Análisis Noticiosos
Pobres perspectivas de la RD con 42% con intención de irse
Por Juan Bolívar Díaz
Que el 60% de los jóvenes entre 18 y 25 años y el 48% de la franja 26 a 35 años tengan intención de abandonar el país marca pobres perspectivas de desarrollo, y un grave desafío para una clase política considerada muy corrupta y que genera poca confianza
Las últimas dos investigaciones regionales, las acreditadas Barómetro de las Américas (BA) y Latinobarómetro (LB), recién publicadas, ratifican la crisis institucional y el deterioro moral del país, con altos niveles de clientelismo y corrupción, escasa confianza en los partidos, el Congreso, la Policía y la justicia, y muy alta percepción de inseguridad.
El liderazgo político debería reflexionar sobre el futuro de una sociedad donde el 42 % de sus habitantes dice tener la intención de abandonarla, lo que alcanza hasta el 60% de la franja entre 18 y 25 años de edad, y el 48% entre los 26 y los 35 años, el cuarto peor entre 29 países de América Latina y el Caribe.
Alarmante proporción
Tiene que causar estupor que el BA, el estudio sobre “Cultura Política de la Democracia en la República Dominicana y en la Américas, 2016-17, haya establecido que el 42 por ciento de la población nacional tiene intención de irse a vivir o trabajar en otro país en los próximos tres años, ocupando el cuarto peor lugar entre 29 naciones evaluadas, sólo después de tres caribeños, Haití, Jamaica y Dominica. Esa tasa supera en 6 puntos el 36% del 2006, pero en 13 puntos el 29% que lo manifestó en la investigación, del 2014.
El estudio con recolección de datos entre fines de octubre y 3 de diciembre del 2016, se torna más preocupantes cuando se advierte que son los jóvenes los más dispuestos a marcharse, en proporción del 60% los que están entre 18 y 25 años, y el 48% en la franja de 26 a 35 años. Y también porque quienes expresan más alta intención de irse son los jóvenes de los tres quintiles que mayores recursos reciben, en proporciones del 45 al 49%, mientras los de los dos quintiles más pobres con el 39 y 36%.
“Si los jóvenes y las personas con mayores recursos tienen intención de irse, entonces la República Dominicana enfrenta un serio problema para el desarrollo, ya que las personas con más recursos y capacidades no apuestan a quedarse en el país”, indica el “Estudio comparado sobre Democracia y Gobernabilidad, que abarcó 29 países de América Latina y el Caribe e incluyó más de 43 mil encuestados, con auspicios de cuatro instituciones, entre ellas la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo (USAID) y el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC). El capítulo dominicano, entregado esta semana en un libro, fue responsabilidad de las doctoras Rosario Esponal y Jana Morgan.
Peor en Latinobarómetro
La pregunta formulada por el BA fue “¿Tiene usted intenciones de irse a vivir o trabajar en otro país en los próximos tres años?” Y es relevante que otra acreditada encuesta regional publicada tres semanas antes, Latinobarómetro, arroja 60%, superando en 6 puntos los que en el 2015 respondieron sí a la pregunta “¿Usted y su familia han considerado seriamente vivir en el extranjero?”. En esta, RD lidera los 18 países incluidos, entre los que no están Haití, Jamaica y Dominica.
El que sean los más jóvenes y los mejor situados económicamente tienen muchas implicaciones, la primera es que en ese segmento están los mejor preparados profesionalmente, muchos de ellos de los miles que han sido becados para estudios de grado y postgrado en el exterior, que mantienen vínculos externos y poseen más recursos superaron en ellos, por lo menos en cuanto no servirían al desarrollo nacional.
Esa intención marcaría un cambio en la estratificación social de los emigrantes dominicanos, que en las últimas seis décadas pasaron del millón y medio, en gran proporción de la baja clase media y sectores populares. Y se correspondería con la realidad de que las fronteras se están cerrando para los inmigrantes sin mayor formación técnica o profesional.
Esa emigración dominicana sí contribuyó al desarrollo nacional, primero bajando la tensión social por el empleo, y segundo a través de sus remesas. El Barómetro de las Américas establece que el 23 por ciento de los hogares dominicanos, séptimo lugar en la región, reciben remesas de sus parientes en el exterior. Esas remesas en el 2016 superaron los 5 mil millones de dólares, sin repatriación al exterior ni nada incluido, a diferencia de los más de 6 mil millones de dólares que aportó el turismo.
¿Por qué se quieren ir?
