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Poder Judicial juramenta a 34 jueces ascendidos en sus cargos
Germán Mejía exhortó a los promovidos a seguir trabajando por el fortalecimiento del Poder Judicial, por un mayor acceso a la justicia y respetando las reglas éticas.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El presidente del Poder Judicial, Mariano Germán Mejía, juramentó este viernes a 34 jueces de distintas jurisdicciones ascendidos sobre la base su desempeño en el cargo, trayectoria en el Poder Judicial y el tiempo de servicio.
Los magistrados ascendidos juraron respetar y hacer respetar la Constitución y las leyes, durante una ceremonia realizada en el Auditorio del Poder Judicial.
Germán Mejía exhortó a los promovidos a seguir trabajando por el fortalecimiento del Poder Judicial, por un mayor acceso a la justicia, respetando las reglas éticas, manejar una gestión transparente y contribuir con elevar la agilidad de los procesos.
Los jueces ascendidos que prestaron juramento son el magistrado Rafael Vásquez Goico que fue promovido como presidente del Tribunal Superior Administrativo; y Román Berroa Hiciano, a presidente de la Primera Sala de ese órgano de jurisdicción nacional.
El magistrado Edynson Alarcón Polanco, quien se desempeñaba como Juez Tercer Sustituto del Presidente de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, fue promovido como Segundo Sustituto del Presidente, en adición a sus funciones de Presidente de la Primera Sala.
Asimismo, la magistrada Eunisis Vásquez Acosta fue ascendida a Tercera Sustituta y presidenta de la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
Mientras, que en el Departamento Judicial de Santo Domingo, Félix María Matos Acevedo y Félix Valencia, fueron ascendidos a presidentes de la Primera y Segunda Sala, respectivamente, de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación.
En el Departamento Judicial de Santiago, los ascendidos son los magistrados Gisselle Alina Cruz De La Cruz, a la Segunda Sala del Juzgado de Trabajo; Yasmín De Los Santos, al Segundo Juzgado de la Instrucción; Juana Omayra Santana Minaya, a la Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes; Domingo Rafael Isaac Vásquez Correa, a presidente de la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación; Leonor Mercedes Reyes Canalda, a presidenta de la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación.
En el Distrito Judicial de Puerto Plata fue promovida la magistrada Gleny Leidy Rodríguez Toribio, al Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original, y Pascual Francisco Abreu Valenzuela, al Juzgado de la Instrucción, adscrito a la Oficina de Atención Permanente.
En el Distrito Judicial de La Vega, la magistrada María Guillermina Calderón Abreu, a la Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes, y Wendy de Jesús Mueses, al Primer Juzgado de la Instrucción.
En el Distrito Judicial de Sánchez Ramírez, fue promovido Jael Desiree Santos Cruz, al Juzgado de la Instrucción.
En el Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, Martha Cristina Díaz Villafaña, como presidenta de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación, y a primer y segundo sustituto de la presidenta, respectivamente, la magistrada Marisela Antigua Santos y Eduardo Baldera Almonte, y Nancy Alba Iris Severino Santos, jueza miembro; Ramón Isidro Gil Guzmán, a presidente del Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia, quien tiene como sustituta a la magistrada María De Los Ángeles Concepción; Carmina Caminero Sosa, fue ascendida sustituta de presidente del Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia.
En el Distrito Judicial de Samaná, Argentina Altagracia Tejada Tejada, fue promovida al Juzgado de la Instrucción, y Edward José Soto Soto, a la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia.
En el Distrito Judicial de Azua, Omar Santana Martínez, a la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia, y Marta Claribel Ortiz Soriano, al Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original.
En el Departamento Judicial de San Cristóbal, Nelson Cuevas Ruiz fue ascendido a la Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes.
En el Departamento Judicial de San Juan de la Maguana, fueron promovidos los magistrados Ernesto Ramírez Méndez, a segundo sustituto del presidente de la Cámara Civil y Comercial; Romana Aquino Cepeda y Loida De La Rosa Beltré, a la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación; Ana Milca Acosta a primera sustituta del presidente de la Cámara Penal de la Corte de Apelación, y como miembro de ese tribunal fue promovido el magistrado Juan Ramón Madrigal Heisse.
