Nacionales
Operativo Altagraciano 2025 tendrá presente la Policía Nacional.
Santo Domingo, R.D.-Ramon Antonio Guzmán Peralta, director general de la Policía Nacional, dispuso redoblar las labores preventivas antes, durante y después de las celebraciones del Día de Nuestra Señora de la Altagracia, el próximo 21 de enero, con la finalidad de prevenir acciones delictivas y accidentes de tránsito, ya que miles de feligreses se trasladarán a Higüey, provincia La Altagracia, desde distintos puntos del país.
La medida procura garantizar la seguridad ciudadana y vial en todo el territorio nacional, con énfasis en el municipio de Higüey.
El Centro de Operaciones de Emergencias (COE), conjuntamente con las instituciones que lo conforman y la Gobernación de La Altagracia, desplegará a 8,322 colaboradores y voluntarios para asistir a los ciudadanos que se trasladarán hacia la Basílica Catedral Nuestra Señora de la Altagracia, para conmemorar el aniversario de la madre protectora del pueblo dominicano.
Sobre este particular, el director del COE, Juan Manuel Méndez, informó que a partir de las 2:00 de la tarde del lunes 20 de enero se instalará un dispositivo de prevención vial, con el objetivo de agilizar las acciones de respuesta ante los incidentes que se pudieran presentar, hasta el martes 21 a las 6:00 de la tarde.
Mediante un memorando emitido por Guzmán Peralta, se dispuso un aumento de los servicios preventivos respaldados con labores de inteligencia. Las medidas incluyen patrullajes intensificados en las principales arterias comerciales, vías de acceso a los templos religiosos y rutas frecuentadas por feligreses, garantizando un entorno seguro para los miles de ciudadanos que se desplazarán a Higüey durante estas fechas.
El documento, también firmado por el director Central de Planificación y Desarrollo, Juan Antonio Bello Balaguer, señala que estas acciones buscan garantizar el orden y la tranquilidad de los asistentes a las actividades religiosas.
Para ello, se han integrado diversas direcciones policiales, como la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), la Dirección Regional Este, y otras direcciones regionales del Distrito Nacional, Santo Domingo Oriental y Oeste, entre otras.
El operativo será implementando en coordinación con organismos oficiales como el Ministerio de Defensa, Ministerio de Interior y Policía, y el COE, en un esfuerzo conjunto por proteger a los ciudadanos antes, durante y después de las festividades.
Nacionales
Arrestada para fines de investigación madre de mujer involucrada en desaparición de taxista de Moca.
Santo Domingo.-La madre de la joven Clara Inés Sánchez buscada por la desaparición del taxista de Moca fue apresada por la Policía Nacional por su presunta vinculación con los hechos del hombre de 33 años, Alfred Joel Fernández, visto por última vez el pasado 22 de enero tras salir en su vehículo a ofrecer un servicio en Moca, provincia Espaillat.
La madre de la joven, identificada como Lisset Miguelina Reyes Ramos de Pichardo de 51 años fue trasladada por agentes policiales Dirección Regional Espaillat, adscritos a la subdirección de Investigaciones (Dicrim), a la sede de la subdirección investigativa para ser interrogada con relación al caso.
De acuerdo al comunicado de prensa, al ser entrevistada la mujer alegó que el pasado 30 de enero llegó al país procedente de los Estados Unidos luego de que su hija le llamara para que cuidara de sus hijos. Sin embargo, alegó que desde esa conversión, no ha vuelto a tener contacto con Inés Sánchez.
En un audiovisual difundido en las redes sociales, Liset Reyes hizo un llamado público a su hija que se entregue a las autoridades tras ser vinculada a la desaparición de Fernández.
En el video también narró la incertidumbre que atraviesa al desconocer el paradero de su hija, y manifestó su pesar por la desaparición del taxista.
Santo Domingo, R.D.-Las defensas de los imputados en la Operación Coral y Coral 5G en la continuación del juicio de fondo a los alegados casos de corrupción administrativa desmantelada por el Ministerio Público, intentaron descalificar al testigo Jacobo Horacio de la Cruz Duarte, miembro de la Armada de República Dominicana, quien se desempeñaba como encargado de Combustible del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) desde el 2012 al 2021, que expuso con detalles como se producía la entrega a policías y militares.
En la audiencia, que se inició a las dos de la tarde de este martes en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, el referido testigo enfatizó que realizaba depósitos, transferencias y entregaba combustible a muchas personas, incluidos militares y policías.
