Santo Domingo, RD. – El Ministerio de Defensa de la República Dominicana informó que mantiene abiertas las investigaciones para determinar cómo municiones de origen dominicano, incluidas las de calibre .50, llegaron a manos de la banda haitiana 400 Mawozo, según un informe del Grupo de Expertos del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

El documento internacional señala que más de 900,000 municiones habrían terminado en poder de grupos armados haitianos. De acuerdo con los hallazgos citados, 908,001 unidades fueron desviadas de la Policía Nacional dominicana, lo que ha generado interrogantes sobre los mecanismos de distribución, custodia y control de estos materiales.

Entre las municiones identificadas figuran más de 489,000 cartuchos de 9 milímetros, unos 230,000 de calibre 5,56 x 45 mm, aproximadamente 26,000 de 7,62 x 39 mm y alrededor de 93,000 cartuchos para escopetas.

El informe advierte que resulta difícil establecer con exactitud qué cantidad de ese material llegó a Haití. Sin embargo, expertos en seguridad dominicanos consultados por el grupo de Naciones Unidas consideraron probable que una parte considerable de las municiones de calibres 5,56 x 45 mm y 7,62 x 39 mm cruzara la frontera, debido a la limitada demanda de estos cartuchos en el mercado dominicano y a su uso frecuente por parte de las bandas haitianas.

Defensa reconoce que aún no determina el origen del desvío

En un comunicado, el Ministerio de Defensa explicó que las municiones calibre .50 señaladas en las informaciones corresponden a material de antigua fabricación, cuya trayectoria no ha podido establecerse hasta el momento.

La institución atribuyó esa dificultad al tiempo transcurrido y a los distintos procesos históricos, administrativos e institucionales experimentados por el país. No obstante, aseguró que continúa trabajando para reconstruir la trazabilidad de las municiones, esclarecer las circunstancias de su llegada a territorio haitiano e identificar posibles responsables.

El organismo también precisó que la coincidencia entre los calibres, las marcas o las características de las municiones encontradas en Haití y las adquiridas legalmente por República Dominicana no constituye, por sí sola, una prueba de que las instituciones militares autorizaran su transferencia.

Oficial detenido por transportar municiones

Como parte de las actuaciones contra el tráfico irregular de municiones, el Ministerio de Defensa recordó que en diciembre de 2025 miembros del Ejército de República Dominicana detuvieron a un segundo teniente de esa institución y a un ciudadano haitiano.

Ambos fueron interceptados en la sección La Tinaja, provincia San Juan, mientras transportaban irregularmente 1,516 cartuchos de diferentes calibres en una motocicleta.

Según la institución, el oficial fue sometido a la justicia por presuntas violaciones de las disposiciones legales vigentes y permanece bajo prisión preventiva mientras el proceso continúa en los tribunales competentes.

Defensa indicó que el caso fue comunicado por los canales oficiales y presentado como parte de la colaboración del país con los organismos internacionales que investigan el posible desvío de municiones hacia Haití.

Cooperación internacional y controles militares

El Ministerio de Defensa señaló que mantiene una comunicación permanente con el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través del cual ha respondido a los requerimientos del Grupo de Expertos de la ONU.

Las informaciones suministradas incluyen datos sobre la adquisición, distribución y control de municiones, así como detalles de las investigaciones realizadas ante posibles irregularidades.

La institución también destacó que el informe de Naciones Unidas reconoce como una buena práctica el marcado de las municiones utilizadas por las Fuerzas Armadas dominicanas, un mecanismo que permite facilitar su identificación y seguimiento ante eventuales desvíos.

Finalmente, el Ministerio de Defensa reiteró su política de cero tolerancia frente a las actuaciones ilícitas de miembros de las Fuerzas Armadas y aseguró que cualquier persona involucrada deberá responder ante las autoridades correspondientes, con respeto a la presunción de inocencia y al debido proceso.

Mientras continúan las investigaciones, permanece sin esclarecer la ruta específica por la que las municiones de antigua fabricación, incluidas las de calibre .50, llegaron a manos de la banda haitiana 400 Mawozo

La iniciativa modifica la Ley Orgánica 133-11 para adecuar la estructura y los mecanismos de nombramiento de las autoridades del Ministerio Público a los cambios introducidos por la reforma constitucional de 2024.

