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Poder Judicial juramenta a 34 jueces ascendidos en sus cargos
Germán Mejía exhortó a los promovidos a seguir trabajando por el fortalecimiento del Poder Judicial, por un mayor acceso a la justicia y respetando las reglas éticas.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El presidente del Poder Judicial, Mariano Germán Mejía, juramentó este viernes a 34 jueces de distintas jurisdicciones ascendidos sobre la base su desempeño en el cargo, trayectoria en el Poder Judicial y el tiempo de servicio.
Los magistrados ascendidos juraron respetar y hacer respetar la Constitución y las leyes, durante una ceremonia realizada en el Auditorio del Poder Judicial.
Germán Mejía exhortó a los promovidos a seguir trabajando por el fortalecimiento del Poder Judicial, por un mayor acceso a la justicia, respetando las reglas éticas, manejar una gestión transparente y contribuir con elevar la agilidad de los procesos.
Los jueces ascendidos que prestaron juramento son el magistrado Rafael Vásquez Goico que fue promovido como presidente del Tribunal Superior Administrativo; y Román Berroa Hiciano, a presidente de la Primera Sala de ese órgano de jurisdicción nacional.
El magistrado Edynson Alarcón Polanco, quien se desempeñaba como Juez Tercer Sustituto del Presidente de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, fue promovido como Segundo Sustituto del Presidente, en adición a sus funciones de Presidente de la Primera Sala.
Asimismo, la magistrada Eunisis Vásquez Acosta fue ascendida a Tercera Sustituta y presidenta de la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
Mientras, que en el Departamento Judicial de Santo Domingo, Félix María Matos Acevedo y Félix Valencia, fueron ascendidos a presidentes de la Primera y Segunda Sala, respectivamente, de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación.
En el Departamento Judicial de Santiago, los ascendidos son los magistrados Gisselle Alina Cruz De La Cruz, a la Segunda Sala del Juzgado de Trabajo; Yasmín De Los Santos, al Segundo Juzgado de la Instrucción; Juana Omayra Santana Minaya, a la Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes; Domingo Rafael Isaac Vásquez Correa, a presidente de la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación; Leonor Mercedes Reyes Canalda, a presidenta de la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación.
En el Distrito Judicial de Puerto Plata fue promovida la magistrada Gleny Leidy Rodríguez Toribio, al Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original, y Pascual Francisco Abreu Valenzuela, al Juzgado de la Instrucción, adscrito a la Oficina de Atención Permanente.
En el Distrito Judicial de La Vega, la magistrada María Guillermina Calderón Abreu, a la Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes, y Wendy de Jesús Mueses, al Primer Juzgado de la Instrucción.
En el Distrito Judicial de Sánchez Ramírez, fue promovido Jael Desiree Santos Cruz, al Juzgado de la Instrucción.
En el Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, Martha Cristina Díaz Villafaña, como presidenta de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación, y a primer y segundo sustituto de la presidenta, respectivamente, la magistrada Marisela Antigua Santos y Eduardo Baldera Almonte, y Nancy Alba Iris Severino Santos, jueza miembro; Ramón Isidro Gil Guzmán, a presidente del Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia, quien tiene como sustituta a la magistrada María De Los Ángeles Concepción; Carmina Caminero Sosa, fue ascendida sustituta de presidente del Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia.
En el Distrito Judicial de Samaná, Argentina Altagracia Tejada Tejada, fue promovida al Juzgado de la Instrucción, y Edward José Soto Soto, a la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia.
En el Distrito Judicial de Azua, Omar Santana Martínez, a la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia, y Marta Claribel Ortiz Soriano, al Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original.
En el Departamento Judicial de San Cristóbal, Nelson Cuevas Ruiz fue ascendido a la Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes.
En el Departamento Judicial de San Juan de la Maguana, fueron promovidos los magistrados Ernesto Ramírez Méndez, a segundo sustituto del presidente de la Cámara Civil y Comercial; Romana Aquino Cepeda y Loida De La Rosa Beltré, a la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación; Ana Milca Acosta a primera sustituta del presidente de la Cámara Penal de la Corte de Apelación, y como miembro de ese tribunal fue promovido el magistrado Juan Ramón Madrigal Heisse.
El magistrado Robert Antonio D´ Aza Batista fue llevado a la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Juan de la Maguana.
Las palabras de agradecimientos fueron pronunciadas por el presidente del TSA, magistrado Rafael Vásquez Goico, quien destacó que los ascensos dispuestos por el Poder Judicial tomó en cuenta los méritos, el desempeño de los jueces y respetando el escalafón judicial.
La mesa principal del acto fue encabezada por el presidente del Poder Judicial, doctor Mariano Germán Mejía, e integrada por el magistrado Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Primer Sustituto del Presidente y presidente de la Tercera Sala de la SCJ; la magistrada Miriam Germán, segunda sustituta de presidente y presidenta de la Segunda Sala; y el presidente de la Primera Sala, Francisco Antonio Jerez Mena; los consejeros Sara Henríquez, Etanislao Radhamés Rodríguez, Fernando Fernández y Leonardo Recio Tineo, y la doctora Gervasia Valenzuela, directora de la Escuela Nacional de la Judicatura.
