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Opinión

Plutocracia, ¡sí! Democracia, ¡no!

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Por Isaías Ramos

La respuesta de indiferencia del gobierno dominicano ante las recomendaciones dadas por el Banco Mundial en la implementación de una reforma tributaria y la eficiencia del gasto público, que podrían generar ahorros fiscales significativos para el Estado, denota la intención de este sistema plutocrático. Este se niega e impide gravar a sectores privilegiados como el turismo, la minería, el sector de manufactura en regímenes especiales, el sector financiero y los grandes empresarios. De esta manera, obstaculiza financiar la deuda social acumulada y los proyectos para el desarrollo productivo de la nación con sus ingresos. Por el contrario, estos sectores son beneficiados con una exención fiscal que supera los 320 mil millones de pesos anualmente. Parece que los que nos gobiernan no están dispuestos a abandonar a sus amos. Cualquiera que ose perjudicar esa política distributiva a favor de los rentistas del capital encontrará que dichos privilegios no se discuten; para eso, las autoridades no tendrán tiempo ni disposición. La plutocracia establecida les brinda una especie de impunidad frente a cualquier intento de reforma fiscal que afecte sus privilegios.

La verdad es que sí… Para la clase media y trabajadora del país, la reforma fiscal ya está planificada y aprobada con la Ley 32-23. Las normas tributarias en curso a implementar van a oprimir a la clase media hasta su destrucción. Si hubo tiempo y voluntad para esta partidocracia, fue para «estudiar su factibilidad» y aprobación. En un país donde los servicios públicos esenciales se encuentran resueltos, como la seguridad ciudadana, salud, educación, electricidad, agua potable, vivienda y seguridad social, entre otros, se justifica cualquier esfuerzo tributario. Pero en una sociedad que en pleno siglo 21 no tiene ninguno de sus servicios básicos y esenciales solucionados, y tampoco en planes de solventar, no justifica una presión tributaria que sobrepasa el 30%. Eso es opresión. Es simplemente crear las condiciones para destruir el emprendimiento, la micro, pequeña y mediana empresa.

La Dirección de Impuestos Internos se convertirá en una especie de policía política al servicio de esta plutocracia, cuyo fin es destruir esta clase media luchadora y trabajadora que no le rinde pleitesía y que representa un peligro para sus planes. La intención de estos seres maquiavélicos es utilizar mecanismos como el de la fábula del sapo y el agua hirviendo, que, de prosperar, podría dejar sin respuesta de empoderamiento al pueblo dominicano y terminar hundiéndolo, viviendo como en la fábula de Stalin y la gallina desplumada.

Este último gobierno se ha caracterizado por una política pura y dura a favor de esos intereses particulares, contrario a los intereses del pueblo, adquiriendo un enorme endeudamiento público, gastos corrientes exorbitantes y una bajísima inversión de capital, junto con una pésima institucionalidad, como es el préstamo de 25 mil millones al sector financiero del país, camuflándolo como un anticipo. Definitivamente, la intención parece ser llevar a la miseria a la clase media y entregar todas nuestras riquezas a las élites económicas y financieras, en un sistema político representado por hombres y mujeres que carecen de conciencia social, moral y patriótica.

La dolorosa verdad es que, durante más de dos décadas, el capital humano de nuestro país ha sido abandonado a su suerte. La falta de oportunidades para recibir una educación y capacitación de calidad ha dejado a generaciones de ciudadanos sin presente ni futuro, luchando por mantenerse a flote en una economía que cada vez los excluye más y a la vez favorece más a los ricos y poderosos.

En el Frente Cívico y Social, estamos en pleno acuerdo con las recomendaciones del Banco Mundial, que incluyen mejorar la calidad del capital humano, un sistema tributario progresivo acorde a nuestra constitución social y democrática de derecho, también fomentar mercados competitivos, modernizar la estrategia de innovación, reducir las ineficiencias del gasto público y fortalecer la resiliencia frente a eventos extremos, especialmente el cambio climático.

Estas recomendaciones son un camino claro hacia un futuro donde la democracia triunfa sobre la plutocracia. La clase media, el corazón de nuestra sociedad, no debe ser sacrificada en el altar de los intereses de una élite. Es hora de tomar una postura, de exigir un cambio y de luchar por un país donde reine el orden, la justicia y la igualdad de oportunidades. Juntos, podemos hacerlo. La voz del pueblo es fuerte, y en el FCS, estamos listos para escuchar y actuar. La dirección es clara, y el momento de actuar es ahora.

¡Despierta, RD!

