Santo Domingo, RD.-El Poder ejecutivo declaró el día de hoy de duelo oficial, por el fallecimiento de la educadora Yvelisse Prats de Pérez.Más Noticias
Poder Ejecutivo declara este martes día de duelo nacional por muerte de Yvelisse Prats
Santo Domingo, RD.-El Poder ejecutivo declaró el día de hoy de duelo oficial, por el fallecimiento de la educadora Yvelisse Prats de Pérez.La disposición está contenida en el decreto 543-20, con el que el presidente Luis Abinader instruyó al Ministerio de Defensa rendir los honores militares a la ex secretaria de Educación.
El decreto instituye que la bandera dominicana deberá ondear a media asta en los recintos militares y edificios públicos en todo el país.
En su primer considerando, el decreto precisa que Yvelisse Prats de Pérez se destacó como referente ético en su labor pedagógica y en la práctica política, así como en la lucha por las libertades ciudadanas y el respeto a los derechos fundamentales de todos los dominicanos.
Indica que fue una gremialista destacada y luchadora de los derechos de los profesores, a través de la Asociación Dominicana de Profesores, de la cual fue su fundadora y entre sus logros allí, resalta el Seguro Médico para Maestros.
¿Cómo la recuerdan?
Como una mujer que representa la honestidad y la ética pública, y deja un legado que sirve de guía para que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) pueda hacer un gobierno enfocado en los mejores intereses de la población, fue definida la maestra Yvelisse Prats de Pérez.
Mientras que el expresidente Hipólito Mejía escribió: “El deceso de doña Yvelisse Prats Ramírez constituye una irreparable pérdida para el Partido Revolucionario Moderno y para toda la sociedad dominicana. Destacada dirigente política y distinguida educadora, deja como legado a las generaciones presentes y futuras”.
Mejía agregó: “Los frutos de su inteligencia y de su talento siempre estuvieron al servicio de las causas más nobles y preclaras de las luchas democráticas del pueblo dominicano”.
Mientras que los ministros de Educación y Medio Ambiente, Roberto Fulcar y Orlando Jorge Mera, respectivamente, también destacaron las bondades de la fallecida dama y reconocieron su legado.
Fulcar hizo guardia de honor ante los restos de la educadora, quien falleció ayer a los 89 años por complicaciones de salud.
Expresó que el país está de luto por la pérdida de Prats Ramírez, a quien consideró parte fundamental de su trayectoria educativa, porque fue una de sus principales mentoras en los aspectos pedagógicos y políticos.
“Hoy es un día de luto para la educación dominicana, un día de tristeza para todos los educadores del país porque doña Yvelisse Prats Ramírez de Pérez fue un ícono de la educación, de la lucha democrática, de la solidaridad y los derechos de las personas”, asintió.
Fulcar recordó que le tocó compartir y aprender muchas cosas de ella, por lo que le causa mucho pesar verla partir al sendero divino. “Pero conjuntamente con esa pena, conservo el valor de su ejemplo, de su sentido de compromiso político, ideológico, moral, ético, su coherencia y firmeza”.
En tanto que el ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, destacó sus cualidades y la consideró como una maestra en todas las circunstancias y muy dedicada.
Sus restos serán sepultados hoy en el Cementerio de la avenida Máximo Gómez, y el cortejo partirá a las 11:00 de la mañana desde la funeraria hasta su última morada.
La tarde de ayer sus familiares y amigos echaron a un lado el tema de la pandemia del coronavirus y acudieron en masa a la funeraria Blandino, donde su cuerpo es velado, a darle su último adiós.
Entre ellos se destacan Milagros Ortíz Bosch, José Rafael Vargas, Antoliano Peralta, Emmanuel Esquea Guerrero, Eligio Jáquez, Carolina Mejía y Peggui Cabral viuda Peña Gómez.
La muerte de Yvellise Prats de Pérez ha causado gran pesar en la clase magisterial y los miembros de su Partido, quienes la describen como un ser humano sin par.
Fue secretaria de Educación en el gobierno que encabezó Salvador Jorge Blando, era miembro de la dirección ejecutiva y fundadora del PRM.
Prats quien, nació en Santo Domingo el 23 de julio de 1931, también fue educadora y columnista del periódico LISTIN DIARIO.
Dirigió la Asociación Dominicana de Profesores en el año 1970, también fue diputada por el Distrito Nacional y presidenta del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) entre los años 1979 al 1982.
Además, fue decana de la facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), donde entró como docente.
