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Poder Judicial juramenta a 34 jueces ascendidos en sus cargos
Germán Mejía exhortó a los promovidos a seguir trabajando por el fortalecimiento del Poder Judicial, por un mayor acceso a la justicia y respetando las reglas éticas.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El presidente del Poder Judicial, Mariano Germán Mejía, juramentó este viernes a 34 jueces de distintas jurisdicciones ascendidos sobre la base su desempeño en el cargo, trayectoria en el Poder Judicial y el tiempo de servicio.
Los magistrados ascendidos juraron respetar y hacer respetar la Constitución y las leyes, durante una ceremonia realizada en el Auditorio del Poder Judicial.
Germán Mejía exhortó a los promovidos a seguir trabajando por el fortalecimiento del Poder Judicial, por un mayor acceso a la justicia, respetando las reglas éticas, manejar una gestión transparente y contribuir con elevar la agilidad de los procesos.
Los jueces ascendidos que prestaron juramento son el magistrado Rafael Vásquez Goico que fue promovido como presidente del Tribunal Superior Administrativo; y Román Berroa Hiciano, a presidente de la Primera Sala de ese órgano de jurisdicción nacional.
El magistrado Edynson Alarcón Polanco, quien se desempeñaba como Juez Tercer Sustituto del Presidente de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, fue promovido como Segundo Sustituto del Presidente, en adición a sus funciones de Presidente de la Primera Sala.
Asimismo, la magistrada Eunisis Vásquez Acosta fue ascendida a Tercera Sustituta y presidenta de la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
Mientras, que en el Departamento Judicial de Santo Domingo, Félix María Matos Acevedo y Félix Valencia, fueron ascendidos a presidentes de la Primera y Segunda Sala, respectivamente, de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación.
En el Departamento Judicial de Santiago, los ascendidos son los magistrados Gisselle Alina Cruz De La Cruz, a la Segunda Sala del Juzgado de Trabajo; Yasmín De Los Santos, al Segundo Juzgado de la Instrucción; Juana Omayra Santana Minaya, a la Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes; Domingo Rafael Isaac Vásquez Correa, a presidente de la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación; Leonor Mercedes Reyes Canalda, a presidenta de la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación.
En el Distrito Judicial de Puerto Plata fue promovida la magistrada Gleny Leidy Rodríguez Toribio, al Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original, y Pascual Francisco Abreu Valenzuela, al Juzgado de la Instrucción, adscrito a la Oficina de Atención Permanente.
En el Distrito Judicial de La Vega, la magistrada María Guillermina Calderón Abreu, a la Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes, y Wendy de Jesús Mueses, al Primer Juzgado de la Instrucción.
En el Distrito Judicial de Sánchez Ramírez, fue promovido Jael Desiree Santos Cruz, al Juzgado de la Instrucción.
En el Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, Martha Cristina Díaz Villafaña, como presidenta de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación, y a primer y segundo sustituto de la presidenta, respectivamente, la magistrada Marisela Antigua Santos y Eduardo Baldera Almonte, y Nancy Alba Iris Severino Santos, jueza miembro; Ramón Isidro Gil Guzmán, a presidente del Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia, quien tiene como sustituta a la magistrada María De Los Ángeles Concepción; Carmina Caminero Sosa, fue ascendida sustituta de presidente del Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia.
En el Distrito Judicial de Samaná, Argentina Altagracia Tejada Tejada, fue promovida al Juzgado de la Instrucción, y Edward José Soto Soto, a la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia.
En el Distrito Judicial de Azua, Omar Santana Martínez, a la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia, y Marta Claribel Ortiz Soriano, al Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original.
En el Departamento Judicial de San Cristóbal, Nelson Cuevas Ruiz fue ascendido a la Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes.
En el Departamento Judicial de San Juan de la Maguana, fueron promovidos los magistrados Ernesto Ramírez Méndez, a segundo sustituto del presidente de la Cámara Civil y Comercial; Romana Aquino Cepeda y Loida De La Rosa Beltré, a la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación; Ana Milca Acosta a primera sustituta del presidente de la Cámara Penal de la Corte de Apelación, y como miembro de ese tribunal fue promovido el magistrado Juan Ramón Madrigal Heisse.
El magistrado Robert Antonio D´ Aza Batista fue llevado a la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Juan de la Maguana.
Las palabras de agradecimientos fueron pronunciadas por el presidente del TSA, magistrado Rafael Vásquez Goico, quien destacó que los ascensos dispuestos por el Poder Judicial tomó en cuenta los méritos, el desempeño de los jueces y respetando el escalafón judicial.
La mesa principal del acto fue encabezada por el presidente del Poder Judicial, doctor Mariano Germán Mejía, e integrada por el magistrado Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Primer Sustituto del Presidente y presidente de la Tercera Sala de la SCJ; la magistrada Miriam Germán, segunda sustituta de presidente y presidenta de la Segunda Sala; y el presidente de la Primera Sala, Francisco Antonio Jerez Mena; los consejeros Sara Henríquez, Etanislao Radhamés Rodríguez, Fernando Fernández y Leonardo Recio Tineo, y la doctora Gervasia Valenzuela, directora de la Escuela Nacional de la Judicatura.
En el acto estuvieron presentes los jueces de la Suprema Corte de Justicia, Esther Agelán Casasnovas, Moisés Ferrer, funcionarios del Poder Judicial y otras personalidades.
acento.com.do
Santo Domingo, R.D.-Un total de 9,412,353 ciudadanos y residentes en República Dominicana recibirán la nueva cédula de identidad y electoral a partir del 26 de enero de 2026. De esa cifra, 942,795 personas alcanzaron la mayoría de edad desde el año pasado y serán incorporadas por primera vez al padrón de cedulación.