No se cuestionó las razones por las que tan significativa proporción se quiere ir del país, pero las mismas pueden encontrarse en los resultados generales de ambas investigaciones sociales. Resalta la ínfima confianza en el liderazgo político, que LB establece en apenas 15% y el BA en 20%. En LA, la satisfacción con la democracia se registra en 32% y el apoyo de la población a la democracia cae del 65 al 54% en 2017, en relación al 2004. El BA indica un todavía alto 62%, pero 20 puntos menos que el 82 del 2006, mientras la simpatía con los partidos cayó 21 puntos de 63 a 42%, apenas en 4 años,
Los niveles de corrupción en el sistema político que percibe la ciudadanía dominicana, ya marcados por las encuestas nacionales, como la reciente Gallup-HOY, donde el 89% lo estimó alarmante, son ratificados en el BA. Aquí el 84% cree que al menos la mitrad de los políticos son corruptos. Y LB indica que RD es el séptimo país de la región con más alta percepción de la corrupción como principal problema nacional. Coloca al país como líder en clientelismo, según el 53% de la población, 20 puntos sobre el promedio regional de 33%.
Un elemento clave para el intento de huida del país es el nivel de percepción de la inseguridad ciudadana, que el BA establece como el segundo más alto de 29 países de la región, superado sólo por Venezuela. La inseguridad promedio en el barrio aumentó del 56 al 59 por ciento, del 2014 al 16. Y el 46% de la población estima que el problema más grave del país está relacionado con la delincuencia y el crimen.
Crisis de las instituciones
Tanto en el Barómetro de las Américas como en Latinobarómetro resalta la profunda desconfianza de los dominicanos en las instituciones fundamentales del Estado, particularmente el Congreso, la justicia, Policía, Fuerzas Armadas y Gobierno, aunque la valoración del Gobierno sigue entre las más altas de la región. En LB su aprobación es 52%, sólo por debajo de Nicaragua, Ecuador y Bolivia. Pero resalta que en sólo un año, del 2016 cuando era 76%, cayó 20 puntos. Pero el 87% cree que el gobierno sirve a los intereses de unos pocos. La confianza en el Poder Judicial es sólo del 22%, mientras en el Congreso y el Tribunal Electoral se registra en 23%, en la Policía 24%, y 42% en las Fuerzas Armadas.
En BA la confianza se expresa en 23% para la gestión del Congreso, 36% en la Policía y 42% en la justicia, y apenas el 35% dice confiar en las elecciones. Las simpatías por los partidos cae 21 puntos, del 63% en el 2012, ahora al 42%. Y el apoyo a la democracia baja 20 puntos, del 82% en el 2006 ahora al 62%. La confianza en el trabajo del Presidente Medina sigue alta, en 62% al 2016, aunque 9 puntos menos que 71% del 2014.
En el BA resalta que el 68% expresa confianza en los medios de comunicación social, aunque un bajo 35% cree que hay muy poca libertad de prensa y 46% que hay poca libertad de expresión.
La respuesta política
El liderazgo político nacional debería salir de su burbuja para reconocer las señales de grave insatisfacción que registran estas investigaciones latinoamericanas y caribeñas. En gran parte de los países la confianza en la democracia y las instituciones están en picada, en medio de una profunda crisis del sistema de partidos, de ideologías y ética.
La desconfianza se ha expresado en los últimos años con la emergencia de gobiernos basados en nuevos agrupamientos políticos, como en Costa Rica, panamá, Guatemala, El Salvador y Argentina. Y en Honduras un frente improvisado que postuló una figura mediática para enfrentar la reelección inconstitucional del presidente Orlando Hernández, avalada por un controlado Tribunal Constitucional, probablemente haya obtenido mayor respaldo como indicó el primer boletín con 57% de los votos, superado a duras penas tras un “apagón informativo” de tres días. La crisis del sistema partidista pasó antes por Venezuela, Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia.
En la República Dominicana el sistema político dominante se niega a escuchar los diagnósticos que recomiendan reformas fundamentales para recuperar los procedimientos democráticos y reducir la corrupción, el clientelismo y la impunidad, a pesar de la emergencia de un movimiento masivo sin precedente como la Marcha Verde.
En vez de previsiones para atender las demandas, los que discuten el proyecto de ley de partidos han consensuado contra reformas como permitir los aportes al partidismo de las empresa extranjeras con representación local, prohibidos en la actual Ley Electoral, o estableciendo un límite de contribuciones individuales muy alto, que en las elecciones pasadas hubiese sido de 4 millones de pesos.