Hasta la hora de su muerte, era la directora del Instituto de Formación Política José Francisco Peña Gómez.
Fue la primera mujer latinoamericana elegida presidente de un partido político y esposa del escritor Mario Emilio Pérez, destacado escritor de humor de la literatura dominicana, con quien procreó un hijo. Tenía otros cinco de un matrimonio anterior.
Prats de Pérez falleció aquejada de problemas de salud que le llegaron tras sufrir una caída en su hogar hace pocos meses.
Su vida
Prats de Pérez estudio en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde obtuvo el título de licenciada en Educación.
Sus primeros pasos en el magisterio los dio como instructora de enseñanza primaria y secundaria en el Instituto de Señoritas Salomé Ureña, del cual había egresado.
listindiario.com
Santo Domingo. – A partir del primero de agosto la Junta Central Electoral (JCE) tendrá nuevos horarios de atención en los Centros de Cedulación de Servicio Extendido (anteriormente denominados Centros de Servicios Continuos).
El Pleno de la JCE dispuso que los centros de servicio extendido ofrecerán atención a la ciudadanía de lunes a domingo, en horario de 8:00 de la mañana a 12:00 de la medianoche.
La medida aplicará a los centros ubicados en Barahona, Herrera, Distrito Nacional, La Romana, La Vega, Las Américas, San Cristóbal, San Francisco de Macorís, San Pedro de Macorís y Santiago.
En ese sentido, la JCE precisó que los ciudadanos con citas programadas en el horario de la madrugada (de 12:00 a. m. a 07:00 a. m.), podrán presentarse en cualquiera de los centros de cedulación, según el horario de servicio correspondiente, sin importar el mes de cumpleaños.
Santo Domingo.- Una accion directa de inconstitucionalidad sometió el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) ante el Tribunal Constitucional una contra el artículo 310 del recién modificado Código Penal.
El recurso fue encabezado por Trajano Potentini, presidente del gremio, quien considera que su contenido entra en contradicción con garantías esenciales del orden constitucional, particularmente el derecho de defensa, el debido proceso y la dignidad del ejercicio profesional del derecho.
Potentini acudió a la sede de la jurisdicción constitucional acompañado de miembros de la directiva del gremio, presidentes de seccionales y de expresidentes del Colegio de Abogados, en una manifestación institucional con la que la organización procura defender no solamente las prerrogativas de los profesionales del derecho, sino también las garantías que asisten a toda persona que requiere representación y asistencia jurídica efectiva.
El presidente del CARD explicó que la acción constitucional tiene como propósito que el Tribunal Constitucional examine la compatibilidad del artículo impugnado con los principios, derechos y garantías consagrados por la Constitución dominicana, especialmente aquellos vinculados al libre y pleno ejercicio del derecho de defensa.
Dijo que cualquier regulación penal que pueda incidir sobre la actuación profesional de los abogados debe ser examinada con especial rigor constitucional, debido a que el abogado constituye una pieza esencial para hacer efectivo el acceso a la justicia.
Sostuvo que la defensa técnica no puede ser concebida como una concesión del Estado ni como una función secundaria dentro del sistema de justicia. Por el contrario, representa una garantía indispensable para que los ciudadanos puedan ejercer adecuadamente sus derechos frente a una investigación, acusación o proceso judicial.
En ese contexto, el CARD considera necesario preservar un marco normativo que permita a los abogados ejercer sus funciones con independencia, seguridad jurídica y respeto a la naturaleza de su profesión.
Señaló que la controversia planteada trasciende los intereses particulares de los abogados. Según Potentini, cuando se afecta la independencia o la dignidad de quienes ejercen la defensa técnica también pueden verse comprometidos los derechos de los ciudadanos representados por esos profesionales.
Potentini destacó que la Constitución reconoce el debido proceso y el derecho de defensa como garantías fundamentales que deben observarse en toda actuación judicial y administrativa. En consecuencia, afirmó que las normas deben interpretarse de manera compatible con esos postulados.
La acción solicita la intervención del Tribunal Constitucional en su condición de órgano encargado de garantizar la supremacía de la Constitución y la protección de los derechos fundamentales. Corresponderá a esa alta corte examinar los argumentos y determinar la conformidad o no de la disposición cuestionada con la Carta Sustantiva.
El CARD informó que dará seguimiento al curso procesal de la acción y reiteró su confianza en que el debate jurídico permitirá delimitar adecuadamente el alcance de la disposición impugnada conforme a los principios del Estado social y democrático de derecho.
