Nacionales
Poder Judicial juramenta a 34 jueces ascendidos en sus cargos
Germán Mejía exhortó a los promovidos a seguir trabajando por el fortalecimiento del Poder Judicial, por un mayor acceso a la justicia y respetando las reglas éticas.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El presidente del Poder Judicial, Mariano Germán Mejía, juramentó este viernes a 34 jueces de distintas jurisdicciones ascendidos sobre la base su desempeño en el cargo, trayectoria en el Poder Judicial y el tiempo de servicio.
Los magistrados ascendidos juraron respetar y hacer respetar la Constitución y las leyes, durante una ceremonia realizada en el Auditorio del Poder Judicial.
Germán Mejía exhortó a los promovidos a seguir trabajando por el fortalecimiento del Poder Judicial, por un mayor acceso a la justicia, respetando las reglas éticas, manejar una gestión transparente y contribuir con elevar la agilidad de los procesos.
Los jueces ascendidos que prestaron juramento son el magistrado Rafael Vásquez Goico que fue promovido como presidente del Tribunal Superior Administrativo; y Román Berroa Hiciano, a presidente de la Primera Sala de ese órgano de jurisdicción nacional.
El magistrado Edynson Alarcón Polanco, quien se desempeñaba como Juez Tercer Sustituto del Presidente de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, fue promovido como Segundo Sustituto del Presidente, en adición a sus funciones de Presidente de la Primera Sala.
Asimismo, la magistrada Eunisis Vásquez Acosta fue ascendida a Tercera Sustituta y presidenta de la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
Mientras, que en el Departamento Judicial de Santo Domingo, Félix María Matos Acevedo y Félix Valencia, fueron ascendidos a presidentes de la Primera y Segunda Sala, respectivamente, de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación.
En el Departamento Judicial de Santiago, los ascendidos son los magistrados Gisselle Alina Cruz De La Cruz, a la Segunda Sala del Juzgado de Trabajo; Yasmín De Los Santos, al Segundo Juzgado de la Instrucción; Juana Omayra Santana Minaya, a la Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes; Domingo Rafael Isaac Vásquez Correa, a presidente de la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación; Leonor Mercedes Reyes Canalda, a presidenta de la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación.
En el Distrito Judicial de Puerto Plata fue promovida la magistrada Gleny Leidy Rodríguez Toribio, al Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original, y Pascual Francisco Abreu Valenzuela, al Juzgado de la Instrucción, adscrito a la Oficina de Atención Permanente.
En el Distrito Judicial de La Vega, la magistrada María Guillermina Calderón Abreu, a la Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes, y Wendy de Jesús Mueses, al Primer Juzgado de la Instrucción.
En el Distrito Judicial de Sánchez Ramírez, fue promovido Jael Desiree Santos Cruz, al Juzgado de la Instrucción.
En el Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, Martha Cristina Díaz Villafaña, como presidenta de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación, y a primer y segundo sustituto de la presidenta, respectivamente, la magistrada Marisela Antigua Santos y Eduardo Baldera Almonte, y Nancy Alba Iris Severino Santos, jueza miembro; Ramón Isidro Gil Guzmán, a presidente del Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia, quien tiene como sustituta a la magistrada María De Los Ángeles Concepción; Carmina Caminero Sosa, fue ascendida sustituta de presidente del Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia.
En el Distrito Judicial de Samaná, Argentina Altagracia Tejada Tejada, fue promovida al Juzgado de la Instrucción, y Edward José Soto Soto, a la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia.
En el Distrito Judicial de Azua, Omar Santana Martínez, a la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia, y Marta Claribel Ortiz Soriano, al Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original.
En el Departamento Judicial de San Cristóbal, Nelson Cuevas Ruiz fue ascendido a la Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes.
En el Departamento Judicial de San Juan de la Maguana, fueron promovidos los magistrados Ernesto Ramírez Méndez, a segundo sustituto del presidente de la Cámara Civil y Comercial; Romana Aquino Cepeda y Loida De La Rosa Beltré, a la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación; Ana Milca Acosta a primera sustituta del presidente de la Cámara Penal de la Corte de Apelación, y como miembro de ese tribunal fue promovido el magistrado Juan Ramón Madrigal Heisse.
El magistrado Robert Antonio D´ Aza Batista fue llevado a la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Juan de la Maguana.