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Opinión

La Corte Penal Internacional y la Justicia Internacional (3 de 3)

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Por Rommel Santos Diaz

 Se tiene reportado el uso de 250,000 niños soldados en cerca de 50 países. Para completar el panorama, se estima que 20 millones  de niños han sido desplazados como consecuencias de las diversas guerras y catástrofes humanitarias, mientras que entre  8,000 y 10,000 niños mueren cada año como consecuencia de utilización de minas antipersonales.
Existen indicios de que la trata de  niños en zonas de conflicto es una tendencia que va en aumento y esta vinculada a redes de delincuencia transnacional organizada.

La Corte Penal Internacional es el primer tribunal internacional cuyo Estatuto y Reglas de Procedimiento y Prueba brindan a las víctimas la posibilidad de participar en todas las etapas del proceso.

A diferencia de las actuaciones de las víctimas en otros tribunales internacionales, limitadas a reforzar los argumentos de la defensa o el Fiscal, la Corte Penal Internacional les reconoce derechos que les corresponden por ser quienes han sufrido la grave vulneración de sus derechos humanos y tienen la mayor expectativa de que se haga justicia.

El principal reto de la Corte Penal Internacional será demostrar que sus investigaciones y decisiones no están guiadas por móviles políticos o intereses ajenos a la justicia y la represión de crímenes internacionales.

Finalmente, en  la medida en que este sistema se vaya consolidando, siguiendo los parámetros legales del Estatuto de Roma y de las Reglas de Procedimiento y Prueba, es posible que países hoy reticentes hacia la Corte Penal Internacional modifiquen su postura hacia una  de ayuda  y cooperación. Con esto se lograría tener un sistema penal internacional plenamente universal como complemento a las iniciativas locales por sancionar crímenes de genocidio, lesa humanida, guerra y agresión.

rommelsantosdiaz@gmail.com

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Opinión

Los políticos profesionales no roban

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Por Nelson Encarnación

El reciente escándalo de corrupción detectado en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) ha acentuado la percepción o el convencimiento en algunos de que los políticos acceden a los cargos públicos con la intención de apropiarse de los recursos que manejan.

Ya en otras oportunidades se ha esparcido el mismo convencimiento, en ocasión de hechos judicializados que aún cursan en los tribunales sin sentencias firmes.

Estos y casos anteriores han servido de fundamento a quienes entienden que las formaciones políticas son nidos de bandidos con una amplia vocación hacia la depredación de los recursos públicos, dando lugar, al mismo tiempo, a la prédica contra los políticos y los partidos.

Sin embargo, existen argumentos y evidencias suficientes para desmontar la mala fama contra los políticos. Podemos afirmar, de manera categórica, que los políticos profesionales no roban.

Para remontarnos a los hechos más sonados de persecución a la corrupción, podemos referir el que ha sido, probablemente, el más sonoro de todos, es decir, el procesamiento judicial del expresidente Salvador Jorge Blanco (1982-1986), quien fue condenado a 20 años de prisión por hechos que, evidentemente, no cometió.

Jorge Blanco, que antes de ser político ya era un abogado prestigioso, murió en medio de precariedades materiales, una situación que no concuerda con quien supuestamente fue un corrupto.

Los hechos por los que se condenó al exmandatario no fueron cometidos por él ni por ninguno de sus seguidores con formación y compromiso político, sino por allegados que nada tenían que ver con el Partido Revolucionario Dominicano.

En el caso de los expedientes que todavía se ventilan en la justicia relacionados con hechos registrados—conforme las imputaciones del Ministerio Público—vinculan en primer plano a personeros relacionados al expresidente Danilo Medina, no a dirigentes conocidos del Partido de la Liberación Dominicana.

Y en el más reciente que ocupa la atención del país, es decir, el expediente Senasa, una simple identificación de los encartados permite concluir en que se repite el mismo patrón: los principales señalados no son políticos de militancia.

En consecuencia, si miramos los hechos con un sentido lógico y alejado de la intención de dañar a los partidos y sus dirigentes, podemos proclamar que los políticos profesionales, con formación en el servicio a la sociedad, con compromiso, no roban los fondos del erario. Ahí está la historia.

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Opinión

Honrar la Constitución o perder la República

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Por Isaías Ramos

Al despedir 2025 y abrir 2026, es fácil refugiarse en lo cómodo: deseos repetidos, frases bonitas, la ilusión de que todo cambiará solo porque cambia el calendario. Pero la República Dominicana no necesita otro brindis vacío. Necesita una sacudida de conciencia y un cambio de rumbo. Ese rumbo comienza cuando dejamos de mirar la política como un espectáculo ajeno y asumimos que la república —la casa de todos— se sostiene o se cae con la conducta diaria de su gente.

