Santo Domingo, RD.-La causa del declive que afectó a los partidos Revolucionario Dominicano y Refomista Social Cristiano (PRSC) se reproducen en el de la Liberación Dominicana con grandes riesgos de ser sacado del poder en el 2020.Nacionales
Declive de PRD y PRSC se reproduce en el PLD con riesgos de perder el poder.
Santo Domingo, RD.-La causa del declive que afectó a los partidos Revolucionario Dominicano y Refomista Social Cristiano (PRSC) se reproducen en el de la Liberación Dominicana con grandes riesgos de ser sacado del poder en el 2020.Este resquebrajamiento de sus estructuras internas, provocado por el choque de trenes que representan el presidente Danilo Medina y el expresidente Leonel Fernández, se produce a 100 días para las elecciones municipales y a 200 días para las presidenciales y congresionales.
Se advierte que una recomposición de las fuerzas peledeístas en ese lapso representaría una empresa muy difícil, debido a que en las primarias del 6 de este mes las votaciones entre el grupo danilista representado por Gonzalo Castillo, obtuvo 911,324 votos, y el grupo leonelista que encarnó el propio Fernández, registró 884,639 votos, representaron un virtual empate técnico.
Esa situación provocó la renuncia de Fernández, además el presidente del PLD, quien de inmediato fue proclamado como candidato presidencial por los partidos Fuerza del Pueblo, Reformista Social Cristiano (PRSC) y otras organizaciones políticas que abandonaron el Bloque Progresista y su alianza con el partido morado.
El proceso devisionista por el atraviesa el PLD recrea las destructivas crisis que afectaron a las otrora maquinarias electorales del PRSC y el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), reducidos hoy al límite de los mayoritarios.
Cuando el PRSC enfrentó su determinante desbarajuste en las elecciones de 1996 cumplía 22 años en el poder y el presidente Joaquín Balaguer estaba inhabilitado constitucionalmente para reelegirse y en su partido se impuso Jacinto Peynado, que no era de su afecto.
La mayoría de la dirigencia leal al balaguerismo abandonó a su suerte al candidato y el propio líder ni siquiera se presentó a sufragar, por lo que el PRSC cayó de un primer lugar a una lejana tercera posición y jamás ha regresado al poder.
Un caso parecido le sucedió al PRD, cuando estando en el poder en 1986 su líder José Francisco Peña Gómez y el exvicepresiente de la República y presidente del Senado, Jacobo Majuta, se enfrentaron en una cruenta lucha interna que dividió al partido, perdió el poder y lo relegó a un tercer lugar en las elecciones de 1990.
Como consecuencia de este fraccionamiento ni Peña Gómez ni Majluta lograron la presidencia y el PRD volvió al poder a duras penas en el 2000, con Hipólito Mejía, pero dos años después los intentos reeleccionistas del mantario provocaron otra división.
Su presidente Hatuey de Camps fue destituido y abandonó la organización para fundar el Partido Revolucionario Social Demócarata (PRSD). Desde entonces el PRD vivió de tumbo en tumbo alejándose del poder. Se dividió otra vez después de la derrota electoral de 2012, dando lugar al Partido Revolucionario Moderno (PRM).
El PLD, fundado por el profesor Juan Bosch en 1973, luego de dividir al PRD por las ambiciones personales y electoreras de sus dirigentes, ha gobernado el país durante casi dos décadas (1996-2000, 2004-2008, 2008-2012. 2012-2016 y 2016-2020), por lo que con esta profunda crisis comienzaría a avizorarse el principio del fin de su reinado.
De esos cinco períodos presidenciales, el expresidente Fernández triunfó en tres, y el presidente Medina, quien había sido derrotado en las elecciones del 2000, ha gobernado en los últimos dos períodos.
Desde el 2004 el partido morado y de la estrella amarilla ha conservado un control casi absoluto de las instituciones del Estado, dirigiendo los poderes Legislativo, Ejecutivo, la designación de los miembros del Poder Judicial y el dominio mayoritario en el poder municipal.
Algunos de sus encumbrados dirigentes han reiterado que si pierden el poder “irían todos presos”, debido a los grandes escándlos de corrupción administrativa que se han denunciado sin ninguna consecuencia.
En las primarias abiertas el PLD polarizó sus precandidatos presidenciales con Castillo, impuslado por el presidente Medina, y Fernández, quien denunció fraude y renunció del partido.
Las elecciones municipales serán el 16 de febrero y las presidenciales y congresionales el 17 de mayo. Se iría a una segunda vuelta si ningún candidato obtiene el 50% más un voto.
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.