Análisis Noticiosos
Pobres perspectivas de la RD con 42% con intención de irse
Por Juan Bolívar Díaz
Que el 60% de los jóvenes entre 18 y 25 años y el 48% de la franja 26 a 35 años tengan intención de abandonar el país marca pobres perspectivas de desarrollo, y un grave desafío para una clase política considerada muy corrupta y que genera poca confianza
Las últimas dos investigaciones regionales, las acreditadas Barómetro de las Américas (BA) y Latinobarómetro (LB), recién publicadas, ratifican la crisis institucional y el deterioro moral del país, con altos niveles de clientelismo y corrupción, escasa confianza en los partidos, el Congreso, la Policía y la justicia, y muy alta percepción de inseguridad.
El liderazgo político debería reflexionar sobre el futuro de una sociedad donde el 42 % de sus habitantes dice tener la intención de abandonarla, lo que alcanza hasta el 60% de la franja entre 18 y 25 años de edad, y el 48% entre los 26 y los 35 años, el cuarto peor entre 29 países de América Latina y el Caribe.
Alarmante proporción
Tiene que causar estupor que el BA, el estudio sobre “Cultura Política de la Democracia en la República Dominicana y en la Américas, 2016-17, haya establecido que el 42 por ciento de la población nacional tiene intención de irse a vivir o trabajar en otro país en los próximos tres años, ocupando el cuarto peor lugar entre 29 naciones evaluadas, sólo después de tres caribeños, Haití, Jamaica y Dominica. Esa tasa supera en 6 puntos el 36% del 2006, pero en 13 puntos el 29% que lo manifestó en la investigación, del 2014.
El estudio con recolección de datos entre fines de octubre y 3 de diciembre del 2016, se torna más preocupantes cuando se advierte que son los jóvenes los más dispuestos a marcharse, en proporción del 60% los que están entre 18 y 25 años, y el 48% en la franja de 26 a 35 años. Y también porque quienes expresan más alta intención de irse son los jóvenes de los tres quintiles que mayores recursos reciben, en proporciones del 45 al 49%, mientras los de los dos quintiles más pobres con el 39 y 36%.
“Si los jóvenes y las personas con mayores recursos tienen intención de irse, entonces la República Dominicana enfrenta un serio problema para el desarrollo, ya que las personas con más recursos y capacidades no apuestan a quedarse en el país”, indica el “Estudio comparado sobre Democracia y Gobernabilidad, que abarcó 29 países de América Latina y el Caribe e incluyó más de 43 mil encuestados, con auspicios de cuatro instituciones, entre ellas la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo (USAID) y el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC). El capítulo dominicano, entregado esta semana en un libro, fue responsabilidad de las doctoras Rosario Esponal y Jana Morgan.
Peor en Latinobarómetro
La pregunta formulada por el BA fue “¿Tiene usted intenciones de irse a vivir o trabajar en otro país en los próximos tres años?” Y es relevante que otra acreditada encuesta regional publicada tres semanas antes, Latinobarómetro, arroja 60%, superando en 6 puntos los que en el 2015 respondieron sí a la pregunta “¿Usted y su familia han considerado seriamente vivir en el extranjero?”. En esta, RD lidera los 18 países incluidos, entre los que no están Haití, Jamaica y Dominica.
El que sean los más jóvenes y los mejor situados económicamente tienen muchas implicaciones, la primera es que en ese segmento están los mejor preparados profesionalmente, muchos de ellos de los miles que han sido becados para estudios de grado y postgrado en el exterior, que mantienen vínculos externos y poseen más recursos superaron en ellos, por lo menos en cuanto no servirían al desarrollo nacional.
Esa intención marcaría un cambio en la estratificación social de los emigrantes dominicanos, que en las últimas seis décadas pasaron del millón y medio, en gran proporción de la baja clase media y sectores populares. Y se correspondería con la realidad de que las fronteras se están cerrando para los inmigrantes sin mayor formación técnica o profesional.
Esa emigración dominicana sí contribuyó al desarrollo nacional, primero bajando la tensión social por el empleo, y segundo a través de sus remesas. El Barómetro de las Américas establece que el 23 por ciento de los hogares dominicanos, séptimo lugar en la región, reciben remesas de sus parientes en el exterior. Esas remesas en el 2016 superaron los 5 mil millones de dólares, sin repatriación al exterior ni nada incluido, a diferencia de los más de 6 mil millones de dólares que aportó el turismo.
¿Por qué se quieren ir?
