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¿Podría un juicio mediático afectar una sentencia?
Santo Domingo, R.D.-En la República Dominicana existen varios casos que han sido mediáticos mediante las redes sociales. Uno de los más recientes es el asesinato ocurrido en el restaurante MG Kitchen, el cual ha generado diversas reacciones en los últimos días.
A lo largo de los años, otros crímenes también han captado gran atención pública. Tal fue el caso de Emely Peguero, una adolescente de 16 años que estaba embarazada y desapareció. Posteriormente, fue encontrada sin vida dentro de una maleta. El asesinato fue orquestado por su pareja sentimental y su madre colaboró como cómplice en la desaparición del cuerpo.
Otro hecho ampliamente comentado en redes sociales fue el asesinato del ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera. Fue ultimado por un amigo cercano. Aunque el autor intentó desacreditarlo tras su muerte, las redes jugaron un papel clave en exigir justicia, lo que contribuyó a que sobre él recayera todo el peso de la ley.
Ante este contexto, elCaribe consultó a cinco juristas dominicanos para conocer si los casos virales en redes sociales pueden influir en las decisiones judiciales. Estas fueron sus valoraciones:
El abogado Félix Portes respondió afirmativamente, al expresar que un juicio mediático podría afectar una sentencia. “Este tipo de condenas sin pruebas contundentes ocurre, especialmente en distritos judiciales remotos, donde la presión social y mediática puede tener un peso desproporcionado en las decisiones judiciales”.
Como ejemplo, mencionó el caso alarmante de una representada suya: no se presentó ninguna prueba directa que acreditara su supuesta autoría intelectual. Al momento de los hechos, ella se encontraba en España, y aun así fue condenada.
“No había vínculo comprobado entre ella y el presunto autor material del crimen. Más aún, tras la sentencia, se demostró que un perito mintió bajo juramento, lo que expone graves irregularidades en la valoración de las pruebas presentadas”.
A juicio del abogado, todo apunta a que la presión mediática y el impacto emocional generado por un crimen de tal magnitud —cuatro personas fallecidas y una sobreviviente gravemente quemada— influyeron más que las evidencias reales.
“Este tipo de condenas basadas en conjeturas vulnera de manera directa el debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho fundamental a un juicio justo”, puntualizó.
Por su parte, el abogado Javier Ubiera señaló: “El principio de independencia judicial exige que las decisiones se basen únicamente en la ley y en las pruebas presentadas en el juicio, no en la opinión pública o mediática. Sin embargo, este principio no siempre se cumple plenamente, sobre todo en sistemas frágiles institucionalmente”.
Ubiera sostuvo que la opinión pública, aunque de forma indirecta, sí puede incidir en una decisión judicial, especialmente en casos controversiales.
Agregó que esto se nota incluso en la etapa de medidas de coerción: “Cuando la integridad física del ciudadano se ve comprometida, y los jueces dictan prisión como medida coercitiva, aun cumpliendo el imputado con los requisitos para una medida más favorable, lo hacen para salvaguardar su integridad física”.
El jurista subrayó que los jueces deben actuar con imparcialidad y apegados a la ley, pero admitió que muchos pueden verse influidos por el clima social y mediático que los rodea.
El abogado y periodista Miguel Guerrero también opinó sobre el tema. Señaló que los jueces no deben actuar por “íntima convicción”, sino basarse exclusivamente en lo que se presenta en audiencia.
No obstante, reconoció que dicha convicción, aunque no aplica para emitir una sentencia, puede influir en la decisión de un juez: “Si es hallado culpable, el juez debe condenarlo”.
Otra opinión recogida fue la del jurista Adolfo Salomón, quien afirmó que los juicios mediáticos sí pueden incidir en la decisión de un juez. “La presión mediática aquí tiene un poder extraordinario”, expresó.
Agregó que un buen juez no debería ceder ante esta presión, pero reconoció que “estos casos de decisiones judiciales mediáticas ocurren con mucha regularidad, aunque no en todos los casos”.
De igual forma, el abogado John García afirmó que un juicio mediático sí podría afectar una decisión judicial debido a la presión social, ya que “los medios de comunicación tienen un peso importante; esta muchas veces desconoce el derecho y apela al populismo judicial”.
“El juez, en muchas ocasiones, se ve presionado y atacado en su reputación sin que se conozca el derecho, y esto puede frenar su crecimiento profesional. Además, nadie quiere ese escrutinio despiadado que muchas veces impone la sociedad”, añadió.
García también explicó que, por esta razón, los jueces a veces optan por imponer medidas de coerción, trasladando así la responsabilidad a tribunales de mayor jerarquía. “Ya lo debe conocer una corte, y esa presión no recae sobre un solo juez”.
Finalmente, advirtió que cuando los casos tienen alto impacto social, en un país con instituciones débiles y altamente politizadas, donde todos opinan de todo, los jueces terminan cediendo ante la presión social, tomando decisiones que no necesariamente se corresponden con lo que dicta el derecho.
SANTO DOMINGO.- Fueron aumentada 20 provincias y el Distrito Nacional en alerta amarilla y se mantienen siete en verde, ya que continuarán las lluvias como consecuencia de una vaguada y del colentamiento diurno, segun el Centro de Operaciones de Emergencias (COE)
Las provincias en alerta amarilla son: Santo Domingo, San José de Ocoa, Distrito Nacional, Santiago Rodríguez, San Pedro de Macorís, Monte Cristi, Hermanas Mirabal, Santiago, Puerto Plata, Monseñor Nouel, La Altagracia, San Cristóbal, Monte Plata, La Romana, Duarte(el Bajo Yuna), El Seibo, Hato Mayor, La Vega, Sánchez Ramírez, Espaillat y San Juan.
