Santo Domingo, RD.-El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) emitió su parecer sobre la decisión de la jueza Kenya Romero de dictar prisión preventiva y domiciliaria a algunos miembros de esa organización política.Nacionales
PLD reacciona ante prisión de Donald Guerrero y José Ramón y la atribuye a presión política y mediática..
Santo Domingo, RD.-El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) emitió su parecer sobre la decisión de la jueza Kenya Romero de dictar prisión preventiva y domiciliaria a algunos miembros de esa organización política.En el caso de Gonzalo Castillo, Daniel Omar Caamaño, Luis Miguel Piccirillo y Claudio Peña el PLD manifestó que se trató de una medida conforme al derecho; sin embargo, la prisión preventiva impuesta contra los exministros Donald Guerrero y José Ramón Peralta «fue para complacer la presión mediática y política dada por el caso».
“Esto hace pensar que se trata de una decisión que no está basada en lo que establece la normativa procesal penal, sino más bien en un deseo de complacer en alguna medida la presión, política y mediática, tratando de quedar bien con todas las partes, algo que no corresponde al rol del juez imparcial”, a continuación el comunicado íntegro.
Sin embargo, le sorprende que, en el caso de Donald Guerrero y José Ramón Peralta, haya decidido de manera diferente, tomando en cuenta que, tampoco en esos dos casos, se cumplían las condiciones para la imposición de prisión preventiva.
Esto hace pensar que se trata de una decisión que no está basada en lo que establece la normativa procesal penal, sino más bien en un deseo de complacer en alguna medida la presión, política y mediática, tratando de quedar bien con todas las partes, algo que no corresponde al rol del juez imparcial.
Lamentablemente, esta es la situación en la que se ven obligados a ejercer su función hoy los jueces en nuestro país, presionados por algunos miembros del Ministerio Público, que no terminan de entender que su labor debe circunscribirse al espacio judicial y no a la mediatización de los casos, donde la incidencia de la prensa y la opinión pública puede desembocar en lo que la Procuradora General de la República ha llamado, muy acertadamente, “juicios paralelos”.
Recordemos las palabras de la Honorable Procuradora General de la República, Magistrada Miriam Germán, el 10 de mayo de 2022, cuando dijo lo siguiente: «Se puede dar el caso que después de la tormenta inicial, haya un proceso y se declare inocente a una persona y entonces ¿Quién te va a devolver lo que te quitaron a ti y a tu familia? ¿Quién va a reparar la vergüenza de tus hijos?»
Asimismo, llama poderosamente la atención que, en esta investigación, no se hayan incluido personas las cuales, admitiendo los hechos que se le atribuyen, quedan claramente identificados como autores principales de los ilícitos que el Ministerio Público imputa, quienes además son integrantes o están directamente vinculados al partido de gobierno.
El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) reitera su deseo de que en la República Dominicana se respete la presunción de inocencia y el debido proceso; que las medidas de coerción no se conviertan en una pena anticipada para los justiciables, y que el ministerio público, cumpliendo con su rol de objetividad, no excluya por razones políticas o de cercanía con el poder de turno, a personas que deben ser investigadas y procesadas.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Los tribunales de la República, considerando los principios de proporcionalidad y minimización de datos, ponderarán las informaciones de carácter personal o bienes que aparecerán en las redacciones, por lo que está sujeta a la discreción del juez.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
Los registros llamados a anonimato comienzan en los identificativos: nombres y apellidos, nombre de pila, apodos, fecha de nacimiento, edad, nacionalidad, domicilio o dirección postal, dirección electrónica, dirección IP, correo electrónico y los números de pasaporte, cédula, carnet de conducir, policial, funcionario público, colegiado o de seguridad social.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
Los detalles de este artículo están contenidos en la redacción oficial de la Política de Protección de Datos.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Informó, asimismo, que la mayoría de los actos de indisciplina se registraron en las regionales educativas 10, de Santo Domingo II; 15, de Santo Domingo; 06, de La Vega, y 05, de San Pedro de Macorís.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.