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Poderes Fácticos Dominicanos Carecen de Visión y Lucen Complacientes con la Corrupción.
Por Elba García
Son diversas las teorías sociológicas sobre la sociedad dominicana en virtud de su escaso desarrollo capitalista fruto de su pobre crecimiento de las fuerzas productivas y en consecuencia de una precaria conciencia social.
Estos dos elementos son de una gran importancia para determinar el comportamiento de las clases sociales, como la burguesa y la obrera, las cuales hoy son una realidad en la República Dominicana, pero con la deficiencia de actuar como clases entre sí y no como clases para sí.
Esta es la explicación de que los empresarios para tomar cualquier decisión en términos de la democracia parten de los beneficios que hayan recibido y no de la consolidación de un modelo político-económico que deben preservar porque los privilegiar a ellos.
Sin embargo, la perpetuación del sistema depende de las acciones de los empresarios, que también se conocen como poder fáctico, es decir, que tienen la fuerza y la capacidad de motorizar que el gobierno gire alrededor de sus intereses.
Pero su falta de visión como consecuencia de su bajo nivel de conciencia social los lleva a proponer y apoyar cosas en el marco de la politiquería que ponen en peligro el sistema que ellos deben defender para lograr su perpetuación.
Si los empresarios no se preocupan por motivar una inversión social que fortalezca ese sistema que los privilegie a ellos, muy difícilmente éste pueda mejorar y como vía de consecuencia dotarse de la credibilidad necesaria para lograr estabilidad política, económica y social en el contexto de la sociedad.
Los empresarios como poder fáctico tienen la tendencia, por las causas señaladas más arriba, a apoyar lo mal hecho o a los gobiernos irresponsables y corruptos porque muchas veces reciben un gran beneficio de la repartición del patrimonio publico mediante el lavado de activos, el contrabando y la corrupción generalizada, así como de otras variantes del fenómeno.
En los últimos días se ha observado como el Consejo Nacional para la Empresa Privada (CONEP) mueve muchas de las teclas que tienen a su alcance para promover una reforma constitucional a todas luces inoportuna y carente de legitimidad.
Da la impresión que el CONEP ha firmado un pacto con el grupo de Danilo Medina para rehabilitar al jefe de Estado para el 2024, cuyo gobierno ha causado grandes daños a la sociedad dominicana en renglones tan importantes como la salud, la educación y la justicia.
La República Dominicana hoy es una sociedad resquebrajada, desmoralizado y con los valores morales hechos pedazos, todo como resultado de una cultura de impunidad impuesta por los que tienen el control del Estado, cuyo papel principal en este momento lo juega Danilo Medina.
Frente a los aprestos en este sentido habría que preguntarse si esa falta de conciencia social no les da a los empresarios las herramientas para vislumbrar que la sociedad dominicana no es hoy tierra de nadie porque la gente luce anestesiada, cansada o gravemente enferma, que no reacciona ante los abusos y atropellos que vienen desde el poder, incluido el fáctico.
El último movimiento que hemos visto de los empresarios ha sido buscar convencer al principal partido de la oposición, el Revolucionario Moderno, para que apoye una reforma constitucional, cuyo punto más polémico seria la rehabilitación de Danilo Medina.
Es como apostar a la autodestrucción, porque si en el país se produjera una gran explosión social, la peor parte la llevarían los empresarios porque son los que más tienen que perder, pero evidentemente que esa posibilidad no se alcanza a ver en contra de quienes son grandes expertos para buscar privilegios en su favor, olvidándose de la tranquilidad de los que no tienen nada y que sólo pidan migajas del Estado.
La sociedad dominicana hoy está más amenazada más que nunca como resultado de que los aspirantes a la presidencia de la República son como partes de un juego llamado la politiquería, en el que no se busca otra cosa que satisfacer intereses particulares e individuales, mientras las grandes mayorías sufren a consecuencia de las inconductas de sus gobernantes.