Peor todavía es el empeño de los seguidores del presidente Danilo Medina de imponer, aún contra una parte de su propio partido, la mayoría de sus aliados y de todos los de la oposición, la elección de candidatos con padrón universal abierto. Esto duplicaría el costo de los procesos electorales, promovería más el clientelismo y la corrupción con la compra de votos y la influencia del dinero aún entre los competidores del mismo partido.-
El presidente José Raúl Mulino asegura que el tránsito de personas se ha reducido este año en un 98%. Coincide con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca
Bogotá.-El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, ha anunciado este jueves el cierre de los centros migratorios que ha formado parte de la ruta del Tapón del Darién, la zona selvática que han cruzado más de un millón de inmigrantes desde 2016. Mulino asegura que el tránsito de personas que se dirigían a Estados Unidos ha disminuido un 98%. Las deportaciones masivas ordenadas por Donald Trump han disuadido a muchos inmigrantes, que incluso realizan el camino de vuelta a sus países por este mismo paso fronterizo, solo que en sentido contrario.
“No permitiremos más migrantes en esa zona del Darién y cerramos una operación que comenzó en el año 2016. Me da mucha complacencia haber cumplido y haber cerrado el Darién, con lo que eso significa para la seguridad regional y panameña”, ha dicho en rueda de prensa. Mulino hace este anuncio el mismo día que la NBC ha revelado que Trump le ha pedido al Pentágono varios planes para tomar el control del Canal de Panamá, la joya sobre la que gira la economía de este país.
El Darién lo cruzaban sobre todo venezolanos que huían de la catastrófica situación económica de su país, pero también colombianos, ecuatorianos y hasta gente llegada desde lugares remotos, como Vietnam, Afganistán o Congo. El paso desde la zona colombiana lo controlaban grupos paramilitares que han ganado cientos de millones de dólares con este negocio. Cada migrante debía desembolsar unos 350 dólares si quería tener derecho a pasar. Un número indeterminado de personas ha muerto en estos años víctima de los peligros de la selva, crecidas de ríos y atracos y violaciones de bandas de delincuentes.
El lado panameño lo controlaba el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), que vigilaba el cruce de los viajeros. Antes de abandonar la selva, tenían que parar en Bajo Chiquito y Canaan Membrillo, donde las autoridades panameñas hacían control de pasaportes y atendía médicamente a los inmigrantes. Una veintena de oenegés y entidades de Naciones Unidas se ocupaban también de darles asistencia, cuidar de los menores y proveerles de agua potable, duchas y alimentos.
El paso migratorio también le cambió la vida a los pueblos indígenas que viven a orillas del río que cruza la selva, mayormente de origen embera. Los habitantes de estas pequeñas poblaciones llevaban en barca a los migrantes y les daban techo y les vendían comida. De repente tuvieron unos ingresos económicos extraordinarios. El cierre supone un golpe económico muy grande para sus comunidades. La caída del flujo de inmigrantes, de acuerdo al presidente de Panamá, ha sido estrepitosa: “Hace un año teníamos 36.841 migrantes cruzando por Darién, hoy marzo llegamos a 112. Una disminución importantísima, que representa de entre el 97-98 % de éxito por parte de las autoridades de Migración y el Senafront”.
El Darién como paso importante empezó a ser relevante cuando en 2016 empezaron a cruzarlo ciudadanos de nacionalidad cubana. Abierta esa vía que parecía más factible que la marítima, las cifras se elevaron en 2021 con 133.726 migrantes, 248.284 en 2022 y 520.000 en 2023. Se convirtió en el cruce fronterizo más importante del mundo. Después llegaban a Costa Rica, donde continuaban hasta México. Desde el norte de ese país entraban en Estados Unidos. La llegada de Trump a la Casa Blanca lo ha cambiado todo. Por ahora, el cruce del Darién queda clausurado.
elpais.com
El último lance entre las dos instituciones pone en evidencia cómo se ha menoscabado la autoridad del Poder Judicial en México
México.-Una de las enseñanzas inesperadas de la reforma judicial en México es que las autoridades pueden desobedecer las sentencias de los jueces, o acatarlas a conveniencia, cuando una mayoría democráticamente electa controla todas las palancas del poder en el Ejecutivo y el Legislativo. El último episodio de la crisis institucional lo ejemplifica el intento del Tribunal Electoral (TEPJF), dominado por una mayoría oficialista, de disputar las facultades de la Suprema Corte de Justicia para revisar los juicios de amparo. Detrás del conflicto está la lluvia de suspensiones dictadas por jueces para frenar las elecciones del 1 de junio, en las que los mexicanos votarán a miles de cargos de la Judicatura. El Supremo echó abajo esas suspensiones y dejó a salvo la elección judicial —pues no procede el amparo en materia electoral y menos contra una reforma constitucional—, no sin antes observar que los magistrados del TEPJF se arrogaron facultades inexistentes para invalidar las resoluciones de los jueces en su intento de desatorar el proceso.