El magistrado Robert Antonio D´ Aza Batista fue llevado a la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Juan de la Maguana.
Las palabras de agradecimientos fueron pronunciadas por el presidente del TSA, magistrado Rafael Vásquez Goico, quien destacó que los ascensos dispuestos por el Poder Judicial tomó en cuenta los méritos, el desempeño de los jueces y respetando el escalafón judicial.
La mesa principal del acto fue encabezada por el presidente del Poder Judicial, doctor Mariano Germán Mejía, e integrada por el magistrado Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Primer Sustituto del Presidente y presidente de la Tercera Sala de la SCJ; la magistrada Miriam Germán, segunda sustituta de presidente y presidenta de la Segunda Sala; y el presidente de la Primera Sala, Francisco Antonio Jerez Mena; los consejeros Sara Henríquez, Etanislao Radhamés Rodríguez, Fernando Fernández y Leonardo Recio Tineo, y la doctora Gervasia Valenzuela, directora de la Escuela Nacional de la Judicatura.
En el acto estuvieron presentes los jueces de la Suprema Corte de Justicia, Esther Agelán Casasnovas, Moisés Ferrer, funcionarios del Poder Judicial y otras personalidades.
acento.com.do
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Director de La República advierte que Congreso Nacional no tiene la facultad para anular candidaturas independientes.
Por Elba García
El doctor José Cabral Salcedo, especialista en derecho constitucional, además de periodista y empresario, quien ostenta la dirección del diario La República, aclaró que no es verdad que el proyecto que se conoce actualmente en la Cámara de Diputados y que ya fue aprobado en el Senado de la República elimine las candidaturas independientes.
El profesional del derecho sostuvo que el esfuerzo de los diputados y senadores más que en contra de las candidaturas independientes se trata de una aspiración que pone en peligro todo el sistema legal e institucional de la nación.
Dice que intentar eliminar las candidaturas independientes es conspirar en contra de la propia Constitución de la República, ya que es la carta magna la que otorga la facultad al TC de interpretar las normas que chocan con la ley sustantiva de la nación, a los fines de procurar que las mismas se ajusten al control de la constitucionalidad.
La intención de eliminar las candidaturas independientes es lo mismo que conspirar en contra del sistema democrático e institucional de la nación, lo que indica el estado de desesperación de los partidos políticos ante el descredito que les afecta, añadió el periodista, abogado y empresario.
Cabral Salcedo advirtió que de aprobarse el proyecto de ley que se conoce ahora en la Cámara de Diputados deja el problema en manos del presidente Luis Abinader, quien tiene la opción de promulgarla u observarla en virtud de que la misma sería un contrasentido jurídico que cuestionaría todo el régimen jurídico interno y externo.
Sin embargo, advirtió que ante la conversión en ley del proyecto que se conoce ahora en la Cámara de Diputados y si es promulgado por el presidente Abinader implicaría la presentación de una acción directa de inconstitucionalidad ante el mismo Tribunal Constitucional que es el único facultado para interpretar la constitucionalidad de una norma.
Explico que decir que la Constitución habla de que las aspiraciones políticas sólo pueden ser canalizadas a través de los partidos, según la interpretación que se le ha querida dar al artículo 216 de la carta magna, pese a que la ley sustantiva de la nación debe leerse íntegramente y naturalmente incluyendo el artículo 22 que habla de los derechos ciudadanos, sobre todo en lo que respecta al principio de elegir y ser elegido.
El abogado, periodista y empresario advierte que la jurisprudencia del TC sólo puede ser eliminarla por el propio alto tribunal mediante la figura del overrruling, la cual es la técnica jurídica mediante la cual un tribunal constitucional revoca o cambia un precedente vinculante anterior, sustituyéndolo por una nueva doctrina, a los fines de adaptar el derecho a nuevos contextos sociales, morales, económicos y políticos, lo que permite superar normas jurisprudenciales obsoletas, injustas o incompatibles con el ordenamiento actual.
