Análisis Noticiosos
Pobres perspectivas de la RD con 42% con intención de irse
Por Juan Bolívar Díaz
Que el 60% de los jóvenes entre 18 y 25 años y el 48% de la franja 26 a 35 años tengan intención de abandonar el país marca pobres perspectivas de desarrollo, y un grave desafío para una clase política considerada muy corrupta y que genera poca confianza
Las últimas dos investigaciones regionales, las acreditadas Barómetro de las Américas (BA) y Latinobarómetro (LB), recién publicadas, ratifican la crisis institucional y el deterioro moral del país, con altos niveles de clientelismo y corrupción, escasa confianza en los partidos, el Congreso, la Policía y la justicia, y muy alta percepción de inseguridad.
El liderazgo político debería reflexionar sobre el futuro de una sociedad donde el 42 % de sus habitantes dice tener la intención de abandonarla, lo que alcanza hasta el 60% de la franja entre 18 y 25 años de edad, y el 48% entre los 26 y los 35 años, el cuarto peor entre 29 países de América Latina y el Caribe.
Alarmante proporción
Tiene que causar estupor que el BA, el estudio sobre “Cultura Política de la Democracia en la República Dominicana y en la Américas, 2016-17, haya establecido que el 42 por ciento de la población nacional tiene intención de irse a vivir o trabajar en otro país en los próximos tres años, ocupando el cuarto peor lugar entre 29 naciones evaluadas, sólo después de tres caribeños, Haití, Jamaica y Dominica. Esa tasa supera en 6 puntos el 36% del 2006, pero en 13 puntos el 29% que lo manifestó en la investigación, del 2014.
El estudio con recolección de datos entre fines de octubre y 3 de diciembre del 2016, se torna más preocupantes cuando se advierte que son los jóvenes los más dispuestos a marcharse, en proporción del 60% los que están entre 18 y 25 años, y el 48% en la franja de 26 a 35 años. Y también porque quienes expresan más alta intención de irse son los jóvenes de los tres quintiles que mayores recursos reciben, en proporciones del 45 al 49%, mientras los de los dos quintiles más pobres con el 39 y 36%.
“Si los jóvenes y las personas con mayores recursos tienen intención de irse, entonces la República Dominicana enfrenta un serio problema para el desarrollo, ya que las personas con más recursos y capacidades no apuestan a quedarse en el país”, indica el “Estudio comparado sobre Democracia y Gobernabilidad, que abarcó 29 países de América Latina y el Caribe e incluyó más de 43 mil encuestados, con auspicios de cuatro instituciones, entre ellas la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo (USAID) y el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC). El capítulo dominicano, entregado esta semana en un libro, fue responsabilidad de las doctoras Rosario Esponal y Jana Morgan.
Peor en Latinobarómetro
La pregunta formulada por el BA fue “¿Tiene usted intenciones de irse a vivir o trabajar en otro país en los próximos tres años?” Y es relevante que otra acreditada encuesta regional publicada tres semanas antes, Latinobarómetro, arroja 60%, superando en 6 puntos los que en el 2015 respondieron sí a la pregunta “¿Usted y su familia han considerado seriamente vivir en el extranjero?”. En esta, RD lidera los 18 países incluidos, entre los que no están Haití, Jamaica y Dominica.
El que sean los más jóvenes y los mejor situados económicamente tienen muchas implicaciones, la primera es que en ese segmento están los mejor preparados profesionalmente, muchos de ellos de los miles que han sido becados para estudios de grado y postgrado en el exterior, que mantienen vínculos externos y poseen más recursos superaron en ellos, por lo menos en cuanto no servirían al desarrollo nacional.
Esa intención marcaría un cambio en la estratificación social de los emigrantes dominicanos, que en las últimas seis décadas pasaron del millón y medio, en gran proporción de la baja clase media y sectores populares. Y se correspondería con la realidad de que las fronteras se están cerrando para los inmigrantes sin mayor formación técnica o profesional.
Esa emigración dominicana sí contribuyó al desarrollo nacional, primero bajando la tensión social por el empleo, y segundo a través de sus remesas. El Barómetro de las Américas establece que el 23 por ciento de los hogares dominicanos, séptimo lugar en la región, reciben remesas de sus parientes en el exterior. Esas remesas en el 2016 superaron los 5 mil millones de dólares, sin repatriación al exterior ni nada incluido, a diferencia de los más de 6 mil millones de dólares que aportó el turismo.
