Santo Domingo.-En un amplio operativo mixto desplegado por agentes de la Policía Nacional y tropas de la Fuerza Aérea Dominicana fueron intervenidos ocho sectores del municipio Santo Domingo Este, donde fueron detenidas 96 personas entre ellos 17 “reconocidos delincuentes” que estaban siendo buscados por la comisión de robos y homicidios.Nacionales
Policía y Fuerza Aérea apresan 96 en operativos
Santo Domingo.-En un amplio operativo mixto desplegado por agentes de la Policía Nacional y tropas de la Fuerza Aérea Dominicana fueron intervenidos ocho sectores del municipio Santo Domingo Este, donde fueron detenidas 96 personas entre ellos 17 “reconocidos delincuentes” que estaban siendo buscados por la comisión de robos y homicidios.Los operativos se realizaron en los sectores Lengua Azul, Los Sanjuaneros y El Dique, en el ensanche Ozama; Los Barracones y Los Tres Brazos, en Los Mina, y en el municipio Guerra.
En los operativos participaron agentes policiales adscritos a la Dirección Regional Santo Domingo Oriental, con el apoyo de miembros de la Fuerza Aérea de la República Dominicana.
En las redadas sorpresas los agentes policiales y de la FARD ocuparon, además, una pistola y una escopeta sin documentos y numerosas armas blancas en poder de algunos de los detenidos.
Resultado. Los operativos que realizó la Policía Nacional con el apoyo de la Fuerza Aérea de República Dominicana dejaron al menos 17 detenidos que se consideran delincuentes perseguidos.
Asimismo, retuvieron 46 motocicletas sin documentos, una camioneta llena de ajuares, cuyos ocupantes mostraban perfiles sospechosos, dos porciones de marihuana y varias máquinas tragamonedas instalados en centros comerciales.
Residentes en los sectores intervenidos observaron las acciones de los policías y militares y aseguraron que esos operativos deberían realizarse con frecuencia para no darles tregua a los delincuentes.
Las intervenciones en los sectores de la zona oriental fueron dirigidas y coordinadas por el director Regional de la Policia Nacional, en Santo Domingo Oriental, general de brigada Neivis Pérez Sánchez.
Pérez Sánchez declaró que los operativos tienen la finalidad de perseguir a delincuentes que tienen sus guaridas en esos lugares y para fortalecer la seguridad ciudadana.
El alto jefe policial explicó que 17 de los apresados estaban siendo buscados por la Policía y otros organismos de seguridad del Estado, acusados de crímenes, asaltos con violencia y otros hechos delictivos.
Dijo que los operativos se realizan dentro del marco de la ley y respetando los derechos humanos de las personas serias y trabajadoras, y aun de aquellos que han delinquido.
“Previo a la salida a las calles nosotros hacemos una reunión con los miembros de la Policía y de la Fuerza Aérea Dominicana que nos están brindando su apoyo para que los derechos de las personas le sean respetados”, enfatizó el alto oficial.
BÚSQUEDA SELECTA
Blanco: El general Neivis Pérez Sánchez explicó que con los operativos no se trata de detener a gente seria y trabajadora, sino a delincuentes o perseguidos.
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LA DEPURACIÓN Y LOS APRESAMIENTOS
El general Pérez Sánchez explicó que luego de las detenciones de sospechosos se hace una depuración de los apresados con las bases de datos de la Policía Nacional y de otros organismos para establecer cuáles tienen antecedentes criminales y los que están siendo buscados por la Policía y el ministerio público.
“Nosotros en estos operativos sorpresas no estamos buscando personas serias y trabajadoras, sino aquellos que han delinquido y tienen asuntos pendientes con la justicia”, aseguró el general de brigada Pérez Sánchez.
listindiario.com
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.