Durante más de tres décadas, una clase política dominante, reciclada en siglas, alianzas y narrativas, ha contribuido a degradar la vida pública. Se normalizó el privilegio. Se hizo costumbre la trampa. El clientelismo dejó de ser excepción y se volvió método. La impunidad dejó de ser temor y se volvió expectativa. El Estado, demasiadas veces, dejó de ser instrumento del bien común para convertirse en botín, refugio o escalera personal. Cuando lo público se vuelve mercancía, el daño deja de ser un asunto de élites y se convierte en una fractura moral, social y espiritual.

No se trata de negar que existan servidores públicos honestos ni ciudadanos decentes. Precisamente por ellos —y por los jóvenes que merecen un país digno— no podemos resignarnos. Los datos aportan contexto a una percepción extendida: el Índice de Percepción de la Corrupción 2024 asigna a la República Dominicana 36/100 y la ubica en la posición 104 de 180 países. El Rule of Law Index 2025 del World Justice Project sitúa al país en el puesto 76 de 143, y en el factor “Ausencia de Corrupción”, en 90 de 143.

La experiencia cotidiana confirma esa brecha. El trámite que solo “camina” por la vía indebida. El contrato opaco. El expediente que duerme. La sanción que nunca llega. Ese desgaste produce algo peor que el enojo: produce resignación. Y cuando una sociedad se resigna, la corrupción no se frena; se perfecciona. Así es como una república se vacía por dentro, aunque conserve su nombre y sus símbolos.

La historia política lo ha advertido con claridad: cuando los ciudadanos se repliegan en el interés personal y abandonan la vida pública, el Estado se debilita y queda a merced de los peores. Cuando un pueblo ama su país, respeta las leyes y vive con sobriedad cívica, es posible avanzar hacia el bienestar compartido. Cuando se instala la indiferencia, el interés particular aísla y la república se convierte en un cascarón.

Si 2026 será un año de esperanza, esa esperanza no puede ser pasiva. Tiene que ser esperanza disciplinada: la que mira el abismo, lo nombra y aun así decide construir un puente. Ese puente se llama Constitución. No como símbolo ceremonial, sino como norma viva. El artículo 6 establece su supremacía y declara nulos los actos contrarios a ella. El artículo 7 nos define como Estado Social y Democrático de Derecho. El artículo 8 fija como función esencial del Estado proteger los derechos de la persona y respetar su dignidad.

Honrar la Constitución no es citarla: es vivirla. Es aceptar que no puede haber Estado de derecho con corrupción estructural; que no puede haber democracia con clientelismo; que no puede haber justicia con privilegios. Honrar la Constitución es convertir el servicio público en honor y no en negocio; proteger el dinero del pueblo como sagrado; poner el mérito por encima del padrino; transparentar compras, obras y nombramientos; y asegurar consecuencias reales a quien robe lo común. Esa es la frontera entre república y fachada.

Por eso, en 2026, el Foro y Frente Cívico y Social debe reforzar en todo el territorio nacional un despertar de conciencia sostenido y pacífico que convierta indignación en organización y esperanza en disciplina. No se trata de incendiar el país; se trata de iluminarlo. No de sustituir instituciones, sino de obligarlas a cumplir su rol constitucional con presión cívica legítima.

La ruta es concreta y verificable: formación cívica territorial, veeduría social continua y defensa constitucional práctica, acompañando denuncias, dando seguimiento público a los casos y exigiendo consecuencias sin selectividad.

Nada de esto se logra solo con organizaciones. Se logra con el ciudadano común. En esta semana de cambio de año, vale la pena asumir un pacto sencillo: renunciar a pagar sobornos, a pedir favores indebidos y a justificar privilegios; comprometerse a informarse antes de opinar, a exigir rendición de cuentas en lo local y a participar más allá del voto. Un país cambia cuando cambia lo que su gente considera “normal”.

Imaginemos, con realismo, la nación que podemos construir si ese giro comienza: una donde no se necesita padrino para un servicio; donde un contrato público no es lotería para unos pocos, sino obligación transparente; donde el funcionario teme más a la justicia y a la vergüenza pública que a la pérdida del cargo; donde el joven respeta al competente y no admira al tramposo. Que Dios —y la conciencia despierta de cada dominicano— nos guíe y nos exija verdad, justicia y rectitud; que el amor a la patria sea conducta diaria; y que la defensa de la libertad sea nuestro sentir y nuestro hacer.

Cerramos 2025 con una verdad incómoda: hemos permitido demasiado. Abrimos 2026 con una verdad poderosa: todavía estamos a tiempo. Honrar la Constitución o perder la República: esa es la elección de nuestro tiempo. Salvemos la patria.

¡Despierta RD!

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