Nacionales
Policía registra 53,877 órdenes de arresto pendientes contra más de 50 mil personas
La violencia intrafamiliar encabeza las causas de búsqueda, mientras la institución reporta casos de reincidentes con hasta 41 registros policiales
Santo Domingo.– La Policía Nacional informó que mantiene pendientes de ejecución 53,877 órdenes de arresto contra 50,865 personas, distribuidas en 31 categorías delictivas, de acuerdo con una base de datos presentada este jueves por la institución.
La diferencia entre el número de órdenes y la cantidad de personas requeridas se debe a que algunos individuos poseen más de una orden en su contra, según explicó el vocero policial, coronel Diego Pesqueira.
Las cifras divulgadas por la institución no coinciden con la cantidad de personas que aparecen públicamente en su portal de “más buscados”, debido a que esa plataforma contiene solo una fracción de quienes son requeridos por las autoridades.
De acuerdo con Alejandro Arazena, representante del área de Telemática de la Policía Nacional, alrededor del 95 % de las órdenes corresponde a personas actualmente buscadas, mientras que aproximadamente el 1 % de esos casos llega a ser publicado en la plataforma abierta al público.
Violencia intrafamiliar concentra la mayor cantidad de órdenes
La nueva base de datos establece que 17,635 órdenes de arresto, equivalentes al 32.7 %, están relacionadas con casos de violencia intrafamiliar.
A este grupo le siguen 11,587 órdenes por robo, 5,951 por agresión física, 4,018 por agresión sexual, 2,761 por delitos cibernéticos y 2,548 por homicidios.
Dentro de este último grupo, la información presentada señala que 1,367 personas no cuentan con registros de identidad, mientras que 1,181 tienen cédula y fotografía.
La base también contiene requerimientos vinculados con amenazas, estafa, drogas, rebeldía, secuestro, abuso de confianza y porte ilegal de armas, entre otras infracciones.
Policía identifica 73 personas con múltiples registros
Durante la presentación también fueron mostrados datos relacionados con la reincidencia delictiva.
La Policía identificó 73 personas con múltiples registros policiales, algunas de ellas con hasta 41 fichas.
Entre los casos mencionados se encuentra el de José Luis Mateo Medina, quien acumula denuncias relacionadas con robos y homicidios, según la información expuesta por la institución.
Ante cuestionamientos sobre personas que mantienen numerosos registros sin encontrarse privadas de libertad, Pesqueira sostuvo que la Policía Nacional no tiene facultad para decidir sobre la libertad de los ciudadanos.
El vocero explicó que la institución actúa como auxiliar del Ministerio Público y que sus responsabilidades están vinculadas con la prevención, investigación y persecución de hechos delictivos dentro de las atribuciones establecidas.
Sistema penitenciario registra 37 fugas
La información suministrada también incluye datos sobre evasiones de personas privadas de libertad.
El sistema penitenciario ha registrado un total de 37 fugas, de las cuales 21 personas fueron reapresadas, 12 continúan prófugas y cuatro fallecieron.
Durante 2025 se reportaron 25 casos de evasión. De ese total, 13 reclusos fueron recapturados, ocho permanecieron prófugos y se registraron cuatro fallecimientos.
Los requerimientos vigentes corresponden a personas procedentes de distintos recintos penitenciarios, entre ellos Centros de Corrección y Rehabilitación (CCR) y Centros de Privación de Libertad (CPL), según los datos presentados.
Lista pública de prófugos bajo cuestionamiento
La divulgación de las cifras se produce después de cuestionamientos sobre la actualización de la lista pública de personas buscadas por la Policía y su relación con individuos fallecidos durante intervenciones policiales.
La propia institución había reconocido que personas fallecidas, capturadas o cuyos procesos judiciales habían avanzado podían continuar apareciendo temporalmente en su listado público de prófugos.
Según la información suministrada, una fuente indicó que al menos 15 personas fueron retiradas de la plataforma después de un reporte periodístico sobre esas inconsistencias.
La situación puso en evidencia diferencias entre la base interna utilizada por los organismos de seguridad y la información disponible públicamente.
