nete económico durante el gobierno del expresidente Danilo Medina, ante las acu­saciones del presidente Luis Abinader durante su alocu­ción del pasado jueves.

El exministro de Econo­mía, Juan Ariel Jiménez, que hizo las veces de voce­ro en una rueda de prensa, planteó varias contradic­ciones entre el discurso de Abinader y el expuesto por el Ministerio de Hacienda de su gobierno, al solicitar la emisión de bonos sobe­ranos. De acuerdo con Ji­ménez, el Ministerio de Hacienda encabezado por Jochi Vicente, en el do­cumento de Offering Me­morandum resalta que la acumulación de reservas entre 2015 y 2019 permi­tió pasar de tener reser­vas internacionales equi­valentes a 3.7 meses de importaciones a 6.3 me­ses.

“Entonces, ¿cómo se puede decir que el PLD manejó mal la econo­mía, si el Ministerio de Hacienda tiene escrito y publicado un documento que elogia ampliamente el manejo económico del gobierno pasado y descri­be un país en franca ex­pansión económica hasta el inicio de la pandemia? Ante esta contradicción, ¿qué podemos pensar?”, reflexionó el exministro de Economía.

Acuerdo con la Barrick

El equipo económico del PLD expresó que Abinader debe explicar qué plantea hacer el nuevo gobierno con la venta de activos del Esta­do para aumentar ingresos, consignados en el proyecto de presupuesto de 2021

Jiménez explicó que el gobierno tiene la obliga­ción de aclarar qué nego­ciaciones ha hecho para “estimar” que tendrán un ingreso de capital que so­brepase los RD$89,000 mi­llones el próximo año por la venta de activos del Estado.

“Un Gobierno transpa­rente debería explicar cla­ramente a la ciudadanía ba­jo qué condiciones pretende vender el patrimonio de to­dos los dominicanos. ¿Qué activos públicos van a pri­vatizar? ¿A quiénes? ¿A qué precio? Y mediante qué pro­cesos lo harían”, dijo el mi­nistro de Economía en el gobierno de Danilo Medina.

Agregó que Abinader por igual debería explicar el ti­po de acuerdo al cual se lle­gó con la minera Barrick Gold, sobre todo en lo re­ferente al descuento que le harán por los avances de di­nero que ya ha prometido.

“La población dominica­na merece saber, al menos, qué tasa de descuento ne­gociaron para el adelanto de impuestos, cuántos van a ser adelantados y a qué pre­cio del oro se usó en las pro­yecciones”, añadió.

Jiménez mencionó que otro de los errores fue presen­tar un presupuesto que has­ta tenía un impuesto al sala­rio de Navidad y que frente a eso no vale escudarse a la cri­sis ni tratar de “desacreditar a otros para salvar la cara”.

Distracción

Jiménez expresó que se buscó la salida más fácil para criticar a la anterior gestión en un intento de cambiar el foco de la dis­tracción.

Pago de nómina

Señaló que Abinader dijo que no había dine­ro para pago de nómina al 16 de agosto, cuando el Gobierno paga entre los 23 y 25 de cada mes, gran parte con recursos de ingresos por la recau­dación de impuestos.

listindiario.com

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Si hay duda JCE pagaría prueba de paternidad.

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Santo Domingo, RD.-La Junta Central Electoral es facultada por la ley 4-23, sobre los actos del estado civil  a requerir a un juez la autorización de una prueba científica, cuando la declaración de nacimiento sea realizada por el presunto padre y el oficial civil tenga dudas sobre la paternidad.

Según la nueva legislación, esa prueba científica será pagada con el presupuesto de la JCE.

“Si la declaración de nacimiento del niño o niña es realizada por el padre y el oficial del Estado Civil tuviese alguna duda sobre la paternidad, solicitará a la Dirección Nacional de Registro del Estado Civil, a los fines de que promueva ante el juez de paz del municipio correspondiente, la autorización de la prueba científica que permita establecer la paternidad, cuyo costo estará a cargo del presupuesto de la Junta Central Electoral (JCE)”, establece el artículo 73, en el párrafo III.

La norma legal también dispone, en el párrafo II del artículo 73, que “si el oficial civil tuviese alguna duda sobre la existencia del niño o la niña cuyo nacimiento se declara, podrá exigir su presentación inmediata.”

