Análisis Noticiosos
Pobres perspectivas de la RD con 42% con intención de irse
Por Juan Bolívar Díaz
Que el 60% de los jóvenes entre 18 y 25 años y el 48% de la franja 26 a 35 años tengan intención de abandonar el país marca pobres perspectivas de desarrollo, y un grave desafío para una clase política considerada muy corrupta y que genera poca confianza
Las últimas dos investigaciones regionales, las acreditadas Barómetro de las Américas (BA) y Latinobarómetro (LB), recién publicadas, ratifican la crisis institucional y el deterioro moral del país, con altos niveles de clientelismo y corrupción, escasa confianza en los partidos, el Congreso, la Policía y la justicia, y muy alta percepción de inseguridad.
El liderazgo político debería reflexionar sobre el futuro de una sociedad donde el 42 % de sus habitantes dice tener la intención de abandonarla, lo que alcanza hasta el 60% de la franja entre 18 y 25 años de edad, y el 48% entre los 26 y los 35 años, el cuarto peor entre 29 países de América Latina y el Caribe.
Alarmante proporción
Tiene que causar estupor que el BA, el estudio sobre “Cultura Política de la Democracia en la República Dominicana y en la Américas, 2016-17, haya establecido que el 42 por ciento de la población nacional tiene intención de irse a vivir o trabajar en otro país en los próximos tres años, ocupando el cuarto peor lugar entre 29 naciones evaluadas, sólo después de tres caribeños, Haití, Jamaica y Dominica. Esa tasa supera en 6 puntos el 36% del 2006, pero en 13 puntos el 29% que lo manifestó en la investigación, del 2014.
El estudio con recolección de datos entre fines de octubre y 3 de diciembre del 2016, se torna más preocupantes cuando se advierte que son los jóvenes los más dispuestos a marcharse, en proporción del 60% los que están entre 18 y 25 años, y el 48% en la franja de 26 a 35 años. Y también porque quienes expresan más alta intención de irse son los jóvenes de los tres quintiles que mayores recursos reciben, en proporciones del 45 al 49%, mientras los de los dos quintiles más pobres con el 39 y 36%.
“Si los jóvenes y las personas con mayores recursos tienen intención de irse, entonces la República Dominicana enfrenta un serio problema para el desarrollo, ya que las personas con más recursos y capacidades no apuestan a quedarse en el país”, indica el “Estudio comparado sobre Democracia y Gobernabilidad, que abarcó 29 países de América Latina y el Caribe e incluyó más de 43 mil encuestados, con auspicios de cuatro instituciones, entre ellas la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo (USAID) y el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC). El capítulo dominicano, entregado esta semana en un libro, fue responsabilidad de las doctoras Rosario Esponal y Jana Morgan.
Peor en Latinobarómetro
La pregunta formulada por el BA fue “¿Tiene usted intenciones de irse a vivir o trabajar en otro país en los próximos tres años?” Y es relevante que otra acreditada encuesta regional publicada tres semanas antes, Latinobarómetro, arroja 60%, superando en 6 puntos los que en el 2015 respondieron sí a la pregunta “¿Usted y su familia han considerado seriamente vivir en el extranjero?”. En esta, RD lidera los 18 países incluidos, entre los que no están Haití, Jamaica y Dominica.
El que sean los más jóvenes y los mejor situados económicamente tienen muchas implicaciones, la primera es que en ese segmento están los mejor preparados profesionalmente, muchos de ellos de los miles que han sido becados para estudios de grado y postgrado en el exterior, que mantienen vínculos externos y poseen más recursos superaron en ellos, por lo menos en cuanto no servirían al desarrollo nacional.
Esa intención marcaría un cambio en la estratificación social de los emigrantes dominicanos, que en las últimas seis décadas pasaron del millón y medio, en gran proporción de la baja clase media y sectores populares. Y se correspondería con la realidad de que las fronteras se están cerrando para los inmigrantes sin mayor formación técnica o profesional.
Esa emigración dominicana sí contribuyó al desarrollo nacional, primero bajando la tensión social por el empleo, y segundo a través de sus remesas. El Barómetro de las Américas establece que el 23 por ciento de los hogares dominicanos, séptimo lugar en la región, reciben remesas de sus parientes en el exterior. Esas remesas en el 2016 superaron los 5 mil millones de dólares, sin repatriación al exterior ni nada incluido, a diferencia de los más de 6 mil millones de dólares que aportó el turismo.