SANTO DOMINGO, República Dominicana.— El Senado de la República aprobó este miércoles, en segunda discusión, un proyecto legislativo que introduce modificaciones a la Ley 133-11, Orgánica del Ministerio Público, con el propósito de armonizar su funcionamiento y organización institucional con las disposiciones de la Constitución proclamada el 27 de octubre de 2024.

La iniciativa, presentada por el senador Ramón Rogelio Genao, procura actualizar las normas relacionadas con la designación del procurador general de la República y sus adjuntos, así como incorporar los cambios constitucionales en la composición del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

Uno de los aspectos centrales de la propuesta es la nueva distribución de competencias para seleccionar a los procuradores adjuntos, estableciendo la participación del Consejo Nacional de la Magistratura y del propio procurador general en esos nombramientos.

Procurador general podrá seleccionar parte de sus adjuntos

De acuerdo con el artículo 31 del proyecto aprobado, el procurador general de la República podrá contar con un máximo de 14 procuradores adjuntos.

La mitad de estos funcionarios será designada por el Consejo Nacional de la Magistratura, a propuesta del presidente de la República, y deberá reunir los mismos requisitos constitucionales exigidos para ocupar la Procuraduría General.

Los siete puestos restantes serán seleccionados por el procurador general entre los procuradores generales de Cortes de Apelación que cumplan las condiciones establecidas para ejercer esas funciones.

Esta distribución busca adecuar la estructura del Ministerio Público al esquema institucional surgido de la reforma constitucional de 2024.

Reforma constitucional cambió el mecanismo de designación

Uno de los principales cambios introducidos en la Constitución de 2024 fue la modificación del procedimiento para nombrar al procurador general de la República.

Anteriormente, su designación correspondía directamente al presidente de la República mediante decreto.

Con el nuevo modelo constitucional, el mandatario presenta una propuesta de candidato ante el Consejo Nacional de la Magistratura, organismo al que corresponde decidir sobre su designación.

Otra modificación importante fue la salida del procurador general de la composición del CNM, órgano del que formaba parte desde la reforma constitucional de 2010.

Su lugar pasó a ser ocupado por el presidente del Tribunal Constitucional, como parte de la reorganización del organismo responsable de determinadas designaciones de altas autoridades del sistema de justicia.

La reforma aprobada por el Senado procura eliminar las contradicciones entre la legislación orgánica vigente y las nuevas disposiciones constitucionales.

Continúa pendiente discusión de regulación de conflictos de intereses

Durante la misma jornada legislativa, los senadores avanzaron en el conocimiento del proyecto de Ley General de Regulación de los Conflictos de Intereses en el Ejercicio de Funciones Públicas.

La propuesta, presentada por el senador Antonio Manuel Taveras, fue leída hasta el artículo 20 y posteriormente quedó sobre la mesa para continuar su discusión en otra sesión.

La iniciativa forma parte de los esfuerzos legislativos orientados a establecer reglas sobre los conflictos de intereses que pueden surgir en el desempeño de responsabilidades públicas.

Verón-Punta Cana avanza hacia su conversión en municipio

En otro punto de la agenda, el Senado aprobó el proyecto de ley que eleva el Distrito Municipal Turístico Verón-Punta Cana, perteneciente al municipio Higüey, provincia La Altagracia, a la categoría de municipio.

La propuesta fue presentada por el senador Rafael Varón Duluc y busca modificar la categoría político-administrativa de esa demarcación, caracterizada por su importante actividad turística.

También recibió aprobación la iniciativa que establece el 2 de diciembre de cada año como Día de la Mujer Municipalista, procedente de la Cámara de Diputados.

Aprueban solicitudes de obras y servicios comunitarios

El pleno senatorial acogió diversas resoluciones dirigidas a promover proyectos de infraestructura, servicios públicos y desarrollo comunitario en distintas provincias del país.

Entre ellas figura una solicitud al Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), presidido por Guido Gómez Mazara, para ampliar los servicios de telefonía e internet en comunidades de El Seibo.

