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¿Podría un juicio mediático afectar una sentencia?
Santo Domingo, R.D.-En la República Dominicana existen varios casos que han sido mediáticos mediante las redes sociales. Uno de los más recientes es el asesinato ocurrido en el restaurante MG Kitchen, el cual ha generado diversas reacciones en los últimos días.
A lo largo de los años, otros crímenes también han captado gran atención pública. Tal fue el caso de Emely Peguero, una adolescente de 16 años que estaba embarazada y desapareció. Posteriormente, fue encontrada sin vida dentro de una maleta. El asesinato fue orquestado por su pareja sentimental y su madre colaboró como cómplice en la desaparición del cuerpo.
Otro hecho ampliamente comentado en redes sociales fue el asesinato del ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera. Fue ultimado por un amigo cercano. Aunque el autor intentó desacreditarlo tras su muerte, las redes jugaron un papel clave en exigir justicia, lo que contribuyó a que sobre él recayera todo el peso de la ley.
Ante este contexto, elCaribe consultó a cinco juristas dominicanos para conocer si los casos virales en redes sociales pueden influir en las decisiones judiciales. Estas fueron sus valoraciones:
El abogado Félix Portes respondió afirmativamente, al expresar que un juicio mediático podría afectar una sentencia. “Este tipo de condenas sin pruebas contundentes ocurre, especialmente en distritos judiciales remotos, donde la presión social y mediática puede tener un peso desproporcionado en las decisiones judiciales”.
Como ejemplo, mencionó el caso alarmante de una representada suya: no se presentó ninguna prueba directa que acreditara su supuesta autoría intelectual. Al momento de los hechos, ella se encontraba en España, y aun así fue condenada.
“No había vínculo comprobado entre ella y el presunto autor material del crimen. Más aún, tras la sentencia, se demostró que un perito mintió bajo juramento, lo que expone graves irregularidades en la valoración de las pruebas presentadas”.
A juicio del abogado, todo apunta a que la presión mediática y el impacto emocional generado por un crimen de tal magnitud —cuatro personas fallecidas y una sobreviviente gravemente quemada— influyeron más que las evidencias reales.
“Este tipo de condenas basadas en conjeturas vulnera de manera directa el debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho fundamental a un juicio justo”, puntualizó.
Por su parte, el abogado Javier Ubiera señaló: “El principio de independencia judicial exige que las decisiones se basen únicamente en la ley y en las pruebas presentadas en el juicio, no en la opinión pública o mediática. Sin embargo, este principio no siempre se cumple plenamente, sobre todo en sistemas frágiles institucionalmente”.
Ubiera sostuvo que la opinión pública, aunque de forma indirecta, sí puede incidir en una decisión judicial, especialmente en casos controversiales.
Agregó que esto se nota incluso en la etapa de medidas de coerción: “Cuando la integridad física del ciudadano se ve comprometida, y los jueces dictan prisión como medida coercitiva, aun cumpliendo el imputado con los requisitos para una medida más favorable, lo hacen para salvaguardar su integridad física”.
El jurista subrayó que los jueces deben actuar con imparcialidad y apegados a la ley, pero admitió que muchos pueden verse influidos por el clima social y mediático que los rodea.
El abogado y periodista Miguel Guerrero también opinó sobre el tema. Señaló que los jueces no deben actuar por “íntima convicción”, sino basarse exclusivamente en lo que se presenta en audiencia.
No obstante, reconoció que dicha convicción, aunque no aplica para emitir una sentencia, puede influir en la decisión de un juez: “Si es hallado culpable, el juez debe condenarlo”.
Otra opinión recogida fue la del jurista Adolfo Salomón, quien afirmó que los juicios mediáticos sí pueden incidir en la decisión de un juez. “La presión mediática aquí tiene un poder extraordinario”, expresó.
Agregó que un buen juez no debería ceder ante esta presión, pero reconoció que “estos casos de decisiones judiciales mediáticas ocurren con mucha regularidad, aunque no en todos los casos”.
De igual forma, el abogado John García afirmó que un juicio mediático sí podría afectar una decisión judicial debido a la presión social, ya que “los medios de comunicación tienen un peso importante; esta muchas veces desconoce el derecho y apela al populismo judicial”.
