Santo Domingo.- Como resultado de una alerta enviada por Google desde Estados Unidos, fiscales dominicanos lograron apresar y condenar a 15 años a un militar que abusó sexualmente de un niño de siete años.

El segundo teniente Warren Andrés Alcántara Báez fue hallado culpable de violar sexualmente a un niño de siete años, así como por poseer y compartir material de otros niños con contenido de abuso sexual infantil en línea (pornografía infantil).

Todo empezó cuando el hoy condenado captó imágenes de la violación y las subió a su cuenta de Google Drive, estos videos y fotos posteriormente, generaron una alerta en el servicio de la nube de Google Drive.

El Ministerio Público explicó en su acusación que tuvo conocimiento del caso mediante un reporte de cybertipline, que se originó tras la alerta notificada por la empresa Google Inc al Centro Nacional de Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC), de los Estados Unidos.

De esa manera, el caso llegó a República Dominicana, donde los Fiscales de la Procuraduría Especializada contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (PEDATEC), lograron que fuera condenado a 15 años de prisión que deberá cumplir la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Cucama, de La Romana, y pagar una multa de 500 mil pesos a favor de la madre de la víctima.

Sobre el caso, se estableció que, en el año 2021 la madre del niño, sostuvo una relación sentimental con el hoy condenado, a quien visitaba en su vivienda en La Romana. Encuentro, que según la mujer, Alcántara Báez aprovechaba para abusar sexualmente del niño cuando ella salía de la casa.

La acusación destaca que al condenado también le fueron halladas miles de imágenes y videos de pornografía intantil en dispositivos ocupados en su vivienda mediante allanamiento.

La alerta en los sistemas se produjo cuando Warren Andrés Alcántara Báez se fotografió realizando el delito en contra de varios niños de ambos sexos, donde tras la investigación, se pudo reconocer al de siete años.

En el juicio, la Procuraduría Especializada contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Pedatec), estuvo representada por el fiscalizador Merlin Mateo Sánchez, quien además fue el fiscal investigador del proceso.

El representante del Ministerio Público sustentó la acusación con diferentes pruebas testimoniales, documentales, periciales y materiales, que fueron acogidas por las juezas Claribel Nivar Arias, presidenta del tribunal; Gissell Soto Peña y Clara Sobeida Castillo.

La víctima estuvo representada por las abogadas Walkiria Matos y Breymi Jeréz, del Servicio Nacional de Representación Legal de los Derechos de las Víctimas.

El Ministerio Público acusó a Alcántara Báez de violar varios artículos de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, el Código Penal Dominicano y el Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03).

Santo Domingo, R.D.-A pesar de que el presidente Luis Abinader ha pedido varias veces la aceleración del estudio del proyecto de ley sobre contrataciones públicas para fortalecer su discurso anticorrupción, la pieza no transita un camino fácil en la Cámara de Diputados, donde los legisladores la han retrasado por desacuerdos con los sectores que serían impactados con la normativa.

Antes de que cerrara la pasada legislatura, el ocho de enero de este año, una comisión de diputados prometió que la ley sería aprobada a principios del 2025, pero la falta de consenso y las diferencias de criterios provocaron que el proyecto se congelara hasta la nueva legislatura, que está prevista para iniciar el 27 de febrero.

En aquel entonces, cuando iniciaba el año 2025 y la pasada legislatura estaba a punto de concluir, el diputado Gregorio Domínguez, quien presidió los trabajos de una comisión para analizar la nueva ley de contrataciones públicas, prometió que el proyecto se aprobaría antes del ocho de enero.

Esta vez, con la nueva legislatura a punto de iniciar, el diputado Domínguez aseguró que el proyecto «ya está totalmente consensuado» con todos los sectores y que será aprobado a partir del 27 de febrero «con toda la garantía constitucional» que se requiere para la pieza.

«El proyecto de ley es bastante grande, tiene unos 240 artículos. Se va a depositar de nuevo, tal y cual como vino del Senado de la República para que entonces, antes de que pase el mes de marzo, se apruebe», prometió el legislador al recordar que la iniciativa perimió, pero tiene toda la oportunidad de ser reintroducida con los consensos.

Los desacuerdos

Aunque el diputado Domínguez, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), dijo que el proyecto ya no tiene obstáculos, la Asociación de Contratistas y Suplidores de la República Dominicana (ASC) mostró su desacuerdo con el proyecto de ley alegando que otorga «amplias facultades» a la Dirección General de Contrataciones Públicas para pedir información a ciudadanos que no están vinculados directamente en las licitaciones.

Además, el grupo criticó el contenido del artículo cuatro del proyecto, en el que se establecen sanciones de inhabilitación de hasta diez años por incumplimientos, «sin considerar factores externos como retrasos en pagos estatales o permisos emitidos por otras instituciones gubernamentales».

«Lejos de fomentar la participación inclusiva y una gestión eficiente en la adquisición de bienes y servicios del Estado, estas disposiciones introducen obstáculos que afectan la sostenibilidad del sector proveedor», expresó Zoilo Taveras, presidente de la ACS.

El proceso

El proyecto congresual fue aprobado en dos lecturas por el Senado a mediados del 2024 y luego fue enviado a la Cámara de Diputados para cumplir el mismo proceso. En esa ala legislativa, el proyecto perimió porque no fue aprobado en el plazo reglamentario que ordena la Constitución.

El proyecto es autoría de la ministra Faride Raful, quien lo introdujo en el Senado en su periodo como legisladora. En esencia, la iniciativa busca fortalecer los mecanismos de las contrataciones públicas y establecer consecuencias más graves contra los actos corruptos en las negociaciones con el Estado.

Por ejemplo, algunos artículos del proyecto de ley prohíben la falsedad en las declaraciones de patrimonio de los proveedores, sancionan la intervención de servidores públicos en la celebración de un contrato y prohíbe a los exfuncionarios a gestionar o representar intereses en las instituciones que estuvieron bajo sus cargos.

Santo Domingo, R.D.-Sera este miércoles cuando el presidente Luis Abinader presentará el nombre de su candidato o candidata para sustituir a Miriam Germán Brito como la titular de la Procuraduría General de la República (PGR).

Abinader deberá además presentar su propuesta para sustituir a los procuradores adjuntos durante una sesión del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), que se realizará a las 5:00 p. m. del miércoles, de acuerdo con declaraciones del presidente del Senado y miembro del Consejo, Ricardo de los Santos.

Además, una declaración jurada hecha ante notario en un acto auténtico, en donde el candidato declara no haber ocupado puesto directivo en algún partido político, ni haber sido candidato a algún cargo de elección popular o haber realizado proselitismo político notorio y constante, durante los cinco años anteriores y un certificado de no antecedentes penales.

Una vez los nombres sean presentados, los mismos deberán de ser dados a conocer a la sociedad dominicana mediante los medios que el Consejo entienda pertinente.

El Consejo será convocado nueva vez para el viernes 21 dónde los consejistas votarán si aceptarán o no la propuesta de Abinader; entre encuentros, los miembros tienen el derecho a invitar a una reunión privada a uno de los candidatos propuestos por el mandatario.

Además de Abinader y el presidente del Senado, los demás integrantes del CNM son el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco; el senador Omar Fernández, el diputado Tobías Crespo; el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina y el presidente del Tribunal Constitucional, Napoleón Estévez.