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Financiamiento público no debe llegar a candidatos independientes
REDACCIÓN.- Freddy Angel Castro, reconocido politólogo dominicano, sostuvo que una de las medidas que podría implementar la Junta Central Electoral (JCE) para limitar la proliferación de candidaturas independientes a partir de los comicios de 2028 es a través de un reglamento que, sin vulnerar derechos fundamentales, establezca condiciones claras. Entre ellas, señaló que el financiamiento público no debería otorgarse a quienes no estén postulados por partidos, agrupaciones o movimientos políticos.
Castro explicó que, de la misma manera que el órgano electoral no puede exigir a los candidatos independientes la apertura de 158 locales en los principales municipios del país ni el mantenimiento de una nómina de cuadros a nivel nacional, tampoco sería coherente otorgarles financiamiento estatal. En cambio, estos candidatos deberán buscar recursos a través de financiamiento privado, como ya ocurre con los partidos políticos.
Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D’AGENDA, transmitido los domingos por Telesistema canal 11 y TV Quisqueya en los Estados Unidos, el experto agregó que los candidatos independientes no estarán obligados a destinar el 10% de los fondos que reciban a la educación política, ya que no serían beneficiarios de recursos estatales. Sin embargo, enfatizó que si un candidato independiente recibe aportes financieros, deberá rendir cuentas ante el Departamento de Control Financiero de la JCE y respetar los límites de gasto establecidos para la campaña electoral.
“Lo que debe hacer el Congreso, a través de la reforma a la Ley de Régimen Electoral, es dotar a la Junta de herramientas más estrictas para anular cualquier candidatura que exceda el tope de gastos de campaña, como ocurre en otros países. En el caso de las candidaturas independientes, no es un fenómeno nuevo. Por ejemplo, en Estados Unidos, varios candidatos presidenciales, senadores y representantes compiten bajo esa modalidad”, expresó el politólogo.
Castro citó ejemplos internacionales, como el del actual presidente de Argentina, Javier Milei, quien llegó al poder como candidato independiente. “Debe existir un reglamento, y en eso los partidos tienen razón: las candidaturas independientes deben cumplir con condiciones mínimas para garantizar transparencia y control. De lo contrario, se corre el riesgo de abrir la puerta a prácticas desreguladas”, señaló.
En cuanto al impacto de las candidaturas independientes en el sistema político dominicano, advirtió que podrían ser utilizadas por personas vinculadas a actividades ilícitas para obtener posiciones de poder. “El riesgo es que un candidato independiente reciba más recursos que un partido político y provengan de fuentes dudosas. Es fundamental que se establezcan controles claros”, insistió.
Castro destacó que el Tribunal Constitucional actuó correctamente al permitir las candidaturas independientes, pero subrayó que la dirigencia política debe cumplir las promesas hechas a los votantes para no seguir alimentando el desencanto con el sistema de partidos.
Desafíos de los partidos políticos para este año
Sobre los retos de los tres principales partidos políticos, Castro consideró que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) es el que más ha avanzado en sus tareas internas, tras un exitoso Congreso para reorganizar su estructura partidaria.
En cuanto al Partido Revolucionario Moderno (PRM), indicó que el principal desafío del presidente Luis Abinader será equilibrar las labores gubernamentales con las aspiraciones de los dirigentes oficialistas que buscan la candidatura presidencial y que intensificarán sus actividades proselitistas.
Finalmente, el politólogo señaló que la Fuerza del Pueblo luce más rezagada debido a un Congreso interno que no ha logrado culminar. Esto retrasa procesos de renovación y apertura, aunque destacó que el liderazgo de Leonel Fernández sigue siendo incuestionable.
Santo Domingo. – El Senado de la República aprobó y declaró de urgencia en dos lecturas consecutivas, las modificaciones a la ley número 225-20, Ley General de Gestión Integral y Procesamiento de Residuos Sólidos de la República Dominicana.
El proyecto fue presentado por los senadores Ramón Rogelio Genao Durán de la provincia La Vega; y Ginnette Bournigal de Jiménez de Puerto Plata.
Esta pieza tiene el propósito de fortalecer el marco normativo para la gestión integral y sostenible de los residuos sólidos, modificando los artículos 4, en los numerales 11, 38, y 39; y se agregan los numerales 21-bis, 26-bis y 47-bis. También modifica los artículos 16 y 17 de la presente ley con el fin de mantener la armonía entre el hombre y su ambiente, e impedir, subsanar, corregir o eliminar las situaciones que pongan en riesgo la calidad de los recursos naturales y de la biósfera.
La iniciativa refiere que desde la promulgación de la Ley 225-20, Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, no se han logrado grandes avances en la reducción del impacto ambiental de los residuos sólidos, no obstante, persisten desafíos en la implementación efectiva de la gestión integral de estos.
La normativa establece que el manejo y la gestión integral y disposición final de los residuos es uno de los principales pilares de la Ley No. 225-20, ya que el aumento de la población, junto a los cambios en los patrones de consumo, ha provocado un incremento en la cantidad de residuos que se generan en el país. En virtud de esto, se hace necesario adoptar medidas que garanticen la conservación del ambiente sano y ecológicamente equilibrado para las presentes y futuras generaciones.
El Pleno aprobó en segunda lectura el proyecto de ley que modifica la Ley-358-05, sobre la Ley General de Protección de los Derechos del Consumidor o Usuario.