¿Por qué se quieren ir?
No se cuestionó las razones por las que tan significativa proporción se quiere ir del país, pero las mismas pueden encontrarse en los resultados generales de ambas investigaciones sociales. Resalta la ínfima confianza en el liderazgo político, que LB establece en apenas 15% y el BA en 20%. En LA, la satisfacción con la democracia se registra en 32% y el apoyo de la población a la democracia cae del 65 al 54% en 2017, en relación al 2004. El BA indica un todavía alto 62%, pero 20 puntos menos que el 82 del 2006, mientras la simpatía con los partidos cayó 21 puntos de 63 a 42%, apenas en 4 años,
Los niveles de corrupción en el sistema político que percibe la ciudadanía dominicana, ya marcados por las encuestas nacionales, como la reciente Gallup-HOY, donde el 89% lo estimó alarmante, son ratificados en el BA. Aquí el 84% cree que al menos la mitrad de los políticos son corruptos. Y LB indica que RD es el séptimo país de la región con más alta percepción de la corrupción como principal problema nacional. Coloca al país como líder en clientelismo, según el 53% de la población, 20 puntos sobre el promedio regional de 33%.
Un elemento clave para el intento de huida del país es el nivel de percepción de la inseguridad ciudadana, que el BA establece como el segundo más alto de 29 países de la región, superado sólo por Venezuela. La inseguridad promedio en el barrio aumentó del 56 al 59 por ciento, del 2014 al 16. Y el 46% de la población estima que el problema más grave del país está relacionado con la delincuencia y el crimen.
Crisis de las instituciones
Tanto en el Barómetro de las Américas como en Latinobarómetro resalta la profunda desconfianza de los dominicanos en las instituciones fundamentales del Estado, particularmente el Congreso, la justicia, Policía, Fuerzas Armadas y Gobierno, aunque la valoración del Gobierno sigue entre las más altas de la región. En LB su aprobación es 52%, sólo por debajo de Nicaragua, Ecuador y Bolivia. Pero resalta que en sólo un año, del 2016 cuando era 76%, cayó 20 puntos. Pero el 87% cree que el gobierno sirve a los intereses de unos pocos. La confianza en el Poder Judicial es sólo del 22%, mientras en el Congreso y el Tribunal Electoral se registra en 23%, en la Policía 24%, y 42% en las Fuerzas Armadas.
En BA la confianza se expresa en 23% para la gestión del Congreso, 36% en la Policía y 42% en la justicia, y apenas el 35% dice confiar en las elecciones. Las simpatías por los partidos cae 21 puntos, del 63% en el 2012, ahora al 42%. Y el apoyo a la democracia baja 20 puntos, del 82% en el 2006 ahora al 62%. La confianza en el trabajo del Presidente Medina sigue alta, en 62% al 2016, aunque 9 puntos menos que 71% del 2014.
En el BA resalta que el 68% expresa confianza en los medios de comunicación social, aunque un bajo 35% cree que hay muy poca libertad de prensa y 46% que hay poca libertad de expresión.
La respuesta política
El liderazgo político nacional debería salir de su burbuja para reconocer las señales de grave insatisfacción que registran estas investigaciones latinoamericanas y caribeñas. En gran parte de los países la confianza en la democracia y las instituciones están en picada, en medio de una profunda crisis del sistema de partidos, de ideologías y ética.
La desconfianza se ha expresado en los últimos años con la emergencia de gobiernos basados en nuevos agrupamientos políticos, como en Costa Rica, panamá, Guatemala, El Salvador y Argentina. Y en Honduras un frente improvisado que postuló una figura mediática para enfrentar la reelección inconstitucional del presidente Orlando Hernández, avalada por un controlado Tribunal Constitucional, probablemente haya obtenido mayor respaldo como indicó el primer boletín con 57% de los votos, superado a duras penas tras un “apagón informativo” de tres días. La crisis del sistema partidista pasó antes por Venezuela, Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia.