¿Por qué se quieren ir?
No se cuestionó las razones por las que tan significativa proporción se quiere ir del país, pero las mismas pueden encontrarse en los resultados generales de ambas investigaciones sociales. Resalta la ínfima confianza en el liderazgo político, que LB establece en apenas 15% y el BA en 20%. En LA, la satisfacción con la democracia se registra en 32% y el apoyo de la población a la democracia cae del 65 al 54% en 2017, en relación al 2004. El BA indica un todavía alto 62%, pero 20 puntos menos que el 82 del 2006, mientras la simpatía con los partidos cayó 21 puntos de 63 a 42%, apenas en 4 años,
Los niveles de corrupción en el sistema político que percibe la ciudadanía dominicana, ya marcados por las encuestas nacionales, como la reciente Gallup-HOY, donde el 89% lo estimó alarmante, son ratificados en el BA. Aquí el 84% cree que al menos la mitrad de los políticos son corruptos. Y LB indica que RD es el séptimo país de la región con más alta percepción de la corrupción como principal problema nacional. Coloca al país como líder en clientelismo, según el 53% de la población, 20 puntos sobre el promedio regional de 33%.
Un elemento clave para el intento de huida del país es el nivel de percepción de la inseguridad ciudadana, que el BA establece como el segundo más alto de 29 países de la región, superado sólo por Venezuela. La inseguridad promedio en el barrio aumentó del 56 al 59 por ciento, del 2014 al 16. Y el 46% de la población estima que el problema más grave del país está relacionado con la delincuencia y el crimen.
Crisis de las instituciones
Tanto en el Barómetro de las Américas como en Latinobarómetro resalta la profunda desconfianza de los dominicanos en las instituciones fundamentales del Estado, particularmente el Congreso, la justicia, Policía, Fuerzas Armadas y Gobierno, aunque la valoración del Gobierno sigue entre las más altas de la región. En LB su aprobación es 52%, sólo por debajo de Nicaragua, Ecuador y Bolivia. Pero resalta que en sólo un año, del 2016 cuando era 76%, cayó 20 puntos. Pero el 87% cree que el gobierno sirve a los intereses de unos pocos. La confianza en el Poder Judicial es sólo del 22%, mientras en el Congreso y el Tribunal Electoral se registra en 23%, en la Policía 24%, y 42% en las Fuerzas Armadas.
En BA la confianza se expresa en 23% para la gestión del Congreso, 36% en la Policía y 42% en la justicia, y apenas el 35% dice confiar en las elecciones. Las simpatías por los partidos cae 21 puntos, del 63% en el 2012, ahora al 42%. Y el apoyo a la democracia baja 20 puntos, del 82% en el 2006 ahora al 62%. La confianza en el trabajo del Presidente Medina sigue alta, en 62% al 2016, aunque 9 puntos menos que 71% del 2014.
En el BA resalta que el 68% expresa confianza en los medios de comunicación social, aunque un bajo 35% cree que hay muy poca libertad de prensa y 46% que hay poca libertad de expresión.
La respuesta política
El liderazgo político nacional debería salir de su burbuja para reconocer las señales de grave insatisfacción que registran estas investigaciones latinoamericanas y caribeñas. En gran parte de los países la confianza en la democracia y las instituciones están en picada, en medio de una profunda crisis del sistema de partidos, de ideologías y ética.
La desconfianza se ha expresado en los últimos años con la emergencia de gobiernos basados en nuevos agrupamientos políticos, como en Costa Rica, panamá, Guatemala, El Salvador y Argentina. Y en Honduras un frente improvisado que postuló una figura mediática para enfrentar la reelección inconstitucional del presidente Orlando Hernández, avalada por un controlado Tribunal Constitucional, probablemente haya obtenido mayor respaldo como indicó el primer boletín con 57% de los votos, superado a duras penas tras un “apagón informativo” de tres días. La crisis del sistema partidista pasó antes por Venezuela, Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia.
En la República Dominicana el sistema político dominante se niega a escuchar los diagnósticos que recomiendan reformas fundamentales para recuperar los procedimientos democráticos y reducir la corrupción, el clientelismo y la impunidad, a pesar de la emergencia de un movimiento masivo sin precedente como la Marcha Verde.