De acuerdo a la declaración del testigo, al ser cuestionado por la abogada litigante, Wendy Lora, representante legal del general Juan Camilo de los Santos Viola, imputado en el proceso, manifestó que le hizo seis depósitos de 20 mil pesos al imputado.
Al ser cuestionado por Waldo Paulino, quien se desempeña como abogado de los imputados -general de Brigada, Boanerges Reyes Batista y el capitán de Navío, Franklin Antonio Mata Flores, indicó que no conocía a ninguno de esos imputados, y que nunca compartió con ellos.
El testigo dijo que solo los conocía porque eran militares de alto rango que desempeñaban funciones importantes en la Presidencia.
Destacó que nunca habló con los citados y que le hizo uno o dos depósitos a cada uno, como adición a sus sueldos, como se estila en las Fuerzas Armadas.
El testigo Jacobo Horacio de la Cruz Duarte es licenciado en Contabilidad e ingresó a Politur-Cestur en el 2001.
En el año 2010 se desempeñaba como auxiliar de Contabilidad y en el 2012 ocupa el puesto de encargado de Combustible, puesto que desempeñó hasta el 2021; era la persona que recibía los tickes de combustible de las diferentes estaciones que suplían al Cestur, entre ellas la estación de combustible La Marinita de la avenida España. Actualmente presta servicio en la misma institución.
La audiencia del caso Coral y Coral 5G fue aplazada para el próximo martes 18 de febrero en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva
El Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, presidido por la jueza Yanibet Rivas Méndez, dictó, en julio del 2023, apertura a juicio a 28 imputados, la mayoría policías y militares y algunos están acompañados en el proceso judicial junto a sus familiares, como es el caso del coronel Rafael Núñez de Aza, y el general de la Fuerza Aérea dominicana, Julio Camilo de los Santos Viola, exsubjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep).
La acusación está encabezada por los exjefes del Cusep y el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), mayor general Adán Benoni Cáceres Silvestre y Juan Carlos Torres Robiou, respectivamente.
Otros de los que forman parte de los imputados en el proceso penal son la pastora evangélica Rossy Guzmán Sánchez; el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán (hijo de la religiosa) y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz.
Asimismo, el mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón, los generales Boanerges Reyes Batista (ARD) y el capitán de navío (ARD) Franklin Mata Flores y José Manuel Rosario Pirón, entre otros.
El juicio de fondo también se conoce contra varias empresas, estas son Randa Internacional Company, Rawel Importadores; RG y Soluciones Financieras; Único Real State e Inversiones; Aldom Glass Aluminium; Asociación Campesina Madre Tierra; CSNA Universo Empresarial; Distribuidor KF; Distribuidora TAFL; Hacienda Kelman e Iglesia Bautista Vida Eterna del Señor Jesucristo.
Santo Domingo, R.D.-Los sectores que han acusado periodistas de recibir dinero de la USAlD fueron emplazados por el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) a presentar las pruebas que sustentan sus denuncias que afecta la reputación de los profesionales de la comunicación mencionados en el caso.
Los gremios enfatizaron que hasta que se demuestre lo contrario, los periodistas Juan Bolívar Díaz, Huchi Lora, Marino Zapete, Altagracia Salazar y Edith Febles, con décadas de trayectoria y reconocimiento, no merecen ser víctimas de «acusaciones infundadas».
Las acusaciones, difundidas en redes sociales, señalan que estos periodistas habrían recibido dinero de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
El presidente del CDP, Aurelio Henríquez, instó a quienes han difundido estas denuncias en redes sociales, televisión y radio a presentar pruebas concretas, como cheques, transferencias bancarias o nóminas oficiales auditadas de USAID.
Henríquez advirtió que los periodistas y productores de programas tienen la responsabilidad de verificar y confirmar cualquier denuncia antes de difundirla, para no incurrir en violaciones a la Ley 61-32, la Constitución y el Código de Ética del Periodismo Dominicano.
Los gremios periodísticos resaltaron que estos comunicadores han arriesgado su vida en la defensa de los intereses del pueblo, contribuyendo a fortalecer la democracia, desarrollar la participación ciudadana y garantizar el respeto de los derechos.
Henríquez, en el encuentro dijo, «reconocemos que han desempeñado una vida entera del servicio a la sociedad, los compañeros periodistas mencionados han arriesgado y dedicado toda su vida en defensa de la libertas, en defensa de la democracia».
“Los periodistas somos los voceros autorizados de la sociedad, defensores de los ciudadanos que denunciamos y cuestionamos las malas acciones de los funcionarios, exigimos servicios públicos de calidad, una gestión transparente de los fondos públicos y, sobre todo, la defensa de las libertades públicas”.