La Junta Central Electoral (JCE) informó que el proceso de renovación y emisión del documento tendrá una inversión de RD$ 6,500 millones. De ese monto, RD$ 2,081.6 millones se destinarán a la impresión de las cédulas, mientras que RD$ 3,500 millones cubrirán los gastos operativos y logísticos del proceso, el cual se extenderá hasta marzo de 2027.
Con base en estos datos, si 9.4 millones de personas recibirán la cédula y el costo total asciende a RD$ 6,500 millones, el gasto promedio por persona será de aproximadamente RD$ 690.58, es decir, unos RD$ 691 por cédula. Esta emisión es gratuita,
El 26 de enero de 2026 se realizará el acto formal de impresión de la primera cédula de identidad y electoral, que será entregada al presidente de la República, Luis Abinader.
Durante febrero y marzo de 2026, la JCE ejecutará la captura y entrega focalizada a senadores, diputados, altas cortes, órganos constitucionales y comunicadores.
La apertura general de cedulación en el territorio nacional iniciará el 8 de abril de 2026, organizada por mes de cumpleaños, con captura y entrega física del documento. El proceso de renovación nacional concluirá el 31 de marzo de 2027, fecha en la que la cédula vigente perderá validez legal.
Santo Domingo.– Las denuncias en España de que Julio Iglesia explotó sexual, psicológica y laboralmente a al menos a una de sus empleadas en su casa de Punta Cana reabre el debate sobre la necesidad de formalizar el trabajo doméstico y que se apliquen mecanismos para presentar las quejas ante las autoridades.
Mientras que la fiscalía de La Altagracia asegura que ese caso no fue denunciado en el país.
Para las representantes de gremios que agrupan a las trabajadoras doméstica ese tipo de denuncias son comunes entre sus afiliadas.
«Porque cuando una mujer pone una denuncia de violencia o acoso, regularmente, no le prestan mucha atención y ocurre que el (caso se repite y se repite y se repite», expresó la sindicalista, Eulogia Familia.
«Vivimos a diario contra esos tipos de abusos, violencia, acoso en el mundo del trabajo del sector doméstico. Lo hemos denunciado, pero no hay ningún tipo de ley que nos ampare en ninguno de esos sectores», dijo la presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadoras Domésticas, Marubeni Pérez.
Asimismo, aseguran que además de trabajadoras del hogar, empleadas y estudiantes también son víctimas de acoso y abusos sexuales y psicológicos.
¿Cuándo ocurrió lo de Julio Iglesias?
Tras relatar lo ocurrido en una investigación periodística de medios internacionales, dos ex empleadas de Julio Iglesias lo demandaron ante la justicia española por supuestas agresiones y vejaciones sexuales en las mansiones del cantante en la República Dominicana y en las Bahamas en el 2021.
- Debido a que las denuncias no fueron hechas en el país, el ministro de Trabajo prefirió no referirse al tema.
Las sindicalistas consultadas instaron a las mujeres víctimas de este tipo de violencia a formalizar sus denuncias.
Santo Domingo, R.D.-En el Congreso Nacional, cada año se repite una escena que ya parece parte del calendario institucional: el apuro de las últimas semanas de legislatura para aprobar proyectos de ley antes de que «venzan». Lo que muchos no saben es que ese apuro no responde necesariamente a una urgencia nacional, sino a una disposición del Reglamento y de la Constitución que establece que si un proyecto de ley no se aprueba en dos legislaturas ordinarias (es decir, aproximadamente un año), debe considerarse no iniciado, como si nunca hubiese existido. Y así, todo lo hecho hasta ese momento, estudios técnicos, audiencias públicas, informes de comisión, debates en el Pleno, se borra por completo.
Esta práctica, conocida como perención legislativa, se ha convertido en uno de los principales factores de ineficiencia del trabajo parlamentario. Cada año, decenas de proyectos, muchos de ellos importantes, mueren por plazos y no por méritos. Y luego, los mismos legisladores deben reintroducirlos, repetir los trámites, rediscutirlos, volver a aprobarlos. Se reinicia el reloj… pero no se avanza.
Los efectos de esta dinámica son graves y múltiples. En primer lugar, se cometen errores legislativos por premura. Cuando un proyecto se acerca a su fecha de caducidad, se acelera su aprobación, muchas veces sin el estudio técnico adecuado. Se aprueban textos con vacíos legales, ambigüedades o sin análisis de impacto presupuestario. Luego vienen las enmiendas, los reclamos y, en algunos casos, las reformas de urgencia para corregir lo que no se debió precipitar.
Además, esta lógica produce un desgaste institucional profundo. Desde fuera, la ciudadanía ve cómo el Congreso aprueba algo… y luego lo deja caducar. El mensaje que se percibe es de inestabilidad, improvisación o lentitud. La confianza en el proceso legislativo se resiente, y con razón. No es fácil explicar por qué una ley ampliamente debatida y respaldada tiene que ser reintroducida cada año como si fuera nueva, solo porque el calendario venció.
Pero quizás el mayor problema sea que se rompe la continuidad entre las dos cámaras del Congreso. Un proyecto aprobado en el Senado, si no es conocido por la Cámara de Diputados antes de terminar el año legislativo, pierde vigencia. Y la próxima vez, debe comenzar desde cero, incluso en la cámara que ya lo había aprobado. Se desvanece todo el trabajo legislativo como si fuese papel mojado.
El Parlamento no debe ser rehén del calendario, ni el país víctima de la burocracia. Es hora de romper con la lógica de la perención automática y construir un procedimiento legislativo que honre el trabajo, respete el tiempo y sirva al bien común. Porque legislar no es correr contra el reloj: es construir soluciones duraderas para una nación que no puede esperar.