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Financiamiento público no debe llegar a candidatos independientes
REDACCIÓN.- Freddy Angel Castro, reconocido politólogo dominicano, sostuvo que una de las medidas que podría implementar la Junta Central Electoral (JCE) para limitar la proliferación de candidaturas independientes a partir de los comicios de 2028 es a través de un reglamento que, sin vulnerar derechos fundamentales, establezca condiciones claras. Entre ellas, señaló que el financiamiento público no debería otorgarse a quienes no estén postulados por partidos, agrupaciones o movimientos políticos.
Castro explicó que, de la misma manera que el órgano electoral no puede exigir a los candidatos independientes la apertura de 158 locales en los principales municipios del país ni el mantenimiento de una nómina de cuadros a nivel nacional, tampoco sería coherente otorgarles financiamiento estatal. En cambio, estos candidatos deberán buscar recursos a través de financiamiento privado, como ya ocurre con los partidos políticos.
Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D’AGENDA, transmitido los domingos por Telesistema canal 11 y TV Quisqueya en los Estados Unidos, el experto agregó que los candidatos independientes no estarán obligados a destinar el 10% de los fondos que reciban a la educación política, ya que no serían beneficiarios de recursos estatales. Sin embargo, enfatizó que si un candidato independiente recibe aportes financieros, deberá rendir cuentas ante el Departamento de Control Financiero de la JCE y respetar los límites de gasto establecidos para la campaña electoral.
“Lo que debe hacer el Congreso, a través de la reforma a la Ley de Régimen Electoral, es dotar a la Junta de herramientas más estrictas para anular cualquier candidatura que exceda el tope de gastos de campaña, como ocurre en otros países. En el caso de las candidaturas independientes, no es un fenómeno nuevo. Por ejemplo, en Estados Unidos, varios candidatos presidenciales, senadores y representantes compiten bajo esa modalidad”, expresó el politólogo.
Castro citó ejemplos internacionales, como el del actual presidente de Argentina, Javier Milei, quien llegó al poder como candidato independiente. “Debe existir un reglamento, y en eso los partidos tienen razón: las candidaturas independientes deben cumplir con condiciones mínimas para garantizar transparencia y control. De lo contrario, se corre el riesgo de abrir la puerta a prácticas desreguladas”, señaló.
En cuanto al impacto de las candidaturas independientes en el sistema político dominicano, advirtió que podrían ser utilizadas por personas vinculadas a actividades ilícitas para obtener posiciones de poder. “El riesgo es que un candidato independiente reciba más recursos que un partido político y provengan de fuentes dudosas. Es fundamental que se establezcan controles claros”, insistió.
Castro destacó que el Tribunal Constitucional actuó correctamente al permitir las candidaturas independientes, pero subrayó que la dirigencia política debe cumplir las promesas hechas a los votantes para no seguir alimentando el desencanto con el sistema de partidos.
Desafíos de los partidos políticos para este año
Sobre los retos de los tres principales partidos políticos, Castro consideró que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) es el que más ha avanzado en sus tareas internas, tras un exitoso Congreso para reorganizar su estructura partidaria.
En cuanto al Partido Revolucionario Moderno (PRM), indicó que el principal desafío del presidente Luis Abinader será equilibrar las labores gubernamentales con las aspiraciones de los dirigentes oficialistas que buscan la candidatura presidencial y que intensificarán sus actividades proselitistas.
Finalmente, el politólogo señaló que la Fuerza del Pueblo luce más rezagada debido a un Congreso interno que no ha logrado culminar. Esto retrasa procesos de renovación y apertura, aunque destacó que el liderazgo de Leonel Fernández sigue siendo incuestionable.
Santiago. -Este jueves el Ministerio Público depositó la solicitud de medida de coerción ante el Tribunal de Atención Permanente de Santiago contra los apresados en la Operación XL526, quienes alegadamente integran una presunta red dedicada a estafas, extorsiones y lavado de activos con víctimas en Estados Unidos de América.
El jurista Kilvio González, quien representa a Danny Rafael Laguar Ferreira, asegura que su defendido es un ingeniero civil dedicado a la construcción de viviendas en el distrito municipal de San Francisco de Jacagua, y no.parte de una estructura criminal.
El también abogado José Reynoso García asegura que se han cometido violaciones al debido proceso de los apresados.
Criticó que fueran trasladados a distintos centros de reclusión, incluyendo el Palacio de Justicia, el centro de la fortaleza Fernando Valerio y posteriormente Rafey, dificultando que pudieran verlos.
La Operación XL526 fue ejecutada el.pasado martes con operativos en Santiago y Puerto Plata, donde fueron arrestadas 20 personas señaladas de integrar una estructura criminal. En el.caso de Santiago, la estructura funcionaba desde Los Cocos de Jacagua y utilizaba amenazas, simulación de carteles de drogas y herramientas tecnológicas para extorsionar a víctimas en Estados Unidos.
Santiago, R.D.-El Ministerio Público ha realizado en los últimos tres años, el Ministerio Público cerca de 50 allanamientos vinculados a delitos cibernéticos en la provincia de Santiago, concentrando gran parte de sus operaciones en sectores como Los Cocos de Jacagua, Los Ciruelitos y el municipio de Villa González.
