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¿Podría un juicio mediático afectar una sentencia?
Santo Domingo, R.D.-En la República Dominicana existen varios casos que han sido mediáticos mediante las redes sociales. Uno de los más recientes es el asesinato ocurrido en el restaurante MG Kitchen, el cual ha generado diversas reacciones en los últimos días.
A lo largo de los años, otros crímenes también han captado gran atención pública. Tal fue el caso de Emely Peguero, una adolescente de 16 años que estaba embarazada y desapareció. Posteriormente, fue encontrada sin vida dentro de una maleta. El asesinato fue orquestado por su pareja sentimental y su madre colaboró como cómplice en la desaparición del cuerpo.
Otro hecho ampliamente comentado en redes sociales fue el asesinato del ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera. Fue ultimado por un amigo cercano. Aunque el autor intentó desacreditarlo tras su muerte, las redes jugaron un papel clave en exigir justicia, lo que contribuyó a que sobre él recayera todo el peso de la ley.
Ante este contexto, elCaribe consultó a cinco juristas dominicanos para conocer si los casos virales en redes sociales pueden influir en las decisiones judiciales. Estas fueron sus valoraciones:
El abogado Félix Portes respondió afirmativamente, al expresar que un juicio mediático podría afectar una sentencia. “Este tipo de condenas sin pruebas contundentes ocurre, especialmente en distritos judiciales remotos, donde la presión social y mediática puede tener un peso desproporcionado en las decisiones judiciales”.
Como ejemplo, mencionó el caso alarmante de una representada suya: no se presentó ninguna prueba directa que acreditara su supuesta autoría intelectual. Al momento de los hechos, ella se encontraba en España, y aun así fue condenada.
“No había vínculo comprobado entre ella y el presunto autor material del crimen. Más aún, tras la sentencia, se demostró que un perito mintió bajo juramento, lo que expone graves irregularidades en la valoración de las pruebas presentadas”.
A juicio del abogado, todo apunta a que la presión mediática y el impacto emocional generado por un crimen de tal magnitud —cuatro personas fallecidas y una sobreviviente gravemente quemada— influyeron más que las evidencias reales.
“Este tipo de condenas basadas en conjeturas vulnera de manera directa el debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho fundamental a un juicio justo”, puntualizó.
Por su parte, el abogado Javier Ubiera señaló: “El principio de independencia judicial exige que las decisiones se basen únicamente en la ley y en las pruebas presentadas en el juicio, no en la opinión pública o mediática. Sin embargo, este principio no siempre se cumple plenamente, sobre todo en sistemas frágiles institucionalmente”.
Ubiera sostuvo que la opinión pública, aunque de forma indirecta, sí puede incidir en una decisión judicial, especialmente en casos controversiales.
Agregó que esto se nota incluso en la etapa de medidas de coerción: “Cuando la integridad física del ciudadano se ve comprometida, y los jueces dictan prisión como medida coercitiva, aun cumpliendo el imputado con los requisitos para una medida más favorable, lo hacen para salvaguardar su integridad física”.
El jurista subrayó que los jueces deben actuar con imparcialidad y apegados a la ley, pero admitió que muchos pueden verse influidos por el clima social y mediático que los rodea.
El abogado y periodista Miguel Guerrero también opinó sobre el tema. Señaló que los jueces no deben actuar por “íntima convicción”, sino basarse exclusivamente en lo que se presenta en audiencia.
No obstante, reconoció que dicha convicción, aunque no aplica para emitir una sentencia, puede influir en la decisión de un juez: “Si es hallado culpable, el juez debe condenarlo”.
Otra opinión recogida fue la del jurista Adolfo Salomón, quien afirmó que los juicios mediáticos sí pueden incidir en la decisión de un juez. “La presión mediática aquí tiene un poder extraordinario”, expresó.
Agregó que un buen juez no debería ceder ante esta presión, pero reconoció que “estos casos de decisiones judiciales mediáticas ocurren con mucha regularidad, aunque no en todos los casos”.
De igual forma, el abogado John García afirmó que un juicio mediático sí podría afectar una decisión judicial debido a la presión social, ya que “los medios de comunicación tienen un peso importante; esta muchas veces desconoce el derecho y apela al populismo judicial”.
“El juez, en muchas ocasiones, se ve presionado y atacado en su reputación sin que se conozca el derecho, y esto puede frenar su crecimiento profesional. Además, nadie quiere ese escrutinio despiadado que muchas veces impone la sociedad”, añadió.