Las palabras de agradecimientos fueron pronunciadas por el presidente del TSA, magistrado Rafael Vásquez Goico, quien destacó que los ascensos dispuestos por el Poder Judicial tomó en cuenta los méritos, el desempeño de los jueces y respetando el escalafón judicial.
La mesa principal del acto fue encabezada por el presidente del Poder Judicial, doctor Mariano Germán Mejía, e integrada por el magistrado Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Primer Sustituto del Presidente y presidente de la Tercera Sala de la SCJ; la magistrada Miriam Germán, segunda sustituta de presidente y presidenta de la Segunda Sala; y el presidente de la Primera Sala, Francisco Antonio Jerez Mena; los consejeros Sara Henríquez, Etanislao Radhamés Rodríguez, Fernando Fernández y Leonardo Recio Tineo, y la doctora Gervasia Valenzuela, directora de la Escuela Nacional de la Judicatura.
En el acto estuvieron presentes los jueces de la Suprema Corte de Justicia, Esther Agelán Casasnovas, Moisés Ferrer, funcionarios del Poder Judicial y otras personalidades.
acento.com.do
Nacionales
La construcción de la autopista del Ambar se inicia el próximo mes, según lo anunció el Gobierno.
Santo Domingo, R.D.-El próximo mes está previsto el inicio de la construcción de la autopista del Ambar, de acuerdo a un anuncio en este sentido hecho este sabado por la vicepresidenta Raquel Peña, la cual conectará las provincias de Santiago y Puerto Plata en menos de 30 minutos y que permitirá impulsar el turismo, el comercio, la logistica y el desarrollo económico de la region Norte.
Peña ofreció la información a la prensa al concluir una sesión de trabajo ampliada de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS), en la que participaron instituciones aliadas, representantes de las provincias del Cibao y el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Eduardo Estrella, entre otros.
Raquel Peña manifestó que la obra llevará numerosos beneficios, crecimiento y desarrollo a las 14 provincias de la región Norte. «Estamos muy contentos con el inicio de esta obra», expresó.
El ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Eduardo Estrella, aseguró que la Autovía del Ámbar se encuentra en la etapa de «firma de contratos» y socialización con las empresas adjudicatarias del proceso de licitación.
A principios de julio, el Consorcio Autopista del Ámbar, S.R.L., integrado por las empresas Ingeniería Estrella, Rizek Constructora, Magna y Constructora Mar, ganó la licitación para el diseño y construcción de la Autopista del Ámbar, convocada por el Fideicomiso RD Vial.
La vicepresidenta resaltó que Santiago y el Cibao atraviesan una etapa de importante crecimiento económico y urbano, lo que ha incrementado la demanda de nuevas infraestructuras para responder a las necesidades de movilidad, conectividad y desarrollo de la población.
El encuentro, en las instalaciones de la ACIS, fue organizado en respuesta a las inquietudes planteadas por líderes regionales durante una reunión de trabajo celebrada la semana pasada en el despacho de la Vicepresidencia, en el Palacio Nacional.
Durante la actividad, Estrella también presentó un balance de los principales proyectos de infraestructura que el Gobierno desarrolla en Santiago y la región Norte. Destacó que estas inversiones buscan mejorar la conectividad, fortalecer la seguridad vial e incrementar la competitividad del Cibao.
Entre las obras prioritarias mencionó:
- La ampliación a cuatro carriles de la circunvalación de Navarrete.
- La expansión de la carretera Santiago-Licey.
- Los trabajos de conexión vial hacia Moca y otras localidades.
En cuanto a los programas de asfaltado, indicó que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones mantiene brigadas trabajando de manera simultánea en Santiago, Puerto Plata, San Francisco de Macorís y otras provincias.
Explicó que, debido a las limitaciones presupuestarias y al incremento de los costos de los materiales, las intervenciones se ejecutan siguiendo criterios técnicos y de prioridad, con el propósito de atender de manera equilibrada las necesidades de todo el país.
Por otro lado, el presidente de la ACIS, Marcos Santana, consideró que la presencia de representantes de los principales sectores productivos, comerciales, industriales y de servicios de la región Norte evidencia el interés del empresariado y de la sociedad organizada en trabajar de manera articulada con el Gobierno para impulsar iniciativas que contribuyan al desarrollo del Cibao.
Tras finalizar el encuentro estratégico, la vicepresidenta Raquel Peña se trasladó a la catedral de la ciudad para participar en la celebración de sus fiestas patronales en honor a Santiago Apóstol El Mayor. Con la tradicional fiesta religiosa finalizan las actividades conmemorativas.