Mientras que en alerta verde están María Trinidad Sánchez, Valverde, Independencia, Samaná, Dajabón, Elías Piña y Azúa.
Más de 500 mil usuarios recuperan servicio agua potable tras lluvias, informa el COE
En ese sentido, el organismo recomienda a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.
Mientras que el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) recomendó a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones, en la costa atlántica, navegar con precaución cerca del perímetro costero sin aventurarse mar adentro, debido a viento anormal y oleaje peligroso.
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PC le solicitó a Jean Alain perjudicar a personas durante su gestión, según lo denunció el ex-procurador.
Santo Domingo, R.D.-El exprocurador general, Jean Alain Rodríguez, atacó nueva vez el octavo informe de Participación Ciudadana relacionado al retraso del caso de corrupción que lo vincula, señalando a esa organización de haberle propuesto, durante su gestión, hacerles daño a personas.
Al acusar al movimiento no partidista de buscar congraciarse con el Ministerio Público y los poderes políticos para beneficio propio, dijo que durante su gestión como procurador general los miembros de esa entidad hicieron lo mismo.
«Yo tuve que lidiar con Participación Ciudadana, y Pancho Álvarez iba a mi despacho, iban a mi despacho como lo hacen ahora, iban de forma clara y precisa, a preguntar ¿cómo te ayudó, qué quieres que diga?, sin importar si era cierto o no. Por suerte, durante ese periodo nunca le pedí nada incorrecto», afirmó.
- El exprocurador general, imputado de encabezar una red que estafó al Estado con más de 6 mil millones de pesos, sostuvo que incluso se le «pedía que le hiciera daños a personas» o que se les citara, sin importar si estas eran inocentes.
Pancho Álvarez: Haría bien en presentar pruebasEl actual coordinador general de Participación Ciudadana (PC), Francisco (Pancho) Álvarez Valdez, respondió a la acusación que le hace a ese movimiento no partidista y a él mismo el exprocurador general, recomendándole a este que presente las pruebas de sus imputaciones y así le «haría bien» al paísSostuvo que, como abogado, en una de dos ocasiones acudió donde Rodríguez para tratarle un caso que manejaba como profesional del derecho, pero que «por suerte» lo acompañó un «prestigioso colega».
«En otra ocasión lo visité para tratarle el caso de Odebrecht y solicitarle que enviara fiscales a Brasil para interrogar a los ejecutivos de esa empresa relacionados con República Dominicana».
Cuando fue por el caso Odebrecht, investigaciones que se realizó en las gestión de Jean Alain, dijo que también en esa oportunidad no lo visitó solo. «Estaban conmigo algunos compañeros de PC. No nos complació».
Jean Alain insistió este jueves que la acusación de corrupción en su contra se hizo preparada «con odio» y «con rencor», así como por interés político.
Defendió los incidentes que su equipo de abogados planifican presentar en el juicio de fondo porque, según asevera, lo que busca es defender su inocencia amparado en las garantías que le ofrece la Constitución y las leyes.
Los juristas reiteraron que el proceso de persecución contra su cliente se inició en agosto del 2020, inmediatamente después de tomar posesión en su primer gobierno el presidente Luis Abinader y se le sustituyó como exprocurador general a Jean Alain por Miriam Germán Brito. Por esa razón sostienen que el caso va a cumplir los seis años.
Santo Domingo, R.D.-Fue dejado en estado de fallo el juicio seguido contra altos oficiales militares, policiales y civiles por las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, cuyos implicados en el presunto entramado de corrupción administrativa fueron procesados tras haber sido desarticulada la red mediante las operaciones Coral y Coral 5G.
La magistrada Gisselle Méndez destacó que el tribunal recibió todos los argumentos, conclusiones y réplicas de las partes, asegurando que se ha cumplido con el debido proceso para garantizar una decisión apegada a la ley.
El Ministerio Público, representado por Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), junto a un equipo de fiscales, solicitó al tribunal condenas que oscilan entre los cinco y 20 años de prisión. Además, el órgano persecutor requiere el decomiso de bienes millonarios, alegando que fueron adquiridos con fondos sustraídos del erario.
A esta petición se sumaron los abogados del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP), quienes representan al Estado dominicano como parte civil, solicitando la reparación económica por los daños causados.
Los abogados defensores de los encartados solicitaron al tribunal una sentencia de absolución total.
Los abogados argumentaron que el Ministerio Público no logró sustentar las acusaciones ni destruir la presunción de inocencia de sus representados, calificando las pruebas presentadas como insuficientes para una condena.
El caso Coral involucra una supuesta red criminal que habría sustraído más de RD$4,500 millones del Estado dominicano. Entre los principales acusados figuran los generales Adán Benoni Cáceres Silvestre, Juan Carlos Torres Robiou, Julio Camilo De los Santos Viola y Boanerges Reyes Batista.
También figuran en el expediente Kelman Santana Martínez, Pedro Roberto Castillo Nolasco, Yehudy Guzmán Alcántara, Erasmo Roger Pérez Núñez, José Manuel Rosario Pirón, Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, Esmeralda Ortega Polanco, entre otros.