García también explicó que, por esta razón, los jueces a veces optan por imponer medidas de coerción, trasladando así la responsabilidad a tribunales de mayor jerarquía. “Ya lo debe conocer una corte, y esa presión no recae sobre un solo juez”.
Finalmente, advirtió que cuando los casos tienen alto impacto social, en un país con instituciones débiles y altamente politizadas, donde todos opinan de todo, los jueces terminan cediendo ante la presión social, tomando decisiones que no necesariamente se corresponden con lo que dicta el derecho.
Santo Domingo.- El general Juan Manuel Méndez, director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), llamó a la población a actuar con prudencia durante el asueto de Semana Santa 2026, al advertir que la conducta individual sigue siendo determinante para evitar tragedias en este período.
Indicó que más de 50,000 hombres y mujeres de distintas instituciones estarán desplegados en todo el territorio nacional, incluyendo organismos de socorro, seguridad vial y salud, con el objetivo de prevenir incidentes y dar respuesta oportuna ante emergencias.
No obstante, insistió en que la prevención depende en gran medida del comportamiento ciudadano. “Nadie te puede cuidar mejor que tú”, afirmó, al subrayar la importancia de respetar las normas de tránsito y actuar con responsabilidad.
El director del COE recomendó a los conductores verificar las condiciones mecánicas de sus vehículos, evitar el consumo de alcohol si van a manejar, respetar los límites de velocidad y utilizar sistemas de seguridad, especialmente en el caso de niños.
Asimismo, advirtió sobre el alto riesgo del uso de motocicletas durante este período: “Tuvimos 32 fallecidos, dos de ellos fueron asfixia por inmersión y los 30 restantes por accidentes de tránsito”, señaló, al referirse al operativo anterior. Además, precisó que “el 86% de la fatalidad eran motocicletas”.
Santo Domingo.- Los dias de trabajo en la Semana Santa de 2026 para el sector público se extenderan hasta el miercoles 1 de abril a las 4:00 de la tarde, según lo dispuso el Ministerio de Administración Pública (MAP).
La medida está contenida en la circular número 001054, emitida el 26 de marzo de 2026, y dirigida a ministros, directores generales, titulares de instituciones descentralizadas y demás entidades del Estado.
De acuerdo con el documento, el horario aplica de manera general para la administración pública, en cumplimiento del rol del MAP como órgano rector del empleo público y de los sistemas administrativos.
No obstante, la institución establece que los titulares de órganos, entes y empresas públicas podrán ajustar horarios o disponer jornadas especiales cuando la naturaleza del servicio lo requiera. Esto incluye áreas que deben mantener operaciones para garantizar la atención a la ciudadanía.
La disposición busca organizar la jornada laboral durante el asueto de Semana Santa, manteniendo la continuidad de los servicios esenciales en el sector público.
Santo Domingo, R.D.-La imposición de una prision preventiva de un año fue solicitado este domingo por el Ministerio Público como medida de coerción contra el procurador fiscal Aurelio Valdez Alcántara, imputado de gestionar y recibir la suma de 10,000 dólares de una persona que se encontraba bajo investigación.
El arresto del imputado se produjo en flagrante delito el pasado viernes, durante una entrega controlada previamente autorizada por un tribunal, según informaron las autoridades.
La solicitud fue depositada por el procurador fiscal Andrés Mena ante la jueza de la Instrucción Especial de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Ysis Muñiz Almonte. El expediente consta de unas 50 páginas.
- De acuerdo con la investigación, Valdez Alcántara habría exigido inicialmente 200,000 dólares a la persona investigada, monto que luego redujo a 150,000 dólares. Además, presuntamente manifestó interés en recibir un reloj marca Rolex y un vehículo Mercedes Benz, modelos 350 o 450.
Debido a que el imputado posee privilegio de jurisdicción, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, solicitó la designación de un juez especial ante el presidente de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Julio César E. Canó Alfau. En respuesta, la corte designó a Muñiz Almonte como jueza de la instrucción especial.
En la instancia, el órgano acusador también solicitó la fijación de la audiencia para conocer la medida de coerción.
La investigación es dirigida directamente por la procuradora general, quien reiteró que no se tolerarán actos de corrupción dentro de la institución.
«Jamás toleraremos actos de corrupción, sin importar quién lo haga», expresó Yeni Berenice Reynoso, al calificar el caso como grave y subrayar la responsabilidad de los fiscales en la persecución de los delitos.