Si los empresarios no terminan de entender, aunque naturalmente no es algo que se produce espontáneamente, que sólo con una presión hacia el Estado y un cierto desprendimiento de ellos mismos para hacer una pequeña inversión social el país se proyecta en medio de grandes problemas institucionales y democráticos.
Más que proponer una reforma constitucional inoportuna y que no constituye una solución a los problemas que padece la sociedad dominicana en lo que respecta a sus valores democráticos, el empresariado lo que debía es convertirse en un foco de presión para defender un Estado que los beneficie a ellos, a fin de que pueda perpetuarse en el tiempo sobre la base de una relativa justicia social.
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Posición de R.D. sobre Venezuela es acomodamiento a su condición de sometida a nuevos requerimientos de Trump.
Lo planteado por el Gobierno de Luis Abinader de que no comparte la elección de Delcy Rodríguez como presidenta transitoria de Venezuela tras el apresamiento de Nicolás Maduro, revela que República Dominicana quiere incluso superar lo impuesto por Estados Unidos, pero siempre ajustada a los intereses de la potencia del norte.
La realidad es que la pregunta que se impone es y hasta dónde y quién ha dicho que el país tiene la facultad de objetar a una mandataria provisional escogida por el órgano competente y supuestamente sugerida por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), aunque el restablecimiento de relaciones comerciales y diplomáticas conlleve algunos requerimientos democráticos.
Sin embargo, la posición dominicana implica la violación del derecho internacional, entre los que se encuentran el de soberanía y autodeterminación de los pueblos, así como la Carta de la ONU.
Evidentemente que el ingrediente introducido por el Gobierno dominicano resulta gracioso para los intereses foráneos que convergen en Venezuela, máxime los que están asociados a los Estados Unidos.
La contradicción dominicana con lo planteado en la Organización de Estados Americanos (OEA) y su práctica en política exterior, ya que el presente Gobierno siempre se inclina por la intromisión en los asuntos internos de otros países, no deja la naci0n buen parada en la comunidad internacional.
Resulta poco entendible que la República Dominicana no haya apoyado abiertamente la incursión ilegal de Estados Unidos en Venezuela, pero que preste su territorio para el apoyo logístico de la acción.
Es una especie de doble moral, pese a que en su lugar debió mantener una posición aparentemente neutral, aunque de cualquiera manera ya estaba involucrada en una intervención armada que viola los principios fundamentales del derecho internacional
De lo que no queda ninguna duda es que el crédito internacional en política exterior del país ha quedado seriamente comprometido con una causa de la que ha sido una víctima en una diversidad de ocasiones como en el 1916 y el 1965.
La verdad que pretender una conducta diferente de la nación frente a la irracionalidad de Trump sería mucho pedir, sobre todo cuando otros países pertenecientes a la Unión Europea y otras superpotencias como Rusia y China también son tolerantes con la agresividad e intromisión del principal imperio del mundo.
No obstante, desde cualquier perspectiva que sea vea el asunto la conclusión no puede ser otra que en la situación pesa más el miedo que la vergüenza y la dignidad del pueblo dominicano.
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La República Dominicana inhabilitada en política exterior en el nuevo escenario imperial de Trump
La República Dominicana con una ocupación militar parcial de Estados Unidos, se proyecta como una presa sin libertad para expresarse libremente en política exterior.
La ocupación militar, aunque sólo se observa en el Aeropuerto Internacional de las Américas, abarca otros entornos que no son necesariamente visibles.
Pero la agresividad o poco disimulada intervención, deja el país y de igual modo a prácticamente toda Latinoamérica, a merced del capricho y la voluntad de los intereses de la nueva cara del imperio.
La República Dominicana ni por asomo se atreve a pronunciarse libremente sobre política exterior sin que esté a tono con la linea trazada o impuesto por la administración Trump.
La pregunta que subyace es si ese nuevo cuadro no implica también un trastorno del régimen legal, porque se podría estar en un escenario en el que los derechos fundamentales pasen a un segundo plano en el que el Estado Social Democrático de Derecho sea una expresión vacía y sin sentido.