Esta normativa tiene la finalidad de modificar varios artículos para establecer un régimen de defensa de los derechos del consumidor y usuario, garantizando la equidad y la seguridad jurídica en las relaciones entre los proveedores, consumidores de bienes y usuarios de servicios, sean de derecho público o privado, nacionales o extranjeros y la calidad de los productos que consume la población.
La pieza presentada por el senador de la provincia de Santiago Rodríguez, Antonio Marte, indica que el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (PROCONSUMIDOR), como órgano del Estado destinado a garantizar los derechos fundamentales de las personas y su acceso a bienes, servicios y alimentos de calidad, debe poseer las cualidades administrativas que lo doten de las competencias sancionadoras necesarias, propugnando así por la eficacia en la aplicación de la ley y el beneficio colectivo.
En segunda lectura el Pleno aprobó el proyecto que designa con el nombre de Theodore Chasseriau el Bulevar Turístico del Atlántico, comprendido desde el cruce el Catey, en el municipio Sánchez, hasta el cruce el Limón, con la carretera de Samaná, de la provincia Samaná, propuesta del senador Pedro Manuel Catrain.
Santo Domingo, R.D.-En la mañana de este martes, en la conmemoración del Día del Poder Judicial, el juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, reconoció como el mayor desafío del sistema los innumerables casos pendientes.
Molina reconoció que «la mora judicial es y ha sido un reto existencial para la justicia y la sociedad«, por lo que implementan medidas en la ruta de que «estamos transformando esa realidad».
“El mayor desafío que enfrentamos es la mora judicial. Hay cientos de historias que ilustran la desesperanza e incertidumbre que generan los casos pendientes”, dijo Molina en su intervención.
En busca de corregir la situación, citó que todas las salas de la Suprema Corte resolvieron el 98 por ciento de casos ingresados en 2023, cuya meta en lo adelante es no tener expedientes inconclusos con más de seis meses.
El discurso de Molina revela que de los 11,268 casos ingresados en 2023, el 98 por ciento ya fue resuelto, con solo 561 pendientes entre las salas, a pesar de un incremento considerable por el ingreso de nuevos recursos a la Tercera Sala.
«Cada tribunal, cada jueza y juez, cada servidor judicial, ha contribuido a esta transformación. Demostrando que la justicia al día es posible si trabajamos unidos, con compromiso y entrega», añadió en sus palabras.
El objetivo de reducir los retardos judiciales encuentra marco normativo en la Ley 2-23 sobre Recurso de Casación, que pone pestillo e «impide» la entrada de prácticas dilatorias. Esta reduce de dos años a menos de cinco meses el tiempo promedio de los trámites de las partes para el apoderamiento de las salas.
Las declaraciones de Luis Henry Molina sucedieron en el marco de la Audiencia Solemne en la Sala Augusta de la Suprema Corte de Justicia, en conmemoración al Día Nacional del Poder Judicial, donde contó con la vicepresidenta de la República, Raquel Peña.
Santo Domingo, R.D.-El partido Alianza País llamó al presidente Luis Abinader a no recibir en el Palacio Nacional al líder opositor venezolano, Edmundo González, debido a que podría arrastrar a República Dominicana a un “enfrentamiento diplomático” con Venezuela.
A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, el partido indicó que “lo prudente” sería apostar al restablecimiento de las relaciones diplomáticas con la República Bolivariana de Venezuela, las cuales fueron clausuradas el pasado mes de julio.
Mediante el documento, el partido encabezado por Guillermo Moreno ratificó su apoyo a la “institucionalidad democrática” de Venezuela y se opone a “cualquier tipo de presión foránea para solucionar sus problemas internos”.
“Conforme los principios que rigen en la Constitución y los tratados internacionales de los que la República Dominicana es signataria, los Estados son soberanos para dirimir sus conflictos internos sin injerencias, presiones o intervenciones de fuerzas extranjeras. Corresponde al pueblo de Venezuela darle solución a los conflictos que se susciten en su país y ningún Estado ni gobierno extranjero debe inmiscuirse en los asuntos internos que solo corresponde resolver a los venezolanos”, señala Alianza País.
La reunión entre el presidente Abinader y Edmundo González está programada a realizarse el próximo jueves nueve de mayo a las 11:00 de la mañana mediante un acto en el Salón de Embajadores de la sede de Gobierno.
El acto estará centrado en los desafíos y oportunidades para el fortalecimiento democrático en Venezuela; la actividad contará con intervenciones de González, Abinader, el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez y uno de los expresidentes que componen la delegación del Grupo IDEA.
“En esta reunión, se abordarán temas relacionados con la situación política en Venezuela, los retos para la democracia en la región y las oportunidades para una transición pacífica y ordenada”, reseña un documento de prensa enviado a los medios de comunicación, que señala que luego se hará un almuerzo que contará además con la presencia de la vicepresidenta Raquel Peña y los ministros José Ignacio Paliza, Andrés Bautista y Víctor (Ito) Bisonó.
Hasta el momento el Gobierno dominicano no ha reconocido ni ha Edmundo ni a Nicolás Maduro como ganadores oficiales de las elecciones presidenciales de Venezuela realizadas a finales de julio.
El Gobierno sí ha exigido en reiteradas ocasiones la publicación de las actas electorales, sin embargo el Consejo Nacional de Elecciones de ese país declaró ganador a Maduro sin dar a conocer las mismas.
Todo, mientras Edmundo señalaba que los datos que manejaba su equipo de campaña lo daban como un “amplio ganador”.