El lance puso en evidencia la ruptura institucional en la que se ha sumido el país ante la voluntad de Morena de implementar su reforma sin cortapisas. Ya hace unos días, en el festejo republicano de la Constitución de 1917, la presidenta, Claudia Sheinbaum, decidió no invitar al evento oficial a Norma Piña, titular de la Suprema Corte y del Poder Judicial. Así, solo estuvieron representados dos de los tres Poderes de la Unión: el Ejecutivo y el Legislativo, controlados por Morena. Como represalia a los jueces que otorgaron suspensiones contra la reforma judicial, el Consejo de la Judicatura Federal —el órgano encargado de vigilar la conducta de los juzgadores, también de mayoría oficialista— acordó denunciarlos penalmente ante la Fiscalía General de la República.
Con esas consideraciones, el TEPJF —siempre gracias a la mayoría de tres magistrados alineada a Morena— estableció que las suspensiones dictadas por los jueces no tenían efectos sobre la elección judicial, y dieron vía libre a las autoridades del Ejecutivo y el Legislativo para ignorar esas resoluciones y continuar con los preparativos de los comicios. El último ejemplo vino luego de que un juez ordenó a los Comités de Evaluación que integraban las listas de candidatos frenar el proceso. Solo el Comité del Poder Judicial acató la instrucción. Los Comités del Ejecutivo y el Legislativo desobedecieron al juez sin ninguna consecuencia.
El ministro del Supremo Alfredo Gutiérrez preparó un proyecto para resolver el conflicto competencial entre los jueces de distrito y el TEPJF. En su proyecto, el togado ya se lamentaba por “la simplicidad con la que diversos actores institucionales decidieron ignorar los cauces legales cuando estos no convenían a sus intereses”. Antes de la votación del asunto, el pasado jueves, los magistrados del Tribunal Electoral exigieron al propio Gutiérrez, así como a los ministros Norma Piña, Javier Laynez y Jorge Pardo, no participar en la discusión del proyecto por haber hecho anteriormente pronunciamientos contra la reforma judicial, lo que, supuestamente, demostraba que no votarían de manera imparcial. El TEPJF, sin embargo, no consideró necesario pedir también la excusa de las ministras Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Lenia Batres, claramente militantes de Morena y quienes, desde su posición en el Supremo, están en campaña buscando ser “ratificadas” en la elección judicial.
Nunca antes los magistrados del Tribunal Electoral habían intentado dar órdenes a los ministros de la Suprema Corte. Si bien el TEPJF es la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral, el Supremo es un tribunal constitucional y su presidenta, Piña, es la cabeza de todo el Poder Judicial, por lo que, jerárquicamente, está por encima de cualquier juzgado. Ninguno de los ministros se excusó de la votación del proyecto de Gutiérrez. Hacerlo hubiera dejado a la Suprema Corte solo con seis integrantes, cuando el mínimo para que exista quorum es de siete.
Al final, el Supremo resolvió, como era de esperarse, que no se puede suspender un proceso electoral ni tampoco una reforma constitucional —como la judicial—, y ordenó a los juzgadores dar marcha atrás en sus resoluciones. Los togados también indicaron que el TEPJF no tenía facultades para revisar juicios de amparo y señalaron que sus fallos al respecto debían leerse como una mera opinión de sus integrantes. “Las sentencias [del Tribunal] no pueden tener la capacidad de incidir de manera alguna en las determinaciones de jueces de amparo; no funciona como instancia de revisión y su pretensión de anular los efectos de las suspensiones simplemente carece de cualquier efecto dentro de nuestro orden jurídico”, dice la resolución del Supremo. El ministro Alberto Pérez Dayán fustigó a los magistrados electorales que han actuado a tono con Morena —Mónica Soto, presidenta del TEPJF; Felipe Fuentes y Felipe de la Mata—, a los que se refirió como “la exigua mayoría de un tribunal deliberadamente incompleto, predecible, obvio, complaciente y sesgado con el poder”.