Asimismo, los legisladores aprobaron iniciativas para solicitar la habilitación de una funeraria municipal en Sabana de la Mar, provincia Hato Mayor, y la donación de dos autobuses destinados al transporte de estudiantes universitarios de El Valle y Sabana de la Mar.

En materia de propiedad agraria, se acogió una resolución que solicita avanzar en la titulación de terrenos correspondientes a los proyectos Villela, Yerba Buena, Palmarejo, Los Castellanos, Capote, Los Guayo, Piñita y San Rafael, en Hato Mayor.

Estas últimas propuestas fueron impulsadas por el senador Cristóbal Venerado Castillo.

Salud, deportes y cultura también figuran entre las prioridades

En el ámbito sanitario, los senadores aprobaron una iniciativa presentada por María Mercedes Ortiz Diloné para solicitar la construcción de un centro de hemodiálisis en la provincia Hermanas Mirabal.

También fue acogida una resolución del senador Daniel Enrique de Jesús Rivera Reyes orientada a impulsar la terminación del proyecto denominado Colector 10, localizado en la zona este de Santiago.

En materia deportiva, se aprobaron solicitudes para ampliar y remodelar la cancha bajo techo de Laguna Salada, provincia Valverde, y remozar el Coliseo de Boxeo Pepe Mallén, en San Pedro de Macorís.

Las propuestas fueron presentadas por los senadores Odalis Rafael Rodríguez Rodríguez y Aracelis Villanueva Figueroa, respectivamente.

En el área cultural, el Senado respaldó iniciativas destinadas a reconocer las trayectorias de los artistas Facundo Peña, por sus aportes al merengue típico, y Máximo Antonio del Rosario Almonte, conocido popularmente como Toño Rosario, por su contribución a la música dominicana.

Senado aprueba protocolo internacional sobre ciberdelincuencia

Como parte de sus trabajos, la Cámara Alta también aprobó, en única lectura, el Segundo Protocolo Adicional al Convenio del Consejo de Europa sobre la Ciberdelincuencia, firmado el 12 de mayo de 2022.

El instrumento internacional, sometido por el Poder Ejecutivo, está relacionado con el fortalecimiento de la cooperación entre Estados y el intercambio de pruebas electrónicas en investigaciones de delitos informáticos.

Legisladores rinden homenajes póstumos

Durante la sesión, los senadores guardaron un minuto de silencio en memoria de varias personas fallecidas.

Entre ellas estuvieron el niño Justin Rafael, hijo de un colaborador del área de informática del Senado; Alejandro Peña, fallecido en un accidente de tránsito; Raúl Martínez, hermano de un colaborador de la Oficina Senatorial de La Vega, y el médico Luis Eduardo Soto, de San José de Ocoa.

Al concluir los trabajos, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, convocó a los legisladores para una nueva sesión el miércoles 14 de octubre, a las 2:00 de la tarde.

La aprobación en segunda discusión de la modificación a la Ley Orgánica del Ministerio Público constituye un avance en el proceso de adecuación de la legislación dominicana a la reforma constitucional de 2024, aunque la iniciativa deberá completar los trámites legislativos correspondientes antes de convertirse en ley vigente.

EFE

La organización reclama una investigación independiente sobre el fallecimiento ocurrido el 3 de octubre y advierte que el control migratorio debe ejecutarse respetando los derechos humanos y los límites legales del uso de la fuerza.

SANTO DOMINGO, República Dominicana.— La muerte de un joven de presunto origen haitiano durante un operativo de control migratorio realizado en Punta Cana ha motivado un llamado de Amnistía Internacional para que las autoridades dominicanas investiguen las circunstancias del hecho y determinen si existieron actuaciones contrarias a la ley.

La organización defensora de los derechos humanos solicitó este miércoles 7 de octubre una investigación inmediata, independiente, imparcial y exhaustiva sobre el incidente ocurrido el pasado sábado 3 de octubre, en el que, según informaciones difundidas por medios locales, el joven habría recibido disparos de un agente de la Dirección General de Migración (DGM).

Amnistía Internacional manifestó preocupación por la ausencia de información oficial sobre las circunstancias en que se produjo el fallecimiento y consideró necesario esclarecer lo sucedido, identificar posibles responsabilidades y garantizar el acceso a la justicia de los familiares de la víctima.

