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Financiamiento público no debe llegar a candidatos independientes
REDACCIÓN.- Freddy Angel Castro, reconocido politólogo dominicano, sostuvo que una de las medidas que podría implementar la Junta Central Electoral (JCE) para limitar la proliferación de candidaturas independientes a partir de los comicios de 2028 es a través de un reglamento que, sin vulnerar derechos fundamentales, establezca condiciones claras. Entre ellas, señaló que el financiamiento público no debería otorgarse a quienes no estén postulados por partidos, agrupaciones o movimientos políticos.
Castro explicó que, de la misma manera que el órgano electoral no puede exigir a los candidatos independientes la apertura de 158 locales en los principales municipios del país ni el mantenimiento de una nómina de cuadros a nivel nacional, tampoco sería coherente otorgarles financiamiento estatal. En cambio, estos candidatos deberán buscar recursos a través de financiamiento privado, como ya ocurre con los partidos políticos.
Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D’AGENDA, transmitido los domingos por Telesistema canal 11 y TV Quisqueya en los Estados Unidos, el experto agregó que los candidatos independientes no estarán obligados a destinar el 10% de los fondos que reciban a la educación política, ya que no serían beneficiarios de recursos estatales. Sin embargo, enfatizó que si un candidato independiente recibe aportes financieros, deberá rendir cuentas ante el Departamento de Control Financiero de la JCE y respetar los límites de gasto establecidos para la campaña electoral.
“Lo que debe hacer el Congreso, a través de la reforma a la Ley de Régimen Electoral, es dotar a la Junta de herramientas más estrictas para anular cualquier candidatura que exceda el tope de gastos de campaña, como ocurre en otros países. En el caso de las candidaturas independientes, no es un fenómeno nuevo. Por ejemplo, en Estados Unidos, varios candidatos presidenciales, senadores y representantes compiten bajo esa modalidad”, expresó el politólogo.
Castro citó ejemplos internacionales, como el del actual presidente de Argentina, Javier Milei, quien llegó al poder como candidato independiente. “Debe existir un reglamento, y en eso los partidos tienen razón: las candidaturas independientes deben cumplir con condiciones mínimas para garantizar transparencia y control. De lo contrario, se corre el riesgo de abrir la puerta a prácticas desreguladas”, señaló.
En cuanto al impacto de las candidaturas independientes en el sistema político dominicano, advirtió que podrían ser utilizadas por personas vinculadas a actividades ilícitas para obtener posiciones de poder. “El riesgo es que un candidato independiente reciba más recursos que un partido político y provengan de fuentes dudosas. Es fundamental que se establezcan controles claros”, insistió.
Castro destacó que el Tribunal Constitucional actuó correctamente al permitir las candidaturas independientes, pero subrayó que la dirigencia política debe cumplir las promesas hechas a los votantes para no seguir alimentando el desencanto con el sistema de partidos.
Desafíos de los partidos políticos para este año
Sobre los retos de los tres principales partidos políticos, Castro consideró que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) es el que más ha avanzado en sus tareas internas, tras un exitoso Congreso para reorganizar su estructura partidaria.
En cuanto al Partido Revolucionario Moderno (PRM), indicó que el principal desafío del presidente Luis Abinader será equilibrar las labores gubernamentales con las aspiraciones de los dirigentes oficialistas que buscan la candidatura presidencial y que intensificarán sus actividades proselitistas.
Finalmente, el politólogo señaló que la Fuerza del Pueblo luce más rezagada debido a un Congreso interno que no ha logrado culminar. Esto retrasa procesos de renovación y apertura, aunque destacó que el liderazgo de Leonel Fernández sigue siendo incuestionable.
Nacionales
Autoridades amplían perímetro; agentes del FBI se encuentran en la zona de búsqueda de Brianna Genao
Puerto Plata.-Las autoridades ampliaron este miércoles el perímetro de búsqueda de la menor de tres años Brianna Genao Rosario y reforzaron el acordonamiento policial y militar en la comunidad de Barrero, municipio de Imbert, donde ya se encuentran desplegados agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) como parte de los operativos para dar con su paradero, tras más de 14 días sin resultados positivos.
Los agentes estadounidenses permanecen integrados dentro del perímetro de seguridad, junto a unidades caninas especializadas del FBI y de la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de Justicia (INL), adscrita a la Embajada de los Estados Unidos, con el objetivo de fortalecer las labores de rastreo mediante técnicas avanzadas de localización.
Brianna Genao, de tres años de edad.Fuente Externa
La ampliación del área de búsqueda incluyó la extensión del perímetro hasta la comunidad de Los Mangos, ubicada a unos dos kilómetros del punto donde la menor fue vista por última vez, así como la restricción del acceso a la zona, limitando la entrada de los medios de comunicación y desplazando el área destinada a la prensa a mayor distancia del centro del operativo.
En el lugar se presentó el procurador adjunto Wilson Camacho, quien supervisó las acciones que se desarrollan bajo la coordinación del Ministerio Público, en conjunto con la Policía Nacional y otros organismos de seguridad del Estado.
Desde el inicio del operativo, la zona boscosa ha sido intervenida de manera constante por aire y tierra, con apoyo de drones, equipos tácticos, unidades caninas y tecnología especializada, acumulando cientos de horas de trabajo ininterrumpido por parte de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, el Sistema 9-1-1 y organismos de socorro.
Las autoridades reiteraron que la búsqueda continúa activa y en constante evaluación, y aseguraron que no cesarán los esfuerzos hasta obtener respuestas concretas sobre el paradero de la menor, cuyo caso mantiene en vilo a la comunidad de Imbert y zonas aledañas.