“El juez, en muchas ocasiones, se ve presionado y atacado en su reputación sin que se conozca el derecho, y esto puede frenar su crecimiento profesional. Además, nadie quiere ese escrutinio despiadado que muchas veces impone la sociedad”, añadió.
García también explicó que, por esta razón, los jueces a veces optan por imponer medidas de coerción, trasladando así la responsabilidad a tribunales de mayor jerarquía. “Ya lo debe conocer una corte, y esa presión no recae sobre un solo juez”.
Finalmente, advirtió que cuando los casos tienen alto impacto social, en un país con instituciones débiles y altamente politizadas, donde todos opinan de todo, los jueces terminan cediendo ante la presión social, tomando decisiones que no necesariamente se corresponden con lo que dicta el derecho.
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Una promesa que nadie cree de Abinader de que se compromete a resolver problema eléctrico hasta el 2032
Santo Domingo, R.D.-En otra de sus afirmaciones sin base, el presidente Luis Abinader manifestó que su gestión de Gobierno trabaja para que la República Dominicana no tenga problemas en el sector eléctrico hasta el 2032.
Al participar en la conferencia–diálogo “Un Presidente Economista» en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), el mandatario señaló que cuando llegó a la Presidencia de la República en agosto del 2020, la demanda energética era igual a la oferta de las generadoras eléctricas.
El mandatario enfatizó que así como él se «adelantó a los acontecimientos», los próximos presidentes también deberán de adelantarse para evitar que los afecte una crisis eléctrica.
«Los otros gobiernos van a tener también que adelantarse para que todos los años crezcan. Cuando yo llegué al gobierno, el consumo máximo de la zona fría era 2,650 megas. Hoy es de 4,300», indicó.
Las declaraciones del presidente surgen luego de que varios sectores hayan del Gran Santo Domingo, y otras partes días, denunciarán largas tandas de apagones.
El presidente Luis Abinader durante el conversatorio organizado en IntecJorge Martínez
Al responder la pregunta de uno de los estudiantes, el presidente señaló que el tema energético fue solo una de las «crisis y crisis» que le han tocado en sus casi seis años a cargo del Poder Ejecutivo.
«Yo entré con la pandemia. La pandemia, imagínense, llevamos año y medio con el país encerrado y el tema era que hasta qué hora es que se va a permitir, hasta la 10:00 de la noche o hasta las 11:00 y nosotros luchando para que el turismo abra. Fuimos el país que primero recuperó el turismo en el mundo. Pero al mismo tiempo, con esta situación planificamos, también las grandes obras y el desarrollo de infraestructura básica», explicó.
El mandatario indicó que a pesar que de esos temas, hay que planificar las obras de infraestructura por el bien y desarrollo del país.
Abinader indicó que en su mandato se han enfocado en la construcción de acueductos y mejora de otros para mejorar el sistema de agua potable del país.
«Durante muchos años no se hicieron acueductos para el gran Santo Domingo. Nosotros ya le hemos agregado. Hicimos el acueducto de barrera de salinidad, que le estamos agregando 4 metros cúbicos. A finales de este año le vamos a agregar, con una mejoría de Valdesia, a 2 metros cúbicos de agua. Y estamos haciendo el de Hatillo para 10 años. Le vamos a dar un metro cúbico a Cotuí y los otros para la capital», exclamó.
Santo Domingo, R.D.-El creador de contenido Angel Martinez fue condenado este jueves por la Segunda Sala Penal del Distrito Nacional a seis meses de prisión tras hallarlo culpable de difamar e injuriar a Milagros De Camps Germán, exviceministra de Medio Ambiente.
La jueza Luz Almonte también condenó a Martínez a pagar una indemnización de 10 millones de pesos por los daños ocasionados a la exfuncionaria.
Asimismo, deberá cumplir condena en el centro de corrección Haras Nacionales en Santo Domingo Norte.
Según la querella, la narrativa fue amplificada con «lenguaje burlón», imágenes manipuladas y afirmaciones ajenas a la verdad, en lo que la parte accionante describe como una campaña de difamación sistemática y viral.
