Nacionales
Pleno JCE anuncia en próximos 15 días entregará certificados elección
SANTO DOMINGO.- El pleno de la Junta Central Electoral emitió este jueves el cómputo general nacional definitivo de las elecciones presidenciales, legislativas y municipales y anunció que en la primera quincena de julio entregará los certificados a los triunfadores de los comicios del 15 de mayo pasado.
El secretario general del órgano electoral, Hilario Espiñeira, informó que los certificados serán entregados a los actuales presidente y vicepresidenta de la República, nuevamente electos, Danilo Medina y Margarita Cedeño de Fernández.
También entregarán las certificaciones a los diputados por acumulación de votos, diputados para representación de los dominicanos residentes en el exterior y representantes ante el Parlamento Centroamericano (Parlacen).
Respecto a la sesión de este jueves, la JCE emitio este jueves en la noche la siguiente nota de prensa:
“El Pleno de la Junta Central Electoral sesionó de manera extraordinaria en esta fecha para dar continuidad a la agenda pautada en su reunión del pasado sábado 25 de junio en curso, en la que por aprobación unánime de sus miembros, se dispuso dar cumplimiento al Artículo 160 de la Ley Electoral 275-97, mediante el cual se establece que “Con la suma de los resultados que muestren las relaciones formuladas por las juntas electorales, la Junta Central Electoral efectuará el cómputo general de la votación en toda la República para los cargos de elección nacional y para los de senadores y diputados”.
Así como lo dispuesto por el Artículo 161 que establece la obligatoriedad de la Junta Central Electoral de “formular una relación general, en la que se consignará por cada municipio, por el Distrito Nacional, por cada provincia y para toda la República, el total de votos emitidos y el total de votos computados en pro y en contra de cada candidatura así como el candidato o los candidatos que hubieren resultado elegidos para todos los cargos”
Dadas estas disposiciones y concluida la fase contenciosa electoral, tomando en cuenta todas las informaciones suplidas por las vías oficiales de las Juntas Electorales de cada municipio, se verificaron todos los reparos, las sentencias dictadas por el Tribunal Superior Electoral y las juntas electorales se aplicaron las correcciones de errores materiales, de falta de digitalización o de otros errores detectados, investigados y comprobados por los Departamentos correspondientes y el Pleno de la Junta Central Electoral, dentro de los plazos establecidos. Procedemos a presentar de manera formal el Cómputo General Nacional Definitivo y los candidatos que resultaron electos para los cargos de Presidente y Vicepresidente de la República; Senadores, Diputados por el Territorio Nacional, Diputados por acumulación de votos, Diputados para representación de los dominicanos residentes en el exterior y representantes ante el Parlamento Centroamericano, Parlacen.
Los cargos de Diputados, representantes y suplentes ante el Parlamento Centroamericano y los del nivel municipal, estarán disponibles en breve en el portal Web de la institución.
Por otra parte, tal y como lo tenemos contemplado originalmente en nuestro calendario de plazos regresivos, la entrega de certificados de elección se realizaría en el mes de julio del año en curso. En tal sentido informamos que la entrega de esos certificados, tanto a nivel nacional como municipal, se efectuará, tal como lo habíamos programado, durante la primera quincena del citado mes de julio, en un conjunto de actividades las cuales informaremos oportunamente. Para la entrega de los certificados de elección a los Alcaldes y Vicealcaldes, Regidores, Directores y subdirectores y vocales de Distritos Municipales se están realizando las coordinaciones correspondientes con las Juntas Municipales de todo el país.
Al hacer entrega de este Cómputo General Nacional Definitivo de las Elecciones Generales Ordinarias del pasado 15 de mayo, queremos reiterar nuestro agradecimiento a la población por la confianza expresada en el funcionamiento de la democracia de la República, así como hacia la Junta Central Electoral, al acudir a cumplir con su deber ciudadano de ejercer su derecho al voto en el recién finalizado proceso comicial, damos constancia que cada voto emitido ha sido contado conforme a la voluntad del elector, con estricta sujeción a la Constitución de la República y las Leyes.
Pleno de la Junta Central Electoral
30 de junio 2016
almomento.net
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.