Pesqueira: fallecidos en septiembre eran requeridos por las autoridades
Con relación a las personas fallecidas durante intervenciones policiales, Pesqueira informó que, con excepción de los casos de flagrancia, quienes murieron durante operativos realizados en septiembre tenían órdenes de arresto o eran requeridos por las autoridades.
“En un 100 % de los casos, estas personas están siendo buscadas”, afirmó el vocero, al referirse a la revisión preliminar realizada por la institución.
Pesqueira explicó que existen situaciones en las que una persona comienza a ser buscada inmediatamente después de la comisión de un hecho delictivo, antes de que su información llegue a ser incorporada a los listados públicos.
La presentación de estos datos amplía el panorama sobre la cantidad de personas requeridas por el sistema de justicia y, al mismo tiempo, plantea el reto de mantener actualizados los registros públicos e internos utilizados por las autoridades.
Nacionales
Juicio contra Donald Guerrero y otros imputados es aplazado por licencia médica de Daniel Caamaño
El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional reprogramó la audiencia mientras continúa vigente la licencia del excontralor general de la República
Santo Domingo.– El juicio de fondo seguido al exministro de Hacienda Donald Guerrero y otros imputados por presuntos hechos de corrupción administrativa fue aplazado debido a la licencia médica que mantiene el excontralor general de la República Daniel de Jesús Caamaño, también procesado en el expediente.
El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional había recibido la pasada semana la documentación médica correspondiente, cuya vigencia se extiende hasta el 7 de octubre, fecha para la cual fueron convocadas nuevamente las partes.
El proceso también involucra a Ángel Lockward, Manuel Milcíades Morilla Soto, Ramón David Hernández, Roberto Santiago Moquete Ortiz, Yahaira Brito Evangelista, Juan Tomás Polanco Céspedes y Agustín Mejía Ávila.
Tribunal había rechazado extinguir la acción penal
El aplazamiento se produce después de que el tribunal rechazara una solicitud para declarar extinguida la acción penal contra los imputados.
La presidenta del tribunal, Arlin Ventura Jiménez, emitió un voto disidente en el que sostuvo que el proceso había alcanzado su plazo máximo de duración y que, en consecuencia, correspondía declarar la extinción.
Tras esa posición, el Ministerio Público recusó a la magistrada.
Sin embargo, las juezas Leticia Martínez Noboa y Eveline Rodríguez rechazaron la recusación y dispusieron la continuación del proceso al considerar que los argumentos presentados por el órgano persecutor no justificaban apartar a Ventura Jiménez del conocimiento del caso.
Ministerio Público presentó acusación
Superado ese incidente, el Ministerio Público procedió a presentar la acusación contra los procesados.
El órgano acusador atribuye al grupo la comisión de presuntos actos de corrupción administrativa mediante los cuales, según su tesis, el Estado habría sido defraudado por una suma superior a RD$19,000 millones.
Durante la exposición de las conclusiones de la acusación, el Ministerio Público sostuvo que los imputados habrían participado desde distintas posiciones y con diferentes niveles de intervención en una estructura destinada a obtener recursos públicos a través de mecanismos que calificó como fraudulentos.
También planteó que parte de los fondos obtenidos habría sido sometida posteriormente a mecanismos de lavado de activos.
El juicio continuará una vez concluya la licencia médica de Caamaño y las partes comparezcan nuevamente ante el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
La magistrada fue designada para presidir la Cámara Penal de los Juzgados de Primera Instancia del Distrito Nacional y podría continuar con determinados procesos ya iniciados
Santo Domingo.– La jueza Claribel Nivar Arias fue ascendida y designada como presidenta de la Cámara Penal de los Juzgados de Primera Instancia del Distrito Nacional, en el marco de una jornada en la que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia juramentó a 120 jueces promovidos o trasladados dentro de la carrera judicial.
Nivar Arias presidía el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, órgano que desde hace aproximadamente 18 meses conoce el juicio seguido al exprocurador general de la República Jean Alain Rodríguez.
El proceso ha estado marcado por múltiples incidentes procesales y todavía no ha avanzado plenamente al conocimiento del fondo.
La misma sala también conoció el proceso en el que fue condenado Alexis Medina Sánchez y descargada su hermana Carmen Magalys Medina Sánchez.
