Santo Domingo, RD.-El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) emitió su parecer sobre la decisión de la jueza Kenya Romero de dictar prisión preventiva y domiciliaria a algunos miembros de esa organización política.Nacionales
PLD reacciona ante prisión de Donald Guerrero y José Ramón y la atribuye a presión política y mediática..
Santo Domingo, RD.-El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) emitió su parecer sobre la decisión de la jueza Kenya Romero de dictar prisión preventiva y domiciliaria a algunos miembros de esa organización política.En el caso de Gonzalo Castillo, Daniel Omar Caamaño, Luis Miguel Piccirillo y Claudio Peña el PLD manifestó que se trató de una medida conforme al derecho; sin embargo, la prisión preventiva impuesta contra los exministros Donald Guerrero y José Ramón Peralta «fue para complacer la presión mediática y política dada por el caso».
“Esto hace pensar que se trata de una decisión que no está basada en lo que establece la normativa procesal penal, sino más bien en un deseo de complacer en alguna medida la presión, política y mediática, tratando de quedar bien con todas las partes, algo que no corresponde al rol del juez imparcial”, a continuación el comunicado íntegro.
Sin embargo, le sorprende que, en el caso de Donald Guerrero y José Ramón Peralta, haya decidido de manera diferente, tomando en cuenta que, tampoco en esos dos casos, se cumplían las condiciones para la imposición de prisión preventiva.
Esto hace pensar que se trata de una decisión que no está basada en lo que establece la normativa procesal penal, sino más bien en un deseo de complacer en alguna medida la presión, política y mediática, tratando de quedar bien con todas las partes, algo que no corresponde al rol del juez imparcial.
Lamentablemente, esta es la situación en la que se ven obligados a ejercer su función hoy los jueces en nuestro país, presionados por algunos miembros del Ministerio Público, que no terminan de entender que su labor debe circunscribirse al espacio judicial y no a la mediatización de los casos, donde la incidencia de la prensa y la opinión pública puede desembocar en lo que la Procuradora General de la República ha llamado, muy acertadamente, “juicios paralelos”.
Recordemos las palabras de la Honorable Procuradora General de la República, Magistrada Miriam Germán, el 10 de mayo de 2022, cuando dijo lo siguiente: «Se puede dar el caso que después de la tormenta inicial, haya un proceso y se declare inocente a una persona y entonces ¿Quién te va a devolver lo que te quitaron a ti y a tu familia? ¿Quién va a reparar la vergüenza de tus hijos?»
Asimismo, llama poderosamente la atención que, en esta investigación, no se hayan incluido personas las cuales, admitiendo los hechos que se le atribuyen, quedan claramente identificados como autores principales de los ilícitos que el Ministerio Público imputa, quienes además son integrantes o están directamente vinculados al partido de gobierno.
El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) reitera su deseo de que en la República Dominicana se respete la presunción de inocencia y el debido proceso; que las medidas de coerción no se conviertan en una pena anticipada para los justiciables, y que el ministerio público, cumpliendo con su rol de objetividad, no excluya por razones políticas o de cercanía con el poder de turno, a personas que deben ser investigadas y procesadas.
Santo Domingo.-El sustitivo concebido en el Código de Trabajo para la cesantía laboral es el seguro de desempleo, cuya opción es la propuesta que tienen bajo la manga los sectores empresariales del pais.
El punto es que el tema del seguro de desempleo es terreno de la Ley de Seguridad Social, que tiene pendiente de modificación desde el año 2011, luego de haber sido promulgada en el año 2001 bajo el número 87-01.
Sin embargo, la ley vieja, que debe ser modificada, ya contempla la creación de un seguro de desempleo y señala directamente una modificación a la cesantía laboral, aunque especificando que se trabaje sin que se pierdan derechos adquiridos.
Pero los 18 meses ya computan 25 años desde la aprobación de la referida ley, sin que hasta el momento los integrantes de la mesa tripartita logren ponerse de acuerdo en torno a un mandato legal.
Esta ha sido una de las principales causas que han impedido, entonces, una reforma al Código de Trabajo, una pieza que el Poder Ejecutivo aspira modificar desde el primer cuatrienio de gobierno del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), pero sin tocar aspectos relacionados con la cesantía.
El tema tiene tales niveles de sensibilidad que los actores políticos representados en la Cámara de Diputados y en el Senado ni siquiera se atreven a fijar posturas públicas, aunque tras bastidores comparten la idea del seguro de desempleo.
Entrevistado sobre el particular, el senador Alexis Victoria Yeb declaró que lo que se procura es el libre mercado, pero respetando a la vez los derechos adquiridos.