Santo Domingo, R.D.-El Poder Ejecutivo no para en su politica de endeudamiento al lograr la aprobacion en el Congreso Nacional este viernes de dos préstamos provernmiente del Poder Ejecutivo por US$465 millones, los cuales equivalen a aproximadamente 27 mil millones en pesos dominicanos.
El Senado de la República fue el último órgano legislativo en aprobarlo. Estos empréstitos aprobados la tarde de ayer por la Cámara de Diputados.
En ambas cámaras legislativas, los representantes de la Fuerza del Pueblo (FP), del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), votaron en contra de los dos empréstitos.
Se trata de dos acuerdos, firmados por la gestión del presidente Luis Abinader con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Uno de estos le entregaría US$200 millones al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), así como al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), para financiar el programa de implementación de la política nacional de seguridad vial en el país.
El informe favorable que presentó la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja precisa que el objetivo es contribuir a una movilidad segura, previniendo los accidentes de tránsito.
Además, fortalecer la fiscalización, educación y atención a víctimas en el territorio nacional.
El presidente de esa Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Frank Paulino, explicó los pasos que aplicará el Gobierno para lograrlo.
Mientras que el otro empréstito, de US$265 millones, sería destinado para el financiamiento del proyecto Plan de Manejo de Cuenca del Río Yuna, previsto a ser ejecutado por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indhri).
La carta enviada por el mandatario Abinader al órgano legislativo establece que los recursos incrementarían la resiliencia ante los riesgos de inundación en la parte baja del recurso hídrico.
Santo Domingo, R.D.-El Gobierno dominicano dispuso la prohibición de la importación hacia al territorio nacional de mercancías, productos y bienes producidos, fabricados, extraídos, procesados o elaborados, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso, incluyendo aquellas mercancías respecto de las cuales exista evidencia razonable de que en alguna fase de su cadena de suministro se ha producido la distorsión, cuya decision se produce tras el pais ser sancionado mediante arancel por la administracion del presidente Donald Trump.
La disposición gubernamental busca establecer las disposiciones administrativas necesarias para la prevención, identificación, verificación y prohibición de la importación de mercancías, productos y bienes producidos, fabricados, extraídos, procesados o elaborados, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso, con el fin de proteger los derechos humanos, preservar la integridad del comercio internacional y garantizar el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por la República Dominicana.
La medida, contenida en el decreto 502-26, será aplicada a toda mercancía, producto o bien destinado a ser importado al territorio aduanero del país sobre el cual existan indicios razonables de que ha sido producido, fabricado, extraído, procesado o elaborado, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso, independientemente de su país de origen o procedencia.
La medida se toma apenas horas después de que la Administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunciara nuevos aranceles de entre el 10 % y el 12,5 % a las importaciones procedentes de República Dominicana y otros 59 países y economías, justificándose en una investigación sobre «esfuerzos insuficientes para combatir el trabajo forzoso».
En su artículo siete, el decreto señala que para la identificación de casos productos creados total o parcialmente, mediante trabajo forzoso se tomará en consideración información proveniente de fuentes nacionales o internacionales, tanto públicas como privadas incluyendo importadores, exportadores, operadores económicos, asociaciones empresariales u otros actores del sector privado.
Cuando existan indicios razonables, la Dirección General de Aduanas solicitará al Ministerio de Trabajo que, dentro del ámbito de sus competencias, elabore el informe técnico correspondiente. Luego se realizará una evaluación técnica correspondiente para determinar si existen elementos suficientes para concluir que la mercancía sí tuvo incidencias, durante su creación del trabajo forzoso.
El Ministerio de Hacienda y Economía, la Dirección General de Aduanas y las demás instituciones competentes podrán adoptar dentro del ámbito de las atribuciones que les confieren las leyes, las normas generales, medidas administrativas, operativas y técnicas necesarias para la ejecución del presente decreto, siempre que dichas medidas no impliquen la creación de nuevas obligaciones, restricciones o prohibiciones distintas de las previstas en el ordenamiento jurídico vigente, ni alteren el contenido esencial de los derechos reconocidos por las leyes.
Se define como trabajo forzoso todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente, de conformidad con la definición contenida en el Convenio núm. 29 de la OIT, ratificado por la República Dominicana mediante la Résolución núm. 4505, del 21 de julio de 1956, y de conformidad con los estándares internacionales aplicables en materia de derechos humanos y erradicación del trabajo forzoso.