Cambios en el Segundo Tribunal Colegiado
Tras el ascenso de Nivar Arias, la magistrada Yissel Bienvenida Soto Peña pasará a presidir el Segundo Tribunal Colegiado.
A su vez, Clara Sobeyda Castillo Castillo ocupará la posición de jueza sustituta de la nueva presidenta.
También se integrará al tribunal Jarolyn Elizabeth Rosario López, quien fue promovida desde la jurisdicción de paz hasta la categoría de jueza de primera instancia del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
Los movimientos modifican la composición del tribunal que actualmente conoce varios procesos penales de relevancia pública.
Continuidad en los procesos dependerá de la etapa procesal
De acuerdo con fuentes consultadas en la información suministrada, Nivar Arias podría continuar con determinados expedientes que comenzó a conocer en el Segundo Tribunal Colegiado, dependiendo de la etapa en que se encuentren.
En los casos en los que todavía no se haya iniciado la reproducción de la acusación y de las pruebas, la continuación de la magistrada estaría sujeta a la decisión correspondiente.
Sin embargo, en aquellos procesos en los que ya se esté conociendo el fondo y el Ministerio Público haya comenzado a presentar formalmente la acusación y las pruebas, las fuentes señalan que la jueza tendría que continuar interviniendo.
Esto se explica porque su nueva posición corresponde a la misma jurisdicción y no implica un traslado a un grado jurisdiccional superior.
Ese elemento adquiere especial relevancia en el proceso contra Jean Alain Rodríguez, debido a la duración del juicio y a los incidentes que han impedido un avance más rápido hacia el conocimiento integral del fondo.
Suprema Corte juramenta a 120 magistrados
El ascenso de Nivar Arias forma parte de un grupo de 120 jueces juramentados por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia.
Durante el acto, celebrado en la Sala Augusta de la SCJ, el presidente de la Suprema Corte y del Consejo del Poder Judicial, Henry Molina, destacó la independencia y responsabilidad que deben acompañar la función jurisdiccional.
Molina se refirió particularmente a las dificultades que enfrentan los jueces cuando conocen expedientes sometidos a una intensa atención pública.
Señaló que la función judicial exige escuchar a las partes, valorar las pruebas y motivar las decisiones incluso cuando el resultado pueda generar rechazo o críticas en determinados sectores.
También sostuvo que la crítica forma parte de la vida democrática y que los magistrados deben recibirla con respeto, preservando al mismo tiempo su independencia para decidir conforme a la Constitución y las leyes.
El presidente de la SCJ destacó además que la igualdad ante la ley debe garantizarse tanto a las personas de notoriedad pública como a cualquier ciudadano que acuda a los tribunales.
Otros magistrados promovidos
Entre los jueces promovidos también figura Marilyn Malvina Musa Valerio, quien fue designada presidenta de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial del Distrito Nacional.
Asimismo, Wendy Sonaya Martínez Mejía fue designada presidenta de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional.
Matías Modesto del Rosario Romero fue promovido como primer sustituto y presidente de la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
También fueron incluidos Julio Alfredo Bastardo Almánzar, como primer sustituto del presidente de la Corte de Trabajo, y Sergio Antonio Ortega, como segundo sustituto y presidente de la Primera Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional.
Dentro del grupo de 120 jueces se incluyen además 16 traslados o movimientos solicitados por los propios magistrados y previamente autorizados por el Consejo del Poder Judicial.
Ascensos estaban paralizados desde 2023
Henry Molina explicó que las promociones de jueces se encontraban paralizadas desde 2023, a pesar de que el sistema prevé que los movimientos dentro de la carrera judicial se realicen periódicamente.
La pausa se produjo luego de que el Tribunal Constitucional declarara inconstitucional el párrafo 4 del artículo 8 de la Ley 28-11, que regula el Sistema de Escalafón y la Carrera Administrativa Judicial.
La decisión corresponde a la sentencia TC/0787/24.
Al anunciar los ascensos, el Poder Judicial explicó que la Constitución y la Ley núm. 28-11 atribuyen funciones diferentes a la Suprema Corte de Justicia y al Consejo del Poder Judicial en los procesos de promoción y designación.