Reclaman determinar las circunstancias de los disparos

La organización insistió en que las autoridades deben establecer cómo se desarrolló el procedimiento migratorio, las condiciones en que ocurrió el incidente y si la actuación de los agentes se ajustó a las disposiciones legales que regulan el uso de la fuerza.

En ese sentido, recordó que los estándares internacionales de derechos humanos establecen restricciones estrictas al empleo de armas de fuego por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

Amnistía Internacional sostuvo que la utilización intencional de fuerza letal únicamente puede justificarse cuando resulte estrictamente inevitable para proteger una vida.

Asimismo, enfatizó que la condición migratoria de una persona, independientemente de que se encuentre en situación regular o irregular, no constituye una justificación para el uso ilegítimo de la fuerza.

Organización denuncia posibles prácticas discriminatorias

La directora de Amnistía Internacional para las Américas, Ana Piquer, señaló que durante años distintas organizaciones dominicanas, haitianas e internacionales han documentado denuncias relacionadas con las políticas de control migratorio aplicadas en República Dominicana.

Entre las prácticas denunciadas mencionó la identificación de personas por características raciales, detenciones arbitrarias, deportaciones colectivas y otras actuaciones consideradas discriminatorias.

Piquer planteó que estos antecedentes deben ser tomados en consideración durante las investigaciones, a fin de determinar si la muerte del joven constituye un hecho aislado o guarda relación con posibles patrones de actuación institucional.

La representante de la organización también reclamó que cualquier funcionario cuya responsabilidad en violaciones de derechos humanos resulte demostrada responda ante las instancias correspondientes.

Políticas migratorias bajo cuestionamiento

El pronunciamiento de Amnistía Internacional se produce en medio de la aplicación de las medidas adoptadas por el Gobierno dominicano para reforzar los controles migratorios y las deportaciones de ciudadanos extranjeros que permanecen irregularmente en el territorio nacional.

Desde octubre de 2024, el Poder Ejecutivo desarrolla un programa de repatriaciones que estableció como objetivo alcanzar hasta 10,000 deportaciones de haitianos por semana.

Según las estadísticas oficiales citadas, entre enero y julio de 2026 fueron deportados 250,429 ciudadanos haitianos en condición migratoria irregular.

Estas medidas se ejecutan en un contexto marcado por la crisis política, institucional, económica y de seguridad que atraviesa Haití, situación que ha incrementado los desafíos migratorios y humanitarios en la isla.

Amnistía Internacional ha cuestionado determinadas prácticas utilizadas durante estos procedimientos y ha solicitado que las políticas migratorias dominicanas se apliquen sin discriminación y con respeto a las garantías fundamentales.

Control migratorio y respeto a los derechos humanos

Aunque los Estados tienen facultades para regular el ingreso, la permanencia y la salida de personas extranjeras de sus territorios, el ejercicio de esas atribuciones debe ajustarse a la legislación nacional y a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

En República Dominicana, los procedimientos migratorios están regulados por la Ley General de Migración número 285-04 y su normativa complementaria.

Asimismo, la Constitución reconoce la protección del derecho a la vida, la dignidad humana y las garantías del debido proceso.

En ese contexto, las denuncias sobre actuaciones irregulares de agentes estatales requieren investigaciones que permitan establecer los hechos sin prejuzgar la responsabilidad de las personas involucradas.

Esperan pronunciamiento de las autoridades

Hasta el momento de la información difundida, no se habían ofrecido explicaciones oficiales sobre las circunstancias específicas de la muerte del joven durante el operativo realizado en Punta Cana.

La falta de detalles mantiene abiertas interrogantes sobre el desarrollo de la intervención, el empleo de armas de fuego y las actuaciones posteriores al incidente.

Amnistía Internacional reiteró que las autoridades dominicanas deben garantizar una investigación efectiva y adoptar las medidas correspondientes si se comprueba la comisión de alguna violación de derechos humanos.

El caso vuelve a colocar en el debate público la necesidad de compatibilizar la potestad del Estado para controlar sus fronteras y aplicar su política migratoria con la obligación de proteger la vida, la integridad física y los derechos fundamentales de todas las personas bajo su jurisdicción.