En la República Dominicana el sistema político dominante se niega a escuchar los diagnósticos que recomiendan reformas fundamentales para recuperar los procedimientos democráticos y reducir la corrupción, el clientelismo y la impunidad, a pesar de la emergencia de un movimiento masivo sin precedente como la Marcha Verde.
En vez de previsiones para atender las demandas, los que discuten el proyecto de ley de partidos han consensuado contra reformas como permitir los aportes al partidismo de las empresa extranjeras con representación local, prohibidos en la actual Ley Electoral, o estableciendo un límite de contribuciones individuales muy alto, que en las elecciones pasadas hubiese sido de 4 millones de pesos.
Peor todavía es el empeño de los seguidores del presidente Danilo Medina de imponer, aún contra una parte de su propio partido, la mayoría de sus aliados y de todos los de la oposición, la elección de candidatos con padrón universal abierto. Esto duplicaría el costo de los procesos electorales, promovería más el clientelismo y la corrupción con la compra de votos y la influencia del dinero aún entre los competidores del mismo partido.-
Por José Cabral
Los estudios de los fenómenos sociales ocurridos en la sociedad dominicana indican con toda claridad que adoleció del desarrollo de la fuerza productiva, lo que, naturalmente, genera una falta de conciencia social.
Este el fundamento de los que muchos sostienen, incluido yo, de que el sector empresarial amuela cuchillos para su propia garganta, porque no representa un foco de presión para que las cosas se hagan con el propósito de preservar sus intereses.
Pero es que esa conducta se deriva del hecho de que los que se suponen que deben procurar fortalecer el Estado mediante el combate de todas las distorsiones que sufre el sistema, lo que hacen es sumarse a las acciones que le quitan legalidad y legitimidad.
Yo he dicho y lo reitero en este artículo que el sector empresarial se ha sumado a la cadena de complicidad que comienza en el Palacio Nacional, entra a los medios de comunicación social y luego se convierta en un cometa, porque nadie sabe dónde termina, ya que todo el que se hace llamar inversionista no busca otra cosa que mediante una vocación mafiosa acumular fortunas sobre la base de la sombra del Estado.
Lo que pasa, según entiendo, es que ellos como son parte de lo que en sociología política se le llama clase social entre sí, les importa poco la desnaturalización del rol del Estado, aunque al final de la jornada sean los principales afectados porque son los que más tienen que perder frente a una revolución social.
El problema tiene una grave complejidad, ya que al no existir una clase social para sí, consciente de su papel, difícilmente tengan la iniciativa de exigir controles, como por ejemplo, del gasto público, sobre todo si el sector empresarial se suma en complicidad a la corrupción que se promueve o es auspiciada por el sector oficial.
De manera, que resulta un problema con raíces muy profundos que solucionarlo resulta bastante difícil, porque además no se entiende la explicación del fenómeno.
En países pobres y con bajos niveles de institucionalidad, como el dominicano, el llamado empresario se suma a la fiesta de la corrupción, lo que constituye una razón para crear disgusto social y las condiciones para que se produzca una explosión social.
El llamado empresario dominicano, tanto el colocado en la pequeña, mediana o grandes empresas persigue más que seguridad jurídica y paz social y la satisfacción de necesidades sociales, que se le incorpore al contrabando, que se le entregue propiedades públicas y ser favorecidos por todas las travesuras del que tiene el control del Estado.
Sin embargo, la pregunta que me hago es si ciertamente en el país existe alguna propuesta para institucionalizar la nación, al margen del amor por el dinero y las cosas materiales, no importa su procedencia, pues penosamente tengo que decir que ese es un sueño utópico por el momento.
Sigo pensando que sólo un Estado que promueva valores más que antivalores podría ser la panacea a un mal integral que no permite que la gente haga una reflexión profunda y realista y actúe de modo diferente frente a un fenómeno que puede llevar al abismo a la sociedad dominicana.
Por José Cabral
Observo con mucha preocupación el afán desmedido del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por mantenerse en el poder cuando su obra de gobierno es tan pobre que no es comparable con ningún otro por malo que haya sido.
Lo digo por lo que veo que ocurre en Santiago y en todo el territorio nacional, donde el deterioro de los servicios públicos es tan preocupante que cualquiera se larga del país para no volver jamás.