Por razones geopolíticas y factores muy particulares, el país se asoma a un resquebrajamiento del proceso de constitucionalización del derecho a nivel interno y retroceder la nación a épocas ya superadas.
La pregunta que se impone es si prevalecerá en el mundo el pregonado derecho internacional cuando las instituciones que lo enarbolan pierden autoridad moral frente a las violaciones provenientes de potencias como los Estados Unidos que ya ni siquiera guarda las apariencias
El problema, que tiene una dimensión mundial, pero impacta más severamente a los países del tercer mundo y que propicia la posibilidad del surgimiento de regímenes de fuerza, aunque con simulaciones democráticas.
La preocupación tiene que ver con el hecho de graves violaciones del derecho internacional en una época en que éste forma parte consustancial del derecho interno y entonces qué se puede esperar como resultado.
El retroceso de la línea trazada por Donald Trump representa una amenaza mundial contra los logros del derecho contemporáneo, no sólo en favor de las personas físicas, sino también de los Estados más pequeños y débiles.
Hay precedentes en esta materia cuando predominaba en el mundo el llamado constitucionalismo clásico, que dio paso a dictaduras como las Adolfo Hitler en Alemania y la de Benito Mussoline en Italia, cuyos resultados fueron realmente catastróficos para la humanidad.
La interrogante que permanece en el nuevo panorama mundial es si va a pesar más el miedo que la vergüenza y la dignidad de los pueblos del mundo.
Por Elba García
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumple su sueño de ser dictador hemisférico, aunque sea por un día.
La vocación dictatorial de Trump se ha expresado con mayor contundencia tras la entrada ilegal en territorio venezolano y apresar al jefe de Estado de ese país Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.
Tras este acontecimiento en momentos que se habla de la época del derecho constitucional, el cual incluye el derecho internacional, Trump ha anunciado su pretensión de convertir a Venezuela en una nueva colonia del imperio norteamericano.
El gobernante de los Estados Unidos ha adelantado que busca manejar la riqueza petrolera de Venezuela, una de las principales del mundo.
Pero la violación de Trump llega todavía más lejos al advertir a los demás países latinoamericanos a verse en el espejo de Venezuela.
Tromp hizo una alusión directa contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien dice podría correr la misma suerte de Maduro.
Anteriormente lo hizo con Brasil a propósito de la condena por conspiración del expresidente Bolsonoro.
Pero de igual modo se ha comportado con Honduras, donde en sus recientes elecciones presidenciales auspició uno de los candidatos y presionó con advertencias de actuar duramente contra los que estén en contra de sus designios.
Al fin impuso su voluntad, sin que haya reacción fuerte de rechazo a la vocación imperial del presidente de Estados Unidos.
No sé entiende por qué los países latinoamericanos no se unen en un bloque para rechazar la política de dominación y dictatorial de Donald Trump.
Incluso en el rechazo a la violación del derecho internacional por parte de los Estados Unidos pueden incluirse los países de la Unión Europea, que son permanentemente asediados y amenazados de imponerles aranceles y otros castigos como parte de la vocación dictatorial del mandatario norteamericano.
El chantaje de los Estados Unidos incluye también el otorgamiento de visados para ingresar al territorio de la potencia del norte.
La conducta de Trump es como si su administración haya borrado del mapa la supuesta clase gobernante que existe allí.
El problema se torna tan grave que la violación de derechos no solo se produce en Estados Unidos, sino en todo el mundo que parece haber retornado el derecho constitucional clásico, que fue sustituido por el derecho constitucional moderno en que los Estados grandes aplastan a los pequeños.
La época Trump prácticamente ha borrado el legado establecido por Estados Unidos a través del derecho constitucional difuso y sobre el equilibrio de los poderes.
Lo sorprendente de la era Tromp es que hasta la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos luce sometida a una cierta tolerancia del jefe de Estado de la potencia del norte.
Si la mayoría de los países no reaccionan a la política represiva y de dominación de Trump difícilmente pueda sobrevivir el sistema democrático, lo que puede crear serias tensiones y confrontaciones sociales y políticas en todo el planeta.