En el acto estuvieron presentes los jueces de la Suprema Corte de Justicia, Esther Agelán Casasnovas, Moisés Ferrer, funcionarios del Poder Judicial y otras personalidades.
acento.com.do
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Juez evaluará este miércoles solicitud de Pepca para extender investigación del caso Senasa.
Santo Domingo, R.D.-Deiby Peguero, juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, fijó para este miércoles el conocimiento de la solicitud de prórroga de cuatro meses presentada por el Ministerio Público para concluir la investigación y depositar la acusación contra el exdirector del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), Santiago Marcelo Hazim, y los demás implicados en el caso Cobra.
La solicitud de prórroga fue depositada por fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), con el propósito de analizar minuciosamente las evidencias recabadas durante allanamiento. Así lo informó recientemente el procurador adjunto, Wilson Camacho.
Camacho indicó que la institución cuenta con un equipo especializado dedicado al estudio del contenido de 16,800 cajas de documentos ocupadas durante los recientes operativos de intervención como parte de la investigación que realiza del caso.
El exdirector de SeNaSa, Santiago Marcelo Hazim, junto a otros imputados, es señalado de conformar una estructura criminal que habría perpetrado un desfalco superior a RD$15 mil millones en perjuicio del Estado dominicano, a través de la entidad pública de salud.
Además de Hazim, figuran como imputados Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo, Ada Ledesma Ubiera, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, quienes cumplen distintas medidas de coerción impuestas en diciembre de 2025.
Santo Domingo, R.D.-Jhovanny de Jesus Metz Crus, conocido como «Macho», señalado como el principal sospechoso de la muerte del conductor Deivy Carlos Abreu Quezada, quien falleció luego de ser atacado por una turba de motociclistas durante una persecución, fue apresado en Jamaica.
La información fue confirmada a Diario Libre por una fuente de la Procuraduría General de la República (PGR).
De acuerdo con las investigaciones, «Macho» habría sido quien presuntamente propinó varias estocadas a Abreu Quezada durante el ataque ocurrido el pasado 17 de abril en el parqueo del Palacio de Justicia de Santiago, donde la víctima intentó refugiarse tras ser perseguida durante varios kilómetros por un grupo de motociclistas.
En principio, se informó que la persecución se produjo a raíz de un incidente de tránsito.
Posteriormente, trascendió que la agresión habría sido motivada por una presunta deuda económica que el conductor mantenía con sus atacantes.
Visado a JamaicaEn marzo pasado, Jamaica eliminó el requisito de visa para los dominicanos que viajen a ese país por turismo o negocio por un periodo de 180 días.
Mets Cruz también enfrenta un proceso judicial por las heridas de bala ocasionadas en 2023 al sargento de la Policía Nacional Christopher Almánzar García, adscrito a la unidad SWAT.
El imputado no se presentó al juicio de fondo pautado para el miércoles 20 de mayo ante el Cuarto Tribunal Colegiado de Santiago, por lo que la sala ordenó declararlo en rebeldía y activar las consecuencias legales correspondientes.
En ese expediente, Mets Cruz enfrenta acusaciones por intento de homicidio y asociación de malhechores.
El hecho ocurrió el 7 de mayo de 2023 en el sector El Ejido, de Santiago.
Durante el incidente, el sargento Almánzar García sufrió fracturas en el fémur y la rodilla izquierda, mientras que su sobrino, Jeison Willian Almánzar Núñez, resultó herido en la pierna izquierda cuando intentaba auxiliarlo.
Según las informaciones ofrecidas en el tribunal, Mets Cruz cumplía medidas de coerción consistentes en presentación periódica, impedimento de salida del país y orden de alejamiento de las víctimas.
Tras su incomparecencia al juicio, el tribunal dispuso su declaratoria en rebeldía, mientras las autoridades activaron su búsqueda.
Ahora, con su detención en Jamaica, las autoridades dominicanas deberán realizar las gestiones correspondientes para establecer su eventual retorno al país y que responda ante la justicia por los procesos que tiene pendientes.
Formalmente no hay un tratado de extradición entre República Dominicana y Jamaica. El intercambio judicial y la colaboración policial se apoyan en organismos internacionales como Interpol.
Santo Domingo, R.D.-Declaro inadmisible el Tribunal Constitucional (TC) por notoria improcedencia, la acción de amparo interpuesta por el empresario Alexander Montilla Sierra, con la que pretendía suspender un proceso de embargo inmobiliario en su contra y obtener la reposición de los plazos procesales de dicho caso.
La Alta Corte, mediante la sentencia TC/0784/26, tomó la decisión al rechazar la acción presentada por el cuñado del expresidente Danilo Medina contra la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) y la señora Francisca Elizabeth Castillo de los Santos.