Santo Domingo, R.D.-En franca violacion del mandato constitucional del plazo de 48 horas para someter ante un juez competente a una persona detenida se produce con casos que tienen que sufrir que se tiempo de extienda por didas, semanas e incluso en meses, segun denuncia de muchos afectados.
Y cuando finalmente un tribunal ordena la libertad, salir del destacamento tampoco ocurre de inmediato.
La situación ha quedado evidenciada con los 13 ciudadanos que permanecen más de 30 días detenidos en los destacamentos del Ensanche Felicidad y Vietnam, en Santo Domingo Este, sin haber sido sometidos al control de un juez y sin que existiera registro de un proceso penal en su contra.
Aunque un tribunal acogió el hábeas corpus presentado por la Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) y ordenó su libertad inmediata, varios días después la decisión aún se encuentra en proceso de ejecución.
La decisión legal de la liberación de los 13 detenidos ocurrió después de que una inspección de la Defensa Pública encontrara a 16 personas privadas de libertad en los destacamentos de Felicidad y Vietnam. Trece llevaban más de un mes detenidas sin haber comparecido ante un juez.
Durante la audiencia, el Ministerio Público informó al tribunal que no encontró solicitudes de medidas de coerción ni actuaciones procesales relacionadas con esas personas.
El tribunal ordenó la libertad de los 13 ciudadanos, pero el caso no fue el último. Días después, durante una nueva inspección en el destacamento de El Tamarindo, en Santo Domingo Este, las defensoras públicas encontraron a otro hombre que llevaba casi 12 días privado de libertad sin haber sido presentado ante un juez, en circunstancias similares a las detectadas previamente en los destacamentos del Ensanche Felicidad y Vietnam.
Según relataron, los agentes explicaron que el retraso obedecía a la falta de vehículos para trasladarlo hasta la fiscalía.
Sin embargo, cuando consultaron el sistema del Poder Judicial, descubrieron que tampoco existía una solicitud de medida de coerción depositada y ante esa situación, interpusieron un nuevo hábeas corpus.
Para la Defensa Pública, la ausencia de transporte se ha convertido en una de las explicaciones más frecuentes para justificar los retrasos.
«No había sucedido antes con esta magnitud. Ahora uno de los argumentos recurrentes es que no hay vehículos para trasladar a los detenidos», explicó Figuereo.
La defensora sostuvo que esa situación no solo afecta a quienes esperan ser presentados ante un juez por primera vez, sino también las audiencias de medidas de coerción.
«Si hay 65 audiencias fijadas, 45 o 50 terminan aplazándose por falta de traslado«, aseguró.
El hábeas corpus tampoco acelera siempre la libertad.
Las defensoras afirman que incluso cuando presentan acciones constitucionales para recuperar la libertad de un detenido, el proceso suele enfrentar nuevos obstáculos.
Según Figuereo, en algunos casos el Ministerio Público solicita aplazamientos de las audiencias de hábeas corpus para ganar tiempo.
«La táctica dilatoria que está haciendo el Ministerio Público es pedir aplazamiento para depositar la solicitud de medida de coerción. Cuando vuelve la audiencia, aparece el vehículo, trasladan al imputado y conocen la medida», afirmó.
El artículo 40 de la Constitución dispone que toda persona detenida debe ser presentada ante un juez dentro de las 48 horas siguientes a su arresto.
El artículo 71 reconoce el hábeas corpus como el mecanismo para restablecer ese derecho cuando la privación de libertad es ilegal o irrazonable.
Sin embargo, para la Defensa Pública, las visitas diarias a los destacamentos muestran una realidad distinta.
Las inspecciones no solo verifican el tiempo de detención. También revisan si los privados de libertad han recibido alimentos, agua, atención médica y si han sido objeto de maltratos.
«Mucha gente ni siquiera sabe por qué está detenida o que tiene derecho a ser presentada ante un juez en 48 horas«, señaló la defensora pública Dilenny Morel.
La historia de los 13 ciudadanos resume la paradoja que describen las defensoras. Entraron a los destacamentos sin que posteriormente se formalizara un proceso judicial.
Un tribunal ordenó su libertad. Pero la ejecución de esa decisión también requirió nuevos trámites, seguimiento de los abogados y espera.
Para la Defensa Pública, esa secuencia refleja un problema que trasciende un caso particular: en algunos destacamentos dominicanos no solo resulta fácil entrar; también puede ser muy difícil salir, incluso cuando un juez ya ordenó la libertad.