En vez de previsiones para atender las demandas, los que discuten el proyecto de ley de partidos han consensuado contra reformas como permitir los aportes al partidismo de las empresa extranjeras con representación local, prohibidos en la actual Ley Electoral, o estableciendo un límite de contribuciones individuales muy alto, que en las elecciones pasadas hubiese sido de 4 millones de pesos.
Peor todavía es el empeño de los seguidores del presidente Danilo Medina de imponer, aún contra una parte de su propio partido, la mayoría de sus aliados y de todos los de la oposición, la elección de candidatos con padrón universal abierto. Esto duplicaría el costo de los procesos electorales, promovería más el clientelismo y la corrupción con la compra de votos y la influencia del dinero aún entre los competidores del mismo partido.-
Por José Cabral
Un total de 450 jueces y juezas de los 737 que hay en todo el país, así como sus 6,516 empleados fijos del Poder Judicial han paralizado sus laborares en demanda de aumento e indexación salarial, contratación de más personal en los tribunales y por mejores condiciones de trabajo.
Estos reclamos no pueden ser soslayados porque el sistema está lleno de deficiencias y debilidades de las que no se puede excluir a nadie, ya que todo obedece a las grandes distorsiones que sufre el Estado.
Entiendo que es un grave problema de institucionalidad, lo cual afecta a todos los actores del sistema, desde los jueces, fiscales y personal administrativo.
Tengo este criterio porque nadie puede discutir que las distorsiones que caracterizan al Estado no sólo se pueden ver en el sistema de justicia, sino también en el Poder Legislativo y el Ejecutivo.
Entonces, en el marco de estas debilidades y deficiencias que ponen en tela de juicio la democracia, se encuentran los bajos salarios de los jueces y todo el personal de la judicatura nacional.
Esta realidad lleva a todo el que tiene dos dedos de frente a entender que las demandas de los jueces y juezas son justas desde cualquier perspectiva que se vea y a cuyo problema debe buscársele una salida saludable, sin soslayar los demás asuntos que impactan negativamente al sistema de justicia.
El Consejo del Poder Judicial no sólo debe procurar darle salida a esa deficiencia y a sus problemas financieros, sino que al propio tiempo debe crear los mecanismos necesarios para que los tribunales del país tengan otro desempeño.
De manera, que la solución debe ser integral, no sólo a nivel de los salarios y las mejores condiciones laborales de los jueces, ya que las deficiencias tienen implicaciones que también tienen que ver con la arbitrariedad con que se manejan los casos en los tribunales, lo que muchas veces implican la violación de los derechos de los que buscan hacer justicia sobre la base de los derechos fundamentales.
Es decir, que, si bien los bajos salarios de los jueces es un problema grave en el marco del Estado dominicano, también debe decirse que hay otros de igual o peor magnitud que no tienen la mejor de las salidas.
Lo que pretendo establecer es que el problema no sólo tiene que ver con los salarios, el cúmulo de trabajo y el poco personal, sino también del manejo jurídico de los casos, porque es bueno que se entienda que muchos jueces y juezas violan hasta el derecho de recurrir de muchos justiciables y naturalmente los que incurren en esas inconductas no es que deben tener un mal salario, sino que deben ser expulsados del sistema de justicia para bien de la sociedad y la democracia.
Es oportuna la ocasión para que los que dirigen el Estado dominicano no sólo se aboquen a mejorar los salarios y las condiciones de trabajo de los jueces y juezas, lo cual me parece de justicia, sino también a fiscalizar mejor su desempeño porque hay que buscar la forma de mejorar el sistema justicia para bien de todas y cada de las personas, porque no hay derechos sin deberes.
Por José Cabral
Este miércoles participé de una conciliación en la fiscalía del juzgado de paz de Santiago sobre una pensión alimenticia y el magistrado que condujo la misma expresó tantos contrasentidos jurídicos que cualquiera siente vergüenza ajena.
Entre los disparates jurídicos de este fiscalizador está que antes de que se iniciara la vista de conciliación, que se hizo a solicitud de un padre que propone el pago de un monto especifico y concreto de pensión alimenticia, el funcionario incitó a la madre citada a que presentada una denuncia en contra de éste en violación de los procedimientos establecidos al respecto.
Pero peor fue todo lo que dijo este señor, como por ejemplo sostener que cualquier poder de una de las partes que llegue a sus manos de antemano es cuestionado porque alega que allí se llevan muchos títulos auténticos de este tipo falsificados, lo cual me llevó a llamar a la atención a este funcionario porque las leyes establecen los procedimientos al respecto.