Este mismo tribunal dictó tres meses de prisión suspendida contra Ángel Martínez el pasado miércoles, tras declararlo culpable de difamación e injuria en perjuicio del diputado Sergio Gory Moya.
Asimismo, sostuvo que durante el proceso el imputado no logró demostrar las acusaciones realizadas contra el legislador.
Santo Domingo, D. N.—Un acuerdo de aumento salarial fue anunciado por el Consejo del Poder Judicial tras negociaciones en las que participó el Ministerio de Hacienda y Economía que incluye la indexación salarial de jueces y servidores judiciales, cuyo resultado es del diálogo técnico sostenido entre ambas instituciones desde julio del pasado año en el marco del Plan Justicia del Futuro 2034.
Se trata del incremento salarial más significativo que recibe el Poder Judicial desde 2017, posible gracias a la asignación de fondos acordada con el Gobierno tras más de un año de conversaciones. El acuerdo refleja el compromiso sostenido de la actual gestión con la mejora de las condiciones de trabajo de todos los profesionales que integran el sistema de justicia.
En tal sentido, se anunció un incremento general de 30% para los jueces, juezas y puestos administrativos, distribuido en 20% en 2026 y 10% en 2027. Mientras que para el personal de apoyo jurisdiccional —secretarias, abogados ayudantes y oficinistas— se contemplan ajustes superiores, de entre 35% y 50% según el puesto y la instancia, los cuales serán aplicados de forma escalonada en 2026 y 2027.
El anuncio se realizó durante una reunión con una representación amplia de jueces y servidores judiciales, en la que el Consejo presentó, además, un conjunto de decisiones orientadas a fortalecer el sistema de justicia.
La reunión, encabezada por el presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, Henry Molina, contó con la participación de todos los integrantes del Consejo del Poder Judicial, y de una representación de dos jueces por cada instancia, dos representantes de cada asociación de jueces, dos representantes de los firmantes de la comunicación del 8 de mayo de 2026 y dos representantes de los servidores judiciales, con equidad de género y pluralidad de voces. El Consejo escuchó de manera directa sus inquietudes y propuestas, y reconoció el valor de los planteamientos recibidos como insumo para fortalecer la institución.
El Consejo instruyó completar de manera inmediata el pago de las compensaciones por suplencia de jueces, de forma retroactiva al mes de mayo en los casos que aplique.
Fueron aprobadas 121 propuestas de ascensos y traslados de jueces, conforme a la Ley núm. 327-98 sobre Carrera Judicial. El Consejo dispuso continuar con las fases pendientes del proceso de provisión de cargos, incluida la evaluación de plazas de jueces de Paz, y remitir al Pleno de la Suprema Corte de Justicia la propuesta del proceso de Provisión de Cargos Judiciales de 2024 una vez resueltas las reconsideraciones.
Se aprobaron 144 acciones de personal —119 jurisdiccionales y 25 administrativas— para cubrir vacantes en tribunales. El Consejo dispuso, asimismo, la fijación inmediata, sin evaluación de período probatorio, de los servidores judiciales interinos con seis meses o más de antigüedad. Quienes tengan menos de seis meses podrán ser fijados tras una evaluación satisfactoria.
En el marco del Plan Justicia del Futuro 2034, el Consejo aprobó la creación de la Estrategia de Gobernanza Territorial y Participativa como mecanismo permanente del Poder Judicial. Las mesas departamentales y distritales se constituirán en un plazo no mayor de quince días, para identificar y dar seguimiento a las necesidades prioritarias de cada territorio.
En los próximos días y semanas, el Consejo dará curso a la tramitación administrativa de los pagos por suplencia; comunicará las propuestas de ascensos y traslados; constituirá las mesas departamentales y distritales; ejecutará las acciones de fijación de servidores interinos; y presentará, en un plazo de noventa días, los ajustes al Plan Presupuestal, POA y PACC con los hallazgos del portafolio territorial de iniciativas priorizadas.
El Consejo del Poder Judicial reiteró su disposición a mantener canales permanentes de diálogo con jueces y servidores judiciales, y a avanzar de manera conjunta en el fortalecimiento del sistema de justicia.