Y aunque la ley del 2001 habla de reformar en un plazo de 18 meses, Victoria Yeb afirmó que el tema deberá abordarse en los próximos cinco o diez años.
“Eso no se va a tocar (la cesantía) y no debe tocarse. Este no es el momento de crear más situaciones por cómo está el mercado y la situación política en sentido general”, indicó Victoria Yeb.
Entretanto, el proyecto reposa en la Cámara de Diputados con fines de ser conocido en una segunda lectura que, según una nota de prensa del hemiciclo, se realizará esta misma semana.
Los trabajos de comisión fueron dirigidos por el diputado Mélido Mercedes y, pese a la cantidad de encuentros que se sostuvieron con legisladores y personas de interés en torno al tema, se supo que muchos de ellos debieron ser suspendidos por falta de apoyo de las partes.
Si los diputados aprueban la pieza esta semana, la misma deberá retornar, debido a las modificaciones introducidas, al Senado de la República, órgano que tendría la obligación de aprobarla sin cambios o, de lo contrario, la iniciativa se caería, para posteriormente ser enviada al Poder Ejecutivo para su promulgación.
El tema aquí es que los sectores empresariales agrupados en el Consejo Nacional de la Empresa Privada consideran que la pieza que se trabaja no reúne las características que inicialmente se consensuaron, lo que los lleva a oponerse a la misma.
Detrás de todas las quejas subsiste el tema de la cesantía, que ya el legislador consideró hace 25 años, mediante una ley, que debía regirse por un seguro de desempleo, algo que, pese a estar consignado allí, no genera apoyo popular.
Santo Domingo, R.D.-Las autoridades identificaron al piloto Erick Diago y al copiloto Rudy Gahasal como las dos personas fallecidas tras el accidente de una aeronave que se precipitó a tierra cuando intentaba regresar al Aeropuerto Internacional de La Romana, de donde había despegado minutos antes, luego de que el avión presentara fallas mecánicas.
De acuerdo a informes preliminares, la aeronave partió inicialmente desde Puerto Rico y aterrizó en La Romana para reabastecer combustible y dejar dos pasajeros. El destino final de los pilotos era Austin, Texas, Estados Unidos.
Mientras, un equipo técnico de la Comisión Investigadora de Accidentes de Aviación (CIAA) del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), encabezada por su presidente Pedro Alberto Piña se trasladó hacia el lugar del incidente para realizar las investigaciones de lugar
La comisión indicó que la aeronave presentó una situación de emergencia cuando se encontraba aproximadamente a 16 millas náuticas al suroeste de La Romana.
Santiago. -Este jueves el Ministerio Público depositó la solicitud de medida de coerción ante el Tribunal de Atención Permanente de Santiago contra los apresados en la Operación XL526, quienes alegadamente integran una presunta red dedicada a estafas, extorsiones y lavado de activos con víctimas en Estados Unidos de América.
Las autoridades señalan como cabecillas a Carlos José Parra Languar, Eliardo Peña Almonte, Renso Darío González Almonte, Josiel Pichardo Cabrera y Walinton Sosa Almonte.
Otros detenidos son: Moisés David Pichardo Aracena, Pedro Antonio Pichardo, Yumeiry Altagracia Cabrera, Danny Rafael Laguar, Augusto José Reyes y Julio Antonio Peralta del Rosario.
A pesar del sometimiento, los abogados de los imputados denuncian que no han sido notificados formalmente de la instancia depositada. Se quejan además de que no tienen acceso completo a sus representados para preparar la defensa.
El jurista Kilvio González, quien representa a Danny Rafael Laguar Ferreira, asegura que su defendido es un ingeniero civil dedicado a la construcción de viviendas en el distrito municipal de San Francisco de Jacagua, y no.parte de una estructura criminal.
El también abogado José Reynoso García asegura que se han cometido violaciones al debido proceso de los apresados.
Criticó que fueran trasladados a distintos centros de reclusión, incluyendo el Palacio de Justicia, el centro de la fortaleza Fernando Valerio y posteriormente Rafey, dificultando que pudieran verlos.
La Operación XL526 fue ejecutada el.pasado martes con operativos en Santiago y Puerto Plata, donde fueron arrestadas 20 personas señaladas de integrar una estructura criminal. En el.caso de Santiago, la estructura funcionaba desde Los Cocos de Jacagua y utilizaba amenazas, simulación de carteles de drogas y herramientas tecnológicas para extorsionar a víctimas en Estados Unidos.
El Tribunal de Atención Permanente de Santiago deberá fijar en las próximas horas la audiencia para conocer la solicitud de medida de coerción.