Los contrasentidos del magistrado no pararon e incluso llegó a decir que en términos de pensión o manutención los hermanos y otros familiares del padre son también responsables de suplir de alimentos al niño víctima de una situación de irresponsabilidad paternal, pese a que no era el caso de la especie, lo que también me llevó a recordarle que lo que decía era una violación al principio constitucional de que nadie es responsable por los hechos que cometen otros sin importar los vínculos de familiaridad, a menos de que se trate de un menor no emancipado.
Este fiscal llegó al colmo de violar la Constitución de la República cuando mandó a retirarse a todos aquellos abogados que él considera que tienen una edad que a su juicio deben darles paso a otros profesionales del derecho más jóvenes, lo que también representa una vulneración del artículo 39 la carta magna cuando dice que nadie debe ser discriminado por sexo, color, edad y preferencia sexual, entre otras cosas.
Este comportamiento del Ministerio Público no es de ahora, ya que se trata de una debilidad que arrastra desde hace décadas, porque la verdad es que nadie sabe de dónde saca el órgano a este tipo de personaje, quien además decía y reiteraba con la anuencia de algunos abogados presentes que un poder no tenía validez en la jurisdicción de niñas, niños y adolescentes por tratarse de una ley especial.
Yo he sido uno de los que se han quejado por la tolerancia con que el sistema trata la emisión de actos auténticos que no cumplen con las formalidades de ley y que representan una falsedad, no sólo material, sino también intelectual, pero el problema consiste en que es letra muerta lo que dispone la Ley 140-15 y el propio Código Civil Dominicano al respecto.
Regularmente los jueces no estatuyen sobre este tipo de delito, pero ello de ninguna manera justifica que un fiscal o fiscalizador ignore los procedimientos a seguir cuando sospeche que un título autentico es falso, porque no puede hacer como el personaje de este miércoles que actúa como si tuviera la competencia para emitir sentencias o desempañar funciones jurisdiccionales.
Y no se trata sólo de un abuso de poder, sino de una gran ignorancia que daña y lesiona gravemente la credibilidad de todo el sistema de justicia.
No obstante, no es mucho lo que se puede pedir al respecto, porque es un problema integral que sólo una transformación total del Estado podrá resolver.
Por José Cabral
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) mantiene una campaña para crear la percepción de que la mora judicial ha sido reducida a su más mínima expresión.
Sin embargo, cuando cualquier ciudadano se aboca a un análisis de fondo del problema, descubre que se trata de un truco para vender una percepción que no tiene nada que ver con la realidad.
La disminución de la mora judicial ha sido concebida sobre la base de la negación de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa, porque el arma usada para este fin es la figura de la inadmisibilidad.
Ello se puede observar con el llamado interés casacional, el cual se sustenta en un criterio subjetivo del derecho, pero que la figura puede ser utilizada para descongestionar el sistema de justicia sobre la base de decisiones que se apoyan en la inadmisiblidad.
Este mecanismo jurídico permite que se proyecte una eficiencia que no existe y que tampoco representa una solución a un problema que en vez de disminuir se complica.
Por lo que se ve, la SCJ utiliza un arma que no es válida para acabar un problema que desde cualquier perspectiva que se analice representa denegación de justicia.
Justicia tardía es, sin lugar a dudas, denegación de justicia, pero peor aún recurrir a una interpretación como el interés casacional para declarar inadmisibles una gran cantidad de casos y buscar descongestionar el sistema y en esas condiciones en el país no se puede hablar de una mejoría del Estado Social Democrático de Derecho.
Lo que se sí ocurre ahora con el recurso extraordinario de casación es un aumento preocupante de la figura de la inadmisibilidad, a los fines de proyectar lo que en la realidad no se produce, aunque ciertamente genera un descongestionamiento sobre una base ficticia y negadora de derechos.
En este aspecto sostengo que se reasume una percepción que ha hecho tanto daño a la democracia dominicana, cuya credibilidad ya parece irrecuperable.
La mora judicial es un fenómeno que abarca todo el sistema de justicia, desde los juzgados de paz hasta los tribunales de primera instancia y las cortes de apelación, pero naturalmente en el nivel que causa mucha mayor preocupación es en casación, cuya Ley 2-23 se ha convertido en un instrumento para ahora apoyarse en la inadmisibilidad para la denegación de justicia.