No se cuestionó las razones por las que tan significativa proporción se quiere ir del país, pero las mismas pueden encontrarse en los resultados generales de ambas investigaciones sociales. Resalta la ínfima confianza en el liderazgo político, que LB establece en apenas 15% y el BA en 20%. En LA, la satisfacción con la democracia se registra en 32% y el apoyo de la población a la democracia cae del 65 al 54% en 2017, en relación al 2004. El BA indica un todavía alto 62%, pero 20 puntos menos que el 82 del 2006, mientras la simpatía con los partidos cayó 21 puntos de 63 a 42%, apenas en 4 años,
Los niveles de corrupción en el sistema político que percibe la ciudadanía dominicana, ya marcados por las encuestas nacionales, como la reciente Gallup-HOY, donde el 89% lo estimó alarmante, son ratificados en el BA. Aquí el 84% cree que al menos la mitrad de los políticos son corruptos. Y LB indica que RD es el séptimo país de la región con más alta percepción de la corrupción como principal problema nacional. Coloca al país como líder en clientelismo, según el 53% de la población, 20 puntos sobre el promedio regional de 33%.
Un elemento clave para el intento de huida del país es el nivel de percepción de la inseguridad ciudadana, que el BA establece como el segundo más alto de 29 países de la región, superado sólo por Venezuela. La inseguridad promedio en el barrio aumentó del 56 al 59 por ciento, del 2014 al 16. Y el 46% de la población estima que el problema más grave del país está relacionado con la delincuencia y el crimen.
Crisis de las instituciones
Tanto en el Barómetro de las Américas como en Latinobarómetro resalta la profunda desconfianza de los dominicanos en las instituciones fundamentales del Estado, particularmente el Congreso, la justicia, Policía, Fuerzas Armadas y Gobierno, aunque la valoración del Gobierno sigue entre las más altas de la región. En LB su aprobación es 52%, sólo por debajo de Nicaragua, Ecuador y Bolivia. Pero resalta que en sólo un año, del 2016 cuando era 76%, cayó 20 puntos. Pero el 87% cree que el gobierno sirve a los intereses de unos pocos. La confianza en el Poder Judicial es sólo del 22%, mientras en el Congreso y el Tribunal Electoral se registra en 23%, en la Policía 24%, y 42% en las Fuerzas Armadas.
En BA la confianza se expresa en 23% para la gestión del Congreso, 36% en la Policía y 42% en la justicia, y apenas el 35% dice confiar en las elecciones. Las simpatías por los partidos cae 21 puntos, del 63% en el 2012, ahora al 42%. Y el apoyo a la democracia baja 20 puntos, del 82% en el 2006 ahora al 62%. La confianza en el trabajo del Presidente Medina sigue alta, en 62% al 2016, aunque 9 puntos menos que 71% del 2014.
En el BA resalta que el 68% expresa confianza en los medios de comunicación social, aunque un bajo 35% cree que hay muy poca libertad de prensa y 46% que hay poca libertad de expresión.
La respuesta política
El liderazgo político nacional debería salir de su burbuja para reconocer las señales de grave insatisfacción que registran estas investigaciones latinoamericanas y caribeñas. En gran parte de los países la confianza en la democracia y las instituciones están en picada, en medio de una profunda crisis del sistema de partidos, de ideologías y ética.
La desconfianza se ha expresado en los últimos años con la emergencia de gobiernos basados en nuevos agrupamientos políticos, como en Costa Rica, panamá, Guatemala, El Salvador y Argentina. Y en Honduras un frente improvisado que postuló una figura mediática para enfrentar la reelección inconstitucional del presidente Orlando Hernández, avalada por un controlado Tribunal Constitucional, probablemente haya obtenido mayor respaldo como indicó el primer boletín con 57% de los votos, superado a duras penas tras un “apagón informativo” de tres días. La crisis del sistema partidista pasó antes por Venezuela, Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia.
En la República Dominicana el sistema político dominante se niega a escuchar los diagnósticos que recomiendan reformas fundamentales para recuperar los procedimientos democráticos y reducir la corrupción, el clientelismo y la impunidad, a pesar de la emergencia de un movimiento masivo sin precedente como la Marcha Verde.
En vez de previsiones para atender las demandas, los que discuten el proyecto de ley de partidos han consensuado contra reformas como permitir los aportes al partidismo de las empresa extranjeras con representación local, prohibidos en la actual Ley Electoral, o estableciendo un límite de contribuciones individuales muy alto, que en las elecciones pasadas hubiese sido de 4 millones de pesos.