No hay prácticamente servicio de agua potable, ni siquiera para descargar los baños de las casas y los negocios, lo que llena de bacterias los hogares y se propagan las enfermedades, sobre todo las infecto-contagiosas.
El servicio de energía eléctrica no puede ser peor, cuya distribuidora del Norte, EDENORTE y las demás Edes, se la pasan en confabulación con PROTECOM estafando a los usuarios con facturaciones falsas, inventadas y con medidores “arreglados” para buscar cubrir sus déficits con el engaño al ciudadano.
Ahora también se agrega que la recogida de basura en el municipio de Santiago es prácticamente nula, entonces, repito la pregunta, para qué el PRM quiere preservar el poder.
El gran problema de este partido es que no entiende de planificación ni de programar una gestión pública a corto, mediano y largo plazo.
No es que los demás partidos del sistema no tengan la misma visión y comportamiento, pero pienso que lo que ocurre con el PRM ya llega al colmo de la incapacidad para dirigir el país.
El sufrimiento de los dominicanos por la irresponsabilidad de los que van al Estado, principalmente a resolver sus problemas personales, no parece tener fin, ya que aquellos que ya pasaron por la administración pública tienen ojos para ver la irresponsabilidad y la vocación por la corrupción de los que ostentan hoy el poder, pero al final de cuentas todo se trata de una doble moral.
Sin embargo, creo que lo del PRM ya no tiene madre, para utilizar una expresión muy popular de la República Dominicana, por lo que cuando llegue al final de su gobierno es muy poco lo que va a quedar.
En conclusión, el PRM es una verdadera desgracia nacional, máxime porque ahora los dominicanos no tienen derechos ni para disfrutar de un buen servicio de agua potable y energía eléctrica, pero la incapacidad abarca todo lo demás, porque se trata de una deficiencia integral, general.
¡Qué desastre!.
Por José Cabral
Estuvo profundamente convencido de que el presidente Luis Abinader observaría la Ley 13-26 que persigue anular una jurisprudencia sentada por el Tribunal Constitucional sobre las candidaturas independientes.
Sin embargo, me equivoqué porque Abinader escogió la vía de la promulgación de lo que muy bien se puede calificar como un adefesio jurídico.
Pero hay otro elemento que me provoca muchas dudas y me refiero a cuál ha sido el papel jugado en este caso por el expresidente de la Suprema Corte de Justicia y quien ahora funge como consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge Subero Isa.
La pregunta surge porque después de la promulgación sigue la publicación en la gaceta oficial de la nueva ley que pone en tela de juicio todo el sistema legal e institucional del país y precisamente ese último paso recae sobre Subero Isa.
Entonces, se impone preguntarse que si independientemente de que Subero Isa no haya compartido la sentencia TC/0788/24 y que incluso se oponga a las candidaturas independientes, tiene acaso otra opción que no sea respetar la jurisprudencia sentada en esta materia por la alta corte, sobre todo por tratarse de un jurisconsulto que nadie pone en tela de juicio su gran formación jurídica.
Considero que Subero Isa si por alguna razón tiene que cumplir con la decisión tomada por Abinader, la cual parece ser parte de un plan del PRM, entonces lo menos que puede ocurrir es que presente su renuncia de la posición de consultor jurídico del Poder Ejecutivo.
Cualquier decisión que no se corresponda con respetar lo que ha sido su trayectoria como hombre de ley, coloca a Subero Isa en una contradicción que impacta muy negativamente el respeto que se ha ganado en el entorno de la justicia dominicana.
Subero Isa es uno de los mejores presidentes de la Suprema Corte de Justicia que ha tenido el país, pero no luce como razonable que juegue algún papel para atacar una jurisprudencia que cumple con todos los requerimientos del derecho constitucional moderno o del neo-constitucionalismo.
Todavía me asalta la duda si Subero Isa se ha sumado a un plan que en todo caso debe ser político para poner en cuestionamiento el proceso de constitucionalización del derecho en la República Dominicana, cuyos fines es preservar y promover los derechos fundamentales.
La verdad que me gustaría saber a ciencia cierta cuál es la posición de Subero Isa frente a la torpeza cometida por Luis Abinader, sin que haya una razón lógica que la explique.