Santo Domingo, R.D.-Captura de fotografía, huellas digitales, firma encriptada…: el presidente Luis Abinader se convirtió este miércoles en la primera persona en recibir el nuevo pasaporte electrónico, un proceso que incluyó la toma de sus datos personales y marcó el inicio formal de la implementación de este documento en el país.
El pasaporte biométrico pasará de costar 5,650 pesos a 6,700 pesos, con una vigencia de 10 años. El aumento es de 1,050 pesos más que el pasaporte actual, indicó el director general de Pasaportes, Lorenzo Ramírez.
Abinader no habló en el acto de presentación. Al finalizar la actividad, el mandatario recibió el documento, lo mostró ante las cámaras de los medios y lo guardó en el bolsillo interior de su chaqueta.
La primera dama Raquel Arbaje también recibió el pasaporte, siendo la segunda persona en obtenerlo.
El proceso además incluyó un recorrido por la nueva sede de la Dirección General de Pasaportes (DGP), donde se realizó la entrega del documento.
A partir de este miércoles, el Gobierno inició la transición hacia el pasaporte biométrico para el resto de la población dominicana.
Ramírez explicó que esta iniciativa forma parte de los objetivos del Gobierno en materia de modernización del Estado.
“Esta transformación es parte de las metas priorizadas por nuestro Gobierno para la transformación del Estado y la construcción de instituciones más modernas, eficientes y centradas en la gente”, afirmó.
Ramírez expresó que el nuevo documento coloca a República Dominicana en el mismo nivel tecnológico y de seguridad que países más avanzados.
“Presentamos la primera fase de implementación del nuevo Pasaporte Electrónico Dominicano, un documento que coloca a nuestro país en la misma ruta de modernización tecnológica, seguridad y transparencia migratoria que siguen las naciones más avanzadas del mundo”, señaló.
Detalló que esta primera fase contempla el despliegue del pasaporte en embajadas y consulados, la capacitación del personal diplomático, consular y operativo, así como del personal militar encargado de los controles migratorios.
También incluye la captura de datos biométricos del personal diplomático y oficial.
Además, se abrirán de forma escalonada las citas para los ciudadanos a partir del 15 de enero, priorizando a quienes tengan pasaportes vencidos, con menos de seis meses de vigencia o que soliciten el documento por primera vez.
“Se trata de un proceso cuidadosamente planificado, diseñado para garantizar una transición segura, ordenada y eficiente”, indicó el funcionario.
La segunda etapa del proceso iniciará el 19 de febrero: se comenzará la captura de datos de los ciudadanos con citas hábiles y la entrega de los nuevos pasaportes, además del despliegue gradual del servicio en las oficinas de mayor demanda del país.
Ramírez subrayó que el nuevo pasaporte cuenta con altos estándares de seguridad.
“Estamos introduciendo un documento más seguro, más resistente y moderno, con tecnología de punta: un chip integrado, una hoja de datos de policarbonato multicapa, y más de 130 medidas de seguridad”, explicó.
Añadió que el pasaporte dominicano contará con tres niveles de seguridad de última generación, una característica que poseen menos de 40 países en el mundo.
Entre las novedades del documento, el director informó que incluirá un servicio de repatriación en caso de fallecimiento en el extranjero, con una cobertura de hasta 9 mil dólares.
“Este nuevo pasaporte incluirá un servicio de repatriación con una cobertura de hasta 9 mil dólares, garantizando asistencia para un retorno digno de nuestros compatriotas”, dijo.
También se ofrecerá un servicio opcional de courier para recibir el pasaporte sin necesidad de acudir a las oficinas.
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Apelación del caso Senasa llega a la corte de apelación: imputados buscan revocar prisión
Santo Domingo, R.D.-La Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional fue apoderada de un recurso de apelación contra la sentencia de 18 meses de prisión preventiva contra Santiago Hazim y otras seis personas implicadas en el caso de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (Senasa).
Esa sala deberá decidir si declara o no admisibles los recursos de apelación en contra de la decisión del juez Rigoberto Sena, del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, quien además declaró el caso complejo.
En caso de que la Corte lo declare los recursos admisibles, deberá fijar fecha para el conocimiento de los mismos. Estas apelaciones fueron presentadas por separado por los abogados Miguel Valerio, Hiroito Reyes, Marcelino Vargas Brito, Jaime Caonabo Terrero, entre otros, quienes alegan no están conforme con la decisión del tribunal de enviar a sus clientes al Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras y la cárcel de Najayo Mujeres.
El grupo de detenidos incluye a Santiago Hazim (exdirector del SeNaSa), Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, exgerente financiero; Germán Rafael Robles Quiñones, exconsultor Jurídico; Francisco Iván Minaya Pérez, gerente de salud; Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.
Asimismo, la Corte fue apoderada de un recurso de apelación presentado por Miguel Surún Hernández, en contra de los imputados Cinty Acosta, Heidi Pineda y Eduardo Read, quienes se encuentran bajo arresto domiciliario, impedimento de salida del país, presentación periódica y garantía económica.
El Ministerio Público sostiene que el entramado operó desde el 2020 hasta el 2025, defraudando hasta el momento con más de 15,000 de millones de pesos del sistema público de riesgos de salud.
Los cargos que pesan sobre el grupo incluye, coalición de funcionarios y prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado dominicano, desfalco, cobro de sobornos y lavado de activos, falsificación y uso de documentos falsos.
El Ministerio Público enfatizó que el caso no está cerrado. Además de los actuales arrestados, otras personas físicas y jurídicas permanecen bajo investigación.
Se espera que, conforme avancen las indagatorias, se produzcan nuevos sometimientos vinculados a este millonario desfalco.