Mientras, en el párrafo I de ese mismo artículo, la norma legal señala si en las solicitudes de inscripción de nacimiento fuera de la jurisdicción donde ocurrió, existieran desavenencia entre los padres, será asentado en la oficialía de la demarcación donde se produjo el nacimiento.

La ley 4-23 obliga a registrar el nacimiento, además de los progenitores, al Ministerio de Salud, a los centros médicos, al personal de salud que haya intervenido en el parto cuando ocurriera fuera de un establecimiento médico, al pariente más cercano, o, en su defecto, cualquier persona mayor de edad que haya estado presente en el lugar del parto.

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Postergan para la próxima semana juicio de Operación 13.

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El juicio contra los imputados en el fraude de mas de 500 millones de pesos en un sorteo de la Lotería Nacional en el mes de mayo del 2021, fue aplazado por el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional para el 13 de este mes de febrero.

La audiencia de este lunes, la tercera virtual consecutiva por razones de salud de una de las juezas, se realizó solo para recesar, según el abogado Plutarco Jáquez porque, según explicó, la ley estipula que luego de leerse la acusación, el juicio no debe detenerse por más de diez días porque se cae y hay que empezar de cero.

Solo a diez de los once imputados en el fraude se les conoce el juicio de fondo porque uno está prófugo.

Las juezas Claribel Nivar Arias (presidenta), Yissel Soto y Clara Sobeida Castillo, del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, conocen el expediente presentado por el Ministerio Público, que ha nombrado el caso como Operación 13 por ser el bolo del fraude.

Jáquez es el abogado de Valentina Rosario Cruz, Rafael Mesa, Jonathan Brea y Carlos Berigüete.

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Proyecto Bachilleres Bilingües ya no va, dice el Inafocam

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Por no iniciarse en el tiempo previsto y por no estar contemplado en el Plan Operativo Anual del 2022,  fue suspendido el proyecto de capacitación de bachilleres bilingües productivos, según lo informó el Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio (Inafocam).

De acuerdo con la entidad, para adjudicar el proyecto a Valdez Professional Training, SRL (PTS) fue necesaria una modificación presupuestaria que implicó el «desvío de RD$598 millones, equivalentes al 94 por ciento de los fondos del instituto», previamente destinados para la capacitación de los docentes a través de diplomados, talleres, seminarios y cursos en las diferentes áreas y líneas pedagógicas.

El Inafocam alegó que la gestión que encabeza Francisco Ramírez encontró varias irregularidades, entre ellas la discrepancia entre el tiempo establecido para los resultados del personal a ser impactado por la alegada capacitación y que, según PTS, en solo tres meses los participantes tendrían dominio del idioma, lo que es pedagógicamente improbable.

“La investigación comprobó que la contratación fue sometida mediante proceso de excepción como proveedor único marcado con la ficha Inafocam-PEPU-2022-0002, de fecha 21 de septiembre del 2022 en violación al artículo 3, numeral 6, del Reglamento 543-12 de la Ley 360-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones”, establece una nota de prensa del instituto.

Precisa que en la revisión y validación de la contratación se evidenció que, en reiterados momentos, tanto la Dirección General de Compras y Contrataciones como la Contraloría General de la República, realizaron observaciones al proceso que no fueron asumidas, y que la rescisión estuvo amparada en que dicho contrato tampoco cumple con el requisito de estar registrado ante la Contraloría General de la República.

La entidad dijo que la formación bilingüe sigue siendo una prioridad para la actual administración, poniendo como ejemplo que actualmente la empresa PTS cuenta con varios proyectos en ejecución y que solamente en diciembre pasado le fueron pagados a su propietario Juan Valdez, la suma de 17,534,050 millones de pesos por diplomados y seminarios impartidos.

Garantizó que la enseñanza del idioma inglés se realizará, pero siempre de acuerdo con el cumplimiento a las leyes, normas, ordenanzas y protocolos de transparencia y calidad.

En los tribunales

La Contraloría General de la República y las Direcciones de Presupuesto y Contrataciones Públicas cuestionaron el proceso de selección utilizado en un contrato entre el Inafocam y Valdez Professional Training Systems (PTS). El acuerdo está en los tribunales.

Juan Valdez, gerente de PTS, dijo al programa El Informe con Alicia Ortega que haría valer en los tribunales los derechos que tiene sobre el contrato firmado con el Inafocam y ya sometió ante el Tribunal Superior Administrativo al contralor de la República.

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