El Consejo del Poder Judicial desarrolla el proceso y presenta las propuestas, mientras que corresponde a la Suprema Corte adoptar la decisión definitiva respecto de las designaciones, ascensos y cambios de jerarquía dentro de la carrera judicial.
Nacionales
Chofer de Julián Oro Duro, señalado como presunto articulador del ataque, enfrenta 18 meses de prisión preventiva
Phillips Michael Tejeda Vásquez, alias “Leandro”, era una persona cercana al merenguero y conocía parte de sus movimientos, según la investigación de las autoridades
Santo Domingo Este.- Phillips Michael Tejeda Vásquez, alias “Leandro”, quien durante años se desempeñó como chofer y colaborador cercano del merenguero Julián Oro Duro, figura entre los cuatro imputados enviados este miércoles a prisión preventiva por su presunta vinculación con el ataque ocurrido en la residencia del artista, donde murió su esposa, Zeneida Socorro Castillo, y el cantante resultó herido.
La Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este impuso 18 meses de prisión preventiva contra los acusados mientras continúa la investigación del proceso.
Tejeda Vásquez era una figura conocida dentro del entorno del artista. Además de conducir para él, lo acompañaba a presentaciones y, conforme a la versión de las autoridades, tenía conocimiento de sus desplazamientos, de los lugares donde guardaba dinero y de los momentos en que recibía pagos.
La investigación preliminar de la Policía lo señala como una de las personas que habría participado en la planificación del hecho junto a otros involucrados. Esa imputación todavía deberá ser discutida y probada durante el proceso penal.
Una relación marcada por la cercanía
La magnitud de la confianza que existía entre el artista y su antiguo chofer quedó reflejada en declaraciones atribuidas a Julián Oro Duro y transmitidas por su representación legal.
El merenguero habría manifestado que Tejeda Vásquez incluso utilizaba algunas de sus prendas de vestir y que formaba parte de su círculo cotidiano.
El artista lo habría descrito como una persona que realizaba distintas funciones dentro de su entorno, condición que le permitía tener acceso a aspectos de su vida privada y profesional.
Esa cercanía adquirió una dimensión distinta luego de que las autoridades vincularan al antiguo colaborador con el asalto ocurrido en la residencia de Oro Duro.
Evitó mirar al artista durante la audiencia
Durante el conocimiento de la medida de coerción, Tejeda Vásquez se mantuvo con la cabeza baja y evitó establecer contacto visual con el merenguero, quien asistió a la audiencia celebrada este miércoles en Santo Domingo Este.
La comparecencia reunió por primera vez en el tribunal al artista y a varios de los hombres señalados por las autoridades como responsables del ataque que terminó con la muerte de su esposa.
La Policía ha informado que parte de las actuaciones atribuidas a los imputados quedaron registradas en cámaras de vigilancia y que durante las investigaciones fueron recuperados bienes vinculados al hecho.
Defensa niega participación de “Leandro”
La acusación contra Tejeda Vásquez ha sido rechazada por su abogado, Anderson del Villar, quien sostiene que su cliente no participó en el asalto.
Según la versión de la defensa, otro de los investigados habría llevado dinero hasta la residencia de Tejeda Vásquez sin explicarle inicialmente su procedencia.
El abogado ha negado que esa circunstancia demuestre participación de su representado en la planificación o ejecución del hecho.
Esa posición será confrontada con las evidencias que presente el Ministerio Público durante el desarrollo del proceso.
Cuatro imputados permanecerán en prisión
El tribunal acogió la solicitud de prisión preventiva presentada en el expediente y dispuso que los cuatro acusados permanezcan privados de libertad durante 18 meses mientras avanzan las investigaciones y las siguientes etapas judiciales.
El caso se originó tras el ataque registrado en la residencia del merenguero, donde Zeneida Socorro Castillo murió y Julián Oro Duro sufrió heridas que requirieron atención médica.
El artista y sus hijas están representados por el abogado Cándido Simón, mientras que familiares de Zeneida Castillo cuentan con la representación legal del abogado Plutarco Jáquez.
Con la imposición de la medida de coerción comienza ahora una nueva fase del proceso, en la que el Ministerio Público deberá sustentar las imputaciones formuladas contra cada uno de los acusados y las defensas podrán controvertir las pruebas presentadas.