Del mismo modo, otros operativos se realizaron durante 2025 en sectores como Villa González, Jacagua, Camboya, entre otros. En estas ocasiones, los procedimientos correspondían al mismo tipo de delitos, mientras que otros estuvieron relacionados con el tráfico de sustancias ilícitas.
Durante un operativo realizado la madrugada de este martes, las autoridades arrestaron a 20 personas investigadas por presuntas violaciones a la Ley sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
Esta red criminal desmantelada por el Ministerio Público supuestamente utilizaba amenazas y extorsiones para obtener dinero de sus víctimas en Estados Unidos. Además, ocultaban y movilizaban los fondos obtenidos ilícitamente a través de transferencias electrónicas.
La defensa de varios de los detenidos, quienes tienen entre 18 y 25 años, denunció presuntas irregularidades durante el proceso de arresto, al asegurar que tanto familiares como abogados han sido impedidos de comunicarse con los imputados desde el momento de los allanamientos.
“Desde el momento del allanamiento, a las 4:00 de la mañana, no han permitido el acceso a familiares ni abogados para ver a los detenidos”, afirmó.
El jurista sostuvo que, al intentar acceder a las instalaciones donde permanecen recluidos los arrestados, recibió negativas por parte de las autoridades responsables de la custodia.
Ante esta situación, los representantes legales de los imputados anunciaron la interposición de una acción constitucional de hábeas corpus, al considerar que se han vulnerado derechos fundamentales relacionados con la defensa técnica y el debido proceso.
“La forma en que se está ejecutando este arresto es arbitraria y vulnera el artículo 96 en lo relativo al contacto con el representado, la verificación de su estado y la posibilidad de brindarle asesoría legal”, concluyó.
Santo Domingo.- Yanibel Rivas, jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, decidirá este viernes si envía o no a juicio de fondo al exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, a José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez) y a los demás implicados del denominado caso Camaleón, acusados de adjudicar de manera fraudulenta un contrato millonario para la modernización de la red semafórica del Gran Santo Domingo.
La magistrada adoptará su decisión luego de ponderar la acusación presentada por el Ministerio Público, las pruebas aportadas por el órgano persecutor y los escritos de la defensa.
Además de Beras y Gómez, figuran como acusados Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología del Intrant; Frank Rafael Atilano Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras; y Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del Intrant. También están encartados Carlos José Peguero Vargas, Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso.
De acuerdo con la acusación instrumentada por las autoridades, se determinó que mediante contratos y convenios irregulares se otorgó acceso privilegiado a diversas empresas privadas, las cuales habrían sido utilizadas para desviar fondos públicos y ejecutar operaciones de lavado de activos, vulnerando los principios de transparencia y seguridad nacional.
Según el expediente, el eje central del esquema es José Ángel Gómez Canaán, quien mantiene vínculos societarios, financieros y operativos con las principales compañías señaladas.
En la distribución de responsabilidades, Jochi Gómez es señalado como el principal beneficiario de los contratos fraudulentos y se le atribuye el control ilícito de los sistemas semafóricos, de videovigilancia y espionaje. Por su parte, Hugo Beras habría facilitado adjudicaciones a empresas sin capacidad técnica comprobada, participando en la manipulación del sistema.
Otros exfuncionarios jugaron roles clave: Frank Díaz Warden es acusado de manipular licitaciones; Samuel Baquero Sepúlveda habría facilitado el control técnico de la red y falsificado certificaciones; y Juan Francisco Álvarez Carbuccia es señalado por emitir certificaciones falsas de disponibilidad presupuestaria. Los demás implicados habrían operado como testaferros, intermediarios financieros en el lavado de activos y ejecutores del sabotaje a los semáforos.
El entramado societario involucra a varias personas jurídicas. La acusación establece que Transcore Latam S.R.L. fue utilizada para ejecutar los contratos fraudulentos y controlar la red semafórica. Paralelamente, PagoRD Xchange S.R.L. habría servido para la apropiación de ingresos públicos y la adquisición de bienes de lujo, mientras que Industria Soltex Dominicana S.R.L. se vincula directamente al contrabando y lavado de dinero.
El órgano persecutor detalla además que Dekolor S.R.L. sirvió para encubrir y manipular licencias, y Aurix S.A.S. habría sido destinada al espionaje. Finalmente, Inprosol S.R.L. funcionó presuntamente como vehículo financiero y OML Inversiones S.R.L. fue utilizada para adquirir bienes inmuebles con fondos ilícitos.
Debido a la magnitud del caso, los acusados enfrentan un extenso y severo catálogo de cargos que incluyen coalición de funcionarios, asociación de malhechores, lavado de activos, desfalco y estafa contra el Estado.
Sumado a esto, se les imputan delitos contra la seguridad nacional como sabotaje, robo de identidad, crímenes y delitos contra la nación, delitos de alta tecnología y actos de terrorismo, según lo contemplado en la legislación dominicana.