La sesión del jueves estuvo plena de referencias al quiebre institucional que ha supuesto la reforma judicial, una circunstancia que el ministro Gutiérrez calificó de “perturbadora”. “Esta Corte ha observado cómo cada transgresión al orden constitucional ha allanado el camino para la siguiente, hasta llegar al punto donde los límites institucionales, que alguna vez parecieron inquebrantables, se han vuelto porosos”, dijo el togado. “Diversas autoridades han normalizado lo que debería ser impensable: el desacato selectivo de resoluciones judiciales, la intervención e invención de competencias inexistentes y la subordinación del derecho a consideraciones políticas”, ha añadido.
La presidenta Sheinbaum, que siempre defendió las facultades —no existentes— del TEPJF para interferir en las resoluciones de los jueces de amparo, celebró que se haya aprobado el proyecto de Gutiérrez en el Supremo. “La elección de las y los jueces, ministros, magistrados, ¡va! Ya no tiene ninguna barrera de ningún tipo”, ha dicho en su conferencia Mañanera del viernes. La Corte enfila a su desaparición. En septiembre será reemplazada por un nuevo órgano judicial integrado por nueve ministros electos por voto popular, que presidirá quien obtenga más sufragios en la pasarela. La mayoría de los togados actuales decidió no participar en los comicios. Juez y parte, Batres, Esquivel y Ortiz están en abierta campaña y aspiran a ser las más votadas, para entregar a Morena otra institución en la que tendrá mayoría.
elpais.com
Por Efe
Davos (Suiza).- Prácticamente todo Latinoamérica ha sido excluida de un acuerdo que permitirá a más de un centenar de países tener acceso a medicamentos genéricos que han demostrado tener hasta un 95 % de eficacia para prevenir infecciones con el VIH (virus causante del sida), en momentos en que varios países de la región están experimentando un fuerte aumento de nuevos casos.
“Están excluyendo a países de ingresos medios que podrían producirlas y venderlas más baratas al resto del mundo, países como Brasil, Perú, México y Argentina.
Estos países han participado incluso en los ensayos y ahora son excluidos, lo cual es equivocado y no ético”, declaró en una entrevista con EFE la directora del Programa de Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (UNAIDS), Winnie Byanyima. Las compañías en cuestión son Gilead y ViiV.
La primera ha desarrollado un producto que con solo dos dosis de inyectables al año puede prevenir la infección, mientras que la segunda tiene un medicamento que se administra cada dos meses con el mismo propósito.
UNAIDS estima que, a pesar de no ser una cura, si 10 millones de personas en el mundo tuvieran acceso a estos medicamentos en 2025 se podría cumplir el objetivo internacional de erradicar el VIH para 2030.
El acuerdo para poder acceder a sus versiones genéricas son cruciales en vista del exorbitante coste de estos tratamientos, que en el caso del producido por Gilead puede alcanzar los 40.000 dólares anuales, mientras que los genéricos podrían costar solo 40 dólares al año por persona.
“Estamos muy preocupados porque al mismo tiempo que sabemos que tenemos un medicamento preventivo poderoso y altamente eficaz, vemos la misma vieja historia, como lo que ocurrió con los antirretrovirales, que tomaron diez años (para la comercialización de genéricos) durante los cuales doce millones de africanos murieron esperando que su precio bajara”, recordó Byanyima, quien participa en el Foro Económico Mundial de Davos.
Únicamente la exclusión de Brasil, Colombia, México y Venezuela deja fuera al 7 % de las nuevas infecciones a nivel mundial.
La jefa de UNAIDS citó los casos alarmantes de Venezuela y Perú, donde el año pasado los nuevos casos de infecciones con VIH aumentaron un 98 % y 80 %, respectivamente con respecto a 2023, lo que hace urgente que puedan acceder a estos nuevos medios de prevención.
Sobre la razones de esta evolución negativa, dijo que en el caso de Venezuela se trata de una combinación de factores, como el desarraigo de parte de la población convertida en desplazados internos o refugiados, y la precariedad del sistema de salud.
“En Perú vemos que mucha gente no está conectada con el sistema de salud y también mucho estigma y discriminación. Hay muchas personas gais que buscan ayuda muy tarde y mueren por falta de diagnóstico, así que hay múltiples factores que estamos tratando de investigar”, explicó.
Frente a situaciones como éstas, “Gilead está utilizando tácticas para retrasar las cosas, pero nosotros exigimos rapidez y que se aumente la producción.
Queremos lo que ya tienen, lo que han puesto en el mercado en Estados Unidos y en los países ricos, para que llegue a todas las personas, la mayoría de las cuales están en el Sur (países en desarrollo)”, concluyó Byanyima.