Peor todavía es el empeño de los seguidores del presidente Danilo Medina de imponer, aún contra una parte de su propio partido, la mayoría de sus aliados y de todos los de la oposición, la elección de candidatos con padrón universal abierto. Esto duplicaría el costo de los procesos electorales, promovería más el clientelismo y la corrupción con la compra de votos y la influencia del dinero aún entre los competidores del mismo partido.-
Por Robinson Lebrón Céspedes.
La mercantilización del sufragio: Compra de votos y pérdida de autonomía.
A pesar del blindaje garantista introducido por la reforma constitucional de 2010 y la modernización logística de la Junta Central Electoral (JCE), el mercado electoral dominicano durante el periodo 2006-2026 ha seguido condicionado por la persistencia del clientelismo sistémico. La práctica de la compra directa e indirecta de votos en las inmediaciones de los recintos electorales comúnmente operada a través de las denominadas «casas de campaña» informales o logísticas partidarias de último minuto constituye una de las agresiones más severas a la dignidad humana.
Desde una perspectiva ética y sociológica, la transacción monetaria o el intercambio del voto por bienes materiales (como raciones de alimentos, materiales de construcción o promesas de empleo público) despoja al ciudadano de su condición de agente político libre y deliberativo. Este fenómeno genera una «mercantilización del sufragio», donde el votante es percibido por las élites partidarias no como un depositario de la soberanía nacional, sino como un recurso transaccional cuantificable. La autonomía moral del individuo núcleo esencial de la dignidad según la doctrina constitucional queda subordinada a la coacción de sus necesidades materiales básicas, viciando el consentimiento político y erosionando la legitimidad moral de la representación democrática. El uso político-electoral del gasto social estatal.
La instrumentalización de los programas de asistencia social del Estado representa otra vulneración estructural a la dignidad de los sectores más vulnerables de la sociedad dominicana. Durante las últimas dos décadas, y a pesar de la introducción de legislaciones restrictivas como la Ley No. 33-18 de Partidos Políticos y la Ley No. 20-23 Orgánica del Régimen Electoral, la frontera entre la acción institucional del Gobierno y la promoción de las candidaturas oficialistas ha sido históricamente difusa.
El condicionamiento implícito o explícito de subsidios condicionados, tarjetas de ayuda social, programas de transferencias monetarias y planes de empleo coyunturales durante los meses previos a los comicios electorales lesiona gravemente la dignidad ciudadana. Al utilizar los recursos públicos —que constituyen un derecho colectivo— como un mecanismo de chantaje o de inducción del voto, el aparato político instrumentaliza la pobreza. Esta práctica reduce al ciudadano a una condición de dependencia y subordinación psicológica ante el gobernante de turno, transformando lo que constitucionalmente debe ser un ejercicio de libertad soberana en un acto de supervivencia económica forzada.
Desigualdad en el financiamiento y la exclusión de candidaturas idóneas.
La dignidad humana, en su vertiente política, no solo ampara el derecho a elegir en libertad, sino también el derecho a ser elegido en condiciones de equidad e igualdad de oportunidades (artículo 39 de la Constitución). Sin embargo, el ecosistema electoral dominicano ha operado bajo una profunda distorsión provocada por el alto costo de las campañas políticas y la insuficiencia de los mecanismos de fiscalización del financiamiento privado.
La irrupción de capitales no transparentes y el desborde de los topes de gastos permitidos por la ley generan una plutocratización fáctica de la política. Aquellos ciudadanos e intelectuales idóneos que aspiran a puestos de elección popular, pero que carecen de grandes fortunas personales, el patrocinio corporativo o el acceso a redes clientelares, quedan excluidos de facto de la competencia electoral. Esta asimetría económica no solo vulnera el derecho a la igualdad de los aspirantes, sino que limita la libertad de opción de los electores, quienes ven reducida su oferta política a opciones validadas por el poder económico y no por el mérito programático, consolidando una democracia de exclusión que lesiona la dignidad del debate público.
Las prácticas de clientelismo, la instrumentalización de los programas sociales y la desigualdad en el financiamiento electoral representan desafíos estructurales para la democracia dominicana, al comprometer la dignidad humana y la libertad del sufragio. Superar estas distorsiones requiere fortalecer la transparencia, la fiscalización y la educación cívica, garantizando procesos electorales más equitativos y respetuosos de los principios constitucionales y del Estado social y democrático de derecho.
Robinson Jesús Lebrón Céspedes.
Abogado y Docente Universitario.
Análisis Noticiosos
Irresponsabilidad del Estado ante la posible ocurrencia de un terremoto en Santiago.
