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Poder Judicial juramenta a 34 jueces ascendidos en sus cargos
Germán Mejía exhortó a los promovidos a seguir trabajando por el fortalecimiento del Poder Judicial, por un mayor acceso a la justicia y respetando las reglas éticas.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El presidente del Poder Judicial, Mariano Germán Mejía, juramentó este viernes a 34 jueces de distintas jurisdicciones ascendidos sobre la base su desempeño en el cargo, trayectoria en el Poder Judicial y el tiempo de servicio.
Los magistrados ascendidos juraron respetar y hacer respetar la Constitución y las leyes, durante una ceremonia realizada en el Auditorio del Poder Judicial.
Germán Mejía exhortó a los promovidos a seguir trabajando por el fortalecimiento del Poder Judicial, por un mayor acceso a la justicia, respetando las reglas éticas, manejar una gestión transparente y contribuir con elevar la agilidad de los procesos.
Los jueces ascendidos que prestaron juramento son el magistrado Rafael Vásquez Goico que fue promovido como presidente del Tribunal Superior Administrativo; y Román Berroa Hiciano, a presidente de la Primera Sala de ese órgano de jurisdicción nacional.
El magistrado Edynson Alarcón Polanco, quien se desempeñaba como Juez Tercer Sustituto del Presidente de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, fue promovido como Segundo Sustituto del Presidente, en adición a sus funciones de Presidente de la Primera Sala.
Asimismo, la magistrada Eunisis Vásquez Acosta fue ascendida a Tercera Sustituta y presidenta de la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
Mientras, que en el Departamento Judicial de Santo Domingo, Félix María Matos Acevedo y Félix Valencia, fueron ascendidos a presidentes de la Primera y Segunda Sala, respectivamente, de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación.
En el Departamento Judicial de Santiago, los ascendidos son los magistrados Gisselle Alina Cruz De La Cruz, a la Segunda Sala del Juzgado de Trabajo; Yasmín De Los Santos, al Segundo Juzgado de la Instrucción; Juana Omayra Santana Minaya, a la Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes; Domingo Rafael Isaac Vásquez Correa, a presidente de la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación; Leonor Mercedes Reyes Canalda, a presidenta de la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación.
En el Distrito Judicial de Puerto Plata fue promovida la magistrada Gleny Leidy Rodríguez Toribio, al Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original, y Pascual Francisco Abreu Valenzuela, al Juzgado de la Instrucción, adscrito a la Oficina de Atención Permanente.
En el Distrito Judicial de La Vega, la magistrada María Guillermina Calderón Abreu, a la Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes, y Wendy de Jesús Mueses, al Primer Juzgado de la Instrucción.
En el Distrito Judicial de Sánchez Ramírez, fue promovido Jael Desiree Santos Cruz, al Juzgado de la Instrucción.
En el Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, Martha Cristina Díaz Villafaña, como presidenta de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación, y a primer y segundo sustituto de la presidenta, respectivamente, la magistrada Marisela Antigua Santos y Eduardo Baldera Almonte, y Nancy Alba Iris Severino Santos, jueza miembro; Ramón Isidro Gil Guzmán, a presidente del Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia, quien tiene como sustituta a la magistrada María De Los Ángeles Concepción; Carmina Caminero Sosa, fue ascendida sustituta de presidente del Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia.
En el Distrito Judicial de Samaná, Argentina Altagracia Tejada Tejada, fue promovida al Juzgado de la Instrucción, y Edward José Soto Soto, a la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia.
En el Distrito Judicial de Azua, Omar Santana Martínez, a la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia, y Marta Claribel Ortiz Soriano, al Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original.
En el Departamento Judicial de San Cristóbal, Nelson Cuevas Ruiz fue ascendido a la Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes.
En el Departamento Judicial de San Juan de la Maguana, fueron promovidos los magistrados Ernesto Ramírez Méndez, a segundo sustituto del presidente de la Cámara Civil y Comercial; Romana Aquino Cepeda y Loida De La Rosa Beltré, a la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación; Ana Milca Acosta a primera sustituta del presidente de la Cámara Penal de la Corte de Apelación, y como miembro de ese tribunal fue promovido el magistrado Juan Ramón Madrigal Heisse.
El magistrado Robert Antonio D´ Aza Batista fue llevado a la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Juan de la Maguana.
Las palabras de agradecimientos fueron pronunciadas por el presidente del TSA, magistrado Rafael Vásquez Goico, quien destacó que los ascensos dispuestos por el Poder Judicial tomó en cuenta los méritos, el desempeño de los jueces y respetando el escalafón judicial.
La mesa principal del acto fue encabezada por el presidente del Poder Judicial, doctor Mariano Germán Mejía, e integrada por el magistrado Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Primer Sustituto del Presidente y presidente de la Tercera Sala de la SCJ; la magistrada Miriam Germán, segunda sustituta de presidente y presidenta de la Segunda Sala; y el presidente de la Primera Sala, Francisco Antonio Jerez Mena; los consejeros Sara Henríquez, Etanislao Radhamés Rodríguez, Fernando Fernández y Leonardo Recio Tineo, y la doctora Gervasia Valenzuela, directora de la Escuela Nacional de la Judicatura.
En el acto estuvieron presentes los jueces de la Suprema Corte de Justicia, Esther Agelán Casasnovas, Moisés Ferrer, funcionarios del Poder Judicial y otras personalidades.
acento.com.do
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.