La decisión fue aprobada por la mayoría de los jueces del pleno. Por su parte, el magistrado José Alejandro Vargas se inhibió de participar en la deliberación y el fallo, debido a que intervino en el proceso en su anterior condición de juez del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, cuando conoció una medida de coerción vinculada al caso penal.
El caso se remonta a una investigación de la PEPCA dirigida contra Alexander Montilla Sierra y su hermano Maxy Gerardo, junto a otras personas físicas y jurídicas. Las indagatorias se originaron en una de las líneas de investigación de la Operación Antipulpo, por presuntos actos de corrupción y lavado de activos relacionados con contratos públicos y licitaciones irregulares.
En esas pesquisas, la jueza coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, autorizó entre diciembre de 2020 y enero de 2021 la inmovilización de fondos y la oposición a transferencias de bienes muebles e inmuebles de los investigados.
Según el expediente, estas medidas dejaron a Alexander Montilla Sierra sin capacidad para disponer de su patrimonio, impidiéndole honrar un pagaré notarial por RD$20,000,000.00 suscrito en 2018 con Francisca Elizabeth Castillo de los Santos.
Ante el incumplimiento de pago, Castillo de los Santos inició en 2021 un proceso de embargo inmobiliario sobre dos propiedades de Montilla Sierra: una unidad en el condominio Terrazas del Mirador II y un apartamento en el condominio Karla I.
Tras un acuerdo de colaboración entre Maxy Montilla y la PEPCA, la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción autorizó, mediante auto del 12 de diciembre de 2025, el levantamiento parcial de las oposiciones e inmovilizaciones. La PEPCA tramitó la ejecución de dicha orden ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Superintendencia de Bancos el 30 de diciembre de 2025.
El 6 de febrero de 2026 antes de tener conocimiento formal del levantamiento, notificado por la DGII el 17 de febrero, Alexander Montilla interpuso una acción de amparo en la que solicitó la publicidad registral de las oposiciones, la suspensión del embargo inmobiliario y la reposición de los plazos procesales.
La Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional declaró inadmisible dicha acción el 3 de marzo de 2026 (Sentencia núm. 037-2026-SSEN-00109), al considerar que había perdido su objeto tras el levantamiento parcial de las medidas.
Montilla Sierra recurrió el fallo ante el Tribunal Constitucional alegando vulneraciones al debido proceso, la tutela judicial efectiva, el derecho de propiedad, la igualdad de armas y el principio de inviolabilidad de las nulidades constitucionales, entre otros.
El TC coincidió en que la sentencia de primera instancia era errónea, pero por una razón distinta a la planteada por el recurrente: consideró que el juez de amparo no debió declarar la inadmisibilidad por «falta de objeto», sino por «notoria improcedencia». Esto se apoya en su jurisprudencia reiterada, la cual establece que el amparo no puede utilizarse para suspender, modificar o dejar sin efecto decisiones dictadas por otro tribunal en un proceso judicial ordinario en curso.
En consecuencia, el TC revocó la sentencia recurrida y, actuando directamente sobre el fondo de la acción original, concluyó que las pretensiones de Montilla Sierra excedían el ámbito del amparo. De concederlas, el juez constitucional estaría sustituyendo a la jurisdicción ordinaria en la conducción de un proceso iniciado desde el año 2021.
El tribunal señaló que cualquier objeción sobre la falta de publicidad de las oposiciones administrativas debió plantearse oportunamente ante el propio juez del embargo, mediante los mecanismos procesales correspondientes.
Cabe destacar que el Ministerio Público obtuvo la homologación de un acuerdo bajo el criterio de oportunidad, mediante el cual Maxy Gerardo Montilla Sierra y un grupo de sus empresas aceptaron su responsabilidad penal y autorizaron el decomiso de RD$2,000 millones en efectivo a favor del Estado dominicano.
El acuerdo, homologado por el juez Raymundo Mejía del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, compromete a Montilla a pagar una indemnización de RD$600 millones a las distribuidoras de electricidad EdeEste, EdeSur y EdeNorte, en resarcimiento por los perjuicios ocasionados.
Asimismo, contempla la disolución en un plazo de dos años de las empresas Transformadores Solomon Dominicana, S.A.S., Electrocable Aluconsa, S.A.S., NSD, Importaciones Diversas, SRL, Distribuidora de Materiales Eléctricos FEE, SRL, Distribuidora Eléctrica Henan Jinshui, SRL, Importadora Eaglerise, SRL, TLC Negocios Globales, SRL, Watmax Lighting, SRL, Herrajes Eléctricos RPC, SRL, y MG Solomon Corporation.
También fija el pago de RD$431,816,307.90 a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y el decomiso de un terreno de 200.18 metros cuadrados ubicado en la avenida Roberto Pastoriza núm. 2, Ensanche Naco, valorado en RD$50,901,692.13.
Por el caso Antipulpo, el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina, a siete años de prisión en el centro penitenciario de Najayo.
La decisión fue recurrida y está pendiente de revisión para el próximo 8 de septiembre en la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Otros imputados recibieron penas menores y algunos fueron declarados noculpables, entre ellos Magaly Medina.