Por José Cabral
La indignación del ciudadano dominicano no tiene otra razón de ser que la irresponsabilidad, la negligencia y la complicidad de las autoridades edilicias de Santiago y de todo el Estado ante la posibilidad de que el país pueda ser afectado por un terremoto que supere los siete grados como ha ocurrido en Venezuela.
Ya Santiago muchas décadas atrás fue víctima de un fenómeno natural que prácticamente borró del mapa a la segunda ciudad en importancia del país.
Sin embargo, por las propias características de una ciudad que ya representa una gran metrópolis como lo es Santiago, sus residentes están expuestos a un gran peligro, a una tragedia nacional de magnitudes insospechadas.
Los grandes terremotos son cíclicos, ya que hay expertos que sostienen que se producen cada 60 ó 70 años, el cual no debe ser el punto de referencia para que las autoridades tomen las medidas pertinentes, no para que no ocurran, sino para que los daños no sean tan cuantiosos, sobre todo en lo que respecta a pérdida de vidas humanas.
Pero como el asunto tiene su base en una cultura como la improvisación y la falta de planificación estratégica de las autoridades que gobiernan el país, no sólo de las actuales, sino también de las pasadas, en Santiago, cuyo suelo no es recoso, han permitido la construcción de grandes torres que representan una gran amenaza ante la ocurrencia de este tipo de fenómeno natural.
Lo peor de todo es que nada les sirve de escarmiento y sólo el problema se aborda cuando surge una tragedia, como la que ha afectado a Venezuela, la cual luce que esperan tanto las autoridades municipales como las nacionales.
Un ejemplo de la irresponsabilidad y cómo opera el tráfico de influencia es que, por la propia naturaleza del tipo de suelo de Santiago, la ciudad tenia prohibida la construcción de edificios que superaran las cuatro plantas, pero de unos años para acá ha tolerado el levantamiento de altas torres en lugares como “La Trinitaria”, donde algunas alcanzan hasta casi los 30 pisos.
El tema ha sido puesto sobre el tapete ante los terremotos y la gran tragedia que se ha producido en Venezuela por causas parecidas a las que se concretan en Santiago, donde la llamada falla de la zona Septentrional atraviesa la cordillera del mismo nombre, cuyo desplazamiento horizontal parte del límite de la que se conocen como las placas de Norteamérica y del Caribe.
Esta falla atraviesa el norte del país por unos 228 kilómetros desde la bahía de Manzanillo en Montecristi y llega hasta la de Samaná, la cual tiene una gran cercanía a centros urbanos como Santiago y Puerto Plata, la cual es considerada la más peligrosa y con mayor potencial para generar grandes sismos en la región.
Lo más grave del asunto es que hay personas que se les ha ocurrido construir viviendas hasta en la falda de la Cordillera Septentrional, cuyo peligro tiene mucho que ver con la tolerancia, la ignorancia, pero sobre todo con la irresponsabilidad de las autoridades.
A Dios que reparta suerte.
Por Antonio Salcedo
El descredito de los partidos políticos en la República Dominicana ya deja la sensación de que en el 2028 cualquier cosa puede ocurrir.
Pero el hecho de que cualquiera se pueda encamarar en el poder es un fenómeno que ya ha ocurrido en más de una ocasión en el país y en otras naciones del hemisferio.
La República Dominicana ya ha tenido que soportar a varios presidentes que definitivamente no tienen bien puestas sus cabezas.
La cualquierización de que hablo podría representar un gran peligro para la nación, porque ello podría traer consigo una debacle nacional, tal vez el abismo total del país.
Sin embargo, a pesar de la fuerza que toma el fenómeno de que alguien venga desde fuera de la política tradicional y se encaramarse en el poder, es una posibilidad muy real, pero no luce que el país pueda fijarse en una figura vulgar y estrafalaria como Alofoque.
Aunque, repito, cualquier cosa puede ocurrir, ya que cuando una sociedad entra en crisis puede producirse lo que nadie se imagina.
No obstante, no me luce que Alofoke pueda capitalizar la crisis que impacta a los partidos políticos, porque muy difícilmente una figura de las redes sociales con las características de este personaje pueda tener éxito político.
De lo que sí hay que estar consciente es que en la República Dominicana las travesuras de los actores de la clase política no van a dejar nada bueno.
Pero me ratifico en la idea de que no será un Alofoke, un personaje de muy mala procedencia y con una pobre formación, quien capitalice la decepción del ciudadano con la partidocracia.
El tiempo hablará.