Nacionales
Políticos van tras usuarios de redes
ANALISTAS CREEN HAY IMPROVISACIÓN EN EL USO DE NUEVAS PLATAFORMAS
Los políticos dominicanos también quieren ganar en las redes sociales. Ya lo decidieron. Han conformado equipos de usuarios para que les lleven de la simple presencia a la preponderancia, con claras intenciones de ganar visibilidad e imponer sus temas de conversación.
Sirven de ejemplo las actividades del expresidente Leonel Fernández y Reinaldo Pared Pérez del pasado fin de semana, convertidas en tendencias de conversación en la red Twitter por los equipos de trabajo de ambos dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Sus dos etiquetas, “#PLDganaconLeonel y #Boyácon- Reinaldo”, devenidas luego en tenencias de conversación, sirvieron para comunicar la evolución de sus concentraciones y para ocupar los primeros lugares de los temas más comentados, al menos por algunas horas del fin de semana.
La participación política dominicana en las plataformas sociales también se evidencia en los partidos y candidatos de la oposición, siendo el proyecto “#Dimelo”, del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), uno de sus principales referentes en la incipiente campaña electoral.
Esta propuesta de interacción recuerda una del hoy presidente de la República, “#Ponte pa´ tu país”, montadas ambas para brindarle a los jóvenes y a la sociedad la oportunidad de hablar, de quejarse, o plantear soluciones ante los males del país.
Pero suele haber un problema con el uso de las redes por los políticos: la improvisación con algunas de estas herramientas de comunicación, según opina Bolívar Orozco, analista en Comu- nicación Digital. “No suelen seguir un eje temático de comunicación, no visualizan estadísticas, no analizan el nivel de ´engagement´ (compromiso o participación) de sus seguidores con su marca política”, explica.
Critica las publicaciones de “cientos de fotos de mítines, encuentros y abrazos” en Facebook y la difusión de hashtags (indexadores temáticos) sin tener un objetivo concreto de comunicación como parte de esas improvisaciones.
Melina Almonte, también analista de los nuevos medios sociales, ve en las redes la oportunidad de que los candidatos se acerquen a los usuarios, que lleguen a un mayor número de personas.
Es por ello que algunos aprovechan para dar a conocer su “lado más humano y personal”, dice. “Ahora tienen las respuestas casi al instante, lo que les permite modificar, cambiar o eliminar cualquier punto que les pueda afectar en su propósito”, asegura Almonte, analista también de redes sociales.
La intención de los políticos es clara: ganar sus procesos electorales. Y las redes sociales se han sumando a esos objetivos de victoria.
Faltaría por saber si en esta etapa de la campaña electoral los políticos cuentan con planes o estrategias diseñadas, o si sus intenciones, por el momento de sus campañas electorales, son simplemente impactar y tener presencia.
La siguiente será la segunda elección nacional en la que las redes sociales sean acopladas a las estrategias de campaña de los partidos políticos y sus candidatos.
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ANÁLISIS DE ETIQUETAS EN LAS REDES SOCIALES
Para esta publicación analizamos con Tweetbinder, un portal de internet de análisis de contenido en la redes, los hastags “#BoyáconReinaldo y #PLDganaconLeonel. El primero tuvo unos 690,438 potenciales impactos, con unos 227 retuits. Unos 93 usuarios, con promedio 3.23 tuits cada uno. El pasado fin de semana Reinaldo Pared Pérez estuvo en Sabana Grande de Boyá, Monte Plata, desde donde su equipo de redes sociales compartió una fotografía en un receso de su labor, con teléfonos inteligentes en mano.
“#PLDganaconLeonel”, para promocionar la actividad de los equipos de campaña que respaldan a Leonel Fernández, impactó a 338,441 usuarios, con 38 cuentas que escribieron unos 7.89 tuits cada uno. Las publicaciones generaron 179 retuits.
En esa actividad el personal dedicado a escribir para incidencia en Twiter e Instagram superaba la veintena, con suministros de internet para sus labores y gafetes de identificación que les permitía facilidad de entrada y movimiento por el Palacio de los Deportes.
Hoy es casi impensable un político sin cuentas en las redes sociales. Pero no siempre fue así. La idea que se manejó con el surgimiento de estas nuevas plataformas de comunicación, de que podrían desaparecer pronto, produjo cierto escepticismo sobre la necesidad de presencia.
listindiario.com
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.