Sin embargo, el profesional del derecho aclara que ese no es el caso de la sentencia que sienta jurisprudencia sobre las candidaturas independientes, la TC/0788/24, ya que para que el TC cambie el criterio en esta materia tiene que producirse una afectación de un derecho fundamental cuando en la misma se produce todo lo contrario con la protección del principio de elegir y ser elegido, pero además del de igualdad, proporcionalidad, legalidad, pro participación y el de dignidad humana.
Esta situación hace prácticamente imposible la posibilidad de que las pretensiones de los diputados y senadores se concrete, porque sencillamente no hay forma de que sus acciones al margen del principio de legalidad tengan éxito, ya que la interpretación del Tribunal Constitucional se ajusta del artículo 47 de la Ley 137-11 y también al 184 y 185 de la constitución de la República.
Cabral Salcedo sostuvo que con el proyecto de ley que busca eliminar las candidaturas independientes el Congreso Nacional no sólo se pone al margen del régimen legal, sino también de la institucionalidad de la nación y además deja claro que los legisladores de la llamada partidocracia se creen dueños del sistema, principalmente los perremeistas que fundamentaron su llegada al poder en que en la República Dominicana se consolidaba un partido-Estado a través del PLD, pero resulta que ahora ellos son más antidemocráticos que las pasadas autoridades.
Cabral Salcedo llamó al presidente Luis Abinader a no ser parte de un plan que compromete la responsabilidad civil y penal del Estado por tratarse de la violación de un derecho fundamental como el de elegir y ser elegido, consignado, además, en el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos de San José, Costa Rica.
Santo Domingo, R.D.-El mantenimiento del arresto domiciliario dispuso la jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional en contra del coronel Andrés Pacheco Valera, implicado en la Operación Lobo.
La magistrada Yanibet Rivas tomó la decisión tras rechazar una solicitud de variación de la medida presentada por el acusado, a través de su abogado Félix Portes Núñez.
De inmediato, el abogado del imputado anunció que apelará la decisión, alegando violación al principio de igualdad, ya que otros coimputados han recibido medidas menos severas.
El imputado es acusado de formar parte de una red que se dedicaba a la distribución de sobornos para agenciarse la contratación y el mantenimiento de contratos de seguridad privada en instituciones públicas.
Entre las instituciones se encuentran el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (EdeNorte), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EdeEste) y la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (EdeSur).
Entre los implicados se encuentran el mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz, así como los coroneles de ese organismo Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández Vásquez y Elías Camaño Pérez.
Además, el coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar y el primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos, el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González y el coronel de la Policía Ramón Quezada Ortiz. En Santiago fue arrestado Bolívar Nicolás Fernández Espinal.
Santo Domingo, R.D.-La decision de el Septimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional será apelada por el Ministerio Público mediante la cual otorgó un auto de no ha lugar en favor de Jean Andrés Pumarol Fernández, imputado de ultimar a una mujer y herir a otras cinco personas en un hecho ocurrido en el sector Naco.
El órgano acusador rechazó, en un comunicado de prensa, la decisión del juez Deiby Antonio Timoteo Peguero, al considerar que no se corresponde con las pruebas aportadas durante el proceso.
Sostiene que existen méritos suficientes para recurrir la decisión, al entender que el tribunal incurre en contradicción, ya que en principio no acoge la declaratoria de inimputabilidad, pero termina aplicando los efectos jurídicos de dicha figura al dictar el auto de no ha lugar.
La acusación presentada por el Ministerio Público, representado por la fiscal Vidalis Mora, explica que el 23 de julio de 2025 el imputado irrumpió en varias viviendas del residencial Naco Dorado IV, donde agredió a distintos residentes, incluyendo a Yolanda Handal Abugabir, a quien le provocó la muerte.
Durante el hecho, también hirió a Gricelda Ozuna Torres, Francisco Texano, Teresa Fabián de Heredia, Victoria Heredia y Guillermo Ramón Pumarol Castellanos, además de ocasionar la muerte de una mascota.
El Ministerio Público recordó que, en atención a la gravedad de los hechos y las evidencias presentadas, previamente, le fue impuesta prisión preventiva como medida de coerción, la cual cumplía en el Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya, en Higüey, provincia La Altagracia.